TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 229/2014-RRC

Sucre, 09 de junio de 2014


Expediente        : Chuquisaca 6/2014

Parte acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte imputada        : Luis Fernando Palacios Guerra

Delito        : Asesinato

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 8 y 9 de abril de 2014, cursantes de fs. 3016 a 3021 y de fs. 3023 a 3030, respectivamente, Juan Carlos Muñoz Rosas y Roxana Muruchi Pereira; y, el Ministerio Público, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 111/2014 de 31 de marzo, de fs. 2848 a 2878, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Luis Fernando Palacios Guerra por el delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 inc. 3) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente


  1. En mérito a las acusaciones pública (fs. 13 a 26) y particular de Juan Carlos Muñoz Rosas y Roxana Muruchi Pereira (fs. 38 a 41 vta.), la Sentencia 07/2012 (fs. 1081 a 1130), el Auto de Vista 156/12 de 16 de agosto de 2012 (fs. 2161 a 2172), el Auto Supremo 260/2012-RRC de 18 de octubre (fs. 2205 a 2211), y una vez desarrollada la nueva audiencia de juicio oral, por Sentencia 11/2013 (fs. 2569 a 2603), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró al imputado Luis Fernando Palacios Guerra, autor de la comisión del delito de Asesinato previsto por el art. 252 inc. 3) del CP, condenándole a la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto, a cumplirse en la cárcel pública de San Roque de la ciudad de Sucre.


  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por Luis Fernando Palacios Guerra (fs. 2618 a 2657 vta.), recurso que fue resuelto por Auto de Vista 111/2014 de 31 de marzo (fs. 2848 a 2878), que dispuso anular totalmente la Sentencia apelada y ordenó el reenvío del juicio por otro Tribunal de Sentencia, motivando la interposición de los recursos de casación por parte de los recurrentes.


I.1.1. Motivos de los recursos


De la revisión de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


Recurso de casación de Juan Carlos Muñoz Rosas y Roxana Muruchi  Pereira.


  1. En primer término denuncian que, el Tribunal de alzada resolvió sólo siete de los ocho puntos apelados por el imputado en su recurso de apelación restringida, reconociendo esta omisión a “fs. 58”, incurriendo en contradicción al  admitir un motivo y luego indicar en el Auto de Vista impugnado, que no lo es; lo que señalan, vulnera la garantía del debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica, invocando al efecto, como doctrina legal aplicable, la contenida en el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio.


  1. Precisan como segundo agravio que, el Auto de Vista impugnado incumplió los arts. 398 y 408 del CPP, al resolver algunos motivos de la apelación restringida del imputado, con los fundamentos de otros, por cuanto a “fs. 39”, al pronunciarse sobre el segundo motivo, referido a: “(Sentencia basada en inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva)” (sic), el Tribunal de apelación acudió a los mismos fundamentos que utilizó para resolver el primer motivo. En ese contexto, denuncian de ilegal el hecho de que en el Auto de Vista impugnado se señale que: “Todos los fundamentos expuestos a momento de resolver el primer motivo, en lo pertinente valen para el presente” (sic), y que éste hecho fue repetido simultáneamente en los motivos “III, IV, V, VI y VII” (sic).


En esa misma línea también denuncian que, se incurrió en grave error en el motivo “V”, referido al vicio de incongruencia omisiva en la Sentencia, donde además de remitirse a fundamentos anteriores, se vulnera los arts. 124 y 398 del CPP, incurriendo a su vez en incongruencia omisiva e incumplimiento del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), al haber confundido la errónea aplicación de la norma sustantiva con errónea aplicación de la norma adjetiva, incongruencia que vulneraría también el art. 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Invocan como precedente contradictorio, el Auto Supremo 144/2013 de 28 de mayo.


  1. Arguyen como tercer agravio que, el Auto de Vista impugnado revalorizó la prueba, ya que al resolver el primer motivo, señaló que se debe tomar en cuenta que la “genealogía del golpe fue proporcionado por delante de la víctima y nunca por sorpresa” (sic), sin que éste aspecto siquiera haya sido apelado, y que lo mismo ocurre cuando se indica: “no existe el hecho motivante” (sic) y que los motivos alegados en las acusaciones no fueron probados. Insisten en esta denuncia señalando que, al resolver el cuarto motivo referido a la falta de fundamentación en la Sentencia, el Tribunal de alzada revalorizó las pruebas “PD-22, conjuntamente a las  MP-PD1 y MP-PD9 y PDNº-9”, y sostuvo que no existe prueba objetiva e idónea que demuestre los elementos constitutivos, tanto objetivos como subjetivos, del tipo delictivo; otorgando a la prueba el Tribunal de alzada, un valor distinto al que asignó el Tribunal de sentencia y, además, sobre circunstancias no cuestionadas, llegando incluso a absolver de culpa y pena al imputado, infringiendo el límite establecido por el art. 398 del CPP e incurriendo en el defecto absoluto previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP. Invocan como precedente, el Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007.


Recurso de casación del Ministerio Público.

  1. Como primer agravio identificado, el recurrente denuncia que, el Auto de Vista, después de resolver los dos primeros motivos de la apelación restringida planteada por el imputado con una remisión de argumentos, procedió a realizar una argumentación a favor de la defensa sobre la alevosía, revalorizando la prueba, concluyendo que el golpe a la víctima fue por delante y no por detrás, y que la víctima pudo repeler la agresión, desconociendo que la discusión en la alzada restringida es de puro derecho.


Asimismo asegura que el Tribunal de apelación, al revalorizar la prueba y realizar conjeturas sobre los hechos ocurridos, aduciendo que no existió premeditación y alevosía del acusado, ni motivo para cometer el delito, fuera de señalar que la víctima fue atacada por adelante; recayó en contradicción con el Auto Supremo 212/2013 de 11 de junio.


Continúan su argumentación sobre este mismo reclamo, indicando que el Auto de Vista impugnado, señaló que la Sentencia no puede considerar en su valoración probatoria, elementos que nunca fueron introducidos, tales como la prueba “MP-PD13” (sic); afirmación que los recurrentes consideran es incorrecta y contraria a la verdad, ya que ésa prueba, consistente en un informe pericial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fue legalmente introducida; empero, el Tribunal de alzada incurre en confusión sobre las pruebas y efectúa una revalorización al afirmar que, al no haberse realizado la pericia de ADN en los tres vellos colectados por peinado de la occisa, la pericia no sería confiable; cuando ésta prueba, afirma el Ministerio Público, ingresó a juicio y sustentó la condena al imputado. Añade que, efectivamente se incurrió en revalorización, pues se hizo aseveraciones como: “dicha pericia no es confiable como es la prueba MP-PD13 que tiene más valor probatorio” (sic) o “la prueba MP-PD11 no se evidenció la presencia de espermatozoides solo dio resultado positivo, como si procesalmente se estaría averiguando un delito vulneratorio a la libertad sexual” (sic), afirmaciones que daría a conocer el criterio del Tribunal de alzada con relación al juicio y la inocencia del imputado; cuando lo que correspondía era la verificación del cumplimiento de las reglas de valoración de las pruebas, a efectos de que las partes tengan certidumbre sobre la decisión del Tribunal de alzada; al no haber obrado de esa forma, afirma, ingresó también en contradicción con el precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 179/2013 de 29 de junio, cuya doctrina legal se encuentra transcrita.


  1. Como segundo motivo se tiene que, el Tribunal de alzada, al pronunciarse sobre el segundo motivo, refirió que no se habrían demostrado las acusaciones y que advirtieron que no concurrían los elementos de premeditación y alevosía, y que, al haberse hallado culpable al imputado sin la concurrencia de los elementos subjetivos exigidos para el delito de Asesinato, se habría incurrido en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP; estos argumentos -señala el recurrente- implican que, el Auto de Vista impugnado resulte extra petita o ultra petita, pues en relación a los dos primeros puntos apelados, al no limitarse a resolverlos, se apartó de sus atribuciones, efectuando una revisión de oficio desde la acusación, prueba, valoración y la Sentencia, inclusive sobre asuntos no cuestionados, con lo que el Tribunal de apelación habría actuado contrariamente a lo dispuesto por el Auto Supremo 250/2012 de 17 de septiembre, cuya doctrina legal señalaría que el Tribunal de apelación debe circunscribirse a los puntos apelados.


  1. Denuncia como tercer agravio, que el Tribunal de alzada declaró procedente el punto “IV” apelado, señalando que la Sentencia carece de fundamentación e incurre en contradicción entre la parte dispositiva y considerativa de acuerdo al inc. 5) del art. 370 del CPP, en relación a la prueba conclusiva del tipo delictivo y la agravante; sin que se explique, el por qué se llega a esa conclusión, tampoco se identifica si la falta de fundamentación es fáctica, jurídica o probatoria, siendo lo más paradójico, que se resuelva este punto arguyendo una supuesta falta de fundamentación, cuando es el Auto de Vista el que vulnera la garantía y derecho a la misma, pues se limitó a señalar que la fundamentación jurídica no es clara, sin explicar por qué.


Expresa igualmente que, el aludido Auto de Vista resulta “inentendible” (sic), ya que se declaró procedentes los puntos “V y VI” apelados, que se basaban en una supuesta contradicción entre la parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa de la Sentencia, señalando el Tribunal de alzada: “el art. 362 del CPP, dispone que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación, pero que esa norma no había sido vulnerada en el presente caso” (sic); concluyendo en que la Sentencia condenatoria fue emitida sin prueba suficiente que acredite la subsunción del actuar del imputado al art. 252.2 del CP y que el fallo no contendría un análisis motivado de todo el elenco probatorio, declarando finalmente procedente estos motivos; empero, reclama el recurrente, el Auto de Vista no respondió cuál la contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva que fuere acusada por el imputado, tocando aspectos que no tienen relación con el punto de apelación.


Finalmente, el recurrente cuestiona reiteradamente la fundamentación de Auto de Vista, pues a lo largo de su recurso señala que, se resolvieron los puntos apelados por el imputado, remitiéndose a los fundamentos del primero, donde se denunció la vulneración de derechos y garantías constitucionales, indicando el Tribunal de alzada que, el primer motivo tiene relación con los otros puntos apelados y que los fundamentos expuestos a momento de resolver el primer motivo del recurso, en lo pertinente valen para otros. Concluyendo que, el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación, al  no haberse resuelto todos y cada uno de los agravios.


