SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Expediente Nº 67/04

AUTO SUPREMO Nº 203 - Administrativo Sucre, 22 de julio de 2005.

DISTRITO: Oruro

PARTES: Arturo Tapia Rocabado c/ Dirección de Pensiones.

RELATOR: MINISTRO DR.- Alberto Ruiz Pérez.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 258-259, interpuesto por Arturo Tapia Rocabado, contra el Auto de Vista de fs. 251-252, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Oruro, dentro del proceso de Reclamación seguido por el recurrente, contra la Dirección de Pensiones; los antecedentes del proceso, el Dictamen Fiscal de fs. 283-284; y

CONSIDERANDO: Que, interpuesto el recurso de reclamación a fs. 148-149 (nueva foliación), la Comisión de Reclamación de la Dirección de Pensiones, pronunció Resolución Administrativa Nº. 163.03 cursante a fs. 179-182, CONFIRMANDO la Resolución Nº. 010538 de 12 de noviembre de 2002 expedida por la Comisión de Calificación de Rentas, por el que se dispone la SUSPENSION DEFINITIVA de la Renta Única de Vejez que se había otorgado a favor del reclamante por Resolución Nº. 05654 de 4 de abril de 2000, fundándose en el hecho que el asegurado, para realizar su trámite de jubilación procedió a la rectificación de su año de nacimiento en el registro de afiliación con posterioridad a la fecha de corte del sistema de reparto 30 de abril de 1997, ello luego de haberse evidenciado por el registro informático de la Dirección de Pensiones que su fecha de nacimiento data de 16 de noviembre de 1948. En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, a fs. 251-252 pronunció Auto de Vista CONFIRMANDO la resolución apelada; fallo que motivó el recurso que acusa infracción de los arts. 7-a) y k); 158 y 162 de la Constitución Política del Estado por haberse dispuesto la suspensión definitiva de su renta de vejez, cuando para dicho beneficio hubo cumplido con todos los requisitos exigidos por el art. 45 y siguientes del Código de Seguridad Social y las demás normas del sistema de reparto, cumpliendo con los requisitos de edad y densidad de cotizaciones, solicitando en definitiva casación del Auto de Vista y deliberando en el fondo se deje sin efecto la suspensión definitiva de su renta de vejez.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los antecedentes procesales en relación al recurso que se analiza, se concluye:

1. Conforme lo tiene advertido el Tribunal de Apelación y como también se acredita con las literales de fs. 49, 51, 62 (repetida a fs. 111), 63, 65, 112 y fundamentalmente la literal de fs. 170 (nueva foliación), el asegurado Arturo Tapia Rocabado fue inscrito por sus padres en la Oficialía del Registro Civil Nº. 510 del departamento de Potosí, en fecha 5 de noviembre de 1947 Libro Nº. 3-47 L-17, Folio 46, Partida 291, como nacido el 24 de octubre de 1944. Posteriormente y con orden judicial, fue nuevamente inscrito en Tarija en fecha 29 de diciembre de 1966, Oficialía del Registro Civil 798, Libro Nº. Rep. 1-65, partida 571, como nacido el 16 de noviembre de 1948. Sobre esta doble inscripción el asegurado refiere que luego del fallecimiento de su señora madre y la conformación de un nuevo núcleo familiar de su señor padre, conjuntamente a sus hermanos fueron internados en un hogar del Estado oportunidad en la que se procedió a una segunda inscripción (fs. 148-149).

En base a la primera inscripción de fecha 5 de noviembre de 1947 que certifica su año de nacimiento como de 24 de octubre de 1944, procedió a la rectificación de sus datos de nacimiento en su ficha prontuario de la Dirección Nacional de Identificación Personal, así como en la Caja Nacional de Salud y otras instancias a efectos de acogerse a la jubilación con reducción de edad.

De lo anterior se concluye que el asegurado, a efectos de acogerse a la jubilación, no obtuvo una nueva inscripción, menos alteró su registro civil, más por el contrario hizo valer su inscripción legal primigenia.

2. Ahora bien, cuestionada como se encontraba aquella filiación primigenia, la Dirección de Pensiones inició, contra Arturo Tapia Rocabado, proceso penal por el delito de uso de instrumento falsificado, el mismo que concluyó con un requerimiento conclusivo de SOBRESEIMIENTO por no haberse encontrado suficientes elementos de prueba que permitan fundar la acusación penal (fs. 121-122 de la nueva foliación) y siendo así, absueltos quedaron los indicios de falsedad que motivaron la suspensión de la renta por parte del Fondo de Pensiones, de modo que haga aplicable la prescripción del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, más aún si a la fecha, aquella segunda inscripción se encuentra cancelada por orden judicial, tramitada y concluida ante el Juzgado Undécimo de Partido en lo Civil de La Paz (fs. 271-274).

3. Los arts. 7-k) y 158 de la Constitución Política del Estado consagran el derecho a la seguridad social y la continuidad de los medios de subsistencia, en cuyo marco y precisamente para garantizar el ejercicio de esos derechos, el legislador sancionó las leyes de desarrollo consistentes en el Código de Seguridad Social, hoy normas del sistema de reparto, la Ley de Pensiones y otros instrumentos legales. Al CONFIRMAR el Tribunal de Apelación la Resolución 163.03 que convalidó la suspensión de la renta de vejez con errónea aplicación del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social y al dejar sin efecto la renta de vejez otorgada mediante Resolución 05654 de 4 de abril de 2000 luego de haberse cumplido con todos los requisitos consignados en el art. 45 y siguientes del Código de Seguridad Social, ha vulnerado estos dispositivos y, siendo así, ha vulnerado también los dispositivos constitucionales antes citados que fueron acusados en el recurso.

Consiguientemente, encontrándose probadas las infracciones alegadas en el recurso, corresponde resolver el mismo en el marco del art. 274-I del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la materia con la permisión de la norma remisiva contenida en el art. 252 del Código Procesal del Trabajo.

POR TANTO: La Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el art. 60-1) de la Ley de Organización Judicial, de acuerdo con el Dictamen Fiscal de fs. 283-284, CASA el Auto de Vista recurrido cursante a fs. 251-252 y deliberando en el fondo deja sin efecto la suspensión decretada y dispone que la Dirección de Pensiones restituya la pensión jubilatoria otorgada a favor de Arturo Tapia Rocabado mediante Resolución Nº. 05654 de 4 de abril de 2000, desde la fecha de su suspensión, sin responsabilidad por ser excusable.

Para resolución, según convocatoria de fs. 292, interviene el Ministro Dr. Armando Villafuerte Claros, de Sala Civil Primera.

Ministro Relator: Dr. Alberto Ruiz Pérez.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Alberto Ruiz Pérez.

Dr. Carlos Rocha Orosco.

Dr. Armando Villafuerte Claros.

Sucre, 22 de julio de 2005.

Proveído: Ricardo Medina Stephens.-Secretario de Cámara.