TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA

Auto Supremo Nº : 592/2014

Fecha                          : Sucre, 21 de octubre de 2014  

Expediente                  : 8/10

Distrito                  : Oruro

Partes                  : Ministerio Público c/ Miguelina Azuli Larama y   

                                Alcida Rojas Mollo

Delito                  : Tráfico de Sustancias Controladas.        

Recurso                  : Casación

VISTOS: (Del Recurso en cuestión)

Los Recursos de Casación presentados por Miguelina Azuli Larama de fs. 114-  121 y Alcida Rojas Mollo de fs. 125-130, impugnando el Auto de Vista Nº 33/2009 de 01 de diciembre, de fs. 94-100 y vta., dentro del Proceso Penal  seguido por el Ministerio Público en contra de las recurrentes, por la presunta comisión del Delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previstos y sancionados  por los  arts. 48 con relación al 33 -m), de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas Ley Nº 1008, los antecedentes de la causa; y,


CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales)


Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fue interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:


  1. Con base a la Acusación Fiscal, el Tribunal de Sentencia Nº 2 de la Capital de Oruro, mediante Sentencia Nº 25/2009 de 5 de septiembre, cursante de fs. 35-46 y vta., declara Autora a Miguelina Azuli Larama de la comisión del Delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previstos y sancionados por los  arts. 48 con relación al art. 33 -m)., de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas Ley Nº 1008, imponiéndole una pena de 11 años de presidio a cumplir en el Centro Penitenciario “San Pedro” de la Ciudad de Oruro,  así como el pago de 500 días multa a razón de Bs. 0.20 ctvs., por cada día, con costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado.


Con relación a la acusada Alcida Rojas Mollo por unanimidad de votos de sus miembros, absuelven de culpa y pena, dado que la prueba aportada por la Acusación Pública no fue suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada, en el Delito de Tráfico de Sustancias Controladas, tipificado y sancionado por el art. 48 de la Ley Nº 1008.


  1. Que, contra la Sentencia de fs. 35-46 y vta., el Fiscal de Materia de Sustancias Controladas y Miguelina Azuli Larama plantearon Recursos de Apelación Restringida, cursantes (fs. 50-56) y vta., y (fs. 60-69) y vta., mismos que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, fueron resueltos por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Oruro, ahora Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Oruro, por Auto de Vista Nº 33/2009 de 01 de diciembre, de fs. 94-100 y vta., declarando PROCEDENTE el Recurso presentado por el Fiscal de Materia e IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación Restringida planteado por Miguelina Azuli Larama, consecuentemente, como dispuso la nulidad parcial de la Sentencia apelada, en lo inherente a la co-imputada Alcida Rojas Mollo, en consecuencia, en conformidad con lo establecido con el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, dispuso el reenvío de la causa para la reposición del juicio oral, ante el Tribunal de Sentencia siguiente en número, solo en lo pertinente a aquella.


  1. Notificadas las acusadas con el Auto de Vista Nº 33/2009 de 01 de diciembre, plantean Recurso de Casación contra el Auto de Vista impugnado.


CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento del Recurso de  Casación)


Que, del estudio de los Recursos de Casación, se establecen como motivos de los mismos, los siguientes aspectos:


Primer Recurrente Miguelina Azuli Larama.-


  1. Plantea que el Auto de Vista impugnado, convalida una errónea aplicación de la Ley Sustantiva, defecto de Sentencia que se encuentra previsto por el art. 370 -1) del Código de Procedimiento Penal, por aplicación errónea del art. 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.


  1. Plantea que el Auto de Vista impugnado, convalida una Sentencia insuficientemente fundamentada, en lo concerniente a la fundamentación probatoria intelectiva que toda sentencia debe contener, aspecto que provoca la inobservancia del art. 124 del Código Penal, defecto de Sentencia que se encuentra previsto en el -5) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal y constituye defecto absoluto previsto en el art. 169 -3) de la Ley Nº 1970.


