TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 190/2014-RRC

Sucre, 15 de mayo de 2014


Expediente                        : Cochabamba 4/2014

Parte acusadora                : Néstor Julio Enríquez Quiroga

Parte imputada                : Hugo Nicolay Mamani y otros

Delitos                        : Difamación y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 30 y 31 de enero de 2014, que cursan de fs. 932 a 939 y de fs. 996 a 1000 vta., Jannette Maldonado Murguia y José Saúl Guzmán Quiroga; y, Hugo Nicolay Mamani, respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista de 6 de enero de 2014, de fs. 894 a 901, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Néstor Julio Enríquez Quiroga contra Patricia Ingrid Beltrán Tapia, Edson Cesar Fernández Chugar y los recurrentes, por los delitos de Difamación y Calumnia, previstos y sancionados por los arts. 282 y 283 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. En mérito a la acusación particular interpuesta por Nestor Julio Enríquez Quiroga (fs. 1 a 4 vta.) y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 13/2013 de 28 de febrero (fs. 716 a 726 vta.), el Juzgado Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a: Edson César Fernández Chugar absuelto de la comisión de los delitos de Difamación y Calumnia, previstos y sancionados por los arts. 282 y 283 del CP, respectivamente; Hugo Nicolay Mamani autor de los citados delitos, sancionándole a la pena de reclusión de un año y dos meses; José Saúl Guzmán Quiroga, Patricia Ingrid Beltrán Tapia y Jannette Maldonado Murguía, autores del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiéndoles la pena de prestación de trabajo, al primero de siete meses y a las dos últimas, de cinco meses; sin costas por ser Sentencia mixta.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el querellante (fs. 767 a 768 vta. y 779 y vta.); y, los imputados Jannette Maldonado Murguía (fs. 758 a 760), Hugo Nicolay Mamani (fs. 798 a 802 vta.) y Saúl Guzmán Quiroga (fs. 872 a 873), formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista de 6 de enero de 2014 (fs. 894 a 901), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedentes los recursos, confirmando la Sentencia apelada, motivando los recursos de casación que se resuelven a través de la presente resolución.


I.1.1 Motivos de los recursos


De los memoriales de fs. 932 a 939 y de fs. 996 a 1000 vta., y del Auto Supremo 011/2014-RA de 24 de marzo, que cursa de fs. 1009 a 1013 dictado en el caso de autos, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Recurso de casación de Jannette Maldonado Murguía y José Saúl Guzmán Quiroga


  1. Refieren de manera coincidente, en los acápites intitulados: “INADECUADA VALORACION DEL CONTENIDO DE LA SENTENCIA” (sic.) e “INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Y ATROPELLO CONTRA EL DERECHO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” (sic), que el Tribunal de alzada, a su denuncia de que el juzgador incurrió en el defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), señaló que se realizó un trabajo correcto de subsunción del tipo penal a los hechos, vulnerando la Sentencia y el Auto de Vista, el principio de inocencia, establecido en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 6 del CPP, siendo que en el presente caso, se establecieron los hechos y se realizó la fundamentación de la acusación, por los delitos de Difamación  y Calumnia, y no obstante que en la mente del juzgador, las acreditaciones resultaron insuficientes, correspondía dictar Sentencia absolutoria conforme dispone el art. 362 de la norma adjetiva penal, empero el Juez, en base al principio “dadme los hechos y os daré el derecho” y abusando del principio iura novit curia, decidió sentenciarlos por el delito de Injuria; sin que hubieran podido preparar su defensa, vulnerándose entonces la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, aspectos estos, que debieron ser corregidos por el Tribunal de apelación, realizando el control de legalidad, y no lo hizo.


Continúan su argumentación sobre el mismo reclamo, señalando que los juzgadores acudieron al forzado principio de congruencia, y si bien las figuras como la Difamación, Calumnia e Injuria, son parte de los Delitos Contra el Honor; sin embargo, no debe olvidarse que las identificaciones tipológicas resultan absolutamente precisas, sin opción de confusiones, ya que para la Difamación debía de existir la conducta repetitiva de la publicación, lo cual no ocurrió, porque sólo se hizo una sola; y, el delito de Calumnia, requiere imputar la comisión de un delito, lo que no hicieron; por ello no incurrieron en esos ilícitos; entonces, mal puede el juzgador, de manera arbitraria, bajo el justificativo de nueva calificación, acudir arbitrariamente al delito de Injuria.


  1. Exponen también, bajo los títulos: “DEFECTUOSA VALORACION DE LA PRUEBA” (sic) y “DEFECTUOSA APLICACIÓN DE LA LEY ADJETIVA” (sic), que el Juez, avalado por el Tribunal de alzada, llega a la ilegal conclusión que hubieran injuriado al querellante, lo que no ocurrió; así, refieren que la carta suscrita por los acusados, expone de manera cronológica cómo sucedieron los hechos en la fraternidad, informando luego que el Dr. Enríquez no rindió cuentas documentadas del manejo económico, no permitió la realización de nuevas elecciones y conformó un comité ad hoc, por lo cual, hicieron convocatoria pública a toda la sociedad cochabambina interesada en la suerte de la fraternidad, sin que en ningún momento hayan injuriado al querellante; consiguientemente la calificación por el delito de Injuria es arbitrario e ilegal, producto de la mala valoración de la prueba signada como “A 3”.


Además añaden que, existe defectuosa aplicación de la ley adjetiva, vicio de sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, en relación a los arts. 173, 360 y 363 de la misma norma, relativos a los requisitos del fallo, entre ellos, una adecuada valoración de las pruebas y su consiguiente fundamentación, lo que no sucedió en el presente caso, toda vez que el juzgador, como el Tribunal de apelación, consideran la referida “…prueba literal codificada como A3, para la constatación de los delitos de difamación y calumnia, sin hacer lo propio y menos explicar los motivos por los que se detecta la perpetración de la injuria…” (sic). Añadiendo que esta apreciación atenta contra el principio de la sana crítica, emitiéndose una sentencia errada, ya que correspondía la absolución de los ilícitos endilgados.

  1. Asimismo denuncian en el título: “DEFECTUOSA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA” (sic), que el juzgador y los Vocales, incurrieron en error in iudicando por la defectuosa aplicación del art. 287 del CP, al estar demostrado que la publicación periodística no contiene expresiones injuriosas contra la imagen o decoro del acusador, sólo es un resumen de lo acontecido en la fraternidad. Además, el Tribunal de alzada recurre a la teoría del dominio del hecho y el principio de la culpabilidad para emitir su Resolución; sobre el primero, de la lectura de la publicación, no se evidencia que contenga expresiones que dañen la imagen del adverso, entonces no tiene nada de falsedad, más al contrario una real expresión de la verdad al no haberse rendido cuentas documentadas del manejo económico; y, el segundo, está referido a que el autor de un hecho esté convencido que su actuar se encuentra al margen de la ley, lo cual no sucedió en el presente caso, al no contener la publicación de palabras que dañen la dignidad del querellante.


