TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 679/2014-RRC

Sucre, 27 de noviembre de 2014


Expediente        : Tarija 30/2014

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        :        Carlos Roberto Cordero Baldiviezo

Delitos                : Incumplimiento de Deberes y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de agosto de 2014, cursante de fs. 944 a 951, Juana Rosse Marie Rodríguez García, en representación del Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño-Yacuiba, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 29/2014 de 15 de julio, de fs. 926 a 929 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal que sigue, conjuntamente el Ministerio Público y la recurrente, contra Carlos Roberto Cordero Baldiviezo, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 198, 203 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a la acusación pública y particulares (fs. 3 a 10, fs. 28 a 31 vta. y de fs. 131 a 147), se llevó a cabo la audiencia conclusiva ante el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, ante el cual, el imputado planteó incidente de actividad procesal defectuosa a través de escrito de 25 de abril de 2012, habiéndose declarado improbado por Auto interlocutorio 147/2012 de 18 de mayo, contra el cual el imputado interpuso recurso de apelación incidental (fs. 232 a 239 y 260 a 261, 295 a 299), a cuyo efecto, una vez respondido el mismo, el Juez cautelar, a través de decreto de 10 de julio de 2012, ordenó la remisión de una copia legalizada del cuaderno judicial, por ante el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 309 vta.).


  1.   A través de memorial presentado el 10 de julio de 2012 (fs. 310 a 321 y 328 a 334), el imputado volvió a interponer incidente de actividad procesal defectuosa, habiéndolo ratificado en audiencia conclusiva de la misma fecha, el cual fue rechazado, determinación contra la que el recurrente pidió se remitan antecedentes a la Sala Penal. En similar sentido se tiene el rechazo del “incidente a la observación de la acusación formal del MP” (sic), formulado en audiencia de la misma fecha, determinación contra la que la defensa interpuso recurso de apelación incidental.


  1. Mediante Auto interlocutorio 60/2012 de 23 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia radicó la causa (fs. 401 vta. y 402).


  1. A través de Auto de Vista 33/2012 de 3 de septiembre (fs. 938 a 940), la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró sin lugar la apelación incidental que interpuso el imputado, manteniendo firme el Auto interlocutorio 147/2012, la misma que se notificó al imputado y demás partes procesales, el 3 de septiembre de 2012 (fs. 984 vta.).


  1. Por Sentencia 24/2012 de 16 de noviembre (fs. 841 a 857 vta.), el  Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Carlos Roberto Cordero Baldiviezo, autor de la comisión de los delitos Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 198, 203 y 224 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de dos años, con costas a favor del Estado y de los acusadores particulares.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 867 a 875), resuelto por Auto de Vista 29/2014 de 15 de julio emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que anuló el proceso hasta la instancia en que corresponde la remisión de las apelaciones incidentales sustanciadas en la Audiencia Conclusiva, retrotrayéndose el trámite a ese estado, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión     448/2014-RA de 3 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, al que este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente califica de errada la afirmación del Tribunal de alzada respecto a que los recursos de apelaciones incidentales interpuestos por el imputado en la audiencia conclusiva, no se remitieron al Tribunal Departamental de Justicia, ya que mediante Cite Of. 179/2012 de 23 de julio, el Juez Cautelar remitió los antecedentes de dichas apelaciones, a cuyo efecto se emitió el Auto de Vista 33/2012 de 3 de septiembre, resuelto por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija,  Ernesto Félix Mur y Carolina Chamón Calvimontes, declarando sin lugar el recurso de apelación incidental, con costas y manteniendo firme el Auto interlocutorio 147/2012.


Con este antecedente, refiere que el Tribunal de apelación al anular el proceso, vulneró el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, contraviniendo lo establecido en el Auto Supremo 372 de 22 de junio de 2004, que señala que el respeto del derecho al debido proceso constituye un fundamento esencial del Estado de Derecho. También contravino lo establecido en el Auto Supremo 20/2012 de 14 de febrero, referido a que los Tribunales de Alzada tienen la obligación de revisar con todo cuidado los datos procesales y el Auto Supremo 276/2007 de 5 de octubre, acerca de que los Tribunales de apelación tienen la inexcusable obligación de fundamentar sus resoluciones sobre la base de una


revisión prolija de los antecedentes y actos procesales que motivaron el recurso de apelación restringida; pues en el caso, no se efectuó una revisión prolija del proceso, debido a que el Juez Cautelar remitió los antecedentes de las apelaciones incidentales al Tribunal Departamental de Justicia.


Agrega que el Tribunal de alzada no cumplió plenamente con los principios de celeridad y oportunidad en la conclusión del proceso, pues de haber cotejado y revisado prolijamente los antecedentes remitidos por el Juez Cautelar, el Auto de Vista impugnado hubiera tenido un sentido jurídico distinto al que el Tribunal de alzada le asignó, por lo que también contravino lo establecido en el Auto Supremo 383/2005 de 20 de octubre, relativo a que la correcta administración de justicia y el respeto a los plazos procesales, así como a la celeridad y oportunidad en la conclusión de los procesos constituyen fundamento del debido proceso; y el Auto Supremo 453/2001 de 7 de enero, concerniente a que la seguridad jurídica sólo es compatible con un ordenamiento que busque la justicia, entendiendo que aquella comporta unos procedimientos judiciales que eviten situaciones de indefensión, aseguren el acceso a la jurisdicción y tengan como resultado resoluciones congruentes y motivadas; por lo que argumenta que el Auto de Vista al haber anulado el proceso, vulneró la seguridad jurídica.


I.1.2. Petitorio


Por lo expuesto, la recurrente pide se admita el recurso y se conceda, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y que la Sala Penal Segunda, dicte nueva resolución, confirmando la Sentencia.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 448/2014-RA, cursante de fs. 1022 a 1024 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por la parte acusadora, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        Del Auto interlocutorio 147/2012 de 18 de mayo.


El Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, con la finalidad de resolver el primer incidente de actividad procesal defectuosa planteado por el imputado, a través de memorial presentado el 25 de abril de 2012, emitió la Resolución 147/2012, que declaró improbado y argumentó que: 1) Con relación al primer punto cuestionado, sostuvo que las actuaciones o requerimientos investigativos como son la imputación y la acusación formal, cumplieron de manera incontrastable con la congruencia y objetividad necesarias, al menos en la calificación provisional de los hechos sometidos a proceso, resultando ilógico que en la imputación y la acusación formal se tomen en cuenta todos los ilícitos calificados provisoriamente por el denunciante particular, por cuanto el art. 289 del CPP, prescribe que el Fiscal al recibir una denuncia o información fehaciente de la comisión de un delito, dirigirá la investigación; es decir, calificará inicial y provisionalmente los hechos denunciados para comenzar su indagación, para luego calificarlos de manera definitiva en la acusación formal; y, 2) En cuanto al segundo punto impugnado, del análisis de los antecedentes cursantes en los cuadernos de investigación y el cuaderno jurisdiccional y más allá de las denominaciones diferentes que merecieron los actuados, se hizo referencia a un único proyecto, denominado “REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMANDO DE FRONTERA POLICIAL Y PUESTOS POLICIALES DE LA PRIMERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA GRAN CHACO” (sic), tal como lo tituló el propio incidentista en la comunicación interna de 17 de agosto de 2007; a cuyo efecto, concluyó que la actuación del Ministerio Público, de ninguna manera le provocó indefensión ni vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto en la acusación formal, se hizo referencia al mismo proyecto al que se refirió en la imputación formal y por consiguiente, a los mismos hechos.


Determinación contra la cual el imputado, planteó apelación incidental de manera escrita.


II.2.        Actuaciones desarrolladas en la audiencia conclusiva, sesión de 10 de julio de 2012.


       II.2.1.        El imputado, en audiencia conclusiva ratificó los argumentos expuestos en el memorial de incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa presentado el 10 de julio de 2012, el que una vez respondido por las partes procesales, mereció el Auto de la misma fecha, por el que el Juez de Instrucción en lo Penal, determinó su rechazo, de acuerdo a los siguiente argumentos: i) Habiendo sido iniciado el proceso penal a instancia de la entonces Prefectura y Comandancia General del Departamento de Tarija, por denuncia de 16 de diciembre de 2008, resulta lógico notificar a dicha institución y abonar la personalidad de quien la representa, lo que no constituye ningún defecto formal, ni es lesivo de los derechos de las partes; y, ii) De las observaciones realizadas y del análisis del segundo punto incidentado, concluye que se atacaron defectos de fondo, referidos incluso al tipo penal y a los fundamentos para acreditarlos, no siendo objeto de la audiencia conclusiva resolver las mismas sino aquellos que hacen referencia a la estructura formal de la acusación fiscal o particular.


               En razón a lo dispuesto, la defensa del imputado, pidió la remisión de antecedentes a la Sala Penal para que resuelva la apelación incidental, a cuyo efecto el Juez cautelar dispuso la remisión de antecedentes por ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.


II.2.2.        Con relación al tercer incidente de solicitud de nulidad por actividad procesal defectuosa planteado por el imputado, el Juez Cautelar, determinó rechazarlo, argumentando que mediante


memorial de 25 de abril de 2012, el imputado planteó un incidente de actividad procesal defectuosa en mérito a idénticos fundamentos que los esgrimidos en ese momento, el que fue resuelto mediante Auto interlocutorio de 18 de mayo del mismo año, bajo el fundamento que más allá de la denominación que en diferente etapa procesal se le dio al proyecto objeto del proceso, se evidenció que se trata de un mismo emprendimiento, razón por la cual se determinó que la acusación formal de 29 de marzo de 2011, cumplió con los requisitos mínimos en cuanto a la relación precisa y sustanciada del delito atribuido, además de la fundamentación, haciendo referencia a los elementos de convicción en los cuales se motivó ese acto conclusivo de parte del Ministerio Público.


       Como efecto de la determinación descrita, el imputado interpuso recurso de apelación, para que la Sala Penal se pronuncie al respecto, ante lo cual el Juez cautelar, ordenó la remisión de antecedentes al superior en grado.


II.3.        Del Auto de Vista 33/2012 de 3 de septiembre.


       Mediante Auto de Vista 33/2012, la Sala Penal Segunda, declaró sin lugar, la apelación incidental formulada por el acusado contra el Auto interlocutorio 147/2012, con los siguientes argumentos: a) En la etapa preparatoria o la audiencia conclusiva del proceso penal, no se dilucidará el objeto del proceso, por cuanto no se determina cómo o de qué manera se produjeron los hechos y si el imputado es penalmente responsable de ellos, correspondiendo a la audiencia de juicio oral, público, continuo y contradictorio definir esos aspectos; b) Lo que se juzga en el proceso penal no son delitos, mucho menos “proyectos” como equivocadamente aduce el apelante, sino hechos que previamente investigados determinan un pliego acusatorio en el que se describen las conductas punibles con una calificación que no obstante tampoco es definitiva, debido a que si existiera controversia entre la acusación del querellante y la del Ministerio Público, en aplicación del art. 342 del CPP, “el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio”, de donde resulta que no es evidente argüir vulneración al derecho a la defensa ni atentado contra el principio de congruencia, por cuanto al momento no se tiene sentencia para cotejarla con la acusación; c) No es factible ni viable la petición formulada por el apelante por estar fuera de todo contexto legal, al no ser evidente que se le causó agravió alguno, ni afectación al debido proceso o indefensión, por cuanto conociendo la acusación, conforme determina el art. 340 del CPP, puede ofrecer todos los medios probatorios que considere pertinentes, participar en la audiencia de juicio en forma activa, ejerciendo todos los medios legales establecidos en el ordenamiento adjetivo; y, d) Con relación a la apelación formulada en la audiencia conclusiva, sesión de 10 de julio de 2012, contra los autos interlocutorios pronunciados en la misma, destaca que si bien el art. 403 inc. 2) del CPP, faculta a las partes impugnar la resolución que las rechace, en la fase conclusiva, sólo es factible hacerlo vía apelación restringida, previa reserva de apelar, al constituirse en potenciales motivos de impugnación de la Sentencia, en caso de ser adversa, conforme previene el art. 407 del CPP y sólo en caso de declararse probada la excepción, las partes pueden interponer directamente apelación incidental, dado que, a consecuencia de la Resolución, se interrumpe la audiencia conclusiva y también el juicio, razones por las que no advirtieron afectación a derecho ni garantías de las partes porque las impugnaciones contra las diferentes resoluciones serían resueltas en su oportunidad.


II.4.        De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictó Sentencia 24/2012, contra el recurrente, por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Material, Uso de Instrumento falsificado y Conducta Antieconómica, imponiéndole la pena de reclusión de dos (2) años, bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al delito de Incumplimiento de Deberes, de la valoración de las pruebas testificales y documentales, haciendo especial énfasis en las carpetas que presentó el propio imputado cuando dejó de ser funcionario público sobre las obras referidas a: pintado del Comando de Frontera Policial, construcción del puesto policial Comunidad de Cañón Oculto, construcción del puesto policial El Bagual, refacción puesto policial Caiza Estación, construcción puesto policial San Isidro y Construcción del puesto policial Campo Grande, concluyó que el imputado, como encargado de Seguridad Ciudadana, no se sujetó a los pasos previstos en el Decreto Supremo (DS) 27328 y su Reglamento, que rige para todo servidor público involucrado en el proceso de contratación en cuyo inc. b) prohíbe ejecutar el proceso de contratación cuando no estén aprobados y publicados por el “PAC” o cuando no se cumplen los incs. g), k) y l), de la misma norma, a cuyo efecto considera que el imputado no cumplió con sus funciones como área solicitante, omitiendo observar sus funciones como comisión calificadora y la obligación previa de observar el art. 65 del Reglamento, concordante con el inc. f) del art. 24 del mismo cuerpo normativo, así como aplicar los incs. c), e) y f) para solicitar la contratación de obras, resaltando que en todas las carpetas existe la comunicación interna de 6 de julio de 2007, que tiene sello de recibido y fechas, dirigida por Carlos Cordero al “Arq. Walter Carreón” (sic), para que se cancele; empero, refiriéndose al puesto policial “la Grampa”, por lo que adquiere la convicción que la carpetas fueron armadas y que no tuvo por lo menos el cuidado de hacer coincidir las fechas; 2) Respecto al delito de Falsedad Ideológica, luego de la descripción de la prueba testifical y documental judicializada, culminó estableciendo que las carpetas del pintado del comando de Frontera Policial y de la construcción y refacción de los cinco puestos policiales en el área rural, fueron armadas fuera de la entonces Subprefectura y cuando el acusado ya no era funcionario público y que los dos funcionarios encargados de Seguridad Ciudadana, que sucedieron al imputado, no encontraron esos documentos en la institución porque no existían, llegando a la convicción que ante la presión de la gente y la solicitud de ambas personas, el imputado llevó las seis carpetas “por escrito” a la institución, cuando ya no era funcionario público; en consecuencia, no son documentos públicos, porque no pertenecen a la entonces Subprefectura del Departamento; empero, analizando el art. 198


del CP, que prevé la Falsedad Material, establece que la conducta “desplegada por el acusado cuando ya no era funcionario público (…) subsume en este tipo pues forma documentos públicos falsos como son las 6 carpetas y las presenta por escrita a la ex Subprefectura” (sic), la misma que causó perjuicio al área rural, a los que invirtieron en esas obras y no pudieron cobrar sus acreencias, afectando la credibilidad e imagen del Estado Plurinacional, debido a que el imputado era encargado de Seguridad Ciudadana y como tal actuó en el área rural y frente a los que hicieron de las obras; 3) Haciendo referencia a la relación y valoración probatoria detallada en la Sentencia, sostiene que los elementos del tipo previsto en el art. 203 del CP, que norma el ilícito Uso de Instrumento Falsificado, exigen que el agente conozca y aun así haga uso del documento falso, teniendo en su mérito que el imputado fue quien presentó por escrito las carpetas de las obras, tantas veces mencionadas, usándolas; 4) Previa aclaración de la norma penal sustantiva que debe ser usada en el proceso penal tramitado, fundamenta que los elementos del tipo penal de Conducta Antieconómica, exigen que sea funcionario público, calidad que tenía el imputado en la gestión 2007, teniéndose demostrada con toda la prueba ya citada tanto documental como testifical, que el encargado de Seguridad Ciudadana estaba en ejercicio de un cargo directivo o de responsabilidad. Continúa afirmando que el tipo exige además de causar daños al patrimonio o intereses del Estado, por mala administración o dirección técnica o por cualquier otra causa, respecto a lo cual el Tribunal en pleno considera que los intereses del estado se reflejan en la misma comunidad y población porque Estado implica a todos y lo que reclamó era seguridad para la sociedad y si no se logró las metas propuestas, establecidas en el Programa de Operaciones Anual (POA) 2007, fue porque el imputado incumplió sus deberes, causando daño a toda la población, de manera dolosa, por cuanto no podía alegar desconocimiento de la ley porque era un funcionario público y en ese tiempo estaba vigente el DS 27328 y su Reglamento, llamándoles la atención que sólo dos empresas se adjudicaron a todas las obras y que él tuvo parte activa en las mismas, siendo parte de la comisión calificadora y también recibió las obras, cuando por lógica el que recibe tiene que ser otra persona porque se debe “revisar si está bien”, y debió haber sido un técnico.

II.5.        De la apelación restringida.


El imputado, planteó apelación restringida contra la Sentencia 24/2012, con los siguientes cuestionamientos: i) Cuestionó la imparcialidad e independencia del Tribunal de juicio, aseverando que desde el principio tuvo por cierta y comprobada la acusación presentada por el Ministerio Público y acusadores particulares, actitud demostrada con el rechazo de la excepción de falta de acción que planteó, ante la existencia de un impedimento legal para proseguir, plasmado en los hechos contradictorios expuestos en la acusación pública, llegando a ser juzgado por hechos que no fueron formulados en la imputación y sorpresivamente en la acusación se hicieron referencia a otros hechos; es decir, no tuvo la oportunidad de asumir defensa de los hechos concretos durante la etapa preparatoria. Por otro lado, el Tribunal se convirtió en acusador, restándole importancia al hecho que no existía prueba plena o que la misma era contradictoria entre los hechos presentados en la imputación y los juzgados en juicio oral; ii) El Tribunal de mérito, no le brindó seguridad jurídica, debido a que interpretó unilateralmente las normas procesales, permitiendo que el juicio oral se desarrolle en su indefensión, imputándosele de determinados hechos y cuando ingresamos a juicio se le acusó por otros, lo que considera lo dejó en indefensión, además se valoró hechos subjetivos que jamás fueron corroborados por los testigos de cargo, especialmente la subjetividad creada inicialmente por Antonio Soruco, cuyos informes fueron leídos en audiencia y sobre los cuales el Tribunal afirmó que hacían plena prueba y no dejaban margen de ninguna duda; iii) Previa referencia al art. 370 inc. 1) del CPP, denunció en cuanto a la primera corriente de la norma citada, sobre la inobservancia de la ley, que su conducta no se adecuó al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, porque no era su responsabilidad que las Unidades pertinentes de la ex Subprefectura no cuenten con la documental correspondiente de las diferentes obras que se realizó, tampoco lo es de la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES) de la ejecución de la construcción de los puestos policiales de Cañón Oculto, pintado del comando de Frontera Policial, refacción del puesto policial de Caiza Estación, construcción del puesto policial de San Isidro, construcción del puesto policial de Campo Grande y Construcción del Puesto Policial de El Bagual, por cuanto actuó sólo como presidente de la Comisión Calificadora y no como encargado de contrataciones; consiguientemente, el tipo penal no se configuró. Respecto al delito de Conducta Antieconómica, aseveró que no causó ningún daño al Estado, nunca se le abrió un proceso administrativo por mal manejo de los bienes del Estado, además, por las construcciones referidas no se pagó un solo centavo a las empresas que se adjudicaron en la construcción de los puestos policiales, máxime si el testigo José Antonio Jiménez, refirió que no existe documentación que haga presumir que se canceló por dichas obras. En cuanto al delito de Falsedad Ideológica, no ideó la alteración de ningún documento público, en juicio no se presentó ningún documento que se acuse de falso, menos existió prueba científica que corrobore que determinado documento sea falso; sin embargo, curiosamente el Tribunal de juicio encontró falsedad ideológica. Por último, en cuanto al delito de Uso de Instrumento falsificado, señala que dicho tipo penal y el de falsedad material, se encuentran muy relacionados, concibiendo que el autor de la falsificación no puede ser otro que aquél que lo utiliza; sin embargo, en su caso, no tiene ningún interés en usar documentos falsos, además no se señala qué documento es falso y cuál el perjuicio o daño ocasionado. Los referidos argumentos fueron replicados por el recurrente, a tiempo de denunciar que la Sentencia incurrió también en la segunda corriente del defecto previsto en el art. 370 inc. 1), errónea aplicación de la ley sustantiva; iv) Acusó que respecto a los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, se lo juzgó bajo la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, cuando en realidad no corresponde disponer la retroactividad de la ley por mandato expreso de la Sentencia Constitucional (SC) 770/2012 de 13 de agosto, extremo que considera inobservancia de la ley sustantiva y errónea aplicación de la ley sustantiva; v) Asimismo, denunció que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no


incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura, en tal sentido menciona a las pruebas “MPD-4, MPD-6, MPD-8, MPD-9 y MPD-14”, los que tiene de común denominador que las personas que emitieron los informes correspondientes no se apersonaron ante el Tribunal a efectos de ratificar o ampliar sus informes, violándose el principio de contradicción e inmediación. En igual sentido, alude a la “MPD-1”, específicamente en cuanto a la documental aparejada a la denuncia, la misma debió ser judicializada con la declaración de la persona; vi) Denunció que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, por cuanto no se demostró con ninguna prueba material idónea que incumplió los deberes propios como encargado de la Unidad de Seguridad ciudadana o como presidente de la Comisión de calificación para la contratación de las empresas que se harían cargo de la construcción de los cinco puestos policiales y el pintado del frontis del Comando de Frontera Policial, tampoco se  acreditó que haya causado daño económico al Estado, refiriéndose al tipo penal de Conducta Antieconómica; en cuanto a la Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, la Sentencia no señaló qué documento público es declarado falso, o qué declaración o hecho introducido tiene tal calidad, tampoco qué persona pudo haber falsificado el mismo, ni el daño o perjuicio ocasionado con la supuesta falsedad; y, vii) Continuó afirmando que existió defectuosa valoración de la prueba, detallando las declaraciones de Antonio Soruco, quien aseveró que se armaron seis carpetas, pero que desconocía si las mismas eran falsas o no, razón por la que sugirió se remitan al Ministerio Público para su investigación, sin haber afirmado que el imputado haya cometido los delitos acusados, aseveró también que el referido testigo desconocía si se pagó el costo de las obras, culminando que las declaraciones de cargo, carentes de veracidad fueron valoradas positivamente a pesar de que fueron apoyadas por subjetivismos usados por los miembros del Tribunal de Sentencia.

