SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Expediente N° 478/01

AUTO SUPREMO N° 369 - Social Sucre, 08 de diciembre de 2005.

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: David Justiniano Terrazas c/ Reynaldo Chávez Justiniano.

RELATOR: MINISTRO DR.- Alberto Ruiz Pérez.


VISTOS: El Recurso de Casación de fs. 74-78, interpuesto por Reynaldo Chávez Justiniano, contra el Auto de Vista de 24 de julio de 2001 cursante a fs. 69 y vlta. pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro el proceso social seguido por David Justiniano Terrazas contra el recurrente, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO: Que, tramitado el proceso social, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, en suplencia legal del Juez de Partido Segundo de Trabajo y Seguridad Social de la misma ciudad, pronunció Sentencia a fs. 56-57, declarando PROBADA la demanda, disponiendo que la empresa demandada, a través de su representante legal, dé y pague al demandante, la suma de Bs. 23.923, correspondiente a la liquidación de fs. 5 elaborada por el Ministerio de Trabajo.

En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de fs. 69 y vlta., que CONFIRMO la sentencia apelada, con la única modificación sobre el monto, debiendo pagar el empleador la suma de Bs. 23.388 a favor del trabajador. Dicho fallo motivó la interposición del Recurso de Casación por Reynaldo Chávez Justiniano.

CONSIDERANDO: Que, es deber del Tribunal Supremo fiscalizar intra proceso, si los tribunales inferiores observaron en la tramitación y resolución de la causa, las normas que hacen a los actos y actuaciones procesales, así como los plazos establecidos al efecto, conforme determina el art. 15 de la Ley de Organización Judicial; de la revisión de obrados se colige que:

1. El Juez A quo, al haber dictado la sentencia declarando probada la demanda ordenando el pago global de Bs. 23.923. a favor del demandado, omitió la liquidación de los beneficios sociales condenados y al disponer se remita a la elaborada por un tercero ajeno al proceso, como es el Ministerio de Trabajo que carece de competencia sino en la vía de conciliación, ciertamente incumplió la disposición del art. 202 inc. b) del Código Procesal del Trabajo, que dispone, que "(...) En la parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con determinación obligatoria e inexcusable de la cuantía de las obligaciones que debe pagar el demandado. La liquidación que contenga deberá referirse a todos y cada uno de los conceptos a que se refiera el auto de prueba (...) bajo responsabilidad"; dicha omisión fue reclamada en los agravios del recurso de apelación.

2. Por otro lado, el Auto de Vista, incurrió en el mismo defecto procesal al confirmar la sentencia del Juez de mérito expresando que, "(...) confirma la sentencia (...) con todos sus derechos y disposiciones que contiene, con la única modificación sobre el monto... de Bs. 23.388 a favor del trabajador (...)". Esta determinación implicó, conforme se tiene del cuaderno de autos, que el Tribunal Ad quem confirme y modifique la sentencia, lo que resulta un contrasentido de acuerdo a lo que prevé el art. 237 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, pues aprobó la liquidación de fs. 5 (elaborada por un tercero ajeno) renunciando a su propia competencia, consiguientemente también vulneró el mencionado art. 202 inc b) del Procedimiento Laboral, pese a que dicho aspecto, como se tiene anotado, fue objeto de impugnación.

3. Corresponde establecer que el Tribunal de Segunda instancia puede juzgar nuevamente los hechos y decidir la controversia, en función del art. 236 del Código de Procedimiento Civil y se encuentra sometido al cumplimiento del art. 202 inc. b) del adjetivo laboral y, al haber modificado sustancialmente el fallo de primera instancia en cuanto al monto total de los beneficios demandados, tampoco fundamentó adecuadamente las razones del mismo; es decir, prescindió especificar los conceptos modificados, omitiendo realizar una nueva liquidación a favor del demandante, conforme exige la referida disposición legal.

4. Consecuentemente, dicha infracción importa el desconocimiento del art. 202 inc. b) del Código Procesal del Trabajo, por lo que corresponde anular el proceso de conformidad a lo dispuesto por el art. 275 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos por la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contendida en los arts. 15 y 60 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 55 vlta., inclusive, disponiendo que el Juez de instancia, sin dilación, dentro del plazo legal, pronuncie nueva sentencia con la pertinencia de los arts. 190 y 192 del Adjetivo Civil y 202 inc. b) del Código Procesal del Trabajo.

Se impone una multa de Bs. 100 tanto para el Juez que dictó la sentencia, como para cada uno de los miembros que integraron el Tribunal de alzada, que deberán ser descontados por planilla.

Ministro Relator: Dr. Alberto Ruiz Pérez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Alberto Ruiz Pérez.

Dr. Carlos Rocha Orosco.

Sucre, 08 de diciembre de 2005.

Proveído: Ricardo Medina Stephens.-Secretario de Cámara.