Respecto a este motivo del recurso, relativo a la falta de fundamentación, que es transversal en los argumentos expuestos por el recurrente y que fueran destacados en los párrafos precedentes, invocó como precedente contradictorio, el Auto Supremo 027/2013 de 8 de febrero.


I.1.2. Petitorio


Los recurrentes, piden se declaren procedentes los recursos y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión de los recursos


Mediante el Auto Supremo 132/2014-RA de 23 de abril, se admitieron los dos recursos de casación para el análisis de fondo de los motivos expuestos.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.        Acusación.


El Ministerio Público en audiencia de juicio oral, fundamenta la acusación precisando que: “… el hecho acusado ha sucedido la madrugada del 8 de marzo de 2009, donde la víctima Natalia Muñoz ha sido victimada por Fernando Palacios, pero para esto debemos tener presente los antecedentes y estos son que el año 2006 la Srta. Natalia entra a la academia de danza Expresarte y Fernando Palacios es su instructor y empieza una relación amorosa y los padres se oponen a esta relación y se le hace citar a la fiscalía y sea hace firmar un compromiso para que ésta sea solo una relación de instructor y alumna, pero no es así porque continúan con esta relación y cuando el 2008 ingresa la Srta. Natalia a la Universidad se aleja del Sr. Palacios y rompe la relación e incluso llega a tener otro enamorado, pero esta situación no es admitida por el Sr. Palacios y éste llega a llamarle y recurre a indicar que se quitará la vida y es por estos antecedentes y estos resentimientos que sucede este hecho, se tiene las diferentes llamadas de esa noche y se tiene los extractos y las testificales de sus amigas que escucharon las llamadas, donde éste le dice que se esta yendo a Oruro y que se despediría; que no se enteren sus amigas y que diga que esta yendo a cambiarse de ropa, pero ella pone el altavoz a estas llamadas; ella sale a las 12:30 aproximadamente al encuentro con Fernando Palacios, pero como solo tenía que ir como 30 minutos tenía que volver a encontrarse con sus amigas para ir a otra discoteca, pero la amiga no logra comunicarse con Natalia porque su celular estaba apagado, cuando sus padres la buscan y saben que tenían que encontrarse con Fernando este es buscado por secuestro, Natalia es buscada y no se la encuentra y el día cuando el Sr. Palacios está siendo sometido a una audiencia cautelar es que se encuentra el cadáver de Natalia, es el día 14 de marzo de 2009 y por la autopsia se tiene que la causa de muerte es traumatismo encéfalo craneal, se establece que ha recibido muchas lesiones por caída, y que en la parte derecha de la cabeza recibió un golpe y que este fue antes de la muerte y este golpe puede ser por golpe de puño o por patada o por un objeto sin punta, también se dice que la data de la muerte tenía de 5 a 7 días, los médicos indicaron que es una cuestión difícil de establecer la data de la muerte es por eso que no se dice en términos exactos que es de 5 a 7 días y se hace referencia que las lesiones fueron por caída ya que el cuerpo fue encontrado a 50 metros de una altura, se va a acreditar el lugar donde fue encontrado el cadáver y la forma de haberse encontrado y la vegetación existente, sin duda se trata de un hecho de resentimiento de la relación terminada con Natalia ya que fue que también intervino en el rompimiento de la otra relación de Natalia, se debe tomar en cuenta la motivación de este hecho, como ha sucedido y se tiene los informes científicos y los testigos y concluida la etapa probatoria se pueda dictar una sentencia condenatoria…””(sic).


II.2.        Sentencia.


En el acápite VII FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, se concluyó que: “El presente proceso se desarrolló por el delito de Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 inciso 2) del Código Penal (CP); de acuerdo al Auto de Apertura de juicio, en ese sentido se tiene que:


El art. 252 del CP bajo el nomen juris de Asesinato establece: Será sancionado con la pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, el que matare:


  1. A sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son,
  2. Por motivos fútiles o bajos
  3. Con alevosía o ensañamiento
  4. En virtud de precio, dones o promesas
  5. Por medio de substancias venenosas u otras semejantes
  6. Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados
  7. Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido


En ese marco legal se tiene que en el delito de asesinato el bien jurídico protegido es la vida, éste tipo penal es siempre doloso, se trata de un homicidio calificado al establecer en sus elementos normativos por ejemplo que el asesinato se produzca por motivos fútiles o bajos, con alevosía o ensañamiento, en virtud de precio, dones o promesas, para vencer la resistencia de la víctima, etc., en su comisión se admite la autoría como también la participación, es un delito de lesión, instantáneo y de resultado, el sujeto activo puede ser cualquier persona, al igual que el sujeto pasivo del delito, salvo en el caso del inciso 1) del art. 252 del CP.


En el presente caso si bien la conducta del acusado Luis Fernando Palacios Guerra se subsume al delito de asesinato en su primera parte (…)el que matare (sic), no ocurre lo mismo con relación al inciso 2) del mismo art. 252 del CP, toda vez que no fue posible probar que el acusado hubiese matado a Natalia Muñoz por haberse producido el rompimiento de su relación sentimental o porque éste no quería que la víctima enamora con otra persona; vale decir, como un motivo fútil o bajo, ya que si bien su relación se fue deteriorando llegando a discutir y pelear, no se evidencio que el acusado, pasado un tiempo de terminada su relación la hubiese matado por esa causa.


En mérito a lo fundamentado precedentemente y dentro de los límites que impone el principio iura novit curia, que no es otra cosa que en sentencia se otorga una calificación jurídica distinta a la efectuada en la acusación, circunscribiendo su aplicación solamente a los hechos investigados en el proceso penal, permitiéndole al juzgador aplicar el derecho a un hecho concreto con conocimiento de la norma, concediéndole sancionar por un tipo penal distinto, siempre y cuando la conducta del acusado se subsuma a la perfección a la norma penal sustantiva, sin añadir hechos que no hubieran sido sometidos a averiguación ni investigación en el proceso penal y recayendo sobre delitos de la misma naturaleza.


De acuerdo a la prueba desfilada e introducida a juicio, tanto por la acusación como por la defensa, las conclusiones a las que ha arribado éste Tribunal de Sentencia, establece que la conducta del acusado Luis Fernando Palacios Guerra se subsume al delito de asesinato previsto por el art. 252 del CP en su inciso 3), por cuanto el acusado mato a Natalia Muños Muruchi con Alevosía, en mérito a los siguientes fundamentos de orden jurídico:


La acción típica desplegada por el acusado Luis Fernando Palacios Guerra, se trasunta en el hecho que éste de manera deliberada, planificada (Iter Criminis), después de mantener una relación sentimental de varios años, que empezó desde que Natalia Muñoz Muruchi asistía a la academia de baile del acusado, no obstante la diferencia de edad de mas de 10 años entre éste y la víctima, con el propósito de quitarle la vida utilizó otro número de celular el 79132744 registrado con el nombre ficticio de JUAN CARLOS ANTEZANA (persona que no existe), con el fin de conseguir un medio de transporte, es así que el 7 de marzo de 2009 a horas 20:38:10 llama al celular 71168184 perteneciente a Sixto Vásquez Vedia para pedirle que le preste el vehículo (taxi) por las horas restantes por las cuales ya había pagado, movilidad que le fuera entregada por la esposa de Sixto Vásquez de nombre Sonia Yucra Kama, motorizado que utilizo para recoger a Natalia Muñoz de la esquina del local Menfis (calle Dalence), número de celular que utilizó para no ser descubierto, ya que el número que permanentemente usaba era el 70324848, el cual era conocido por Sixto Vásquez Vedia ya que este llamó a dicho número el 1 de marzo de 2009.


El acusado además de utilizar el número 79132744 para conseguir el vehículo (taxi), lo utilizo para llamar a Natalia Muñoz Muruchi el 7 y 8 de marzo de 2009, número que Natalia conocía ya que en fecha 28 de febrero de 2009 (prueba PD-No.5) llama a Fernando Palacios a dicho número, es así que el 7 de marzo de 2009 la llama y con engaños le dice que quería verla por última vez para despedirse de ella, ya que iba a vender su academia de baile para irse a otra ciudad, por lo que Natalia Muñoz Muruchi les dijo a sus amigas con las que se encontraba (Sandra Gamarra y Adriana Castillo) que estaba yendo a encontrarse con el acusado Luis Fernando Palacios Guerra, quien en el vehículo que recogió de la esposa de Sixto Vásquez Vedia la llevó hasta el Barrio San Juan de Dios, a la altura del segundo puente que da a la Avenida de la Circunvalación, donde (después de tener una relación íntima) la empezó a agredir causándole un hematoma en el ojo derecho y equimosis en el cuello lado derecho de la víctima, para luego lanzarla fuera de la carretera, al río avitero que esta a una altura aproximada de 12, 30 metros de la carretera, causándole la muerte por TEC, actuando con dolo al conocer y saber que una caída de una altura de mas de 12 metros sobre las piedras, una vez que estaba golpeada le iba a causar la muerte.


El acusado actuó con alevosía al matar a Natalia Muñoz Muruchi toda vez que si bien Natalia fue al encuentro con Luis Fernando Palacios Guerra, lo hizo en la confianza de que éste solo se iba a despedir de ella, tal es así que Natalia le dijo a su amiga Sandra Gamarra que iba a volver; sin embargo, nunca mas volvió, confianza que se basaba en una antigua relación sentimental de enamorados, que mucho mas vulnerable, sensible y asequible a las peticiones realizadas por el acusado, el trato frecuente por celular que mantenía con el acusado y el afecto que sentía por Luis Fernando Palacios Guerra, el cual aprovechando estas circunstancias actuó sobre seguro; es decir, que la víctima en ningún momento podía pensar que su ex novio le iba a quitar la vida, mas aún cuando la llevo por inmediaciones de la casa de su padre Juan Carlos Muñoz Rosas, con el que vivía junto con la esposa de su padre y sus hermanos, encontrándose desprevenida e incapaz de defenderse, circunstancias que fueron bien aprovechadas por el acusado para agredirla y luego matarla, en clara desventaja por la contextura física entre él y la víctima. En ese sentido Fernando Villamor Lucía, en su libro Derecho Penal Boliviano, Parte Especial Tomo II, Pág. 171, citando como fuente de consulta a Carrara, éste autor internacional señala: Hay ocultación moral cuando el enemigo ha escondido su ánimo hostil, simulando amistad o disimulando amistad o disimulando su enemistad. Del enemigo que nos asalta amenazante podemos ponernos en guardia y con frecuencia logramos defendernos; pero es imposible precavernos del enemigo que se nos acerca con la sonrisa de los labios. Esta diferencia nos la revela la sensibilidad moral, por el dolor más intenso que nos causan las traiciones de los amigos, respecto a las ofensas de los que conocemos como enemigos, lo cual es efecto de un mayor peligro que, por la mayor alarma que produce, se convierte en un criterio político. Este es el homicidio que se llama con alevosía, y que en las legislaciones antiguas, y aún en algunos códigos contemporáneos, se ha tenido cuidado de designar expresamente entre los homicidios calificados (sic) (el subrayado es nuestro).