II.6.        Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 29/2014, resolviendo anular el proceso hasta la instancia en que corresponde la remisión de las apelaciones incidentales sustanciadas en la audiencia conclusiva, retrotrayéndose el trámite a ese estado, correspondiendo su tramitación del Juez cautelar, bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de antecedentes y con referencia a las denuncias de violación del debido proceso y que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios incorporados por su lectura, advirtió que antes de remitirse antecedentes sobre las apelaciones incidentales interpuestas en audiencia conclusiva de 10 de julio de 2012, el Juez cautelar, ordenó la remisión de antecedentes a la Sala Penal por haberse planteado recurso de apelación incidental; sin embargo, el 20 de agosto del mismo año, el Juez Instructor, remitió al Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, los antecedentes para que se instaure el juicio oral, sin esperar que se resuelvan las apelaciones incidentales e incluso no se remitieron las apelaciones incidentales planteadas contras los autos pronunciados en audiencia conclusiva; por ende, el Juez Instructor, envió obrados sin remitir las apelaciones pendientes y de manera incorrecta, el Tribunal de Sentencia radicó la causa, sustanciando el juicio, lo cual constituye un defecto absoluto insubsanable, violatorio del derecho a la defensa en relación al derecho a la impugnación, debido a que únicamente puede ser competente un juez a la vez y mientras no se resuelvan los recursos con relación al Auto pronunciado por el Juez cautelar, éste sigue teniendo competencia, debiendo considerar que al resolverse las apelaciones de los incidentes o exclusiones probatorias definen un proceso, razón por la cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó claramente que de manera previa a remitirse la causa al Tribunal de Sentencia, deben estar resueltas las apelaciones, situación que no ocurrió en el caso concreto; y, ii) Por lo expuesto, no resolvió los demás agravios, en observancia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contenida en el Auto Supremo 103/2013.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia emanada de los Tribunales Departamentales de Justicia y asegurar la vigencia del principio de igualdad, a continuación se procederá a analizar los argumentos del recurrente, circunscrito a la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 448/2014-RA.


Conforme a lo antedicho, el Tribunal Supremo de Justicia, admitió el recurso de casación interpuesto por la víctima, sosteniendo que no era evidente la omisión en la remisión de las apelaciones incidentales interpuestas por el imputado en audiencia conclusiva ante el Tribunal de alzada, motivo por el cual se determinó anular obrados, con contradicción con la doctrina legal aplicable.


III.1. Precedentes contradictorios invocados.


Ahora bien, el recurrente, con la finalidad de sustentar el agravio expuesto en su recurso de casación, invocó la doctrina legal aplicable, contenida, entre otros, en el siguiente entendimiento jurisprudencial:


El Auto Supremo 276/2007 de 5 de octubre, en mérito a la denuncia efectuada sobre la inadmisión del recurso de apelación restringida, con argumentos que no se sujetaron a los antecedentes del proceso, estableció:

“Los Autos de Vista contienen el defecto absoluto no susceptibles de convalidación a que hace referencia el numeral 3) del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, cuando declaran inadmisible un recurso de apelación restringida desconociendo la existencia de claros datos expuestos durante el juicio oral que acreditan el cumplimiento, por parte del recurrente, de reglas procesales no advertidas por los juzgadores o equivocadamente valoradas como no observadas, vulnerando así la garantía del debido proceso por descuido en la revisión de antecedentes, negando por ello al recurrente su derecho a la defensa. Los Tribunales de Alzada están en la inexcusable obligación de fundamentar sus resoluciones sobre la base de una revisión prolija de los antecedentes y actos procesales que motivaron el recurso de apelación restringida, evitando apreciaciones que


desconozcan los actos procesales ejecutados por las partes en atención a sus derechos u obligaciones o por el Juez o Tribunal en mérito a su competencia”.


III.2. Sobre el deber de control del Tribunal de alzada sobre la probable concurrencia de defectos absolutos.


El Auto Supremo 418 de 10 de octubre de 2006, sentó la siguiente doctrina legal aplicable: El Tribunal de apelación se encuentra en el deber de cuidar que los actos procesales y los actuados jurisdiccionales se encuentren dentro del marco del imperio de la legalidad, además de precautelar que dichos actos no afecten los derechos y garantías constitucionales. El control y tutela jurisdiccional debe ser efectivo, riguroso, exento de contradicciones, cuidando que no afecte los principios procesales, sustanciales y/o constitucionales.


Cuando el Tribunal de Apelación detecte un defecto absoluto de procedimiento, sentencia, vicio sustantivo y/o constitucional, debe ponderar el acto que ocasiona el defecto, calificar el defecto si es absoluto o relativo, en cualquier de los casos debe describir con precisión el acto señalado como defecto; asimismo evidenciar si afecta a derechos y garantías constitucionales; para luego comprobar si es imprescindible la realización de un nuevo juicio o prescindir de él y resolver directamente; finalmente el Tribunal de Apelación resuelve asuntos de puro derecho tomando en cuenta hechos comprobados en el juicio oral y contradictorio, debiendo necesariamente llevar la resolución que dicte el Tribunal de Alzada el fundamento jurídico correspondiente” (Las negrillas son nuestras).