Petitorio.-   Solicita que se declare la procedencia del mismo, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado, y disponga que la Sala Penal Segunda del distrito Judicial de Oruro, dicte un nuevo fallo conforme a la doctrina legal, aplicable al caso de Autos.


De la Invocación del Precedente Contradictorio.-  Que, de conformidad a lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el momento procesal oportuno para la Invocación de los Precedentes Contradictorios es en la formulación del Recurso de Apelación Restringida, verificado el mismo cursa en Autos y plantea los siguientes precedentes:



Segundo Recurrente Alcida Rojas Mollo.-


Plantea en su Recurso de Casación que el Auto de Vista impugnado, no cuenta con una debida fundamentación, aspecto que provoca la inobservancia del art. 124 del Código de Procedimiento Penal, aspecto que constituye defecto absoluto previsto en el art. 169 -3) de la Ley 1970.


Petitorio.- Solicita que se declare la procedencia del mismo y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que la Sala Penal Segunda del distrito Judicial de Oruro, ahora Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Oruro, dicte un nuevo fallo conforme a la Doctrina Legal Aplicable al caso de Autos.


De la Invocación del Precedente Contradictorio.-  Que, de conformidad a lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el momento procesal oportuno para la invocación de los precedentes contradictorios, es en la formulación del Recurso de Apelación Restringida, verificado el mismo no cursa en Autos, pero sin embargo este requisito es flexibilizado cuando la  recurrente Alcida Rojas Mollo, no planteo Recurso de Apelación Restringida por haberle sido favorable la Sentencia, por lo que amerita la aplicación del Persaltum (Auto Supremo Nº 497 de 19 de octubre de 2010), planteando el  siguiente precedente en su Recurso de Casación:



CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un Recurso de Casación)


Se define a la Casación, como un instrumento Político-Jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la Jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.


Gimeno Sendra se refiere al Recurso de Casación como: “Al recurso que tiene una función predominantemente parciaria en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derecho de la partes procesales, aunque es cierto que con él persigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función monofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas


De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las ex Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia, así lo señala Cafferata Nores cuando afirma que: El Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional”.


CONSIDERANDO IV: (De la Admisibilidad)

De conformidad al Auto Supremo N° 499 de 7 de octubre de 2014, se acredita que los recurrentes, cumplieron con los requisitos establecidos por los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, constituyendo presupuestos de carácter formal para su admisión, con la finalidad de ingresar a determinar lo que fuese en derecho, por tal circunstancia correspondió su admisión; y por consiguiente este Tribunal pasa a analizar el Recurso planteado.


CONSIDERANDO V: (Sobre los fundamentos de Casación y conclusiones)


V.1: Del recurso de casación planteado por Miguelina Azuli Larama


Que, del análisis de antecedentes y fundamentos planteados por la recurrente Miguelina Azuli Larama, contrastados con el Auto de Vista impugnado, en aplicación a lo establecido en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal corresponde a este Tribunal pasar a resolver el fondo de la problemática planteada, con relación a los motivos de su Admisión y los precedentes contradictorios señalados, agrupados en dos motivos  de acuerdo a lo siguiente:


Como primer motivo señala que, el Auto de Vista impugnado, convalida una errónea aplicación de la Ley sustantiva, defecto de Sentencia que se encuentra previsto por el art. 370 -1) del Código de Procedimiento Penal, por aplicación errónea del art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, en contradicción con los Autos Supremos Nº 231 del 04 de julio de 2006; Nº 329 de 29 de agosto de 2006; Nº 315 de 25 de agosto de 2006 y Nº 431 de 11 de Octubre de 2006, que establecen como doctrina legal que el juzgador adecue el trabajo de subsunción del hecho (base fáctica) con el tipo penal en el que se subsuma tachada de delictiva, lo contrario daría lugar al caso de atipicidad o conducta no delictiva.


Al respecto, se establece que el Auto de Vista impugnado, en su -k) se pronunció sobre la denuncia de errónea aplicación de la Ley, señalando que para alegar un vicio de juzgamiento, se debe partir de los hechos tenidos por acreditados por el A-quo, para luego enmarcarlos al derecho y no pretender argumentar vagamente que con la prueba desfilada no se determinó un elemento del tipo; puesto que ello, pertenece a la etapa de la valoración de la prueba, que es exclusiva tarea de los Jueces de Instancia.


Ahora, verificada la Sentencia apelada, en su Considerando VI. A Subsunción, estableció los siguientes hechos probados: a) Miguelina Azuly Larama, propietaria del inmueble signado con el Nº 12, fue encontrada en dicho inmueble con cuatro cajas, conteniendo la primera dos bolsas de Nylon, la segunda una bolsa de Nylon, la tercera 14 bolsas de Nylon y la cuarta 12 bolsas de Nylon, todas con una sustancia blanquecina con características a cocaína, así como una bolsa de harina con 10 bolsas con una sustancia blanquecina con características a cocaína, siendo sometidas a prueba de narcotes, dando resultado positivo para cocaína, con un peso de 57,838 gramos de cocaína; b) En dicho inmueble, se encontró carbonato de sodio, con un peso de 19:550 gramos; por lo que el Auto de Vista impugnado, se pronunció debidamente en cuanto a que la conducta de la imputada se subsumió al Delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al art. 33 -m). de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas Ley Nº 1008, en virtud a los elementos de prueba analizados por el Tribunal de mérito, por lo que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios citados, en consecuencia dicho motivo deviene en infundado.


Como segundo motivo, la recurrente señala que, el Auto de Vista impugnado, convalidó una Sentencia insuficientemente fundamentada, en lo concerniente a la fundamentación probatoria intelectiva que toda sentencia debe contener, aspecto que provoca la inobservancia del art. 124 del Código Penal, defecto de Sentencia que se encuentra previsto en el -5) del art. 370 del Nuevo Código de Procedimiento Penal  y que constituye defecto absoluto previsto en el art. 169           -3) de la Ley Nº 1970 e invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 724 de 26 de noviembre de 2004, que señala que los Tribunales de Sentencia deben emitir la Sentencia fundamentada consignando todos y cada una de los hechos debatidos en juicio, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables, por lo que corresponde aplicar el primer párrafo del art. 413 del Código de Procedimiento Penal.


Al respecto, el Auto de Vista impugnado, en su -n) señaló que el Tribunal de Sentencia estableció que las declaraciones de los testigos de cargo corroboraron los elementos probatorios de las documentales labradas  en el lugar de los hechos; la acusada se encontraba en el inmueble de su propiedad en Todos Santos, donde se hallaron una gran cantidad de sustancias controladas, no sólo cocaína, sino también acido sulfúrico y carbonato de sodio; la acusada sabía y conocía de lo que hacía y tenía  todo bajo su absoluto control, debido a que las sustancias fueron encontradas en el interior de sus habitaciones, llegando a esta conclusión dicho Tribunal  en virtud a toda la prueba producida en juicio, siendo la Sentencia ampliamente explicativa, que el Tribunal de Alzada ejerció control iter lógico sobre el razonamiento correcto desarrollado por el Tribunal de Sentencia, verificando que dicho Tribunal cumplió con las reglas de la sana crítica como la experiencia, la piscología, la lógica y con esa base estableció las razones de hecho y derecho para fundar su decisión de condena a la acusada, por lo que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y precedentes contradictorios citados, encontrándose debidamente fundamentada la Sentencia apelada.


Asimismo, la recurrente se limitó a denunciar la falta de fundamentación de la Sentencia, como defecto absoluto, contenida en el art. 169 núm. 3 del Adjetivo Penal, empero no especificó cuál sería la inobservancia o violación de derechos o garantías previstos en la Constitución Política del Estado o en el Código de Procedimiento Penal que corresponda a estos defectos, además omitió la debida fundamentación fáctica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por los operadores de justicia. Es decir no sólo  basta señalar que existen defectos absolutos y que se han violado normas constitucionales sino que estas deben estar debidamente demostradas y comprobadas, teniendo la carga la recurrente de demostrarlos, en consecuencia el motivo que nos ocupa deviene en infundado.


V.2: Del Recurso de Casación planteado por Alcida Rojas Mollo


Que, del análisis de antecedentes y fundamentos planteados por la acusada Alcida Rojas Mollo, contrastados con el Auto de Vista recurrido, en aplicación a lo establecido en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal corresponde a este Tribunal pasar a resolver el fondo de la problemática planteada, con relación al único motivo de su Admisión y el precedente contradictorio señalado,  de acuerdo a lo siguiente:


Como único motivo señala que, el Auto de Vista impugnado no cuenta con una debida fundamentación, aspecto que provoca la inobservancia del art. 124 del Código de Procedimiento Penal y que constituye defecto absoluto previsto en el art. 169 -3) de la Ley Nº 1970 e invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo724 de 26 de noviembre de 2004, referido a que los Tribunales de mérito deben emitir la Sentencia fundamentada consignando todos y cada una de los hechos debatidos en juicio, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre su parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables, por lo que corresponde aplicar el primer párrafo del art. 413 del Código de Código de Procedimiento Penal.


Revisado el Auto de Vista impugnado, se constata que el Tribunal de Alzada ejerció el control iter lógico sobre la Sentencia apelada al establecer en sus -g) y -h) del Auto de Vista impugnado, que la Sentencia apelada, incurrió en una fundamentación contradictoria, ya que por una parte, el Tribunal de Sentencia, respecto de la participación de la acusada Alcida Rojas Mollo, señaló, “…existe la prueba de la existencia de sustancias controladas en la cantidad descrita, los mismos encontrados en el lugar donde fue encontrada la acusada…” y contradictoriamente el Tribunal de Sentencia señaló que, los testigos de cargo no precisaron la habitación en la que se halló la sustancia controlada que ellos precisaron haber encontrado una botella y un cartón; la Acusación señaló que fue en la habitación  principal y los testigos en una de las habitaciones; si bien existe una fotografía de la botella que presuntamente contenía Sustancias Controladas, se preguntan los jueces inferiores porque no se la incorporó a juicio; otro aspecto que generó duda  fue la propiedad del inmueble, determinando que existe carencia de pruebas respecto a la imputada, por lo que el Tribunal de Alzada, al resolver que la Sentencia apelada, fue contradictoriamente motivada, anuló correctamente, de forma parcial dicha Sentencia, en lo inherente a la acusada Alcida Rojas Mollo, por lo que el Auto de Vista impugnado se encuentra debidamente fundamentado, no existiendo contradicción con el Auto Supremo724 de 26 de noviembre de 2004.


Por otra parte, la recurrente, si bien señaló la causal contenida en el art. 169 núm. 3 del Adjetivo Penal, sin embargo no especificó cuál sería la inobservancia o violación de derechos o garantías previstos en la Constitución Política del Estado o en el Código de Procedimiento Penal que corresponda a este defecto, además omitió la debida fundamentación fáctica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por el Tribunal de Alzada, por lo que no es suficiente señalar que existen defectos absolutos y que se han violado normas constitucionales sino que estas deben ser debidamente demostradas y comprobadas, teniendo la carga la recurrente de demostrarlos y con la técnica procesal adecuada, en consecuencia el presente recuso deviene en infundado.


POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del art. 8 -II) de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y de la Norma procesal contenida en el art. 419 del  Código de Procedimiento Penal; declara INFUNDADOS los Recursos de Casación planteados por Miguelina Azuli Larama y Alcida Rojas Mollo, cursantes de fs. 114-121 y de fs. 125-130, respectivamente, impugnando el Auto de Vista N° 33/2009 de 01 de diciembre, de fs. 94-100 y vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, ahora Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Oruro, dentro del Proceso Penal seguido por el Ministerio Público contra Miguelina Azuli Larama y Alcida Rojas Mollo, por la comisión del Delito de Tráfico de Sustancias Controladas  previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 -m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas Ley N°1008, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.