SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Expediente Nº 350/01

AUTO SUPREMO Nº 238 - Social Sucre, 19 de agosto de 2005.

DISTRITO: Cochabamba

PARTES: Lizette Zdenka Mendoza Siles y otros. c/ SEMAPA.

RELATOR: MINISTRO DR.- Carlos Rocha Orosco.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 190-190 vlta., interpuesto por Jorge Alvarado Rivas, en representación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba, SEMAPA, contra el Auto de Vista de fs. 185-186, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso social de pago de beneficios sociales y otros, seguido por Norene Karla Vidal Panozo, en representación de Lizette Zdenka Mendoza Siles y otros, contra el recurrente; los antecedentes del proceso, el dictamen del Sr. Fiscal General de la República de fs. 199-200, y

CONSIDERANDO: Que presentada la demanda de fs. 25-28, es tramitada conforme a ley y el Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, pronuncia Sentencia a fs. 167-170, declarando PROBADA la demanda. Apelada esta resolución, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante el Auto de Vista de fs. 185-186, CONFIRMA la sentencia. Este fallo motivó el recurso de casación que se examina, el cual acusa, en la forma, la violación del art. 82 inc. a) "del Código Procesal del Trabajo", (querría decir, seguramente, de la Ley del Ministerio Público), por cuanto "...lo actuado hasta fs. 145 vlta, se ha llevado a cabo sin la intervención del Sr. Fiscal", pidiendo que el Tribunal Supremo, anule obrados hasta fs. 28, inclusive; y, en el fondo, la transgresión de los arts. 169 del Código Procesal del Trabajo y 1330 del Código Civil, solicitando que se case el auto de vista recurrido y se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes procesales con relación al recurso de casación, se concluye lo siguiente:

1) Sobre la primera parte del recurso, corresponde señalar que no es evidente que no se haya dado intervención al MinisterioPúblico, puesto que, precisamente, en consideración a que SEMAPA es una empresa de servicio público descentralizada de la Alcaldía Municipal de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, reglamentada en su funcionamiento por las disposiciones legales contenidas en los Decretos Supremos Nos. 08048 de 12 de julio de 1967, 10597 de 4 de noviembre de 1972 y 24828 de 25 de agosto de 1997, sí, ha participado; tal como se constata por los actuados de fs. 145 vlta. y 156 y los dictámenes expedidos a fs. 157 y 166 de obrados. Por consiguiente, como entidad de Derecho Público, la intervención del Ministerio Público es obligatoria, en su condición de representante del Estado y la sociedad, en fiel observancia de lo previsto por el art. 34 inc. b) del Código Procesal del Trabajo, así como de los arts. 124 y 125 de la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 127 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil y 82 inc. a) de la Ley Nº 1469, Ley del Ministerio Público, de 19 de febrero de 1993, aplicable al caso presente.

2) Respecto a la acusada infracción de los arts. 169 del Adjetivo Laboral y 1330 del Código Civil, por cuanto no se habrían valorado las declaraciones testificales de fs. 153 a 155, cuando éstas manifiestan que los demandantes constituían personal supernumerario y que, por esa su condición, se prescindió de sus servicios, dicho razonamiento es equivocado; puesto que, por una parte, dicha situación no se encuentra comprendida como causal de despido en la Ley Sustantiva Laboral y, por otra, que aquellas deposiciones, sólo se limitan a manifestar que los actores fueron contratados por "Aguas del Tunari" y no por SEMAPA; con todo lo cual, la empresa demandada no ha desvirtuado ni enervado con ningún otro medio probatorio los conceptos demandados, cual era menester hacerlo, en acatamiento del principio de inversión de la prueba, normado por los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo. Advirtiéndose más bien, contradictoriamente que, en tanto los testigos de descargo expresan lo señalado precedentemente, la parte recurrente funda su negativa a reconocer los derechos reclamados, porque los demandantes fueron despedidos por infringir las causales del art. 16 de la Ley General del Trabajo, sin haberlas probado, empero, aceptando implícitamente que existió una relación contractual laboral con aquellos. Por lo referido, tampoco se han transgredido los arts. 169 del Procesal Laboral y 1330 del Sustantivo Civil.

Sobre este concepto, debe precisarse que, resulta imprescindible que el juzgador tenga en consideración que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial, pero velando porque tal propósito no se utilice para realizar actos simulados o lograr fines ilícitos (arts. 59 y 60 del Código Procesal del Trabajo). Se trata entonces, de establecer si la pretensión de pago de beneficios sociales, fue desvirtuada por el empleador -quien tiene la carga de la prueba-, lo que hace inexcusable su consideración, máxime si en el proceso las partes pueden valerse de todos los medios de justificación. En este orden, corresponde al juez formar su convencimiento, tomando en cuenta que no está sujeto a la tarifa legal de pruebas, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, motivando, en su caso, los hechos y circunstancias que fundan su certidumbre -arts. 3 inc. j), 151 y 158 del Código Procesal del Trabajo-, circunstancias legales que los jueces de grado, no omitieron, para establecer los fundamentos de sus resoluciones de instancia.

Consecuentemente, el Tribunal Ad quem, al confirmar la sentencia del Juez A quo, ha obrado correctamente, con facultad propia, y sin faltar a ninguna regla de criterio legal, menos incurrir en error de derecho ni de hecho, o en la violación de las disposiciones legales que se acusan en el recurso, ameritando, por ello, la aplicación de los arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, con la permisión de la norma remisiva comprendida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 199-200, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 190-190 vlta., con costas.

Se regula el honorario de abogado en Bs. 300.- que mandará pagar el Juez A quo.

Relator: Ministro Dr. Carlos Rocha Orosco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Carlos Rocha Orosco.

Dr. Alberto Ruiz Pérez.

Sucre, 19 de agosto de 2005.

Proveído: Ricardo Medina Stephens.-Secretario de Cámara.