En la misma línea, el Auto Supremo 466/2014-RRC de 17 de septiembre, asumió el siguiente entendimiento: “…la nulidad de los actos procesales se encuentra directamente subordinada a la afectación o violación de derechos fundamentales, y no únicamente por la mera inobservancia de las formalidades que rigen o acompañan a determinado acto procesal, debiendo tenerse en cuenta que la relevancia e incidencia en la afectación de derechos fundamentales y garantías constitucionales por inobservancia de las formas procesales que rigen al acto, debe estar debidamente justificada y fundamentada por la autoridad judicial a efectos de establecer la nulidad del acto; por ende, la ineficacia de las actuaciones producidas como emergencia de esa inobservancia; pues esa relevancia e incidencia en la afectación de derechos es lo que permite fundamentar la ineficacia de los actos procesales que se realizaron con violación de los requisitos, formas y procedimientos legalmente establecidos…”.


Por lo expuesto, resulta imperioso resaltar que el deber de revisión del Tribunal de alzada de los actuados que dieron lugar al recurso de apelación restringida, que ciertamente puede efectuarse de oficio, debe desarrollarse con la mayor diligencia y con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, más aún cuando el Tribunal actúa de oficio, por cuanto se entiende que al no haber sido solicitado por las partes, debe revisar los antecedentes de manera detallada, ejerciendo las facultades que esté a su alcance con la finalidad de verificar si se produjo la inobservancia de normas procesales o sustantivas, decisión que además debe contar con el sustento jurídico y fáctico necesario, debiendo considerar la incidencia y relevancia de la inobservancia del acto procesal extrañado para disponer la nulidad de obrados; en razón a que no cumple con la exigencia de debida fundamentación, para disponer la nulidad de determinado acto procesal, por considerarlo defecto absoluto, la sola mención de haberse afectado determinados derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, sin explicar los criterios del porqué dicho acto se considera defecto absoluto y cómo  se encuentran afectados esos derechos y garantías constitucionales, en la medida que es la incidencia en la afectación de derechos fundamentales y garantías constitucionales lo que fundamenta la ineficacia de los actos procesales que se realizaron con violación de los requisitos, formas y procedimientos legalmente establecidos.


III.3.        Análisis del caso concreto.


De la revisión de antecedentes, se verifica que en la etapa conclusiva, el imputado, presentó tres incidentes de solicitud de nulidad de actuados, denunciando actividad procesal defectuosa, habiendo sido resuelto el primero a través de Auto interlocutorio 147/2012, que lo declaró improbado, a cuyo efecto, el recurrente interpuso recurso de apelación incidental, habiendo ordenado el Juez cautelar su remisión al Tribunal de alzada para su correspondiente resolución, mediante decreto de 10 de julio de 2012.


Con relación al segundo incidente, si bien fue planteado de forma escrita al igual que el descrito en el anterior párrafo, el mismo fue ratificado en la sesión de 10 de julio de 2012, de prosecución de audiencia conclusiva, el que fue rechazado, decisión contra la que formuló apelación incidental; seguidamente, planteó un tercer incidente, que en idéntico sentido que el anterior, fue rechazado por la autoridad jurisdiccional, decisión contra la que el imputado también planteó recurso de apelación incidental.


Ahora bien, en antecedentes también se verificó que el proceso penal que motiva el presente recurso de casación, fue radicado ante el Tribunal Segundo de Sentencia el 23 de agosto de 2012. Por otro lado, el Tribunal de alzada, a través de Auto de Vista 33/2012, en conocimiento de los recursos de apelación incidental planteados por el imputado en etapa conclusiva, descritos en los párrafos anteriores, se pronunció sobre los puntos impugnados del Auto interlocutorio 147/2012, estableciendo que en dicha etapa no se dilucidaría el objeto del proceso, aclarando además que en el proceso penal se juzgaban hechos que previamente fueron investigados, dando lugar a una acusación en la que la calificación de la conducta no era definitiva. Asimismo, determinó que no era evidente la vulneración de derechos, ni el agravio provocado, debido a que en aplicación del art. 340 del CPP, el imputado podía ofrecer todos los medios probatorios necesarios y demás actuaciones reconocidas en el


procedimiento, culminando que con relación específica a las dos apelaciones formuladas en la sesión de 10 de julio de 2012 que, de acuerdo al art. 403 inc. 2) del CPP, su impugnación era posible efectuarla, previa reserva de apelación, únicamente con una eventual apelación restringida, determinando mantener incólume el Auto interlocutorio 147/2012.


Con dicha determinación, fueron notificados el Ministerio Público, el acusado y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, el 3 de septiembre de 2012, conforme costa en el punto I inc. d) del presente Auto Supremo, paralelamente a la celebración del juicio oral, certeza que permite establecer que el Auto de Vista 29/2014, a tiempo de efectuar la revisión de antecedentes del proceso penal instaurado contra Carlos Roberto Cordero Baldiviezo, de manera equivocada, determinó anular obrados con el argumento que las apelaciones incidentales formuladas en la etapa de audiencia conclusiva no habrían sido remitidas al Tribunal de alzada para su resolución y que no obstante dicha omisión, el Juez cautelar remitió el proceso ante el Tribunal de Sentencia, provocando que el juicio oral se desarrolle y culmine con la emisión de una Sentencia condenatoria, sin la previa resolución de las apelaciones incidentales -se reitera- antes de la remisión de actuados a la autoridad jurisdiccional competente.


Al respecto, es preciso resaltar que si bien el Tribunal de alzada, en su labor de revisión de procesos en etapa de apelación restringida, tiene el deber de verificar que los mismos se desarrollen sin sufrir defecto absoluto alguno, observando las disposiciones procedimentales y sustantivas, incluso de oficio; no es menos cierto que en dicha actividad debe observar la mayor diligencia posible, evitando apreciaciones que desconozcan los actos procesales ejecutados por las partes, en atención a sus derechos u obligaciones, o por el Juez o Tribunal de mérito a su competencia, cuidando que su facultad de disponer la nulidad de obrados, no afecte ningún derecho o garantía constitucional, conforme estableció la doctrina legal aplicable en los Autos Supremos 276/2007, 418 de 10 de octubre de 2006 y 466/2014-RRC. En ese contexto, de la revisión minuciosa del expediente venido en casación, se puede asumir que las actuaciones relativas a las apelaciones incidentales, tales como la interposición de las mismas, su efectiva remisión ante el Tribunal superior, su resolución y posterior notificación a las partes procesales, nunca constaron en los antecedentes del proceso objeto del presente medio de impugnación, razón por la cual el Tribunal de alzada no pudo constatar el cumplimiento de dicha obligación de parte del Tribunal de Sentencia, no obstante que fueron las mismas autoridades que ahora firman el Auto de Vista impugnado, las que emitieron el Auto de Vista 33/2012,  precisamente porque dicha resolución se pronunció dos años atrás, de la cual también se advierte que se notificó tanto al imputado como a la parte acusadora, el 3 de septiembre de 2012, conforme se evidencia en el inc. d) del punto I.1 del presente Auto Supremo, quienes no efectuaron reclamo alguno.


En ese entendido, la observancia de las normas procesales penales de parte del Tribunal de mérito, recién se corroboró a través de la documentación presentada por el recurrente a tiempo de interponer el recurso de casación, y no así de los antecedentes que dieron lugar a la apelación restringida; a cuyo efecto, se tiene que si bien el Auto de Vista 29/2014, expone las razones para disponer la nulidad de actuados, sustentándose en la concurrencia del defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, éstas no se sujetan a los antecedentes del proceso, en cuya razón se contraviene la doctrina legal aplicable al caso concreto, desarrollada en el apartado III de esta resolución, por cuanto  toda decisión debe contar con el sustento jurídico y fáctico necesario, y tratándose de nulidad por defectos absolutos, debe considerarse la incidencia y relevancia de la inobservancia del acto procesal extrañado para disponer la nulidad de obrados; es decir, debe ponderar el acto que ocasiona el defecto, calificar si el defecto es absoluto o relativo y evidenciar si afecta a derechos y garantías constitucionales; para luego comprobar si es imprescindible la realización de un nuevo juicio o prescindir de él y resolver directamente; en razón a que es la afectación de derechos fundamentales y garantías constitucionales lo que fundamenta la ineficacia de los actos procesales que se realizaron con violación de los requisitos, formas y procedimientos legalmente establecidos, afectación que debe estar debidamente fundamentada; aspecto que no fue observado por el Tribunal de Alzada que sólo se limitó a extrañar la presunta falta de remisión de las apelaciones incidentales, aseverando que el Tribunal de Sentencia instauró el juicio oral sin esperar la resolución de dichas apelaciones, cuando dicho razonamiento no corresponde a la verdad jurídica que demuestran los actuados procesales ocurridos, conforme tiene evidenciado este Tribunal.


En cuanto al fondo de la decisión asumida por el Tribunal de alzada, a través del Auto de Vista 33/2012 como efecto del conocimiento de las apelaciones incidentales suscitadas en etapa conclusiva, en mérito a las específicas atribuciones encomendadas a este Tribunal, previstas en los arts. 416 y 417 del CPP, carece de competencia para actuar como Tribunal revisor de aquéllas, limitándose a verificar que el Tribunal de alzada efectivamente se haya referido y resuelto los aspectos apelados, aspecto que cumplió el Tribunal de apelación, conforme se desarrolla en el apartado II.5. del presente Auto Supremo.


Se deja establecido, que los Autos Supremos 372 de 22 de junio de 2004, 20/2012 de 14 de febrero y 383/2005 de 20 de octubre, no fueron considerados para la labor de contraste, al no contener doctrina legal aplicable al caso concreto, por cuanto carecen de supuestos fácticos análogos.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 29/2014 de 15 de julio, y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420


del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente resolución a los tribunales y jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura los fines del ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.