La conducta antijurídica del acusado Luis Fernando Palacios Guerra se hace evidente al vulnerar el ordenamiento jurídico penal vigente, más concretamente el art. 252 inc. 3) (alevosía) del CP, al lesionar el bien jurídico protegido como es la vida de Natalia Muñoz Muruchi, sin que medie para ello una causal de justificación, cuando bien conocía y sabía que matar está prohibido por ley; sin embargo, la mato violando la ley penal, actuando contra derecho.


Por último en el juicio de culpabilidad debemos partir de lo establecido por el párrafo primero del art. 13 del CP que dispone: No se le podrá imponer pena al agente, si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena (sic); en ese marco legal se evidencia que el acusado Luis Fernando Palacios Guerra tenía plena conciencia de sus actos en pleno uso y goce de sus facultades mentales, ya que de acuerdo a la misma prueba de descargo presentada por la defensa (PD-No. 22) relativa a la valoración psicológica efectuada al acusado que este tiene una conciencia lucida, orientado en tiempo y espacio, sin consumo de drogas, describiéndola como una persona equilibrada con buenos mecanismos de defensa, extrovertido, no obstante de ello pese a que tenía la capacidad de motivarse por la norma penal que prohíbe matar, no pudo abstenerse de matar a Natalia Muñoz, cuando para ello era suficiente que regule su conducta obrado de otra manera; ya que tenía la libre autodeterminación de no agredirla o detenerse después del golpe que le propino en el ojo derecho a Natalia Muñoz; sin embargo, de manera contraria eligió continuar con su plan lanzándola (arrojándola) al río a lado del segundo puente del Barrio San Juan de Dios donde estaban las piedras causándole la muerte (Prueba MP-PD-7).


En tal virtud se tiene que el acusado Luis Fernando Guerra es el autor del delito de asesinato previsto por el art. 252 inciso 3) (alevosía) del CP, ya que el tenía el dominio del hecho, toda vez que la acción desplegada por el acusado tenía un fin, cual era quitar la vida de Natalia Muñoz Muruchi; vale decir, que solo él podía cambiar el destino final de la víctima pero no lo hizo.


En consecuencia la prueba aportada por la parte acusadora es suficiente para generar en el Tribunal, la convicción suficiente respecto a la responsabilidad penal del acusado Luis Fernando Palacios Guerra, por lo que corresponde emitir sentencia condenatoria conforme establece el art. 365 del CPP” (sic).


II.3.        Apelación.


Mediante recurso de apelación restringida, el imputado denunció que: La sentencia impugnada se basa en violación de derechos y garantías constitucionales y de tratados y convenios internacionales, en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP], que hubo aplicación errónea de la norma adjetiva, fue basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, además la falta de fundamentación en la Sentencia, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la Acusación, así como la contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa de la Sentencia.


II. 4.        Auto de Vista.


Recurso que fue resuelto mediante el Auto de Vista 111/2014 de 31 de marzo, que al resolver los motivos del recurso de apelación restringida, concluyó señalando que: “…Motivo I.- (…) respecto del reclamo efectuado por el impugnante, en relación a la falta de valoración de la prueba de descargo fundamental y trascendente signada como PD Nº 6, consistentes en los Email recibidos por el imputado (…) de parte de Natalia Muñoz Muruchi (…) toda vez que, habiéndose obtenido lícitamente e introducido legalmente a juicio dicho medio probatorio, el Tribunal Sentenciador, se halla obligado a valorarlo (…).


Motivo II.- (…) Todos los fundamentos expuestos a momento de resolver el primer motivo del recurso, en lo pertinente valen para el presente (…) habiendo advertido este Tribunal de Alzada la no concurrencia de los elementos de premeditación y la calificante de alevosía (…) ciertamente el Tribunal A-quo incurrió en el defecto de sentencia inserto en el numeral 1) del art. 370 del CPP, por lo que este motivo también es procedente (…).


Motivo III.- (…) Los argumentos del recurrente respecto a que la Sentencia se basaría en hechos inexistentes que ha sido precisados, resultan ser aspectos no trascendentales con la responsabilidad de la muerte de Natalia, empero, respecto a la denuncia de que el Tribunal de Sentencia basó la Sentencia Condenatoria en hechos que nunca fueron mencionados por la acusación particular y fiscal y mucho menos fueron probados, resultan importantes, toda vez que la Sentencia, no puede introducir en su valoración probatoria elementos que nunca fueron introducidos, como la prueba MP-PD-13, aspectos que evidentemente nunca fueron introducidos, discutidos, menos probados (…) lo que hace evidente que el Tribunal de Sentencia valoró y arribó a conclusiones en base a hechos no acreditados legalmente mediante la introducción de elementos de prueba idóneos y justos que demuestren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asesinato como era el deber de la acusación pública y privada. Por lo que en definitiva el motivo Tercero deviene en PROCEDENTE.


Motivo IV.- (…) Los fundamentos expuestos a momento de resolver los motivos primero, segundo y tercero del recurso, en lo pertinente y correspondiente, también resultan totalmente válidos para este motivo, además por lo siguiente:


A partir  de este reclamo recursivo este Tribunal observa que el recurrente aduce ausencia de motivación y fundamentación probatoria, con infracción del art. 124 del Código de Procedimiento Panel, lo cual derivaría en defecto absoluto previsto en el numeral 3) del art. 169 del mismo ordenamiento legal; al respecto, cabe señalar que ciertamente la Sentencia impugnada gravita en fundamentación insuficiente; en contradicción entre la parte dispositiva y considerativa, conforme dispone la norma habilitante prevista en el art. 370 numeral 5) del Código Adjetivo de la Materia, en relación a la prueba conclusiva del tipo delictivo de asesinato y respecto de la agravante del delito acusado por el que se le hubiere condenado (…) se concluye ser evidentes los motivos alegados como defectos de la sentencia (…) toda vez que no se conoce el iter lógico por el cual arribó el juzgador a la convicción de la concurrencia de plena prueba, que ameritó la declaratoria de culpabilidad del incriminado, corresponde declarar el motivo cuarto, PROCEDENTE.


Motivos V y VI.- (…) Los fundamentos expuestos a momento de resolver los primeros cuatro motivos del recurso, en lo pertinente también son totalmente válidos para el presente motivo (…).


En cuanto a estos motivos el impugnante sostiene que la Sentencia conlleva infinidad de antinomias y contradicciones, entre lo establecido en las conclusiones de la sentencia y la acusación, así como entre la parte dispositiva y la considerativa a partir de que las conclusiones 1 al 25, toda vez, que no acreditan que Fernando Palacios sea el Autor del imaginario hecho atribuido subsumido en el art. 252-2) del CPP, y que de manera arbitraria e ilegal se le condenó por el numeral 3) del mismo código, cuando los elementos probatorios refieren otras circunstancias y momentos que no hacen al hecho o acto de cómo falleció Natalia (…) distinguiéndose en autos que el Tribunal A-quo no analizó y valoró no sólo el contexto formal probatorio, sino que ha hecho una construcción principalmente imaginaria de su contenido, así se tiene expuesto; es más, por vía del recurso de apelación restringida, no es atendible el ingresar a un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la Sentencia, por cuanto el valor de las pruebas no está prefijado o predeterminado de antemano y compete al Juez o Tribunal de juicio justificar fundada y adecuadamente las razones por las que otorga mayor o menor mérito a una prueba que a otra; extremo, que no aconteció en el caso de autos; el fallo no contiene el análisis adecuado y motivado de todo el elenco probatorio, tanto de cargo como de descargo; de ahí porque, habiéndose acreditado las infracciones acusadas por el recurrente; y siendo que la valoración de las pruebas representa una operación intelectual del juzgador; siendo la regla básica en esta materia, que el Tribunal produzca su convicción siguiendo los principios de inmediación que se ha cumplido así como el de contradicción, pero en contradicción de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados; en consecuencia, los motivos V y VI son también PROCEDENTES.


Motivo VII.- (…) En lo fundamental y pertinente, lo fundamentado a momento de resolver los anteriores motivos fundamentalmente el motivo primero del recurso, también valen para el presente, en cuanto a la procedencia del presente motivo, ligado a la inexistencia, por no haberse demostrado con prueba alguna conforme concluyó el Tribunal Sentenciador- del hecho sustancial que motivó la acusación de la comisión del delito de asesinato, endilgado al procesado Luis Fernando Palacios Guerra (por la intangibilidad de los hechos acusados), así como por haberse establecido, la no concurrencia de los elementos de la premeditación y el calificante alevosía ausentes también el caso, por lo explicitado supra- este último que, como también se fundamentó precedentemente, de ninguna manera puede concurrir por sí sólo, sino, ineludiblemente debe estar ligado a la concurrencia del sustrato psicológico motivante del delito de asesinato, ligado al elemento de premeditación, en los casos, en que este último elemento se acuse de haber estado presente, como ha acontecido en el caso presente-; debido a ello, el Tribunal ciertamente ha incurrido en la incongruencia irracional e ilógica extrañada por este Tribunal y con ello, en errónea aplicación de la norma sustantiva contenida en el art. 362 del CPP (…) debido a ello, este motivo también deviene en PROCEDENTE.


POR TANTO: (…)  DECLARA PROCEDENTES los motivos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, del recurso de apelación restringida formulado por Luis Fernando Palacios Guerra” (sic).


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


En el presente proceso se han formulado dos recursos de casación, en cuyo mérito corresponde analizar y resolver los motivos contenidos en ambos, conforme los límites establecidos en el Auto de admisión 132/2014-RA de 23 de abril de 2014; a cuyo fin, antes de identificar los entendimientos asumidos en los precedentes invocados por los recurrentes y el análisis particular de cada recurso, resulta menester efectuar una precisión sobre la labor de contraste en el recurso de casación por parte del Tribunal Supremo.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.” (las negrillas son nuestras).


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento Penal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.2.        Recurso de casación de Juan Carlos Muñoz Rosas y Roxana Muruchi Pereira.


III.2.1.        Sobre la denuncia de vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica.


En este motivo del recurso de casación, los recurrentes señalan que el Tribunal de alzada resolvió sólo siete de los ocho puntos apelados por el imputado en su recurso de apelación restringida, reconociendo esta omisión a fs. 58, incurriendo en contradicción al admitir un motivo y luego indicar que no lo es, Resolución que sería contraria a la doctrina legal aplicable establecida por el Auto Supremo  172/2012-RRC de 24 de julio, precisando que esta resolución establece que no existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida; no siendo suficiente escudarse en argumentos que tienen por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP; por ello, a efectos de verificar si es o no evidente la infracción denunciada, corresponde acudir al precedente para realizar la labor de contraste encomendada por el art. 419 del CPP.


El Auto Supremo 172/2012 de 24 de julio, fue pronunciado dentro de un proceso penal seguido por el delito de Violación y otros, en el  que luego de desarrollado el juicio oral, se emitió la Sentencia 06/2010 de 12 de marzo,  por la cual se declaró al imputado autor del delito de Violación a Niño, Niña o Adolescente, con agravante y por Rapto Impropio, condenándole a la pena privativa de libertad de veinticinco años de reclusión. Contra la citada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida, que fue radicado en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que dictó el Auto de Vista 02/2012, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación restringida, confirmando la Sentencia impugnada en cuanto a los hechos acusados de Violación a Niño, Niña o Adolescente y Rapto Impropio, y revocó en relación a la agravante inserta en el art. 310 del CP; en consecuencia, modificó el quantum de la pena a quince años de privación de libertad. Contra el referido Auto de Vista, el recurrente interpuso el recurso de casación precisando que el Auto de Vista 02/2012, carecía de fundamentación, incurriendo en defecto absoluto señalado por el art. 169 inc. 3) del CPP; porque de los ocho agravios expresados en el recurso de apelación restringida, solamente se hubiera fundamentado la evidente falta de fundamentación jurídica en la que incurrió la Sentencia impugnada, llegando a obviar totalmente la fundamentación de los demás agravios.  En casación el Auto Supremo invocado estableció como doctrina legal aplicable que: “El Art. 180.I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello a los Tribunales de alzada, no les está permitido discrecionalmente determinar o clasificar, qué motivos en su criterio son de fondo y merecen una respuesta fundamentada y qué motivos no tienen relevancia que no merezcan una respuesta debidamente fundamentada.


No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente escudarse en argumentos que tienen por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación que vulnera derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.


Ante la evidente infracción de la Ley Adjetiva Penal en la que incurrió el Tribunal de alzada, al haber obviado pronunciarse sobre todos los motivos del recurso de apelación restringida, corresponde velando por el respeto al debido proceso y del derecho a la defensa, se ordene a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija dicte un nuevo Auto de Vista en el que se corrija el defecto advertido”.


De la doctrina legal aplicable establecida por el Auto Supremo invocado, se extrae esencialmente que hace referencia a la obligación que tiene el Tribunal de Alzada, de fundamentar sus Resoluciones, pronunciándose sobre todos y cada uno de los motivos denunciados por el recurrente en su
apelación restringida, sin que tenga la discrecionalidad de determinar a criterio suyo cuál de los motivos merece pronunciamiento y cuál no.


Precisado el precedente, es menester señalar respecto a la falta de fundamentación, que la Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 207 de 28 de marzo de 2007 entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica: i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el juzgador a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación vulnerando el derecho al debido proceso. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que ésta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados, cumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP.


De igual forma, la fundamentación expresada en la Resolución emitida por el Tribunal de alzada está vinculada con la competencia de éste, conforme dispone el art. 398 del CPP, que señala que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que quiere decir que la resolución emitida por el Tribunal de apelación debe ser congruente con las denuncias vertidas en la apelación restringida que tuvieron su origen en la Sentencia.


En autos, los recurrentes manifiestan que la Resolución recurrida fue dictada en contradicción a la doctrina legal establecida por el precedente contradictorio invocado, por no resolver todos los puntos denunciados por el imputado en su apelación restringida, vulnerando los arts. 398 y 408 del CPP, relativos el primero a la competencia de los Tribunales de alzada de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución y el segundo a la interposición del recurso de apelación restringida.


Ahora bien, revisado el contenido del Auto de vista impugnado, se verifica que el fragmento transcrito por los recurrentes, en cuanto a la denuncia de falta de fundamentación, demuestra que el Tribunal de alzada resolvió los ocho motivos apelados y que fueron admitidos como tales por el propio Tribunal, especificando, respecto al octavo motivo, que no se lo consideraba como tal; sin embargo, aclaró en el último párrafo del CONSIDERANDO III, que “Respecto del parágrafo VIII del recurso, que no es en sí mismo un motivo del recurso, debe dársele el sentido correcto que tiene, aclarando que lo pretendido en este acápite por el impugnante, aparte de resultar contradictorio con su petitorio central (anular la sentencia), el mismo deviene en inatendible, por la naturaleza de los defectos absolutos insubsanables advertidos en la presente Resolución y porque, para cambiar la condición jurídica del imputado de condenado a absuelto o viceversa, resulta imprescindible valorar prueba, en base a los principios informadores del proceso acusatorio penal boliviano (oralidad, continuidad e inmediación), facultad que sólo cuentan los Jueces y Tribunales de Sentencia (…) y porque existe la necesidad imperiosa de que el Tribunal competente de Sentencia valore todos y cada uno de los elementos de prueba introducidos legalmente por las partes a juicio, incluidos los que fueron omitidos en su valoración en el fallo cuestionado con el recurso que se resuelve, tenidos como trascendentales para la resolución de la causa por el recurrente…” (sic).


En consecuencia, se advierte que el Auto de Vista impugnado no resulta ser contradictorio al precedente invocado, al constatarse que el Tribunal de apelación efectivamente resolvió todos los puntos apelados por el imputado en su oportunidad, no siendo evidente que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca no se haya pronunciado respecto a uno de los motivos alegados en apelación, menos haya actuado de manera discrecional omitiendo respuesta a cada uno de ellas, por el contrario siendo contrastada la pretensión del motivo en cuestión con la petición central expuesta por el imputado en el memorial de apelación, mereció una respuesta, que cumple con las exigencias de una resolución fundamentada, por lo que este motivo alegado por los querellantes deviene en infundado.


III.2.2.        Sobre la denuncia de incongruencia omisiva, vulneración de los arts. 398 y 408 del CPP e incumplimiento del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial.


Los recurrentes arguyen que el Auto de Vista impugnado infringe las normas establecidas en los arts. 398 y 408 del CPP, al resolver algunos motivos de la apelación restringida del imputado, con los fundamentos que resolvió otros, manifestando que: “Todos los fundamentos expuestos a momento de resolver el primer motivo, en lo pertinente valen para el presente” (sic); incurriendo además en incongruencia omisiva e incumplimiento del art. 17 de la LOJ al haber confundido la errónea aplicación de la norma sustantiva con errónea aplicación de la norma adjetiva, contradiciendo la doctrina legal establecida por el Auto Supremo 144/2013 de 28 de mayo. Por ello, a efectos de verificar si es o no evidente la infracción denunciada, corresponde acudir al precedente para realizar la labor de contraste encomendada por el art. 419 del CPP.


El Auto Supremo 144/2013 de 28 de mayo, fue pronunciado dentro del proceso penal seguido por el delito de apropiación indebida, abuso de confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, en el que se dictó Sentencia que declaró al imputado autor de los delitos  acusados, situación que dio lugar a que el imputado interponga recurso de apelación restringida contra la mencionada resolución, el que fue declarado improcedente mediante Auto de Vista 13 de 26 de marzo de 2013, dando origen al recurso de casación en el que el impetrante denunció que el  referido Auto de Vista no se pronunció sobre el fondo de la apelación restringida, en que se denunció inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva y contradicción e incongruencia de la sentencia, vulnerando los principios de legalidad, debido proceso, probidad, congruencia, motivación o fundamentación, defectos absolutos. El Auto Supremo estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Es obligación del Tribunal de Apelación, realizar una adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie, debiendo todo Auto de Vista contener suficiente fundamentación, circunscribiéndose a los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, dentro lo limites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, los cuales serán absueltos uno a uno con la debida motivación y en base de argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una respuesta con los criterios jurídicos correspondientes al caso, sin que la argumentación vertida sea evasiva o incongruente; cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad que se encuentran determinados en el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, dejando conocer al recurrente la respuesta a cada alegación, lo contrario constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petrita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.


De la doctrina legal aplicable establecida por el Auto Supremo invocado, se advierte que está referida a la obligación del Tribunal de alzada, de motivar adecuadamente y fundamentar sus Resoluciones, circunscribiéndose a los motivos denunciados en el recurso de apelación restringida, sin que la argumentación sea evasiva o incongruente.


En ese sentido, respecto a la incongruencia omisiva, debe considerarse que, el Estado boliviano, a través de los administradores de justicia tiene como una de sus finalidades conforme señala el art. 9 inc. 4) de la CPE, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución; a cuyo efecto el art. 115.I de la Norma Fundamental, reconoce el derecho de acceso a la justicia, haciendo hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, cuyo contenido esencial consiste en el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.


De manera que, la autoridad jurisdiccional al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el denunciante incurre en una incongruencia omisiva o fallo corto (citra petita o ex silentio); sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: 1) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; 2) que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; 3) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, 4) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita. Siendo así, que solamente se estará ante una incongruencia omisiva o fallo corto, cuando la denuncia planteada por el recurrente cumpla con los supuestos referidos anteriormente, que se encuentran plasmados en los fundamentos jurídicos del Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre.


En el caso de autos, se advierte que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver los motivos denunciados por el imputado en su recurso de apelación restringida, señala, en el “CONSIDERANDO III.- (…) Motivo I.- Sentencia basada en violación de derechos y garantías constituciones de Tratados y Convenios Internaciones.- (…) este primer motivo tiene íntima vinculación con los demás motivos expuestos en el recurso en examen, su abordaje será completo, incluso sobre aquellos aspectos vinculados a dichas reclamaciones y que tienen directa incidencia en los mismos; debido a ello, el pronunciamiento de ninguna manera puede ser catalogado de ultra o extra petita, o que se acuse a este Tribunal de Alzada de haber incurrido en revalorización de la prueba ya valorada por el Tribunal A-quo, sirviendo de base y de sustento, el fundamento que se exprese para resolver este primer motivo, en lo pertinente, también para los otros 6 motivos formulados en la apelación (…).


Motivo II.- Sentencia basada en la inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva, art. 370-1) CPP.- Todos los fundamentos expuestos a momento de resolver el primer motivo del recurso, en lo pertinente valen para el presente (…).


Motivo III.- Sentencia Basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Art. 370-6) del CPP.- Los fundamentos expuestos a momento de resolver el primer motivo del recurso, en lo pertinente, también valen para el presente motivo, además por lo siguiente (…)


Motivo IV.- Falta de fundamentación en la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria art. 370 inc. 5) CPP.- Los fundamentos expuestos a momento de resolver los motivos primero, segundo y tercero del recurso, en lo pertinente y correspondiente, también resultan totalmente válidos para este motivo (…).


Motivos V y VI.- Sentencia basada en contradicción entre la Parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa Art. 370 inc. 11) del CPP y Sentencia basada en contradicción entre la parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa Art. 370 inc. .8) del CPP. Los fundamentos expuestos a momento de resolver los primeros cuatro motivos del recurso, en lo pertinente también son totalmente válidos para el presente motivo (…).


Motivo VII.- Por último, con relación al séptimo motivo del recurso, relativo a errónea aplicación de la norma adjetiva contenida en el art. 362 del CPP (congruencia).- En lo fundamental y pertinente, lo fundamentado a momento de resolver los anteriores motivos, fundamentalmente el motivo primero del recurso, también valen para el presente, en cuanto a la procedencia del presente motivo, ligado a la inexistencia, por no haberse demostrado con prueba alguna conforme concluyó el Tribunal Sentenciador- del hecho sustancial que motivó la acusación de la comisión del delito de asesinato, endilgado al procesado Luis Fernando Palacios Guerra (por la intangibilidad de los hechos acusados), así como por haberse establecido, la no concurrencia de los elementos de la premeditación y el calificante alevosía- ausentes también el caso, por lo explicitado supra…” (sic).


De lo expuesto y analizado el Auto de Vista impugnado, se advierte que, si bien a tiempo de resolver el Motivo VII, el Tribunal de alzada explicó por qué resultaban válidos los fundamentos expuestos en el primer motivo, no ocurrió lo mismo en los motivos II, III, IV, V y VI, en los que el Tribunal de alzada comenzó con el mismo preámbulo, manifestando que los fundamentos expuestos en el primer motivo, “en lo pertinente”, eran válidos para resolver los motivos referidos, sin aclarar cuáles eran pertinentes y válidos en cada uno de ellos, pese a tratarse de denuncias totalmente distintas.


En consecuencia, el Tribunal de alzada, al pronunciarse de manera parcial e incompleta sobre el contenido de las pretensiones solicitadas en la apelación restringida, sin realizar una adecuada motivación en la resolución que pronunció, obviando que todo Auto de Vista debe contener suficiente fundamentación, incurre en contradicción con el Auto Supremo invocado por la parte recurrente, resultando en consecuencia, fundado el motivo.


Respecto a la segunda parte de la denuncia formulada por los querellantes, contenida en este segundo motivo, relativa a la presunta violación del art. 17 de la LOJ al haber confundido la errónea aplicación de la norma sustantiva con errónea aplicación de la norma adjetiva, corresponde señalar que el Tribunal de alzada, en su tarea de compulsar y efectuar la revisión del fallo impugnado, su accionar debe ceñirse únicamente a los puntos llevados a su juicio, así como prevé el art. 398 del CP, por otro lado el art. 17.II de la LOJ, tiene similar entendimiento cuando señala: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”. Las citadas disposiciones legales, implícitamente prohíben a los tribunales de alzada pronunciarse sobre aspectos que no estuvieren contenidos en la apelación incidental o sobre puntos que no fueren motivo de impugnación por parte del recurrente; es decir, no le está permitido al superior en grado pronunciarse sobre cuestiones no deducidas ni impugnadas por el recurrente, lo contrario significaría obrar más allá de lo peticionado, en franco desmedro del principio de seguridad jurídica.  


Ahora bien, en el caso de autos, se evidencia que los Vocales de la Sala Penal, a tiempo de dictar el Auto de Vista impugnado, resolviendo la apelación restringida en contra de la Sentencia interpuesta por el imputado, respecto a la errónea aplicación de la ley sustantiva, señaló que “al haberse hallado culpable al imputado Luis Fernando Palacios Guerra, sin la concurrencia de los elementos subjetivos exigidos para el delito de asesinato, ciertamente el Tribunal A-quo incurrió en el defecto de sentencia inserto en el numeral 1) del art. 370 del CPP…” (sic), por lo que circunscribieron su análisis respecto a la supuesta inobservancia o errónea aplicación de ley sustantiva (denunciada por el imputado), habiendo determinado con plenitud de jurisdicción y competencia que el Tribunal de Sentencia no hizo correcta aplicación del numeral 1) del art. 370 del CPP (que establece como defecto de la sentencia la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva ), consecuentemente al declarar procedente el recurso de apelación, no incurrió en confusión alegada por los recurrentes, que justifique la denuncia al respecto.


III.2.3.        Sobre la denuncia de revalorización de la prueba por el Tribunal de alzada.


Los recurrentes arguyen que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver la apelación restringida planteada por el imputado, revalorizó las pruebas “PD-22, MP-PD1, MP-PD9 y PDNº-9” manifestando además que no existe prueba objetiva e idónea que demuestre los elementos constitutivos, tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, otorgando a las pruebas, en consecuencia, un valor distinto al que les asignó el tribunal de instancia, llegando incluso a absolver de pena y culpa al imputado, vulnerando de esta manera la previsión del art. 398 del CPP, incurriendo en el defecto absoluto previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP y contradiciendo lo establecido por el Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, al que se debe acudir para realizar la labor de contraste.


El Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, fue pronunciado dentro del proceso penal seguido por el delito de Hurto previsto en el art. 326 del CP, en el que se declaró absuelto al imputado, porque la prueba aportada no era suficiente; la indicada resolución fue objeto de apelación y resuelta por el Auto de Vista que declaró procedente el recurso, deliberando en el fondo y aplicando el art. 365 y 413 del CPP, declaró al imputado autor del delito acusado y otorgó perdón judicial; el mencionado Auto fue recurrido de casación por el imputado, quien denunció que esa resolución careció de fundamentación por no cumplir el art. 124 del CPP y que valoró la prueba y cuestiones de hecho vulnerando el derecho a la seguridad Jurídica. El Tribunal de Casación emitió la siguiente doctrina legal: “Que con el nuevo sistema procesal penal garantiza la valoración de la prueba y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, además toda resolución dictada por el Tribunal de Alzada debe fundamentarse; dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de Apelación conoce solo asuntos de puro derecho; asimismo deberá observar los defectos absolutos para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados.


Que con referencia a la valoración de la prueba se ha pronunciado el Auto Supremo Nº 196 de fecha 3 de junio de 2005 donde se emitió la siguiente: DOCTRINA LEGAL APLICABLE: que la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba: convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el articulo 173 contradiciendo el Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial de Casación; se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el Sub lite"


De la doctrina legal aplicable establecida por el Auto Supremo invocado, se advierte que la atribución de valorar la prueba corresponde al Tribunal de instancia y no así al de Alzada. Este entendimiento es coherente con la naturaleza de la apelación restringida que se constituye en el medio legal para impugnar únicamente la errónea aplicación de la ley sustantiva o la inobservancia de las normas procesales en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la Sentencia y no es un medio para revalidar la prueba, pues no es una doble instancia; en ese entendido la facultad de valorar la prueba corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal de Sentencia al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, estableciendo los hechos y poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público, plasmando en los fundamentos de la sentencia el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos, que deben ser expresados con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica, producto de la interacción contradictoria de las partes, la que surge de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público, cuya objetividad alcanzada de la producción de la prueba, no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de apelación; pues éste no está facultado para revisar la base fáctica de la Sentencia, sino analizar si ésta contradice el silogismo judicial; es decir, debe abocarse a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre, lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de Sentencia sean estos colegiados o unipersonales, acto con el que se atenta la garantía del debido proceso y se afecta al principio de legalidad formal y material, deviniendo consecuentemente en defecto absoluto contemplado en el art. 169 inc. 3) del CPP.


En el presente caso, revisado el Auto de Vista impugnado, a partir del CONSIDERANDO III, el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver el  recurso de apelación restringida, concretamente en el acápite subtitulado “Motivo I.- Sentencia basada en violación de derechos y garantías constituciones de Tratados y Convenios Internacionales.-“;  concluye de la siguiente manera: “para que una persona normal y equilibrada, en pleno uso de sus facultades mentales como lo es el imputado Luis Fernando Palacios Guerra según conclusión arribada por el propio Tribunal Sentenciador- idee, planifique y materialice la muerte de otra persona, necesariamente debe mediar y concurrir un hecho motivante sustancial y de sustrato relevante que conduzca en definitiva a la existencia del elemento esencial del delito de asesinato, cual es la premeditación,  … por ello, no puede pensarse y menos sustentarse la materialización de un delito doloso de tal características de gravedad, sin la presencia de dicho sustrato imprescindible (motivo sustancial)”, continúa señalando: “este Tribunal concluye con claridad meridiana que el elemento calificante del delito de Asesinato por el que fue condenado el recurrente Luis Fernando Palacios, alevosía, tampoco concurre en la situación de hecho referida por el Tribunal, dado que, tomando en cuenta la genealogía del golpe referido por el Tribunal de Sentencia, el mismo fue proporcionado por delante de la víctima y nunca por sorpresa, máxime si antes, conforme también concluye el propio Tribunal Sentenciador, ya medió un acto íntimo entre el imputado y la víctima, que fue llevado a cabo sin violencia también extractado de las conclusiones del A-quo, expresado en la misma sentencia- y una discusión, por lo que los elementos componentes e imprescindible para la concurrencia de la calificante de alevosía sorpresa y traición- de ninguna manera pudieron estar presentes en el caso de autos, porque la víctima, teniendo en cuenta los hechos ya referidos (acto sexual consentido y discusión previa y posterior golpe de frente), tuvo la oportunidad bien representada de advertir y en su caso repeler dicha agresión…”; de igual manera, expresa: “existe prueba que la contradice y lleva implícito un alto valor científico probatorio, como lo es el análisis de ADN, que también fue efectuado por personeros del IDIF, dependiente del principal acusador en la causa (Ministerio Público) para determinar o no la presencia del imputado en el lugar de los hechos (prueba PD18), que al haber sido legalmente obtenida e introducida a juicio, debió ineludiblemente ser compulsada por el A-quo, conforme a las exigencias contenidas…”; “…en relación a la falta de valoración de la prueba de descargo fundamental y trascendente, signada como PD No. 6, consistentes en los Email recibidos por el imputado Luis Fernando Palacios Guerra en su cuenta de Facebook, de parte de Natalia Muñoz Muruchi (…). que en criterio de este Tribunal, aparte de también infringir los derechos y garantías alegados  de vulnerados por el imputado y que le son reconocidos a éste (…) toda vez que, habiéndose obtenido lícitamente e introducido legalmente a juicio dicho medio probatorio, el Tribunal Sentenciador se halla obligado a valorarlo, el mismo resulta fundamental para determinar y en su caso establecer la existencia real de los motivos que llevaron al imputado a presuntamente victimar a la occisa Natalia Muñoz Muruchi- aunque como se tiene dicho, los motivos alegados en ambas acusaciones, no fueron probados…”. En el fundamento subtitulado “Motivo III.- Sentencia basada en hechos inexistentes no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba. Art. 370-6) del CPP.-“, refiere: “…que por la marcada diferencia de edad el acusado ejercía dominio sobre la víctima conforme MP-PD-1, dar como verdad real que Fernando Palacios quiso suicidarse en el puente peatonal por las atestaciones que nunca acontecieron tomando en cuenta que dataría de muchos años atrás y el aparente chantaje emocional por Messenger mediante la única versión de Carla Muñoz sin sustento probatorio; en la conclusión 7,  es peor porque el investigador Hugo Yupanqui Bejarano establece como si fuera testigo presencial que el acusado alquiló el motorizado de Sixto Vásquez cuando abordó como pasajero, ocasión en la que le manifestó ser profesor y que debía entregar diplomas por lo que necesitaba alquilar una auto, logrando el alquiler vehicular recogió junto a un acompañante sin identificarlos y el Tribunal de Sentencia concluye que le prestó su automóvil entregándole las llaves no obstante de dejar sentado que Fernando Palacios no sabe conducir por la testifical de Sonia Yucra, resultando otro hecho inexistente en mérito a que no se tiene elemento probatorio que acredite su presencia física en el interior del vehículo del dueño, ni los diplomas entregados, argumentando temerariamente para incriminarlo … que el Tribunal de Sentencia tuvo convencimiento pleno y absoluto a partir de aspectos que ciertamente no se encuentran respaldados por ninguna prueba objetiva introducida a juicio como la existencia del volante impreso, el pago por el servicio, el trabajo realizado por la imprenta Bolívar, el menor de edad, no identificado que dijo que el número de celular 79132744 es del profesor Palacios, la madre del mismo que supuestamente trabajaba en la PIL y auspició la aparente actividad del acusado, la inexistencia de Juan Carlos Antezana, probada por la documental PD-No. 12 y PD-No. 13, infiriendo el tribunal sin sustento probatorio que no es la misma persona que Juan Carlos Antezana corroborada por la prueba MP-PD-18, certificado del Registro Civil que acredita la inexistencia de partida de nacimiento y el no registro de tarjeta prontuario conforme al MP-PD-19, … sin obtener certificaciones de todos los departamentos sólo de algunos, vinculado a que no es obligación al identificación de abonado de VIVA a momento de activar el servicio no es exigible la presentación de cédula de identidad, pudiendo no ser verídicos los nombres registrados … concluyendo que Fernando Palacios no puede estar físicamente en dos lugares distingos en la zona del Morro Municipal donde estaba el garaje y el Barrio Petrolero donde impartió clases de danza sin que exista prueba ….”; “… el tribunal deja establecido que conforme a la prueba MP-PD-9 protocolo de autopsia médico legal,…. que no reporta indicios de asesinato pero concluye que Fernando Palacios la lanzó al fondo del puente sabiendo que por la caída iba a morir, acredita otro hecho inexistente y no acreditado, a mas que el acta de levantamiento de cadáver consigna como data o cronología de la muerte 6 días y contradictoriamente, la Médico Forense no imprime su firma en el acta, en su testifical refirió que el cadáver iniciaba el segundo estadio de putrefacción de 48 horas antes al momento que se encontró el cadáver, lo que le resta toda credibilidad; en la conclusión 19, del análisis piloscópico de las evidencias físicas se tiene que en el protocolo de autopsia MP-PD-9 no se consigna haberse encontrado un bello púbico en el paño higiénico de Natalia, tampoco estaba ratificado en las notas del IDIF en la cadena de custodia, el tribunal basa su decisión en las evidencias físicas signadas como E2(vellos púbicos de Palacios) y E3 (ropa encontrada en el cadáver) y al momento de la deliberación y elaboración de la sentencia se constata que sólo la evidencia E3 fue introducida …pero le da más valor a la prueba piloscópica MP-PD-13 haciendo una inferencia que los otros dos vellos tienen que ser de Fernando Palacios y le resta confiabilidad a una prueba científica dándole mayor valor a la prueba comparativa y no al estudio científico de ADN que tiene 99% de certeza….”; “… por otra parte, habiendo concluido el Tribunal de que el acusado hubiera mantenido relaciones sexuales, cuando de acuerdo a la Prueba MP-PD-11, no se evidenció la presencia de espermatozoides sólo dio resultado positivo de antígeno prostático, como si procesalmente se estaría averiguando un delito vulneratorio de la libertad sexual …”.

En el Motivo IV.- Falta de fundamentación en la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, expresa: “… En autos, el fallo en lo formal contienen fundamentación fáctica; la fundamentación jurídica resulta no ser clara en la forma anteriormente develada, precisa ni congruente con los elementos probatorios y más aún de la prueba PD-No. 22…”; “ … la prueba MP-PD-9, consistente en el protocolo de Autopsia Médico Legal… que hace constar en sus conclusiones de fs. 2582 vta., que la causa de la muerte de Natalia Muñoz Muruchi se debió a Traumatismo Cráneo encefálico y politraumatismo secundario a caída de altura relacionada con agresión física, al que también le otorga todo valor legal; pero no se encuentra la justificación legal que determine que la causa de la caída de altura relacionada con agresión física que sufrió la occisa provocado por el condenado…”.


Todas las expresiones destacadas precedentemente, demuestran que el Tribunal de Alzada procede a valorar la prueba, al referirse a la genealogía del golpe, señalando que éste fue proporcionado por delante de la víctima y nunca por sorpresa, llegando a conclusiones a las que no arribó el Tribunal de Sentencia, como que no hubo sorpresa ni traición en el golpe y que por ello la víctima tuvo la oportunidad de  repeler la agresión; de igual manera valora el análisis de ADN, los emails recibidos por el imputado que a criterio del Tribunal de alzada resulta ser fundamental para determinar la existencia real de los motivos del hecho; las atestaciones de los testigos Hugo Yupanqui Bejarano y Sonia Yucra, señalando que su declaración resulta ser como la de un testigo presencial; las documentales PD-No. 12 y PD-No.13, MP-PD-18 y MP-PD-19 concluyendo que Fernando Palacios no puede estar físicamente en dos lugares distintos; en cuanto a la prueba MP-PD-9 referido al protocolo de autopsia, señala que no reporta indicios de asesinato; observa supuesta contradicción entre el acta de levantamiento legal de cadáver y la testifical de la Médico forense, afirma también que el Tribunal de Sentencia otorgó mayor valor a la prueba comparativa, y no al estudio de ADN, que tiene 99% de certeza; que la prueba MP-PD-11 no reflejó la presencia de espermatozoides, sino tan sólo dio resultado positivo de antígeno prostático. Para finalmente concluir que no existe ningún medio probatorio objetivo que acredite el hecho, siendo por ello la subsunción del tipo penal forzada por el Tribunal de Sentencia.  


Considerando que el Tribunal de apelación no se encuentra facultado para valorar la prueba, ni para revisar cuestiones de hecho, pues dicha facultad  concierne a la competencia del Juez o Tribunal de Sentencia; que la contradicción jurídica establecida se refiere a hechos similares, vale decir a defectos absolutos referidos a la valoración de la prueba y cuestiones de hecho realizado por el Tribunal de alzada y que los precedentes invocados se refieren a la aplicación del art. 169 inc. 3) del CPP, que precautela derechos y garantías constitucionales; se advierte que el Auto impugnado, al valorar nuevamente la prueba y cuestiones de hecho ha vulnerado los principios del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, sin precautelar los derechos y garantías de los recurrentes, incurriendo en contradicción a lo establecido por los Autos Supremos invocados como precedentes.


III.3. Recurso de casación del Ministerio Público.


III.3.1. Sobre la denuncia de revalorización de la prueba, realizada por el Tribunal de alzada.


El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, procedió a realizar una argumentación a favor de la defensa sobre la alevosía, revalorizando la prueba, desconociendo que la discusión en alzada restringida es de puro derecho,  señala también que realizó afirmaciones que dan a conocer el criterio del Tribunal de alzada con relación al juicio y a la inocencia del imputado,  pese a que correspondía la verificación del cumplimiento de las reglas de valoración de las pruebas, a efectos de que las partes tengan certidumbre sobre la decisión del Tribunal de alzada, contradiciendo la doctrina establecida en el Auto Supremo 212/2013 de 11 de junio, respecto al cual corresponde la labor de contraste, habida cuenta que el Auto Supremo 179/2013 de 29 de junio, también invocado, resulta inexistente conforme la verificación efectuada por este Tribunal.


Al respecto, el Auto Supremo 212/2013 de 11 de junio, fue dictado dentro del proceso penal seguido por el delito de Abuso Deshonesto con agravante, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, cuya Sentencia declaró al imputado autor y culpable de la comisión del delito acusado, por lo que el imputado  interpuso recurso de apelación restringida y por Auto de Vista 20/2009 de 24 de enero, se revocó en parte la Sentencia. En ese contexto, el Ministerio Público planteó su recurso de casación, alegando que, el Tribunal de alzada incurrió en revalorización de la prueba como si fuere un Tribunal de Sentencia cuando se refirió de manera concreta a los diferentes dictámenes periciales que ingresaron a juicio, para sustentar la declaración de la presunta semi imputabilidad del acusado e insuficiente fundamentación, en contradicción con varios Autos Supremos , arguyó además que no se tomó en cuenta que el proceso llevó en la fase del juicio oral más de un año, con dos Tribunales de Sentencia completamente distintos que, después de haber valorado la prueba dictaron Sentencias condenatorias contra el imputado. El Auto Supremo estableció la siguiente doctrina legal: “Se establece, que valoración de los hechos y de la prueba, la responsabilidad penal del imputado, fundamentación y motivación de las Resoluciones judiciales: El Tribunal de alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron objeto de la Apelación Restringida, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que: Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y/o su errónea aplicación, el Tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal; que la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos, poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral, público, contradictorio y continuado; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica, etapa en la cual el administrador de justicia considera también sobre la pena a aplicarse el quantum de la misma y lógicamente las atenuantes y agravante de la conducta ilícita juzgada; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral, público contradictorio y continuado; la objetividad que trasciende a través de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos, tenga la coherencia, orden, razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre y generen seguridad jurídica”.

De la doctrina legal aplicable establecida por el Auto Supremo invocado, se advierte que está referido que la atribución de valorar la prueba corresponde exclusivamente al Tribunal de Sentencia y no así al Tribunal de alzada.


Al respecto, corresponde precisar que conforme ha interpretado este Supremo Tribunal, se hace hincapié en que el Tribunal de Sentencia establece la existencia de un hecho y la culpabilidad o no del acusado, en tanto que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano, analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica (lógica, experiencia común y la psicología), sin que le esté permitido revalorizar la prueba, ni alterar los hechos tenidos como probados por el Tribunal de Sentencia.


De igual manera, la doctrina legal aplicable establecida tanto en el Auto Supremo 212/2013 invocado, como en el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005, entre otros, señala: "que la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser remplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre".


Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que en el CONSIDERANDO III, a tiempo de resolver el Motivo III.- Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP, señala: “…el Tribunal de Sentencia concluye que le prestó su automóvil entregándole las llaves no obstante de dejar sentado que Fernando Palacios no sabe conducir por la testifical de Sonia Yucra, resultando otro hecho inexistente en mérito a que no se tiene elemento probatorio que acredite su presencia física en el interior del vehículo del dueño, ni los diplomas entregados, argumentando temerariamente para incriminarlo (…) tuvo convencimiento pleno y absoluto a partir de aspectos que ciertamente no se encuentran respaldados por ninguna prueba objetiva introducida a juicio como la existencia del volante impreso, el pago por el servicio, el trabajo realizado por la imprenta Bolívar, el menor de edad, no identificado que dijo que el número de celular 79132744 es del profesor Palacios, la madre del mismo que supuestamente trabajaba en la PIL y auspició la aparente actividad del acusado, la inexistencia de Juan Carlos Antezana, probadas por la documental PD-No. 12 y PD-No.13, infiriendo el tribunal sin fundamentación y sustento probatorio que no es la misma persona que Juan Carlos Antezana Antezana por llevar dos apellidos corroborada por la prueba MP-PD-18, certificado de Registro Civil que acredita la inexistencia de partida de nacimiento y el no registro de tarjeta prontuario conforme al MP-PD-19, limitándose a establecer únicamente la identidad de Juan Carlos Antezana y de Juan Carlos Antezana Antezana e inferir de que se trata de otra persona (…) acredita otro hecho inexistente y no acreditado, a mas que el acta de levantamiento de cadáver consigna como data o cronología de la muerte 6 días y contradictoriamente, la Médico Forense no imprime su firma en el acta, en su testifical refirió que el cadáver iniciaba el segundo estadio de putrefacción de 48 horas antes al momento que se encontró el cadáver, lo que le resta toda credibilidad (…) al haber realizado solamente el análisis en un solo vello púbico, pero le da más valor a la prueba piloscópica MP-PD-13 haciendo una inferencia que los otros dos vellos tienen que ser de Fernando Palacios y le resta confiabilidad a una prueba científica dándole mayor valor a la prueba  comparativa y no al estudio científico de ADN que tiene 99% de certeza (…) lo que conlleva a que dicha pericia no sea confiable como lo es la prueba MP-PD-13 que tiene más valor probatorio, pero que en realidad nunca fue introducida al juicio oral y de la que los acusadores hicieron renuncia; por otra parte habiendo concluido el Tribunal de que el acusado hubiera mantenido relaciones sexuales, cuando de acuerdo a la Prueba MP-PD-11, no se evidenció la presencia de espermatozoides sólo dio resultado positivo de antígeno prostático, como si procesalmente se estaría averiguando un delito vulneratorio de la libertad sexual de la víctima y no que el acusado le quitó la vida (…) no se encuentra la justificación legal que determine que la causa de la caída de altura relacionada con agresión física que sufrió la occisa provocado por el condenado, el razonamiento conclusivo resulta indiscutiblemente contradictorio y falso a la conclusión No. 25, ya que se encontró un vello púbico de Fernando Palacios entre los vellos pubianos de la víctima y otro en el paño higiénico de Natalia Muñoz de acuerdo a la prueba MP-PD-13 (que es una prueba inexistente como ya se determinó de los antecedentes en cuya virtud los acusadores hicieron renuncia de esta prueba).


De los antecedentes del proceso, se advierte que el Tribunal de Alzada arribó a la conclusión de inocencia del imputado porque éste no habría participado en la comisión del delito acusado, señalando, entre otras expresiones, que para que una persona normal y equilibrada, en pleno uso de sus facultades mentales, como lo es el imputado Luis Fernando Palacios Guerra, idee, planifique y materialice la muerte de otra persona, necesariamente debió mediar y concurrir un hecho motivante que conduzca a la existencia del elemento esencial del delito de asesinato, cual es la premeditación, afirmando además que en obrados, no existió fundamentación razonable, coherente, suficiente, probatoria, ni intelectiva y menos jurídica, que haya establecido cuál el motivo sustancial, detallado en la acusación fiscal o particular, que llevó al imputado a idear, planificar y ejecutar la muerte de la víctima Natalia Muñoz Muruchi.  De igual manera el Tribunal de alzada, señaló que no es posible concebir la comisión del delito de asesinato, sin que previamente exista un hecho trascendente que lo motive, concluyendo que el elemento “alevosía”, tampoco concurre en la situación de hecho referida por el Tribunal, dado que, tomando en cuenta la genealogía del golpe referido por el Tribunal de Sentencia, el mismo fue proporcionado por delante de la víctima y nunca por sorpresa, y porque la víctima, a decir del Tribunal de Alzada, tuvo la oportunidad de advertir y en su caso repeler dicha agresión .


De lo expuesto tanto en el acápite III.2.3 de esta Resolución, como en el fundamento que precede, este Tribunal señala que se ha advertido que el Tribunal de alzada cuya resolución se impugnó, pese a reiterar que no tenía competencia para revalorizar la prueba, procedió a revalorizar la misma otorgando un valor distinto a las pruebas valoradas por el Tribunal de Sentencia, realizando una argumentación a favor de la defensa, enfatizando la supuesta ausencia de la alevosía y premeditación y sobre la inocencia del imputado, realizando afirmaciones que demuestran su criterio con relación al juicio, incurriendo en consecuencia en contradicción con la doctrina legal establecida en los Autos Supremos invocados por el recurrente, desconociendo que la discusión en alzada restringida es de puro derecho y que debe regirse a los puntos denunciados.


III.3.2. Sobre la denuncia referida a que el Auto de Vista impugnado resulta ser extra petita o ultra petita.


El recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado, a tiempo de pronunciarse sobre el segundo motivo de la apelación restringida, referido según la defensa a la supuesta inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 370-1 del CPP), señaló que no se habría demostrado la acusación, ni la concurrencia de los elementos subjetivos exigidos para el delito de Asesinato (premeditación y alevosía), apartándose de sus atribuciones, haciendo una revisión de oficio, incluso de aspectos no cuestionados, olvidando que se encuentra limitado a resolver los puntos de apelación, contrariando de esta manera la doctrina establecida en el Auto Supremo 250/2012 de 17 de septiembre, mismo que deberá ser analizado para acreditar la existencia o no de contradicción con el Auto de Vista impugnado.


El Auto Supremo 250/2012, fue dictado dentro del proceso penal seguido por la comisión de los delitos de Despojo, Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 351, 282, 283 y 287 del CP, cuya Sentencia se declaró absueltos a los imputados, fallo que fue objeto de recurso de apelación restringida y el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista de 14 de junio de 2012, anuló totalmente la Sentencia absolutoria y ordenó la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia; dando origen al recurso de casación de los imputados, que alegaron: a) La existencia de defectos absolutos del Auto de Vista que vulnera garantías constitucionales como el debido proceso, arts. 115 II, 116, 117 II, 119 de la CPE con relación al art. 169 incs. 3) y 4) del CPP, ya que al anular la Sentencia absolutoria y ordenar la reposición de la audiencia de juicio oral por otro Juez de Sentencia, estaría vulnerando la presunción de inocencia y la seguridad jurídica entre otras; b) Que el Auto de Vista entró en contradicción con el precedente señalado ya que no se circunscribió a los aspectos cuestionados en la apelación de la querellante, omitiendo resolver respecto a los dos puntos descritos por la apelante, vulnerando con ello el debido proceso, la seguridad jurídica y sobre todo la fundamentación de los puntos impugnados constituyéndose en defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) de la Ley Adjetiva Penal, por vulneración de garantías constitucionales como el debido proceso, art. 116.II, usurpación de funciones, art. 122 de la CPE y 124 del CPP; y, c) Que el Tribunal de alzada, resolvió la apelación en base a la nueva LOJ concretamente el art. 17 parágrafo I, olvidando que este mismo artículo en el parágrafo II señala de forma clara y concreta que en grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; es decir, resolver la apelación solo con relación al escrito. Recurso que mereció el Auto Supremo invocado, cuya doctrina legal estableció: “El Tribunal de Alzada debe ceñir el pronunciamiento de su resolución a lo que fue objeto de impugnación, debiendo el Auto de Vista circunscribirse sólo a los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo II del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, en concordancia con el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, lo contrario se constituye en vicio de incongruencia por exceso (ultra petita o exra petitium), al resolverse sobre cuestiones que no fueron objeto de expresión de agravio, circunstancia que vulnera el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el derecho a las resoluciones debidamente fundamentadas”.


De la doctrina legal aplicable establecida por el Auto Supremo invocado, se advierte que el Tribunal de alzada deberá ceñirse a las denuncias realizadas por los agraviados, lo contrario significaría un exceso y vulneración de derechos y garantías constitucionales.


Ahora bien, resulta pertinente a los efectos de resolver el presente motivo, hacer referencia a los límites de resolución en los recursos de apelación restringida y los supuestos de extralimitación en su pronunciamiento; en ese sentido, teniendo en cuenta que el juicio es la fase esencial del proceso, que debe realizarse sobre la base de la acusación, en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción; se tiene de los arts. 1 y 329 del CPP, que el sistema procesal penal del Estado, enfoca la parte principal de su procedimiento hacia el juicio oral como acto unitario y esencial; motivo por el cual los principios que marcan las actuaciones en el Código de Procedimiento Penal, aseguran la limpidez y curso expedito del propio juicio oral, limitando las actuaciones de los Tribunales de alzada a específicas labores.


En ese marco, el principio de inmediación es una garantía de carácter instrumental, destinada a hacer posible, a partir del contacto directo y la percepción sensorial por parte de los Tribunales y Jueces de sentencia con lo producido y debatido en juicio oral, el establecer la culpabilidad o inocencia del o los imputados. De este principio, se desprende el principio de intangibilidad de los hechos por el que únicamente los Jueces y Tribunales de Sentencia pueden determinar los hechos a ser debatidos en juicio oral, sobre la base de las acusaciones (pública o particular), conforme dispone el art. 342 del CPP; de modo que los hechos acreditados por el Juez o Tribunal de Sentencia, quedan inamovibles y no pueden ser modificados o nuevos hechos ser introducidos, que no hayan sido determinados por esa instancia, en ninguna fase del proceso. Debe precisarse que son cuestiones de hecho, en general, las referidas a los comportamientos humanos que, se hallan conceptualizados por las normas jurídicas aplicadas a cada caso en particular; es decir, aquellas conductas acaecidas en el mundo material susceptibles de ser subsumidas a tipos penales.


En ese contexto, en virtud de los arts. 407 y ss. del CPP, la competencia del Tribunal de apelación en lo que respecta al recurso de apelación restringida, se circunscribe exclusivamente a la inobservancia o la errónea aplicación de un precepto legal, realizando un control técnico-jurídico o juicio de legalidad sobre la sentencia recurrida; de ahí que las actuaciones en este particular, se limitan a la aplicación del derecho y a la legitimidad de la sentencia, no pudiendo provocar un nuevo examen crítico o valorativo de los medios probatorios, porque su apreciación corresponde, a los Jueces o tribunales de sentencia, como tampoco en ningún caso los Tribunales de apelación pueden atribuir un nuevo tipo de hecho o modificar la perspectiva de los hechos definidos en juicio oral.


Por otra parte, es necesario puntualizar que el art. 398 del CPP, delimita la competencia de la decisión de los Tribunales a: los aspectos cuestionados de la resolución; figura procesal que responde a generar un escenario de equidad a las partes en contienda, pues no es otra más que la propia parte quien sabe y conoce su situación jurídica y procesal; un entender contrario forjaría situaciones de injusticia y desequilibrio de un sistema procesal consolidado.


La doctrina ha generalizado, y entendido como vicios procesales, tres supuestos en el exceso de los límites de resolución, que son: ultra petita, cuando una resolución otorga más de lo pedido por las partes; o en mismo sentido cuando la parte recurrente impetra más de lo que en derecho rigurosamente le corresponde; extra petita, donde la resolución otorga una cosa diferente a lo solicitado por los recurrentes; e, infra petita o citra petita, situación presente cuando el juez o tribunal otorga menos de lo pedido por la parte.


De los hechos desglosados se verifica que el Tribunal de apelación, en contravención a la doctrina señalada, realiza una revisión de oficio desde el momento de la acusación, el juicio y la sentencia, incluso de aquellos aspectos que si bien estaban relacionados con las reclamaciones realizadas por el recurrente, no hubieron sido solicitadas expresamente. En este entendido, las denuncias realizadas en casación resultan evidentes y atendibles, toda vez que el Tribunal de alzada, no circunscribió su actuación al examen de la Sentencia impugnada y al no circunscribir su pronunciamiento a ese control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos de la Sentencia, vulneró las garantías al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa.


III.3.3. Sobre la denuncia referida a la falta de fundamentación del  Auto de Vista.


Respecto a la denuncia realizada por el recurrente, que el Auto de Vista impugnado resulta inentendible, pues no respondió cuál la contradicción existente entre la parte considerativa y la resolutiva de la sentencia que fue acusada por el imputado, tocando aspectos que no tienen relación con el punto de apelación y afirmando que se resolvieron los puntos apelados con los fundamentos expuestos a tiempo de resolver el primer motivo del recurso, en lo pertinente, contrariando de esta manera, la doctrina establecida por el Auto Supremo 027/2013 de 8 de febrero, relativo a la fundamentación, corresponde remitirse al referido Auto invocado para analizar si existe la contradicción denunciada.


El Auto Supremo 027/2013 de 8 de febrero, fue emitido dentro de proceso penal seguido por la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Falsificación de Documento Privado, previstos y sancionados por los artículos 198, 199 y 200 del CP, cuya Sentencia declaró al imputado autor y culpable del delito de Falsedad Material e Ideológica del documento privado y absuelto por los  delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica de documento privado, dicha Sentencia fue recurrida en Alzada por el imputado obteniendo como resultado el Auto de Vista 91 de 9 de mayo de 2012, que declaró admisible e improcedente el recurso, que dio lugar a la interposición del recurso de casación, con los siguientes fundamentos:  el recurrente sostuvo que ante el Tribunal de apelación denunció de manera fundamentada la existencia de defectos absolutos en la Sentencia, art. 169 inc. 3) del CPP, referidos a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, art. 370 inc. 1) del CPP y la falta de fundamentación de la Sentencia, art. 307 inc. 5) de la Ley Adjetiva Penal, los que no fueron considerados, valorados, ni corregidos por dicho Tribunal, señaló además que ante la denuncia de vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, el Tribunal de alzada debió verificar los defectos absolutos insubsanables y dictar un Auto de Vista anulando el juicio. Resolviendo el referido recurso de casación, mediante el Auto Supremo invocado, se establece la siguiente doctrina legal: “De acuerdo al entendimiento ratificado por el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el artículo 398 del citado compilado procesal pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, no siendo suficiente acudir a fundamentos evasivos y referidos a defectos que conforme al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal pudieron ser observados en su oportunidad en el marco del respeto al principio pro actione”.


Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que a tiempo de resolver el motivo IV de la apelación restringida, referido a la falta de fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, el Tribunal de Alzada, señala: “…ciertamente la Sentencia impugnada gravita en fundamentación insuficiente; en contradicción entre la parte dispositiva y considerativa, conforme dispone la norma habilitante prevista en el art. 370 numeral 5) del Código Adjetivo de la Materia, en relación a la prueba conclusiva del tipo delictivo de asesinato y respecto de la agravante del delito acusado por el que se le hubiere condenado.”. De igual manera, dispone: “… En autos, el fallo en lo formal contiene fundamentación fáctica; la fundamentación jurídica resulta no ser clara en la forma anteriormente develada, precisa ni congruente con los elementos probatorios y más aún de la prueba PD-No. 22 que han llevado al Tribunal, a asumir el convencimiento pleno de que la prueba aportada es suficiente, para concebir evidencia cierta, acerca de la culpabilidad penal del imputado,… sin exponer cuáles los motivos y el enlace entre sí para forma un bloque sólido que dé sustento a los hechos que a juicio del Tribunal A-quo fueron probados …”, continúa señalando: “…no solamente es necesaria la descripción que debe efectuar el Juez o Tribunal respecto a la prueba desfilada en juicio, como ha acontecido en este caso, sino, fundamentalmente, explicar el por qué le mereció crédito y valoración positiva o negativa y cómo vincula cada uno de los elementos con el resto del elenco de prueba (…) estableciéndose en los antecedentes que los jueces del Tribunal de Sentencia; han emitido una Resolución condenatoria sin la debida fundamentación, basada en la prueba suficiente, vulnerando el art. 365 del CPP, en virtud a la inexistencia de la prueba objetiva e idónea introducida en juicio oral que demuestre los elementos constitutivos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo inserto en la previsión del art. 252 del CP, en su inc. 3), (…) se concluye ser evidentes los motivos alegados como defectos de la sentencia previstos por el art. 370 inciso 5) del Código Adjetivo Penal, toda vez que no se conoce el iter lógico por el cual arribó el juzgador a la convicción de la concurrencia de plena prueba, que ameritó la declaratoria de culpabilidad del incriminado…” (sic).


De la doctrina legal aplicable establecida por el Auto Supremo invocado, se tiene que el Tribunal de alzada debe emitir el Auto de Vista debidamente fundamentado cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; resultando en el caso presente, revisadas las expresiones que anteceden, que queda demostrada la existencia de un fallo dictado con la fundamentación necesaria, respecto a esta específica denuncia (el Auto de Vista incurre en falta de fundamentación toda vez que no explicó por qué la Sentencia carece de fundamentación), no siendo por ello contradictorio a la doctrina legal establecida en el Auto Supremo invocado. Por lo expuesto, este motivo deviene en infundado.


Sin embargo, siendo evidente que el Auto de Vista de 11/2014 de 31 de marzo, es contradictorio a la doctrina legal asumida por los Autos Supremos invocados por los recurrentes (motivos i y ii), corresponde a este Tribunal Supremo dejar sin efecto la Resolución recurrida, a fin del pronunciamiento de un nuevo Auto de Vista de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42 inc. 1) de la LOJ y en aplicación de la disposición contenida en el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 111/2014 de 31 de marzo, ordenando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronuncie nueva resolución conforme a la doctrina legal señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto. Y dispone que de conformidad con lo previsto por el art. 420 del mencionado Código se remita por Secretaría de Sala copia legalizada del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio  de sus Presidentes pongan en conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de Ley.


Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA