TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


AUTO SUPREMO Nº        670/2014

Fecha:                        Sucre, 10 de noviembre de 2014

Expediente:                         48/2011 Santa Cruz      

Parte acusadora:                Ministerio Público 

Parte imputada:                  Jorge Santa Rosa Vaca y Miguel Santa Rosa

                               Domínguez 

Delito:                                  Tráfico de Sustancias Controladas    

Recurso:                               Casación

VISTOS: (Del recurso en cuestión)

El Recurso de Casación planteado por Jorge Santa Rosa Vaca, de fs. 294 a 295 vta., impugnando el Auto de Vista Nº 76 de 20 de octubre de 2010, cursante de fs. 289 a 291 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y Miguel Santa Rosa Domínguez, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), los antecedentes; y,

CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales)

Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fuera interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:

Con base a la Acusación Fiscal, previa la sustanciación del juicio oral, el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 13 de 6 de mayo de 2010, de fs. 209 a 214 vta., resolvió declarar a:

1.- Jorge Santa Rosa Vaca, Autor y Culpable de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), en consecuencia se le impuso la pena de diez años (10) de presidio, que deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, Penal de “Palmasola”

Se le condenó a Quinientos días multa a razón de Bs. 1.-, por día, pagaderos en efectivo y al cumplir sus penas mediante depósito judicial. De igual manera se les condenó al pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia, conforme a lo dispuesto por el art. 272 del Código de Procedimiento Penal

Se dispuso la confiscación definitiva de los bienes que se hubieran incautado al imputado durante la etapa preparatoria, los que deberán pasar a custodia de la Dirección Departamental de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.

2.- Miguel Santa Rosa Domínguez, Absuelto de Penal y Culpa, de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley Nº 1008, porque la prueba de cargo aportada generó duda razonable en el Pleno del Tribunal. Se dejó sin efecto todas las medidas cautelares de carácter personal que en la presente causa se hubieran dictado en contra del coimputado Miguel Santa Rosa Domínguez.

Se hizo notar que el Juez Ciudadano Carlos Eduardo Toro Alí, fue de voto disidente en cuanto a la condena el imputado: Jorge Santa Rosa Vaca, por considerar que fue engañado por el dueño del auto y dueño de la droga, tal como lo expresó el mismo imputado.

Que, ante esta Sentencia, Jorge Santa Rosa Vaca de fs. 264 a 266 vta., interpuso Recurso de Apelación Restringida mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 20 de octubre de 2010 (fs. 289 a 291), la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dictó Auto de Vista, declarando Admisible e Improcedente el Recurso de Apelación Restringida interpuesto.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, Jorge Santa Rosa Vaca mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2010 (fs. 294 a 295 vta.) interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado.

CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento de casación)

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establece como motivos del  mismo, los siguientes:

I.- La Sentencia fue dictada sin ninguna prueba testifical, no existió pruebas plenas para demostrar el grado de responsabilidad penal y el Auto de Vista confirmó una Sentencia injusta. Por otro lado señaló que en juicio no se probó la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias controladas, no se estableció el día, no se probó el hecho.

II.- No existió la producción íntegra de las pruebas, por una Sentencia no se puede basar solamente en las pruebas del Ministerio Público, por lo que existió violación de los arts. 171, 172 y 173 del Código de Procedimiento Penal.

III.- Existió vulneración del art. 370 num. 6) del Código de Procedimiento Penal, existió defectuosa valoración por parte de los Jueces del Tribunal de Sentencia, la Sentencia fue ilegalmente aprobada por el Tribunal de Alzada, porque se favoreció intencionalmente al Ministerio Público.

Invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 444 de 15 de octubre de 2005, del cual transcribió su doctrina legal aplicable que consiste en la aplicación del art. 370 num. 1) del Código de Procedimiento Penal.

De la solicitud:

Solicitó, se declare procedente su recurso y se lo declare absuelto de culpa y pena.

Del Precedente Contradictorio Invocado al momento de interponer su Recurso de Apelación Restringida:

Sentencia Constitucional Nº 0103/2004 de 21 de enero de 2004

Auto Supremo Nº 222 de 28 de marzo de 2007

CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un recurso de casación)

Se define a la Casación, como un instrumento político-jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.


De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia.


La procedencia del Recurso de Casación, está dada al cumplimiento de un conjunto de requisitos necesarios para que el Tribunal de Casación pueda pronunciarse sobre el fondo del planteamiento, siendo estos presupuestos formales de cumplimiento obligatorio e inexcusable; es así, que el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 416 y 417 ha señalado lo siguiente:



El incumplimiento a los presupuestos señalados supra, determinarán la ineficacia del planteamiento, pues si bien, nuestra normativa legal otorga el derecho a recurrir, también exige requisitos que deben ser cumplidos, que ante la negligencia o incumplimiento debe disponerse su inadmisibilidad sin que pueda interpretarse ésta decisión, como a la negación a ese derecho recursivo, en consecuencia, de su cumplimiento recién este Tribunal podrá ingresar a considerar el recurso planteado.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de los requisitos formales)

Plazo: La fecha, desde la que corresponde computar el plazo de los 5 días para formular el Recurso de Casación, corre desde el día siguiente a la notificación con el Auto de Vista recurrido, en este caso verificadas las diligencias de notificación se tiene que fue notificado con el Auto de Vista, el 16 de diciembre de 2010, tal como consta a fs. 292 y el cargo de presentación de su Recurso de Casación data del 21 de diciembre de 2010, cursante a fs. 294, por lo que se establece, que el mismo fue presentado dentro del plazo previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

Invocación del precedente contradictorio: Continuando con el análisis de los datos procesales que informan esta causa, se establecen las siguientes conclusiones de orden legal:

A) De la invocación en el Recurso de Apelación Restringida:

Conforme lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, un requisito formal que debe ser cumplido por la parte que formuló el Recurso de Casación, es el de haber invocado el precedente contradictorio en su Recurso de Apelación Restringida; al respecto invocó como precedentes contradictorios los siguientes:


Sentencia Constitucional Nº 0103/2004 de 21 de enero de 2004

Auto Supremo Nº 222 de 28 de marzo de 2007

B) De la contradicción del Precedente Contradictorio y el Auto de Vista recurrido:

De lo previsto en el parágrafo segundo del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, el recurrente, deberá señalar en términos claros y precisos las contradicciones existentes entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes contradictorios; en este caso, si bien en su recurso de apelación restringida invocó dos precedentes contradictorios, sin embargo en casación solo señalo, el siguiente Auto Supremo, del cual se realiza el respetivo análisis:


Auto Supremo Nº 444 de 15 de octubre de 2005


Del precedente invocado, solo describió el motivo al cual se refiere el mismo, sin embargo, no realizó la contrastación con el Auto de Vista impugnado teniendo en cuenta que el mismo versa sobre la aplicación del art. 370 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, sin embargo en su recurso de casación no señala como el Auto de Vista hubiera incurrido en la infracción de este artículo, es más ni siquiera es mencionado, siendo que en ningún momento señaló algún aspecto que vaya en contra de esta determinación y que esté ligado a su precedente invocado; asimismo, el recurrente no cumplió con el requisito de señalar la contradicción en términos precisos en la que presumiblemente hubiera incurrido el Auto de Vista impugnado con relación al precedente invocado ya sea por haberse aplicado una misma norma con diverso alcance y/o una distinta norma, respecto de un hecho similar, por consiguiente no es posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el precedente invocado y el Auto de Vista impugnado.


Por tanto el recurso planteado no cumple con las exigencias establecidas por el legislador, toda vez, que se debe considerar, que para la aplicación de éstos, el recurrente debió realizar la fundamentación de su recurso de forma clara y precisa respecto de la contradicción existente entre el precedente contradictorio invocado y el Auto de Vista recurrido, cuál la norma vulnerada, cuál la que se debió aplicar, qué entendimiento es el correcto; no es suficiente señalar las normas supuestamente vulneradas, citar precedentes contradictorios y exponer los hechos que considere supuestamente ilegales, sino que se debe demostrar fehacientemente que existe un alcance contrario, de tal naturaleza que demuestre la vulneración de derechos y garantías Constitucionales, aspecto que no fue cumplido por el recurrente, en consecuencia al no precisar y establecer de qué manera hubieran sido infringidos sus derechos resulta exiguo; por consiguiente, este Máximo Tribunal de Justicia no puede ingresar a considerar el recurso deducido, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio de la resolución impugnada, más al contrario, por la forma de la interposición de su recurso de casación más se asimila que el mismo hubiera sido planteado con fines dilatorios, por no contener argumentos sólidos respecto de su pretensión.

El recurso de casación, además de su función propia nomofiláctica y unificadora de doctrina, cumple en nuestro ordenamiento jurídico la función de satisfacer el derecho de todo condenado a la sumisión del fallo condenatorio a un Tribunal Superior (artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y, en consecuencia, ha de reconocérsele un espacio propio de control diferenciado y más intenso en el plano jurisdiccional que otros recursos, empero será posible cumplir con ese objeto cuando las partes, a tiempo de realizar la impugnación de los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, establecen la contradicción con otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores (Ejecutoriados) o por la Sala Penal del Máximo Tribunal de Justicia, situación que en el presente caso no sucedió.

Si su pretensión fue asimilar su petitorio a defectos absolutos y/o aspectos a ameritan la nulidad, situación en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada, se debe dejar constancia, que no es admisible el solo hecho de que las partes se limiten a denunciar actuados procesales como defectos absolutos; para que se pueda efectivizar la flexibilización para la admisibilidad de un Recurso de Casación por la denuncia de defectos absolutos, el o los recurrentes tienen el deber de detallar con precisión la restricción o disminución de los derechos acusados de vulnerados, explicando el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales tengan connotación de orden Constitucional, que en el presente caso no aconteció. En igual forma, en el caso de la inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado se debe realizar la debida fundamentación fáctica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por los operadores de justicia.

Finalmente, de la verificación de antecedentes que hacen al legajo procesal y conforme los motivos expuestos, se concluye la falta de motivo alguno que justifique la existencia de defectos absolutos, la afectación posible al derecho de una defensa real y no formal a favor del recurrente que en este caso no puede considerada, ya que tanto la Sentencia como el Auto de Vista contienen suficientes fundamentos y argumentos que sustentan la decisión judicial, lográndose determinar que la condena fue resultado de una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, con respeto al amplio resguardo de los derechos y garantías constitucionales otorgadas a la partes. 

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, conforme a los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación planteado por Jorge Santa Rosa Vaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y Miguel Santa Rosa Domínguez, por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al 33 inc. m) de la Ley del Régimen del Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez.