TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 559/2014-RA

Sucre, 15 de octubre de 2014


Expediente                : Santa Cruz 63/2014

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Emilio Guzmán Peralta

Delito        : Cohecho Pasivo Propio


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de abril de 2014, que cursa de fs. 643 a 645 vta.,  el Servicio de Impuestos Nacionales de la ciudad de Santa Cruz (SIN), representado por Santos Victoriano Salgado Ticona, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 25 de 18 de marzo de “2.013” (sic.), cursante de fs. 612 a 616, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Emilio Guzmán Peralta, por la presunta comisión del delito de Cohecho Pasivo Propio, previsto y sancionado por el art. 145 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 78 a 80) y particular (fs. 113 a 114); y desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la Sentencia 14/2012 de 4 de junio (fs. 452 a 458 vta.), que declaró a Emilio Guzmán Peralta, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Cohecho Pasivo Propio, tipificado por el art. 145 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Jesús Saramani Estrada, en representación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, formuló recurso de apelación restringida (fs. 465 a 467), siendo resuelto por Auto de Vista 90 de 3 de junio de 2013 (fs. 517 a 521 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el recurso; consiguientemente, anuló totalmente la sentencia apelada y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal de sentencia.


  1. En conocimiento del referido Auto de Vista, el imputado interpuso recurso de casación (fs. 584 a 590), mereciendo el pronunciamiento del Auto Supremo 331/2013-RRC de 16 de diciembre (fs. 601 a 608), emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, que dejó sin efecto el Auto de Vista 90 de 3 de junio 2013; disponiendo que el mismo Tribunal de alzada dicte una nueva Resolución observando la doctrina legal establecida.


  1. En cumplimiento del mencionado Auto Supremo, el Tribunal de alzada dictó el Auto de Vista 25 de 18 de marzo de “2.013” (sic) (fs. 612 a 616), que declaró admisible e improcedente el recurso; en consecuencia, confirmó la sentencia absolutoria.


  1. Notificado el recurrente con el Auto de Vista ahora impugnado el 23 de abril   de 2014 (fs. 617), interpuso recurso de casación el 30 del mismo mes y año (fs. 643 a 645 vta.), que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación de fs. 643 a 645 vta., se extraen los siguientes motivos:


  1. La entidad recurrente señala que interpuso recurso de apelación restringida denunciando la concurrencia de defectos absolutos, porque el Tribunal de Sentencia no aplicó el sistema de apreciación de la sana crítica, que obliga al juez a fundar la sentencias expresando las razones por las que concede o no eficacia probatoria a una prueba. Explica el recurrente que argumentó que en la Sentencia no se otorgó el valor a las declaraciones testificales de cargo conforme lo establecido por el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiéndose limitado el juzgador a manifestar que existían contradicciones en los testigos y que las mismas no podían ser corroboradas con la prueba documental; sin expresar cuáles serían esas contradicciones y por qué las atestaciones no tendrían su propio valor.


Sobre este motivo, refiere que el Auto de Vista impugnado no corrigió los defectos advertidos, manteniéndose la errónea aplicación de la norma en el proceso, dejando al SIN en total estado de inseguridad jurídica.


  1. Por otro lado denuncia que el Tribunal de apelación ocasionó incertidumbre,  por cuanto se contradijo con el Auto de Vista emitido anteriormente, en el que declaró procedente el recurso y dispuso anular el juicio; argumenta este agravio señalando que ambos Autos de Vista (90 de 3 de junio de 2013 y el ahora impugnado) tienen la misma estructura y contenido en sus fundamentos, solo con el agregado de algunos términos y vocablos sueltos, por lo que refiere, el resultado debió ser el mismo, no siendo admisible dos resoluciones diferentes dictados por el mismo juez, más aún si se toma en cuenta que los antecedentes de hecho y probatorio, fueron los mismos. Entre las contradicciones entre ambos Autos de Vista, el recurrente identifica las siguientes: i) La primera resolución señaló que el Tribunal de sentencia incurrió en defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; en cambio el Auto de Vista recurrido expresó que el Tribunal de sentencia no incurrió en esos defectos; ii) Se dijo que el Tribunal de Sentencia procedió de forma incorrecta en la aplicación del art. 363 inc. 1) y 2) del CPP; ahora se señala que el Tribunal inferior aplicó correctamente el citado artículo; iii) Respecto a la valoración de la prueba, la primera resolución arguyó que el Tribunal de Sentencia no aplicó a cabalidad el art. 173 con relación al art. 359 del CPP; sin embargo, el Auto de Vista impugnado refiere que se desarrolló una actividad intelectual de manera conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional; y, iv) En el anterior Auto de Vista se afirmó que las pruebas de cargo cumplen con lo previsto por los arts. 194, 200, 350 y 351 del CPP, y que el Tribunal inferior no las tomó en cuenta pretextando que los testigos incurrieron en contradicciones; ahora se señala que el querellante debió precisar el medio probatorio que considera no fue debidamente valorado, identificar la fundamentación probatoria



    intelectiva y cuestionar la correcta o incorrecta aplicación de las reglas de la ciencia o la experiencia.


Concluye su recurso manifestando que el Auto de Vista impugnado vulneró sus derechos y garantías al debido proceso, seguridad jurídica y al principio de certeza en las resoluciones, invocando como precedentes contradictorios, el Auto de Vista 90 de 3 de junio de 2013 y el Auto Supremo 584 de 4 de octubre de 2004.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo  referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la


debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de los cinco días hábiles que señala la norma, ya que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 23 de abril de 2014 (fs. 617), presentando su recurso el 30 del mismo mes y año, según consta en el sello de control de ingreso de fs. 643, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, el recurrente refiere en su primera denuncia, que el Tribunal de alzada no reparó la errónea valoración de la prueba en que incurrió el Tribunal de Sentencia, defecto denunciado en su apelación restringida, en el que argumentó que en la Sentencia no se otorgó el valor a las declaraciones testificales de cargo conforme lo establecido por el art. 173 del CPP, habiéndose limitado el juzgador a manifestar que existían contradicciones en los testigos y que sus declaraciones no fueron corroboradas con prueba documental; sin expresar cuáles serían esas contradicciones y por qué las atestaciones no tendrían su propio valor. Sobre este agravio, no se invocó precedentes contradictorios; sin embargo, este Tribunal no puede soslayar que se denuncia la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica, reclamándose que no se reparó la vulneración a la sana crítica en que incurrió el Tribunal de Sentencia, lo que derivó en que persistan los defectos absolutos de la Sentencia que denunció, siendo éste el resultado dañoso; en consecuencia, cumplidos como fueron los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite III de esta Resolución, corresponde abrir su competencia en forma extraordinaria para conocer el fondo del recurso, y luego de verificar los extremos señalados, resolver conforme a derecho.


En relación al segundo motivo, en el que se reclama que el Tribunal de alzada pronunció dos Autos de Vista contradictorios entre sí, habiendo declarado en el primero procedente su recurso, y ahora decidiendo lo contrario, hecho que genera incertidumbre, pues teniendo el mismo legajo de antecedentes, no llegó a la misma conclusión; aspecto que, a decir del recurrente, vulnera sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica y al principio de certeza en las resoluciones. En la argumentación de esta esta denuncia, si bien se invocó el Auto Supremo 584 de 4 de octubre de 2004; el recurrente omitió cumplir con la carga procesal de realizar la comparación de hechos similares y, fundamentalmente, explicar la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado con el precedente citado, por consiguiente, se hace evidente el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


No obstante lo señalado, se constata que el recurrente, al denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales, proporcionó los antecedentes del hecho (que se emitió dos resoluciones contradictorias entre sí, en base a los mismos antecedentes y prueba), identificando los derechos y garantías vulnerados (debido proceso, la seguridad jurídica y el principio a la certeza en las resoluciones), precisando además la restricción de las referidas garantías y el resultado dañoso (que se le dejó en estado de incertidumbre). De la fundamentación expuesta, se observa que el recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización para viabilizar la admisión también de este motivo para el análisis de fondo.


En cuanto al Auto de Vista 90 de 3 de junio de 2013, se deja constancia que no es considerado en el presente análisis de admisibilidad, por cuanto fue dejado sin efecto por Auto Supremo 331/2013-RRC de 16 de diciembre.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Santos Victoriano Salgado Ticona en representación del Servicio de Impuestos Nacionales de la ciudad de Santa Cruz, cursante de fs. 643 a 645 vta.; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del art. 418 del CPP, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.