  1. Finalmente entre los agravios planteados, sostienen que en Sentencia se les impuso la sanción de cinco y siete meses de prestación de trabajo y en horarios de trabajo, más la multa de treinta días a razón de cinco bolivianos; sin embargo, esta determinación carece de fundamentación conforme determinan los arts. 37, 38 y 40 del CP, el cual no puede ser asumido por la discrecionalidad del juzgador; sino, en el marco de la consideración de las   agravantes y atenuantes que señala la norma citada, y conforme el art. 124 del CPP; que asimismo, dentro de esta ilegal determinación, se dispuso la prestación de trabajo en horarios de trabajo, cuando el art. 28 del CP, indica que deben ser fijados en horarios que no perjudiquen la actividad laboral normal del condenado, lo que no sucede en el presente caso, y que el Tribunal de apelación tampoco observó, pese a que se reclamó dicho extremo.


Recurso de casación de Hugo Nicolay Mamani.


Con el título: “VIOLACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES” (sic), denuncia que le declararon autor de la comisión de los delitos de Difamación y Calumnia, y apelada dicha decisión, se emitió el Auto de Vista impugnado, vulnerando sus derechos fundamentales, toda vez que el Tribunal de alzada señaló que solo se limita a verificar si el juzgador realizó una correcta subsunción del tipo penal, sin observar que también está obligado a constatar si el juez realizó una correcta valoración de la prueba.


Sobre el hecho por el que se le condenó, refiere que no se tomó en cuenta, que referir un nombre y apellido en cualquier medio de circulación nacional, no es un delito, menos doloso, además no se atribuyó al acusador la comisión de delito alguno relacionado a la existencia de malos manejos económicos. Por otra parte, el Tribunal de apelación realiza el análisis de la prueba “A-5”, sin que suceda lo mismo respecto a la prueba signada como “F-12”, consistente en un acta de reunión extraordinaria de los Caporales San Simón.


Arguye sobre la prueba “D-7”, que consiste en una nota dirigida al Presidente del Colegio de Notarios, que el juzgador pretendió hacer ver como repetición del acto, y como si en ella se utilizaría un término ofensivo o pretendiendo imputar la comisión de algún ilícito, que se trata de una prueba pre fabricada por él mismo, para consolidar la supuesta repetición del acto.


Continúa su exposición, manifestando que tanto el Tribunal de apelación y el A quo, violaron lo previsto por el art. 370 incs. 1), 6) y 10), al no existir la correcta valoración de la prueba medular, vulnerando su derecho a la defensa; además, existen hechos concretos en los que el acusador participó de forma activa, y que a pesar de la existencia de dichos medios probatorios, se concluye que el querellante fue mellado en su honor; pero, sin prueba que evidencie lo acusado; asimismo, se vulneró el art. 115 de la CPE, al no tomarse en cuenta la fundamentación, ni la valoración de la prueba que pueda hacer viable una sentencia justa, denotando parcialización por no ajustarse a derecho, ni sustentarse de manera clara, firme e inequívoca, que sea autor de los delitos atribuidos; aperturándose por ello la competencia del Tribunal de casación, ya que el Tribunal de alzada no subsanó la defectuosa valoración de la prueba realizada por el juzgador, garantizando una correcta e imparcial emisión de la Sentencia.


Finalmente ratifica el recurrente que, no existe plena prueba de los hechos acusados, incurriendo la Sentencia en la errónea y defectuosa aplicación de la ley sustantiva, pues la publicación no contiene ningún término que pueda considerarse difamatorio o calumnioso contra el honor de Néstor Enríquez.


I.1.2. Petitorio


Los recurrentes Jannette Maldonado Murguía y José Saúl Guzmán Quiroga impetran se “analice el caso con total objetividad y en consecuencia deje el Auto de Vista para que emita un nuevo fallo en base a una ponderación y análisis imparcial” (sic) de las pruebas acumuladas, en homenaje a una administración de justicia imparcial. Por su parte, Hugo Nicolay Mamani solicita la admisión del recurso, dejando sin efecto el fallo que motiva el presente recurso.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 011/2014-RA de 24 de marzo, cursante de fs. 1009 a 1013, este Tribunal flexibilizó los requisitos exigidos por la normativa adjetiva penal, abriendo su competencia de manera extraordinaria.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS A LOS RECURSOS


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        Sentencia.


Con base a la querella (fs. 1 a 4 vta.) de Nestor Enríquez Quiroga, el Juzgado Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia 13/2013 de 28 de febrero (fs. 716 a 726 vta.) declarando a: Edson César Fernández Chugar absuelto de la comisión de los delitos de Difamación y Calumnia, previstos y sancionados por los arts. 282 y 283 del CP, a Hugo Nicolay Mamani autor de estos delitos, sancionándole a la pena de reclusión de un año y dos meses; a José Saúl Guzmán Quiroga, Patricia Ingrid Beltrán Tapia y Jannette Maldonado Murguía, autores del delito de Injuria, previsto y sancionado por el art. 287 del CP, imponiéndoles la pena de prestación de trabajo, al primero de siete meses y a las dos últimas, de cinco meses; sin costas por ser Sentencia mixta, bajo los siguientes argumentos:


Los querellados al haber hecho dos publicaciones en el periódico “los Tiempos”; siendo la primera publicación de 23 de enero de 2011 denominada “Carta Abierta a los Fraternos de Caporales San Simón”, suscrita por Hugo Nicolay Mamani y Cesar Gonzalo Rocha Flores que señala: y no permitiremos bajo ningún concepto que nuestra sede sea cambiada y lucharemos para que personas inescrupulosas como Néstor Enríquez que va en contra del espíritu de la cochabambinidad y la fraternidad, declarándolo enemigo de los cochabambinos y de caporales San Simón, así mismo denunciamos que Néstor Enríquez quien desconociendo lo dispuesto por el art. 22 de la Ley del Órgano Judicial, que indica como incompatible la actividad judicial con la de dirigente de una institución como lo es San Simón, máxime si estando en el ejercicio de esa función dirigencial, está siendo acusado de malos manejos económicos  y continúe supuestamente impartiendo justicia por su cargo de juez. Asimismo por nota de 24 de febrero de 2011 Hugo Nicolay Mamani en su calidad de presidente, dirigida a la presidente del Colegio de Notarios de Cochabamba solicita se notifique con una carta adjunta al querellante, quien se hubiera rehusado a ser notificado por cuanto Notario de fe pública enviaron para este cometido.


Que José Saúl Guzmán Quiroga, Patricia Ingrid Beltrán Tapia y Jannette Maldonado Murguía, en su calidad de representantes del Comité electoral fueron responsables de la segunda publicación de 27 de febrero de 2011, con el título “Carta Abierta a la opinión pública Fraternidad Folklórica Cultural Universitarios de San Simón” que señala: Cabe mencionar que el Dr. Enríquez quien fungía como presidente de nuestra institución por 10 años fue depurado, en razón a que el informe económico de las gestiones 2009 2010 NO TIENEN DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA por un monto de aproximadamente $us. 60.000 (Sesenta mil 00/100.- Dólares Americanos). El señor Néstor Enríquez intentó por todos los medios boicotear las elecciones, confundiendo, desinformando a los fraternos para que no participen de las elecciones a través de la página web y de la red facebook, dando a entender de manera clara su interés de perpetuarse a la cabeza de la Fraternidad. El Dr. Enríquez ha desatado una campaña de desinformación dirigida a los fraternos, autoridades y al pueblo cochabambino, a objeto de mantenerse al frente de la Fraternidad, violando los estatutos de nuestra institución, promoviendo la conformación de un comité Ad-Hoc del cual hoy es presidente, incumpliendo lo establecido por la Ley del Órgano Judicial. La Fraternidad Folklórica y Cultural Caporales Universitarios de San Simón, es símbolo de la cochabambinidad e ícono representativo de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN, a nivel nacional e internacional, por ello, como ex Comité Electoral y apoyando las determinaciones del nuevo directorio, rechazamos enfáticamente que nuestra Fraternidad sea objeto de intereses personales, sobrepasando la legalidad, desintegrando a sus miembros y desconociendo a la nueva directiva LEGALMENTE CONFORMADA en Cochabamba, como pretende el frente perdedor “Todos por San Simón” a la cabeza del Dr. Néstor Julio Enríquez. Convocamos a las Autoridades Departamentales, Universitarias y al pueblo de Cochabamba como en su conjunto, para que con su juicio ecuánime y su probidad, puedan analizar y asumir una posición en respuesta a estos lamentables hechos que dañan la integridad de nuestra Fraternidad, Patrimonio Cultural de Cochabamba.


  1. Respecto al imputado Hugo Nicolay Mamani al ser uno de los responsables por la primera publicación de periódico de 23 de enero de 2011, signada como prueba de cargo “A-3”, donde se expresa: “y no permitiremos bajo ningún concepto que nuestra sede sea cambiada y lucharemos para que personas inescrupulosas como Néstor Enríquez que va en contra del espíritu de la cochabambinidad y la fraternidad, declarándolo enemigo de los cochabambinos y de Caporales San Simón, así mismo denunciamos que Nestor Enríquez quien desconociendo lo dispuesto por el art. 22 de la Ley del Órgano Judicial que indica como incompatible la actividad judicial con la de dirigente de una institución como lo es San Simón máxime si estando en el ejercicio de esa función dirigencial está siendo acusado de malos manejos económicos y continúe supuestamente impartiendo justicia por su cargo de juez”. Este relato evidencia que se le imputó de forma determinada mencionando el nombre y apellido del querellante de forma pública con la agravante de que fue mediante un diario de circulación nacional la comisión de un delito doloso presentándolo como tal al señalar que el querellante de forma incompatible y desconociendo lo previsto por el art. 22 de la LOJ, ejerció paralelamente la función dirigencial donde fue acusado de malos manejos económicos y la de juez “supuestamente impartiendo justicia”, conducta que se subsume a lo previsto por el art. 283 del CP.


El delito de Difamación, se comprobó con la publicación de periódico y de la nota dirigida a la presidenta del Colegio de Notarios de Cochabamba de 24 de febrero de 2011, donde además de solicitar se notifique una carta adjunta al querellante “Néstor Enríquez Quiroga Juez Liquidador quien se hubiera rehusado a ser notificado por cuanto notario de fe pública enviaron para este cometido”, reveló innecesariamente el motivo del acto impetrado que era que el querellante otorgue la documentación necesaria para la auditoria correspondiente en sus años de gestión dando a entender que el motivo de la negativa del acusador para que no se realice lo solicitado era el de no rendir cuentas  verificándose que la naturaleza y medida de dicha resolución excedió el límite y la naturaleza señalando condiciones personales, constituyendo vulneración al honor afectando de ésta manera su reputación de manera tendenciosa, pública y repetida, adecuando su conducta al tipo penal del art. 282 del CP.


  1. Respecto a los imputados José Saúl Guzmán Quiroga, Patricia Ingrid Beltrán Tapia y Jannette Maldonado Murgía en su calidad de representantes del Comité Electoral y habiéndose comprobado que fueron responsables de la segunda publicación de 27 de febrero de 2011 que indica: “Cabe mencionar que el Dr. Enríquez quien fungía como presidente de nuestra institución por 10 años fue depurado, en razón a que el informe económico de las gestiones 2009 2010, NO TIENEN DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA por un monto de aproximadamente $us. 60.000 (Sesenta mil 00/100.- Dólares Americanos). El señor Néstor Enríquez intentó por todos los medios boicotear las elecciones, confundiendo, desinformando a los fraternos para que no participen de las elecciones a través de la página web y de la red Facebook, dando a entender de manera clara su interés de perpetuarse a la cabeza de la Fraternidad El Dr. Enríquez ha desatado una campaña de desinformación dirigida a los fraternos, autoridades y al pueblo cochabambino, a objeto de mantenerse al frente de la fraternidad, violando los estatutos de nuestra institución, promoviendo la conformación de un comité Ad- Hoc del cual hoy es presidente, incumpliendo lo establecido por la Ley del Órgano Judicial. La fraternidad Folklórica y Cultural Caporales Universitarios de San Simón es símbolo de la cochabambinidad e ícono representativo de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN, a nivel nacional e internacional, por ello como ex Comité Electoral y apoyando las determinaciones del nuevo directorio, rechazamos enfáticamente que nuestra Fraternidad sea objeto de intereses personales, sobrepasando la legalidad desintegrando a sus miembros y desconociendo a la nueva directiva LEGALMENTE CONFORMADA en Cochabamba como pretende el frente perdedor ”Todos por San Simón” a la cabeza del Dr. Néstor Julio Enríquez. Convocamos  a las autoridades Departamentales, Universitarias y al pueblo de Cochabamba como en su conjunto, para que con su juicio ecuánime y su probidad, puedan analizar y asumir una posición en respuesta a estos lamentables hechos que dañan la integridad de nuestra Fraternidad, Patrimonio Cultural de Cochabamba” (sic). En éste entendido al no haberse demostrado con ningún elemento de prueba los tipos penales acusados, el Tribunal de sentencia, enmarcó la conducta de los imputados al tipo penal de Injuria sancionado por el art. 287 del CP, en virtud del principio “iura novit curia”.


II.2.        De las apelaciones restringidas.


  1. El querellante Néstor Julio Enríquez Quiroga interpuso recurso de apelación restringida (fs. 767 a 768 vta.) y su complementario (fs. 779 y vta.), argumentando la vulneración a los arts. 37 y 38 del CP y 370 inc. 6) del CPP, ya que la Sentencia valoró erradamente la prueba de cargo en relación al acusado Hugo Nicolay Mamani, al imponerle la pena de un año y dos meses de reclusión, pues estando demostrada la culpabilidad del autor correspondía determinar una pena máxima de tres años. También denunció la vulneración al art. 173 del CPP, toda vez que se demostró que el mismo, fue responsable de las dos publicaciones de periódico a nivel nacional, y al existir agravante de que fue mediante un diario de circulación nacional, no se dio correcta aplicación de la norma en la imposición de la pena.


  1. El recurso de apelación restringida de Jannette Maldonado Murgía (fs. 758 a 760), denunció: a) Inobservancia y errónea aplicación de la ley, toda vez que la Sentencia es defectuosa en la aplicación de la norma sustantiva, ya que se inició una querella por los delitos de Difamación y Calumnia, pues el documento publicado que fue base de una información del Ex Comité Electoral de la Fraternidad Caporales San Simón, es un documento de comunicación de información; y no se probó que su persona hubiera dañado el honor del querellante; sin embargo, se la condenó por el delito de Injuria; b) Incongruencia en la Sentencia, puesto que fue condenada por otro delito no consignado en  la querella.


  1. A su vez, Hugo Nicolay Mamani también en apelación restringida (fs. 798 a 802 vta.), señaló: i) Errónea aplicación de la ley sustantiva penal y que la Sentencia se basa en hechos inexistentes, pues dentro la presente causa jamás se demostró la comisión de un delito, peor aún el juez actuó de abogado de la parte querellante a momento de señalar que existe repetición en el momento en que se llevó un documento ante Notario, convirtiéndose en juez y parte, siendo sentenciado en función a la prueba presentada por el Juez, lo que denota total parcialización a favor de la parte acusadora; ii) La sentencia se basa en hechos inexistentes, pues la prueba signada como “F-12” demuestra que los testigos de cargo conocían los extremos que fueron motivo de la publicación, por lo que no existen los presupuestos para configurar los delitos de Difamación ni Calumnia; iii) La Sentencia se dicta en base a una errónea aplicación de la norma sustantiva como la falta de valoración objetiva de la prueba producida, enmarcándose en lo que prevé el art. 370 del CPP; iv) Valoración defectuosa de la prueba, toda vez que no se valoró la prueba más importante que aclaraba todas las dudas respeto a la comisión de los delitos acusados referida a un panfleto donde se utilizaron términos inapropiados no solo para el acusador sino para cualquier persona; v) Existe contradicción entre la parte considerativa conforme al art. 370 inc. 8) ya que se reconoce un elemento de prueba para la acusación y se desconoce para la defensa, aplicándose incorrectamente la ley sustantiva penal, por lo que debe anularse la parte dispositiva de la sentencia,  declarándolo inocente de los delitos que se le imputan por la existencia de la duda razonable; y, vi) Finaliza señalando errónea aplicación del art. 350 párrafo tercero del CPP, toda vez que de las declaraciones de los testigos de cargo, en ningún momento se generó fehacientemente la comisión de los delitos.


  1. Por último Saúl Guzmán Quiroga (fs. 872 a 873), interpuso recurso de apelación denunciando que la Sentencia es nula de pleno derecho, por inobservancia y errónea aplicación de la ley, conforme previene el art. 407 del CPP, desconociéndose las garantías constitucionales previstas en los arts. 115, 116, 117 de la CPE, concordante con el art. 6 del CPP; además, señaló que la Sentencia está agravada con el art. 362 del CPP, toda vez que la acción fue intentada por los delitos de Difamación y Calumnia y no por el delito de Injuria; consiguientemente, toda la prueba aportada por los querellados está relacionada únicamente a los delitos señalados, error grosero de carácter esencial que se cometió a momento de dictar Sentencia infringiendo los arts. 115, 116 y 117 de la CPE, 6, 360, 362, 370 incs. 1), 4), 6) y 8) del CPP, atentando el debido proceso, presunción de inocencia e igualdad procesal. Concluyó solicitando se dicte Resolución anulando la sentencia reparando los errores advertidos; es decir, la falta de congruencia de la sentencia y revalorización de la prueba, conforme disponen los arts. 362 y 413 del CPP.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida, emitiendo el Auto de Vista impugnado, expresando los fundamentos siguientes:


  1. Con relación a los recursos de Jannette Maldonado Murguía y Saúl Guzmán Quiroga, el Tribunal de alzada extrae que el Juez de Sentencia bajo las reglas de la sana crítica previa valoración de los elementos probatorios incorporados a juicio, estableció que la conducta de los nombrados imputados, se subsume al tipo penal de Injurias, al haberse demostrado conforme a la publicación de periódico que es glosada a la Sentencia, que se ofendió al acusador particular en su decoro, por lo que considera que el Juez de Sentencia obró correctamente, pues con relación a la denuncia de falta de congruencia, debido a que la querella fue iniciada por los delitos de Difamación y Calumnia, el Juez de Sentencia aplicó el principio iura novit curia y procedió a modificar la calificación de los hechos juzgados a Injuria que se encuentra en la misma familia de los delitos acusados; consiguientemente, no considera que exista errónea aplicación de la ley y mucho menos vulneración de derechos y garantías constitucionales, careciendo de fundamento las apelaciones al respecto.


  1. Sobre la apelación interpuesta por el imputado Hugo Nicolay Mamani, en particular a la denuncia de que no se valoró la prueba más importante, el Tribunal de alzada considera que el Juez de Sentencia, previa valoración de la prueba realiza una correcta subsunción de los hechos, estando la sentencia debidamente fundamentada, así como una correcta aplicación de la norma sustantiva y adecuada valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica racional, siendo una atribución que únicamente compete al Juez de Sentencia, evidenciando el Tribunal que la Sentencia cumple con una valoración adecuada, por lo que éste punto carece de fundamento. Finalmente, respecto a la errónea aplicación del art. 350 párrafo tercero del CPP, porque la declaración de los testigos de cargo no habrían conducido a la verdad histórica de los hechos, el Tribunal de alzada asume que la valoración probatoria corresponde únicamente al Juez de sentencia, por lo que este punto también carece de fundamento.


  1. En cuanto al recurso del acusador Néstor Enríquez Quiroga, por el que denuncia una defectuosa valoración de la prueba al imponer la pena a Hugo Nicolay Mamani, el Tribunal de alzada considera que la pena establecida se halla bajo la media del delito de calumnia y si bien el Juez no efectuó una fundamentación, se debe tener presente que ninguna de las partes fundamentó aspectos objetivos para la fijación de la pena, por lo que la impugnación carece de mérito.


Con esos argumentos, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedentes los recursos de apelación restringida y confirmó la Sentencia impugnada.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN A GARANTÍAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES


En el presente caso, este Tribunal al efectuar el examen de admisibilidad, estableció que si bien los recurrentes omitieron la formalidad relativa a la invocación de precedentes contradictorios, formularon denuncia de vulneración de derechos constitucionales, por lo que flexibilizando los requisitos exigidos por la normativa adjetiva penal, declaró admisibles los recursos de casación, correspondiendo el análisis de cada uno de ellos en los siguientes términos.


III.1.  Recurso de casación de Jannette Maldonado Murguía y  José Saúl  Guzmán Quiroga.

En el caso del recurso formulado por los imputados, este Tribunal en el Auto de admisión, precisó que no podía soslayar que los recurrentes, al fundamentar la vulneración de derechos constitucionales como el debido proceso, seguridad jurídica, defensa y suficiente fundamentación de los fallos judiciales, denunciaron que el Tribunal de apelación hubiese incurrido en falta de fundamentación respecto a lo reclamado en su apelación restringida, en cuanto a la inexistencia de motivos fundamentados de por qué fueron condenados por el delito de injuria, cuando en la publicación realizada jamás se melló la dignidad del querellante, actitud ilegal del juzgador, que fue ratificada por el Tribunal de apelación, que no se pronunció de manera expresa, clara y lógica sobre este aspecto. En consecuencia, delimitado el ámbito de análisis, corresponde en forma previa efectuar precisiones con relación a varias temáticas atinentes al reclamo para luego resolver la problemática planteada.

III.1.1. La fundamentación de las resoluciones judiciales.

Como se tiene desarrollado ampliamente por éste Tribunal, entre las vertientes de trascendencia de la garantía constitucional del debido proceso, se encuentra la exigencia de debida fundamentación que debe contener toda Resolución judicial, esto es, que cada autoridad que dicte un fallo, tiene la ineludible obligación de exponer los hechos objeto de juzgamiento y realizar la fundamentación de derecho en que sustenta la parte dispositiva de la Resolución; lo contrario, implica la toma de una decisión de hecho mas no de derecho, conllevando en definitiva a la vulneración de la garantía del debido proceso. En consecuencia, la debida fundamentación permite a las partes conocer y comprender cuáles son las razones fácticas, lógicas y jurídicas que le motivaron al juzgador, tomar tal o cual decisión, lo que tiene vital importancia a efectos de que la Resolución reúna las condiciones de validez necesarias.

Razonamientos que a la postre constituyeron base para emitir doctrina legal aplicable, y que tiene como fundamento legal, lo previsto por el art. 124 en relación con el art. 360 ambos del CPP. Siendo que de no cumplirse por el juzgador con esta exigencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, conforme lo desglosado y explicado, constituye defecto de la sentencia al sentir del art. 370 inciso 5) de la misma norma procesal penal y vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutorios serán fundamentados, expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada; al respecto, el Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, asumió el siguiente entendimiento “El debido proceso se manifiesta en que las partes procesales gocen de los derechos y garantías previstas para que la investigación y juzgamiento se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; precepto al que se suma el derecho a la seguridad jurídica, debiendo la actividad jurisdiccional esmerarse para brindar a los administrados la seguridad que las decisiones se enmarquen en los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, Los Tratados y Convenios Internacionales, y la Ley.

Los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal los Tribunales y Jueces de Sentencia, y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, deben tener el cuidado de observar que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito”.

El precedente, precisa la obligación que tienen los Jueces y Tribunales de Sentencia, en respeto del debido proceso y el principio de legalidad, de pronunciar Sentencia realizando una correcta labor de subsunción; además establece que los Tribunales de alzada, tienen la obligación ineludible de realizar la tarea de control del desarrollo del proceso, revisando que se haya llevado sin vicios que vulneren derechos y garantías constitucionales.

III.1.2. El delito de Injuria y sus elementos constitutivos.


El Código Penal en su art. 287, señala que incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año y multa de treinta a cien días, quién por cualquier medio y de un modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro. Complementando aquella conducta básica, el párrafo siguiente señala: “Si el hecho previsto en el artículo 283 y la injuria a que se refiere este artículo fueren cometidos mediante impreso, mecanografiado o manuscrito, su autor será considerado reo de libelo infamatorio y sancionado con multa de sesenta (60) a ciento cincuenta (150) días, sin perjuicio de las penas correspondientes”.


La injuria representa el tipo básico en las infracciones contra el honor y se constituye en la conducta de menosprecio contra la dignidad y el decoro de las personas, mediante la palabra (oral o escrita) plenamente despreciativa dirigida hacia calidades y/o cualidades de aquellas; la injuria entonces es una lesión al derecho que tienen las personas a que los terceros respeten las cualidades que se auto asignan, comprendidas dentro de la dignidad y decoro, como bien jurídico protegido.


La manifestación injuriosa debe tener un claro contenido ofensivo o denigratorio para otra persona, y que pueda considerar ésta que se la deshonra o desacredita socialmente; es decir, se requiere un contenido dañoso a su dignidad. No obstante, no es suficiente con que la expresión sea objetivamente injuriosa y el sujeto pasivo tenga conciencia de ello, sino  que se requiere la intención especial de injuriar por parte del sujeto activo, o dicho de otro modo, la constitución del dolo como elemento subjetivo del tipo.


Así, acciones objetivamente injuriosas, pero realizadas sin dolo, con intención manifiesta de bromear, criticar, narrar, etc., no constituyen delito de injuria. No obstante, acciones que podrían considerarse injuriosas, pero que tienen una intencionalidad meramente informativa o de crítica constructiva, o las desplegadas en un contexto humorístico, satírico o festivo, de igual forma no constituyen delito.


Esta Injuria debe ser típica, para que constituya la exteriorización de pensamientos lesivos del honor, debe tener carácter imputativo; es decir, tiene que estar formada por imputaciones que atribuyan calidades, costumbres o conductas susceptibles de ser apreciadas como peyorativas para la personalidad del ofendido. Tal conclusión refuerza la idea de que las simples ofensas al decoro que carecen de ese carácter imputativo no constituyen ofensas contra el honor, sino meras circunstancias de desconsideración social que no están comprendidas como delito.


En cuanto a los elementos constitutivos de este tipo penal, esta Sala comprende que se configura el delito de Injuria cuando el bien jurídico protegido es atacado a través de expresiones en absoluto ofensivas, entendiendo como tales las que sean: a) Oprobiosas, según el contexto y medio expresados; b) Impertinentes o innecesarias para expresar opiniones, tengan o no relación con lo manifestado; y, c) Peyorativas en su significado gramatical y semántico, no susceptible de ambigüedad, tomando en cuenta las circunstancias del contexto en que fueron lanzadas situaciones concurrentes, anteriores y simultáneas a la manifestación.


El tipo subjetivo en el delito de Injuria, como ya se dijo anteriormente, es el dolo, constituido por la conciencia y la voluntad de injuriar, para identificar el mismo es preciso, además de contar con la manifestación material y percibida de la ofensa a partir de la presencia de los puntos identificados en el párrafo anterior; tomarse en cuenta: i) Las relaciones particulares entre sujeto activo y pasivo; ii) El grado de reflexión por parte del sujeto activo; es decir, el cálculo y meditación con las que las ofensas son lanzadas, implicando ello la desestimación de una imprecación en un momento de ofuscación; y, iii) La temeridad de la acción, entendida como la circunstancia material de espacio y tiempo en que son lanzadas las ofensas.


Es de relieve identificar que el dolo se configura, en la voluntad manifiesta de realizar una conducta que se conoce que, en función de su contenido y las  circunstancias en que se emite, es capaz de lesionar de forma grave la dignidad o decoro del sujeto pasivo, entendiendo ello como la reputación y/o autoestima del mismo.


III.1.3. Principio “iura novit curia” (el juez conoce el derecho)


La naturaleza, contenido y alcances de este principio, que está taxativamente inserto en el Código de Procedimiento Penal vigente, ya fue abordado y desarrollado ampliamente por este Tribunal, siendo así que el Auto Supremo 085/2013-RRC de 28 de marzo, al referirse a los principios de congruencia y iura novit curia, señaló: “El principio de congruencia está referido a la imprescindible correspondencia que debe existir en materia penal, entre los hechos acusados por la acusación pública y/o particular, con los hechos por los que se condena en sentencia, estando reconocido en el art. 362 del CPP, que prescribe: "(Congruencia). El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación", norma que guarda concordancia con el art. 342 de la misma Norma Procesal, al establecer que en ningún caso los juzgadores pueden incluir en el auto de apertura de juicio, hechos no contemplados en alguna de las acusaciones.


En ese contexto, la calificación legal de los hechos investigados precisada en los actos procesales anteriores a la sentencia, tales como imputación formal, aplicación de medidas cautelares, acusación pública o particular, son eminentemente provisionales, esto es, susceptibles de modificación, siendo que, la facultad de establecer en definitiva la adecuación penal que corresponde al hecho delictivo, es del Juez o Tribunal en Sentencia, en el fallo final, quien después de establecer el hecho probado, subsume el mismo en el tipo penal que corresponde conforme a los presupuestos configurativos preestablecidos por el Código Penal, para finalmente imponer la sanción prevista.


Esta facultad conocida en la doctrina como principio iura novit curia (El juez conoce el derecho), no implica vulneración alguna del principio de congruencia, ya que el legislador, si bien ha prohibido al juzgador la modificación o inclusión de hechos no contemplados en las acusaciones; empero, no así la calificación legal que se traduce en el trabajo de subsunción desarrollado en la fundamentación jurídica de la Sentencia.


También es importante remarcar, que la facultad privativa de realizar la adecuación penal del hecho al tipo penal, no puede ser discrecional ni arbitraria, pues resulta atentatorio al principio de congruencia y como consecuencia al derecho a la defensa y al debido proceso, el establecer una calificación jurídica por un delito que no se trate de la misma familia de delitos, pues no debe perderse de vista, que los medios de defensa del sindicado están orientados a rebatir un determinado hecho delictivo, y en función a ello es que se dirige su actividad probatoria de descargo, por lo que existiría quebrantamiento al derecho a la defensa, si por ejemplo, se pretende sancionar un hecho por el delito de Robo (que tutela la propiedad), cuando se acusó por Asesinato u otros delitos análogos (que protegen la vida)”.


En consecuencia, en aplicación de la doctrina basada en el principio iura novit curia y sus limitaciones, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 1) la provisionalidad de la calificación jurídica no vulnera el derecho a la defensa del imputado; 2) al imputado no se le puede sorprender con hechos nuevos sobre los cuales no tenga oportunidad de defenderse; 3) en lo que concierne al principio y la variación de la calificación jurídica respecto a la calificación inicial sobre el delito no puede ser invariable, ya que el objetivo de todo proceso penal, es esclarecer los hechos, los autores y participes con fundamento en la prueba desfilada, para administrar justicia con apoyo en la verdad y en la convicción razonada de quien resuelve.


III.1.4. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia de los recurrentes en la inexistencia de motivos de por qué fueron condenados por el delito de Injuria, cuando en la publicación realizada jamás se melló la dignidad del querellante.


Ingresando el análisis del recurso formulado por los imputados, como se señaló en el acápite II.1 inc. b) de la presente resolución, el Tribunal de sentencia evidenció que los recurrentes en su condición de Comité Electoral de la Fraternidad Folklórica y Cultural Caporales Universitarios de San Simón son responsables de la segunda publicación de periódico de 27 de febrero de 2011; titulado “Carta Abierta a la opinión pública Fraternidad Folklórica Cultural Universitarios de San Simón”, estableciendo de manera precisa y concisa, que el bien jurídico tutelado por los arts. 282, 283 y 287 del CP, es el honor que forma parte de la personalidad del individuo, concebida como un grupo de condiciones del individuo que constituyen su personalidad y que pertenece al mundo de los bienes culturales que el grupo social valora, previa cita bibliográfica, estableció que cuando los imputados se dirigieron a la opinión pública informando sobre el proceso de elección, valorada la semántica objetiva de las frases o conceptos empleados, atacaron la honra o el crédito del querellante, ya que si bien informaron sobre lo acontecido, no establecieron la naturaleza y medida del informe, presentado una conducta excesiva e injusta cuando comunicaron la supuesta mala fe del acusador; en ese entendido, el Juez de sentencia de manera acertada, al no haberse demostrado con ningún elemento de prueba los tipos penales de Difamación y Calumnia, apoyando su decisión en el Auto Supremo 103 de 25 de febrero de 2011 y aplicando el principio iuria novit curia, enmarcó la conducta de los imputados al delito de Injuria.


Por su parte, el Tribunal de Alzada, estableció en el Auto de Vista impugnado, que el Juez de sentencia bajo las reglas de la sana crítica y previa valoración de los elementos probatorios incorporados a juicio, concluyó que la conducta de los imputados Jannette Maldonado Murguía y José Saúl Guzmán Quiroga, se subsumió al tipo penal de Injurias, al haberse demostrado conforme a la (segunda) publicación de periódico que fue glosada en Sentencia, que se ofendió al acusador particular en su decoro, por lo que consideró que el Juez de sentencia obró correctamente, pues con relación a la denuncia de falta de congruencia, debido a que la querella fue iniciada por los delitos de Difamación y Calumnia, el Juez de sentencia aplicó el principio iura novit curia y procedió a modificar la calificación de los hechos juzgados a Injuria que se encuentra en la misma familia de delitos; consiguientemente, no consideró la existencia de errónea aplicación de la ley y mucho menos vulneración de derechos y garantías constitucionales.


Esta relación necesaria de antecedentes, permite concluir a este Tribunal, que la denuncia interpuesta por los imputados no resulta evidente, pues el Juez de sentencia obró correctamente al momento de realizar la modificación jurídica del tipo penal aplicando el principio iuria novit curia y  el Tribunal de alzada ejerció de manera correcta su deber de control respecto a la calificación jurídica de la conducta de ambos imputados, con fundamento en los antecedentes del caso, por lo que no es evidente que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, haya incurrido en falta de fundamentación respecto a los reclamos formulados por los imputados en su apelación restringida; deviniendo en consecuencia el recurso planteado por Jannette Maldonado Murguía y José Saúl Guzmán Quiroga en Infundado.


III.2. Recurso de casación de Hugo Nicolay Mamani.


El recurrente denuncia vulneración de derechos constitucionales como la defensa y debida fundamentación, argumentando que el Tribunal de alzada, como el Juez de Sentencia infringieron el art. 370 incs. 1), 6) y 10) del CPP, ya que no realizaron una correcta valoración de la prueba en Sentencia, toda vez que en el planteamiento del imputado las documentales que sirvieron para la emisión de la Sentencia y posterior Auto de Vista, no demuestran que atribuya delito alguno al querellante, ni haya mellado su dignidad; sino, que exigió la rendición de cuentas sobre los gastos económicos efectuados; por lo que a fin de resolver este recurso, también resulta menester en forma previa efectuar determinadas precisiones de  orden doctrinal y normativo.


III.2.1. Delitos contra el honor.


Los delitos contra el honor revisten características jurídicas especiales que justifican que se los legisle como categoría propia, el honor como bien jurídico tiene características muy especiales, es un bien de estimación relativa, es decir que no todas las personas la estiman de igual modo. El honor como bien jurídico reviste dos formas diferentes, esto es que se da a conocer a través de dos maneras distintas: el honor subjetivo y el honor objetivo. “El honor subjetivo puede ser considerado como una autovaloración, es decir como el aprecio de la propia dignidad, como el juicio que cada cual tiene de sí mismo en cuanto sujeto de relaciones ético sociales” (SOLER, Sebastían, Tratado de Derecho Penal Argentino, Tomo III, Pág. 222, 1992.) el honor desde el punto de vista objetivo es lo que se llama reputación, es decir la valoración que hacen los demás a través de la conducta real o aparente.


III.2.2. Delito de Difamación.


El Código Penal en su art. 282 establece: El que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad, o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año o multa de veinte (20) a doscientos cuarenta (240) días.


La Difamación es la acción de desacreditar públicamente a una persona, en su reputación o fama, divulgando un hecho falso basado probablemente en una situación real de forma pública, tendenciosa y repetida, de modo que pueda afectar la honorabilidad del sujeto pasivo, el elemento y condición para la comisión de este delito es la publicidad, es decir que el comentario debe ser conocida por un colectivo de personas, debe ser tendenciosa que se refiere a la necesidad de que exista una finalidad clara y directa de afectar la reputación de la persona, debe ser repetida no en el sentido de que se declare varias veces las manifestaciones atentatorias, sino con el simple hecho de hacerlo ante un medio de comunicación que repetirá constantemente la noticia y lo afirmado.


III.2.3. Delito de Calumnia.


El art. 283 del CP establece: El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito, será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años y multa de cien a trescientos días.


En cuanto al delito de Calumnia Morales Guillen, en su obra Código Penal Comentado y Concordado refiere “La calumnia es el más grave de los delitos contra el honor, puede decirse que es la forma agravada de la injuria. En la calumnia la conducta determinada constituye un ataque más grave a la honra o crédito ajeno, su nota esencial radica en la falsedad”.


Las principales características de este delito son: a) La atribución de la comisión de un delito o de una conducta criminal dolosa que debe ser falsa o que no haya existido con las características y en las condiciones que lo configuran como delito; es decir, que habiendo existido como tal, no existiera la participación que se dice del sujeto; pero a su vez la falsedad requiere ser completada subjetivamente: la atribución es falsa cuando el agente conoce que no corresponde; ósea, cuando es una mentira, b) esta atribución debe tener como destinatarios a uno o más sujetos, a quienes se los relaciona con un hecho delictuoso, c) La imputación calumniosa requiere que se atribuya un delito determinado, es imprescindible que la determinación se establezca en virtud de sus circunstancias fácticas.


III.2.4. Principio de legalidad en cuanto a la adecuada subsunción y su control por el Tribunal de alzada.

La Constitución Política del Estado al establecer normas relativas a la jurisdicción ordinaria, garantiza en su art. 180.I el principio de legalidad en los procesos judiciales, que de acuerdo a la doctrina, se considera fundamental en todo procedimiento; ahora bien, en cuanto a la adecuada subsunción es necesario recordar que el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006 estableció: “que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”.


Esto implica, que una vez desarrollada la audiencia en sus distintas fases, incluida la actividad probatoria de las partes, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia resolver aquellas cuestiones relativas a la comisión del hecho punible que determine en su caso la absolución o la condena del imputado, debiendo la sentencia contener la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda conforme se tiene establecido en el art. 360.3) del CPP.


En este ámbito, debe tenerse en cuenta que la labor de subsunción, es una labor lógica del aplicador, para determinar si el hecho específico legal, o la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere, consecuentemente, lo que debe hacer el juzgador es encuadrar el hecho específico concreto en el hecho específico legal.


Por tal razón, toda sentencia condenatoria se compone de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operación se concentra en determinar el hecho probado, y la segunda, una vez conocido el hecho se ocupa de la labor de subsunción del hecho en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la llama juicio histórico o fundamentación fáctica y la segunda es conocida como juicio jurídico o fundamentación jurídica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentación. Esta exigencia de la motivación tiene un fundamento de carácter constitucional y permite que la Sentencia se justifique objetivamente; además, de exteriorizar una ineludible convicción judicial. Esto implica que la Sentencia ha de ser racional, de manera que la convicción del juez no puede basarse en la intuición o sospecha, sino que el mismo debe proceder de la prueba practicada en el juicio. Solo una convicción derivada de la prueba es atendible, por lo que cualquier otra convicción que procede de un motivo ajeno no es adecuada al razonamiento judicial y es pura arbitrariedad, por lo que la motivación sirve de control para evitar que se dicten las sentencias basadas únicamente en certidumbres subjetivas del juez, pero carentes de todo sustento probatorio. 


En cuanto al control de la subsunción jurídica, corresponde precisar que la exteriorización del razonamiento efectuado por el Juez o Tribunal de Sentencia, permite su control al Tribunal de apelación, por ello la motivación de la Sentencia debe reflejar el razonamiento encaminado a la aplicación de la norma general al caso juzgado, trasladando la valoración genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto. La legitimidad de este procedimiento depende de la corrección con la que se haya inferido la decisión jurídica.


Por otra parte, debe tenerse presente que en el juicio sobre la observancia de la ley sustantiva existen limitaciones, como la falta o insuficiencia de determinación del hecho que sirve de sustento a la calificación jurídica, que impide constatar si la ley ha sido bien o mal aplicada, y fundamentalmente los problemas ligados a la interpretación de los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva y a la subsunción jurídica. Para superar estas limitaciones, el Tribunal de apelación al realizar la labor de control de la subsunción debe partir del hecho acusado, para saber si corresponde o no subsumirlo en el tipo o tipos penales acusados, siendo además importante interpretar los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva; de ese modo, el Tribunal de casación podrá cumplir con su labor de uniformar la jurisprudencia, estableciendo criterios rectores que permitan la aplicación del principio de seguridad jurídica.


Además, cabe recordar la necesidad de que las resoluciones en general y las resoluciones judiciales en particular, estén debidamente motivadas, por ser este un principio básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional; y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas; de tal manera, los jueces o tribunales cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, están obligados a expresar la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga en sujeción a la ley; pero también, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.


Con base a lo expuesto, se establece que ante la formulación de recurso de apelación restringida, corresponde al Tribunal de apelación en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, de controlar a partir de los elementos constitutivos de cada delito, si el Juez o Tribunal de Sentencia, realizó la adecuada subsunción del hecho a los tipos penales acusados, realizando al efecto la correspondiente motivación.


III.2.5. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia traída a casación, señala el recurrente que no existe prueba plena, ya que las documentales que sirvieron para la emisión de la sentencia incurren en errónea aplicación de la ley sustantiva, considera que la publicación no contiene ningún término que pueda constituir Difamación o Calumnia.

Conforme se señaló en el acápite II.2 inc. a) de la presente resolución, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia 13/2013 de 28 de febrero que declaró al imputado Hugo Nicolay Mamani, autor de los delitos de Difamación y Calumnia, previsto y sancionado por los arts. 282 y 283 del CP, arguyendo que evidenció que el recurrente, al ser responsable de la (primera) publicación del periódico de circulación nacional “Los Tiempos” de 23 de enero de 2011 donde expresa: “y no permitiremos bajo ningún concepto que nuestra sede sea cambiada y lucharemos para que personas inescrupulosas como Néstor Enríquez que va en contra del espíritu de la cochabambinidad y la fraternidad, declarándolo enemigo de los cochabambinos y de Caporales San Simón, así mismo denunciamos que Néstor Enríquez quien desconociendo lo dispuesto por el art. 22 de la Ley del Órgano Judicial que indica como incompatible la actividad judicial con la de dirigente de una institución como lo es San Simón máxime si estando en el ejercicio de esa función dirigencial está siendo acusado de malos manejos económicos y continúe supuestamente impartiendo justicia por su cargo de juez”; y, de la nota dirigida a la Presidenta del Colegio de Notarios de Cochabamba. 


Efectuada la precisión que delimita el ámbito de análisis del recurso de casación, a efectos de establecer si las denuncias son o no evidentes, tomando en cuenta que se trata de dos delitos, este Tribunal empezará a analizar de manera separada cada delito.


En cuanto al delito de Difamación, el Tribunal de sentencia evidenció que de la primera publicación de periódico de 23 de enero de 2011, prueba de cargo signada como A-3; y, prueba de descargo signada como D-7 consistente en una nota dirigida a la presidente del Colegio de Notarios de Cochabamba de 24 de febrero de 2011, donde además de solicitar se notifique con una carta adjunta al querellante, quien se hubiera rehusado a ser notificado, por cuanto Notario de fe pública enviaron para ese cometido, reveló innecesariamente el motivo del acto impetrado, que era que el querellante otorgue la documentación necesaria para la auditoria correspondiente, dando a entender que la negativa del acusador era el de no rendir cuentas, verificándose que la medida de dicha solicitud excedió el límite y la naturaleza de la solicitud, vulnerando el honor y la reputación del querellante de manera tendenciosa pública y repetida; adecuando su conducta a lo previsto por el “art. 283 del Código Penal” (sic.). El Tribunal de Alzada consideró que el Juez de Sentencia, previa valoración de la prueba, realizó una correcta subsunción de los hechos, estando la sentencia debidamente fundamentada y existiendo en la misma una correcta aplicación de la norma sustantiva y adecuada valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica racional, advirtiendo que el juez de sentencia a momento de realizar la valoración jurídica y proceder a la subsunción de los hechos probados, adecuó los hechos y la conducta del imputado al tipo penal mencionado, pese a la cita equivocada del art. 283 del CP en la sentencia, al corresponder el art. 282 del citado Código.


En consecuencia, este Tribunal, de la revisión de antecedentes, advierte que el Tribunal de apelación emitió el Auto de Vista ahora impugnado, con fundamento en los antecedentes del caso; toda vez, que la acción delictiva consiste en revelar un hecho o divulgarlo, independientemente de que sea cierto o falso, verídico o inventado, lo que interesa es que el hecho, la calidad o la conducta, pueda afectar la reputación de una persona; pues, de la segunda publicación de periódico de 23 de enero de 2011, en la que refiere juez “supuestamente impartiendo justicia”; y, de la nota dirigida a la presidente del Colegio de Notarios donde además de solicitar se notifique una carta adjunta al querellante, quien se hubiera rehusado a ser notificado por el Notario de fe pública que fue enviado con ese fin, puede que el hecho sea o no cierto, o sea una verdad incompleta, pero en el supuesto de que el hecho fuera cierto en parte, no deja de ser una Difamación ya que la afectación a la reputación es inminente, situación por la que este Tribunal, no advierte vulneración a los derechos a la defensa y debida fundamentación, pues independientemente de la posición asumida por el recurrente respecto a los hechos atribuidos, en la Resolución recurrida de casación se precisan de manera clara y precisa, las razones por las cuales, el Tribunal de alzada realizó correctamente su labor de control en cuanto al tipo penal de Difamación; por lo que, se desestima la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva y valoración defectuosa de la prueba alegada por el imputado en su apelación restringida.


En cuanto al delito de Calumnia, previsto en el art. 283 del CP, el Tribunal de sentencia refiere que la (primera) publicación de periódico los Tiempos de 23 de enero de 2011, prueba de cargo signada como A-3, señala: “y no permitiremos bajo ningún concepto que nuestra sede sea cambiada y lucharemos para que personas inescrupulosas como Néstor Enríquez que va en contra del espíritu de la cochabambinidad y la fraternidad, declarándolo enemigo de los cochabambinos y de Caporales San Simón, así mismo denunciamos que Néstor Enríquez quien desconociendo lo dispuesto por el art. 22 de la Ley del Órgano Judicial que indica como incompatible la actividad judicial con la de dirigente de una institución como lo es San Simón máxime si estando en el ejercicio de esa función dirigencial está siendo acusado de malos manejos económicos y continúe supuestamente impartiendo justicia por su cargo de juez”. El Tribunal de sentencia concluye que este relato evidenció que se imputó de forma determinada al querellante, mencionando su nombre y apellido de forma pública con la agravante de que fue mediante un diario de circulación nacional (Los Tiempos), la comisión de un delito doloso presentándolo como tal al señalar que el querellante de forma incompatible y desconociendo lo previsto por el art. 22 de la LOJ, ejerció paralelamente la función dirigencial donde fue acusado de malos manejos económicos y la de juez “supuestamente impartiendo justicia”, adecuando su conducta al delito de Calumnia.


Ahora bien, el Tribunal de alzada al resolver la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, concluyó que la Sentencia realizó una correcta subsunción de los hechos al tipo penal; lo que implica, que se remitió al análisis efectuado en Sentencia respecto a la primera publicación de periódico de 23 de enero de 2011, en sentido de que el imputado imputó falsamente la comisión de delitos al querellante; cuando le correspondía como Tribunal de apelación ejercer el control sobre el contenido de la sentencia a los fines de verificar si se identificó qué delitos fueron atribuidos falsamente al querellante, teniendo en cuenta la determinabilidad que se exige para la concurrencia del delito de Calumnia, conforme lo precisa Carlos Creus en su libro Derecho Penal, Parte Especial, Tomo I, al señalar: La Imputación calumniosa requiere que se atribuya un delito determinado o cuando menos determinable como hecho real; no basta, por consiguiente, atribuir un delito según la calificación exclusivamente penal (fulano “cometió un hurto”); es decir imprescindible que la determinación se establezca a través de sus circunstancias fácticas (victima, lugar, tiempo, objeto, medios, etc.) aunque no contenga a todas, pero si las que basten para permitir la determinación. Dándose ésta “determinabilidad”, poco importa el nombre jurídico que le asigna el agente, y que puede ser erróneo, sin que ello pueda influir en la punibilidad (p.ej., que haya calificado a un hurto de robo). Pero, eso sí no tiene carácter de Calumnia la imputación de un hecho que no está tipificado como delito en los elencos penales, aunque el agente crea lo contrario. (las negrillas y el subrayado son nuestros.).


Debe añadirse, que el Tribunal de apelación orientó su decisión fundamentando que no puede valorar prueba, cuando en todo caso debió realizar el control respecto a la fundamentación realizada en la Sentencia sobre los aspectos denunciados por el imputado, relacionados a la presunta errónea aplicación de la ley sustantiva, hecho que habilita el planteamiento de la apelación restringida como establece el art. 407 del CPP; por cuya razón, esta Sala considera que ante una denuncia activada vía recurso de apelación restringida, correspondía al Tribunal de apelación ejercer la facultad de control que la ley le asigna, lo que ciertamente no implica una revalorización de prueba; pues cabe señalar que el Tribunal de Alzada, en aplicación de los arts. 407, 413, 414 y 398 del CPP, tiene competencia, para pronunciarse no solo sobre la aplicación o no de la ley sustantiva, sino sobre el cumplimiento de los requisitos de validez contenidos en el art. 173 del Código de Procedimiento Penal, y, en ese marco, determinar si el Tribunal o Juez de sentencia explicó por qué aplicó una norma o por qué no lo hizo y si rigió el acto procesal de la valoración armónica y conjunta de la prueba a sus reglas fundamentales.


Con dichos antecedentes, este Tribunal, efectuando una compulsa de los antecedentes anotados, advierte que la parte final del art. 413 del CPP, atribuye al Tribunal de apelación, la facultad de resolver directamente y dictar una nueva sentencia, se entiende a partir de los hechos acreditados en el juicio oral, en el supuesto de que no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, como sucede en el presente caso, debiendo ejercer la jurisdicción y competencia que le asignan los artículos 42, 43, inc. 2, y, 51, numeral 2), del mismo Código, por lo que corresponde regularizar el procedimiento y determinar que el Tribunal de Alzada dicte una nueva sentencia conforme a la doctrina legal aplicable contenida en la presente  Resolución; en consecuencia, se declara fundado el recurso de Hugo Nicolay Mamani, únicamente a la aplicación del art. 283 del CP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jannette Maldonado Murguía y José Saúl Guzmán Quiroga de fs. 932 a 939; y, FUNDADO el recurso formulado por Hugo Nicolay Mamani, en cuyo mérito  DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 6 de enero de 2014, de fs. 894 a 901, de obrados y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA