TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº:

373/2014

Fecha:

18 de septiembre de 2014

Expediente:

6/2010

Distrito:

Santa Cruz

Acusación:

Ministerio Público, Liliana Destefano Maldonado representada por el apoderado Edgar Maldonado Lazcano

Imputado

José Remberto Justiniano Merguzhis y Luis Fernando Aramayo Rojas

Delito:

Violación

Recurso:

Casación Admisibilidad

IANUS:

701199201000001

Magistrado Relator

Abg. Ivan Lima Magne


VISTOS: El Auto Supremo Nº 309/2014 dictado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia que determina ingresar a conocer el fondo de los derechos alegados y establecer la existencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado y la doctrina legal vinculante establecida por la Jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo de Justicia. 

I.- DEL RECURSO DE CASACION.

1. ANTECEDENTES.- Determinada la admisibilidad del recurso, se analizara los recursos presentados en consideración de la problemática planteada por los recurrentes. El Sistema de Recursos definido por la Ley 1970 (es compatible con la Constitución Política del Estado y el Pacto de San José de Costa Rica) esta regido por el derecho a la fundamentación de las decisiones judiciales, asumiendo que la actuación de los Tribunales de Sentencia, los Tribunales Departamentales y el Tribunal Supremo de Justicia, conforman una unidad coherente y lógica que da respuesta al ciudadano y corrige su actuación en los aspectos vulnerados y preserva las actuaciones cumplidas que no han generado una afectación al debido proceso.  En consecuencia y según  los fundamentos expuestos en el Caso 35/2010 (Auto Supremo  2014),  Caso 46/2009 (Auto Supremo), se analiza los argumentos expuestos por el recurrente.

2. MOTIVO DEL RECURSO.- El Auto Supremo resolverá dos recursos de casación:

2.1. Recurso de Casación interpuesto por Remberto Justiniano Merguzhis Landivar. Realizó un análisis respecto del Auto de Vista del cual señaló que realiza una revalorización de la prueba inobservando el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, contraviniendo al principio de contradicción, inmediación, concentración y oralidad conforme el Auto Supremo Nº 611 de 23 de noviembre de 2007 emitido por la Sala Penal Primera en relación al Auto Supremo Nº 317 de 13 de junio de 2003.

2.2. Se leyó la Sentencia fuera del tiempo previsto de tres días, aspecto que va en contra del Auto Supremo Nº 131/2005 SPP, del cual señala se refiere cuando la Sentencia se dicta fuera del plazo de los tres días es pérdida de competencia y violación al debido proceso, aspecto que lo sustenta con el Auto Supremo Nº 430 de 30 de septiembre de 2009, aspecto que va en contra del art. 370 numeral 10) del Código de Procedimiento Penal.

2.3. No se consideró que su abogado defensor de oficio no asumió una defensa real ocasionándole indefensión, este aspecto no fue respondido por el Tribunal de Alzada.


2.4. Recurso de Casación interpuesto por Luís Fernando Aramayo Rojas.  Alega la existencia de un defecto absoluto al momento dela lectura de la Sentencia, porque no se leyó en su integridad la Sentencia dentro de los tres días que manda la Ley y el argumento emitido por el Tribunal de Alzada no es sostenible, por lo que se vulneró el art. 361 del Código de Procedimiento Penal, es contradictorio al Auto Supremo Nº 131 de 13 de mayo de 2005 dictado por la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, del cual señaló que es contradictorio al Auto de Vista impugnado porque en el mismo se ordena la reposición por otro juicio por haber dictado la Sentencia fuera del plazo de tres días previsto por Ley. Asimismo, al respecto señaló la Sentencia Constitucional 1173/2004-R de 26 de julio, pretendiendo con estas alegaciones la reposición del juicio por otro Tribunal.

2.4. También se cometieron otros defectos absolutos en la fundamentación oral del recurso de apelación restringida, como ser:  Vulneración al derecho a la defensa material, porque no se le permitió hacer uso del derecho a la defensa material, tal como consta en el acta e 5 de agosto de 2009, vulnerándose los arts. 1, 8, 167 con relación al 169 num. 3) del Código de Procedimiento Penal, pretendiendo que se aplique el art. 168 del Código de Procedimiento Penal para que se subsanen esos errores para que se le permita fundamentar oralmente en audiencia de fundamentación del apelación restringida, al respecto invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 218 de 28 de junio de 2006 emitido por la Sala Penal Segunda.  Vulneración del derecho a la inmediación, teniendo en cuenta que Edgar Terrazas Melgar y Osvaldo Céspedes Céspedes, posteriormente este último se excusó del conocimiento de la causa y posteriormente se convocó a un Vocal de la Sala Social y Administrativa, Dr. Jorge Von Borries Méndez, quién en definitiva actúa como Relator, mismo que no estuvo presente en la Audiencia de fundamentación complementaria, vulnerándose los arts. 330, 329 y 412 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo se advierte la vulneración el art. 169 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, que establece, que la inconcurrencia de intervención del Juez en un acto que sea obligatorio, es constitutiva de defecto absoluto. Pretendiendo que se reponga el defecto absoluto hasta que se convoque a una Audiencia de fundamentación oral quienes van a resolver la petición final.

2.5. Hechos que hubiera reclamado en su recurso de apelación restringida: Valoración defectuosa de la prueba, aspecto que no se pronunció sobre todos los puntos apelados y lo que realizó el Vocal Relator fue una nueva valoración de la prueba, aspecto que no le está permitido para el Tribunal de Alzada, apoyándose en el Auto Supremo Nº 2152 de 28 de mayo de 2007 emitido por la Sala Penal Segunda. En su recurso de Apelación Restringida no solicitó que se realice la revaloración de la prueba y al emitir el Auto de Vista se excedieron en sus atribuciones emitiendo una determinación más allá de lo pedido, teniendo en cuenta que se realizó una identificación correcta y lo que se solicitó es que se analice que la declaración de los testigos no existe una alusión directa hacia su persona, tan solo se habla de un hombre grande y gordo, por lo que no se dio una respuesta a ese punto. No se aclaró nunca que era el portador de la llave del domicilio donde ocurrió el supuesto delito y nadie lo reconoció, siendo incongruente lo manifestado por el Tribunal de Sentencia, vulnerándose el art. 173 del Código de Procedimiento Penal.

3. PETITORIO.-  Los recurrentes solicitan Solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido ordenándose se dicte uno nuevo conforme la doctrina legal aplicable.

II.- ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.

4.  Los  recursos de Casación planteados en plazo legal por los imputados, recursos que impugnan el Auto de Vista 370/2009-SCII, el cual declaro improcedente la apelación restringida presentada en contra de la Sentencia 11/2009. La cual condeno a los imputados:

  1. En el caso de José Remberto Justiniano Merguzhis, se lo condena -por los delitos tipificado en los artículos 308 ter y 310 incisos 2) y 5) del Código Penal- a la pena de presidio de 20 años.
  2. En el caso de Luis Fernando Aramayo Rojas, se lo condena -por los delitos tipificado en los artículos 308 ter y 310 incisos 2) y 5) del Código Penal- a la pena de presidio de 10 años.

Es importante tener presente algunos antecedentes del proceso que determinan las decisiones asumidas en la causa. Con base a la Acusación Fiscal y Particular, previa la sustanciación del juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 11 de 3 de abril de 2009 de fs. 446 a 456 vta., resolvió dictar Sentencia en el siguiente sentido:

Primero.- Declara al imputado Remberto Justiniano Mergzhis, Autor y Culpable del delito de Violación en Estado de Inconciencia con Agravantes, previstos y sancionados por los arts. 308 ter con relación al 310 num. 2) y 5) del Código Penal, condenándole a la pena de veinte años (20) de presidio, computables a partir de la fecha de su detención, o sea desde el 1ro de abril del 2008 hasta el 1ro de abril del 2018 inclusive dicha pena deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Cárcel Pública de Palmasola”.

Segundo.- Declara al imputado Luís Fernando Aramayo Rojas, Autor y culpable de la comisión del delito de Violación en Estado de Inconciencia, con Agravantes, en Grado de Complicidad previstos y sancionados por los arts. 308 ter con relación al 310 num. 2), 5) y 23 del Código Penal, condenándole a la pena de diez años (10) de presidio, computándose como parte cumplida de la pena el tiempo que hubiera estado guardando detención preventiva. Dicha pena deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Cárcel Pública de Palmasola”.

Tercero.- De igual manera se los condena a los nombrados imputados al pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia conforme a lo dispuesto por el art. 272 del Código de Procedimiento Penal.

Los Jueces Técnicos Drs. Ernesto Guardia Escobar y Carlos Fremiot Mendieta Terrazas, son de voto disidente solo en cuanto a la condena del co-imputado Luís Fernando Aramayo Rojas.        

Que ante esta Sentencia, Remberto Justiniano Merguzhis (fs. 471 a 478), Luís Fernando Aramayo Rojas (fs. 495 a 507 vta.), interpusieron Recursos de Apelación Restringida.

Posteriormente, por las reiteradas recusación y excusas de los Vocales de las Salas Penales, las Apelaciones Restringidas ya mencionadas, previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 20 de octubre de 2009, la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Santa Cruz, dictó el respectivo Auto de Vista (fs. 670 a 674), declarando Improcedentes los Recursos de Apelación Restringida interpuestos.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, Remberto Justiniano Merguzhis Landivar, mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2009 (fs. 692 a 6954 vta.) y Luís Fernando Aramayo Rojas, mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2009, interpusieron Recursos de Casación contra el Auto de Vista recurrido. 

III.- VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO EN EL RECURSO.

5. DOCTRINA LEGAL APLICABLE ASUMIDA EN EL PRECEDENTE.- Los recursos de Casación señalan contradicción en términos precisos entre el Auto de Vista impugnado y la jurisprudencia vinculante establecida en los  Autos Supremos referidos por los recurrentes:

  1. En el caso de José Remberto Justiniano Merguzhis, cita los Autos Supremos: AS 611/2007 SPP, AS 317/2003, 131/2005 SPP y AS 430/2009.
  2. En el caso de Luis Fernando Aramayo Rojas, cita los Autos Supremos: AS 131/2005 SPP, AS 218/2006 SPII, AS 215/2007 SPS, AS 215/2007, AS 623/2007 SPP, AS 504/2007 SPP, AS 214/2007 SPS, AS 88/2008 SPS, AS 97/2005,  AS 102-A/2006, AS 110/2006, AS 467/2004, AS 573/2004, AS 96/2006, AS 66/1989.

Las cuestiones de derecho a ser analizadas al conocer el fondo de la causa se revisarán conforme los motivos expuestos y argumentados por el Auto Supremo 174/2014 SPL.


6. RESOLUCION DEL CASO CONCRETO.- En el marco del máximo esfuerzo de revisión y las reglas establecidas por el Auto Supremo 174/2014-SPL se tiene que en la presente causa resulta necesario analizar los alcances del Sistema de Recursos vigente a fin de establecer, doctrina vinculante que uniforme la tramitación del recurso de casación.

6.1. DERECHO CONVENCIONAL A LA DOBLE INSTANCIA. Los artículos 180 numeral II de la Constitución Política del Estado, artículo 8.2-h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establecen el derecho a recurrir e impugnar la sentencia condenatoria por parte del imputado. El recurso y la decisión de los Tribunales debe ser amplio e irrestricto. El Estado Plurinacional de Bolivia ha suscrito y ratificado el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto todos los Jueces y Tribunales están obligados a conocer la interpretación del Pacto, realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH). La Convención y la Jurisprudencia de la CIDH forma parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país y por tanto son obligatorios en su interpretación para situaciones similares y supuestos que hayan sido interpretados por la CIDH, todo en el ámbito del margen de apreciación nacional que permita aplicar la Jurisprudencia en el marco de la realidad nacional de cada país.  La CIDH en el caso Bulacio contra Argentina, determino la obligación de los Tribunales para suprimir las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación de las garantías previstas en la Convención y promover el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Bajo ese razonamiento en el caso Boyce y otros vs. Barbados, la CIDH ha sostenido que: “… el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas … y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el Tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete última de la Convención Americana.” Esta interpretación en el caso Almonacid Arellano contra Chile, determina la obligación del Órgano Judicial de respetar a ultranza aquellas garantías de los ciudadanos determinadas por la Convención. Bajo dicho razonamiento, la impugnación de un fallo o sentencia condenatoria en nuestro actual ordenamiento jurídico procesal debe garantizar que los recursos de apelación y casación se refieran a aspectos fácticos, jurídicos y probatorios, en ese sentido la Corte Interamericana lo ha reconocido en el caso Mohamed vs. Argentina-Sentencia de 23 de noviembre de 2012, en la cual sostiene que: “Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que ésta sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria.” La CIDH ha sostenido adicionalmente en el mismo caso y otros que el recurso debe ser accesible, eficaz y ordinario: “La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz. Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con el fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.”  En conclusión a partir de la Jurisprudencia definida por la CIDH, a partir del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica; los Estados signatarios del Pacto han asumido medidas legislativas (asumidas por Costa Rica con la modificación de su Ley Nº 8503 de 28 de abril de 2006) y acciones por parte de los Tribunales de Justicia, el mas emblemático y orientador el dictado por la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, en el caso Nº 1681 presentado por Martin Eugenio Casal.  Ambos precedentes son importantes porque nuestro Código de Procedimiento Penal, encuentra sus raíces y precedentes legislativos en el Código Procesal Modelo para Iberoamérica y la legislación provincial de Argentina y nacional de Costa Rica.  La Reforma Procesal Penal boliviana, fue construida a partir del Anteproyecto de Código de Procedimiento Penal de 1996, cuya Comisión Codificadora tuvo como asesores a importantes Magistrados y Autores de Argentina y Costa Rica, entre los mas destacados el Dr. Fernando Cruz Castro y el Dr. Alberto Binder.  En ese momento de la reforma procesal, se buscaba garantizar la centralidad del juicio y garantizar los principios constitucionales del proceso penal, especialmente la publicidad, la inmediación, la contradicción y la oralidad.  La inmediación como valor central de la reforma procesal buscaba evitar que los Tribunales de Apelación y Casación, revisen la sentencia y resuelvan el recurso de forma amplia e irrestricta. El modelo inquisitivo, absoluto en el control de la sentencia, admitía que los tribunales superiores decidan sin ningún limite sobre el agravio o incluso sin referirse a la sentencia. La nulidad era la regla y la decisión no buscaba preservar el derecho de impugnación del imputado, sino mas bien el poder irrestricto del Tribunal sobre la causa. La nueva Constitución Política del Estado descarta la discusión y determina un modelo de juicio basado en la orientación definida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es la misma Constitución que otorga a dicha norma rango constitucional al incluirla en el bloque de constitucionalidad, en su artículo 410 numeral II.  Desde esa perspectiva nuestro modelo de Casación solo puede ser entendido con una lectura que adecue su aplicación al diseño constitucional del proceso penal.  Por ello no se puede analizar los alcances del recurso de casación, haciendo abstracción de la apelación restringida. Los Tribunales Departamentales de Justicia, encargados de tramitar el recurso de apelación, sostienen de forma reiterada y siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal Supremo que en nuestro sistema “no existe la doble instancia”.  Se llega a dicha conclusión basándose en el principio de inmediación, sosteniendo que los Tribunales de Apelación no pueden revalorizar la prueba y por tanto limitan sus funciones al control definido por el CPP en su artículo 407 que limita los alcances de la apelación restringida a la “inobservancia o errónea aplicación de la ley”.  El artículo 416 del CPP, al definir los alcances de la Casación se refiere únicamente  al control  unificador de la Jurisprudencia nacional según el criterio del Tribunal Supremo de Justicia. Si bien se reconoce el derecho de impugnar el Auto de Vista (que analizo solamente la inobservancia o errónea aplicación de la ley) se limita la posibilidad de su análisis al “precedente contradictorio”  pre existente. La labor de la casación al evaluar el Auto de Vista, debe analizar si el Tribunal de Apelación, al declarar el recurso procedente o improcedente, actuó conforme se ha definido previamente por la Jurisprudencia.  Esta situación presenta problemas de Constitucionalidad, el primero referido a la independencia de los jueces, la teoría del precedente contradictorio obligatorio y la creación del derecho por parte de los jueces no puede ser limitada de ninguna manera al ser la independencia y la imparcialidad garantías de los ciudadanos y no privilegio de los jueces.  La segunda objeción es la referida al principio constitucional de verdad material, ante una situación de flagrante injusticia, no es admisible que el Tribunal de Apelación o Casación hagan abstracción de la realidad y no reparen el daño ocasionado por una sentencia injusta o dictada con base en un defecto absoluto, la Jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha admitido de forma reiterada que no es necesario citar precedentes cuando la impugnación se refiere a un defecto absoluto. La tercera objeción al modelo de casación se refiere a la construcción de la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia ya que desde el año 2002, la doctrina legal vinculante dictada en los Autos Supremos esta referida a aspectos procesales referidos a la tramitación de los recursos y la fundamentación de la sentencia.  Cuando el Tribunal Supremo busca reparar una situación injusta, deja sin efecto el Auto de Vista y orienta la decisión sin explicar los motivos y razones que justifiquen una análisis de la teoría del delito o la aplicación de principios de doctrina penal; en un exceso de apego a la ley rechaza los recursos de casación por no citar precedentes aplicables a la situación concreta sin reconocer que su labor de creación de precedentes fue pobre, escasa y limitada a aspectos formales de esta forma torna en inviable la revisión de la sentencia.  La doble instancia es un derecho constitucional en Bolivia y su negativa por parte de los Jueces, es una vulneración a las garantías de los ciudadanos. Desde esa perspectiva la consideración del sistema de recursos (apelación restringida y casación) obliga a este Tribunal Supremo en el sentido definido por el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, por lo que la consideración y tramitación de los recursos  debe tener presente que el principio de inmediación no es contradictorio con el derecho a la doble instancia. Es necesario que este Tribunal Supremo, realice una interpretación progresiva de la legislación procesal penal, puesto que su obligación central es resguardar la dignidad del ser humano y el respeto a la Constitución Nacional.  La Constitución exige la publicidad del juicio penal, niega los fueros y los privilegios y garantiza el derecho a la doble instancia. Bajo esa perspectiva Constitucional y Convencional, la doble instancia requiere determinar cual es el alcance de la revisión por parte de los Tribunales de Apelación y Casación, en ese sentido siguiendo el fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia Argentina, la doctrina y jurisprudencia contemporáneas, acogen la llamada teoría de la Leistungsfähigkeit, que sería el “agotamiento de la capacidad de revisión”. “Leistung es el resultado de un esfuerzo y Fähigkeit es capacidad -la expresión se ha traducido también como capacidad de rendimiento-, con lo cual se quiere significar en esa doctrina que el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable”. En ese sentido lo no revisable es lo que surge directa y UNICAMENTE de la inmediación; el sentido de la revisión será posible en el caso de los documentos, las pericias e incluso la valoración de las declaraciones testificales porque el Juez de Sentencia debe explicar y razonar porque otorga un determinado valor a cada una de las pruebas. La inmediación y la imposibilidad de revalorizar de prueba, solo existen si el Tribunal de Sentencia, a fundamentado y argumentado el valor de la prueba de manera que su decisión sea razonable y se encuentre justificada como argumento que fundamente la sentencia. El Tribunal de apelación o casación, están habilitados para evaluar y conocer los argumentos y fundamentos que dan validez a la prueba, lo contrario seria negar el derecho a la doble instancia. Los artículos 407 y 416 del Código de Procedimiento Penal, deben ser interpretados y aplicados por los Jueces y Tribunales de conformidad y armonía con los artículos 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos porque cualquier contradicción afectaría a la Constitución, lo cual no es admisible y por tanto no es posible que un Tribunal limite su trabajo solamente a las cuestiones de derecho.  Es labor de los Tribunales determinar si la Sentencia se ha dictado conforme a las reglas de la sana critica, concepto cuya construcción es propia de la doctrina procesal. Es labor de la parte recurrente a tiempo de formular su Recurso de Casación, identificar las vulneraciones a la sana critica en la fundamentación y argumentación de la sentencia.

6.2. NORMAS PROCESALES. El recurso de casación, en nuestro país, se encuentra previsto por la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal (en adelante CPP), como una competencia de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia).  Su regulación está definida por los artículos 50 y 416 al 420 del CPP y determina dos etapas en la consideración del recurso:  La primera es aquella en la que el Tribunal de Casación determina la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso. La admisibilidad del recurso está señalada por el artículo 417 del CPP y exige dos requisitos:  que la Casación se presente en el plazo de 5 cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista, y que el Auto de Vista recurrido en casación sea contradictorio con un “precedente” contenido en un Auto de Vista con calidad de Cosa Juzgada o un Auto Supremo dictado por la ex Corte Suprema de Justicia o las ex Cortes Superiores de Distrito. La norma señala que el precedente contradictorio deberá invocarse a tiempo de interponer la apelación restringida. Esta norma ha sido modulada por la Jurisprudencia que permite en algunos casos la presentación posterior de los precedentes. De igual manera se ha determinado como argumento de admisibilidad la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, sin que para este caso sea necesaria la cita de precedentes. La segunda etapa se da una vez admitido el recurso, y se define en dicha etapa si existe contradicción o no existe contradicción, en los términos señalados por el artículo 416 del CPP, en esta segunda etapa corresponde declarar infundado el recurso si no existe contradicción o establecer doctrina legal vinculante a todos los jueces penales del país. De lo expuesto se tiene la necesidad de dar una interpretación constitucional a la redacción de la Ley Procesal vigente, puesto que los preceptos constitucionales son de cumplimiento obligatorio y la normativa que protege los derechos humanos y el debido proceso está por encima de toda forma procesal. Se debe tener presente que el recurso de apelación restringida en nuestro país está regulado por el artículo 407 del CPP con el fin de reparar la inobservancia o errónea aplicación de la ley.  En ese sentido nuestra legislación, conmina al apelante a presentar junto a su apelación los precedentes contradictorios de los que se pretende valer en casación. De esta forma se ve la estrecha relación entre la sentencia, la apelación restringida y la casación, puesto que el precedente contra el Auto de Vista debe ser adjuntado incluso antes de que exista el Auto de Vista. La realidad muestra que la redacción interpretada literalmente restringe el desarrollo del derecho de todo imputado a recurrir de una decisión judicial que lo condena.  Esta situación determina que durante la vigencia del CPP, se hubiera emitido aproximadamente 11296 Autos Supremos de los cuales no se ha ingresado a considerar el fondo de los derechos litigados en la  causa en  10.643 casos y únicamente se haya dictado Doctrina Legal Vinculante en 642 Autos Supremos.  Es importante precisar al respecto que muchos litigantes desisten de su recurso porque llegan a cumplir su pena mientras esperan que el Tribunal Supremo resuelva sus recursos de casación, la situación se agrava por el rol del Tribunal Constitucional Plurinacional que se ha convertido en una instancia que vía Amparo Constitucional anula los Autos Supremos bajo el entendimiento que en los mismos no existe fundamentación de la decisión.  La Jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo determinó que la categoría de precedente contradictorio no corresponde a los Autos Supremos dictados bajo el Código de Procedimiento Penal de 1972, ni las Sentencias Constitucionales. Únicamente los Autos Supremos que declaran doctrina legal vinculante y hacen lugar al recurso son considerados como precedentes contradictorios.  En ese ámbito este Tribunal Supremo no se ha pronunciado en los Autos Supremos en los que dicta doctrina legal vinculante, en relación a la mayor parte de los tipos penales existentes en nuestro ordenamiento jurídico.  En consecuencia la interpretación literal y exegética de los artículo 407 y 416 del Código de Procedimiento Penal, obligan a los tribunales a analizar la Sentencia y el recurso desde la perspectiva de la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión y establecer si la decisión de la sentencia cumplió con la fundamentación y argumentación de la misma conforme a las reglas de la sana critica, asumiendo que es su deber y obligación conocer exhaustivamente cual es la doctrina vinculante del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que en caso de identificar la ausencia de precedentes contradictorios, deberá indicar ese extremo y permitir la tramitación del recurso expresando que NO EXISTEN PRECEDENTES CONTRADICTORIOS para la situación planteada, y por tanto señalando que la tramitación de la apelación restringida se realiza en interpretación del derecho constitucional a la doble instancia. De existir precedentes contradictorios el Tribunal de Apelación podrá informar al recurrente en relación a su existencia y otorgarle el plazo señalado por el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal para adecuar su recurso.

6.3. DEFENSA TECNICA. El derecho a la defensa técnica de todo imputado debe ser una garantía real y efectiva por lo que no resulta admisible que el incumplimiento de las formas por parte del abogado defensor pueda determinar que un recurso sea rechazado por el incumplimiento de deberes formales que no pueden ser responsabilidad del imputado. Esta argumentación exige que el derecho subyacente y el argumento expuesto por el imputado sea razonable, pues de lo contrario declarar la admisibilidad de recursos que se interponen con el único fin de demorar la ejecutoria de una sentencia  justa, atentaría contra el derecho constitucional de la víctima a una sentencia justa en un plazo razonable. El derecho del imputado y de la víctima, a ser escuchados en un plazo razonable y la obligación del Estado de preservar el principio constitucional de verdad material, obligan a todos los jueces y tribunales a considerar de oficio la competencia del Estado a imponer una sanción, puesto que el IUS PUNIENDI estatal para juzgar y sancionar a un imputado en jurisdicción y sede penal, desaparece por el transcurso del tiempo y torna a la autoridad en incompetente cuando los plazos señalados por la ley se han cumplido, tanto en relación a la prescripción de la acción penal, como al control de la retardación de justicia. No resulta por ello lógico, ni constitucional, declarar inadmisible o infundado un recurso de casación cuando la materia a ser considerada por el Auto Supremo de fondo no requiere para su consideración únicamente del recurso formulado (cita de precedente contradictorio) sino más bien del juicio del Tribunal Supremo que debe resguardar la Constitución ante todo y cumplir con la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión y así evitar que el Estado Boliviano sea responsable internacionalmente por incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

6.4. TRANSICIÓN A UN NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA. El derecho de los ciudadanos a un sistema judicial eficiente se encuentra en una etapa de transición hacia la aplicación efectiva de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009. La Constitución ordena la transición del Poder Judicial al Órgano Judicial y en ese proceso la Ley Nº 03 de 13 de febrero de 2010, en su  artículo 6 determinó que las competencias y funciones de la Corte Suprema de Justicia se cumplan con base en la Constitución Política del Estado y las leyes respectivas. Adicionalmente al regular el Régimen de Transición se determina en su artículo 4 numeral II, que: “Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado.” Posteriormente tanto la Ley 025, como la Ley 212, establecen la necesidad de contar con nuevos instrumentos legales adecuados a la nueva Constitución Política del Estado y en ese sentido la disposición transitoria tercera de la Ley 025 señala que: “Se establece un proceso de transición máximo de dos (2) años para que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse a esta Ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.”  Conforme a lo expuesto se tiene que en tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional no apruebe un nuevo Código de Procedimiento Penal, el Tribunal Supremo de Justicia y todos los Jueces y Tribunales están obligados a realizar una interpretación de las leyes procesales conforme a la Constitución, interpretando toda norma sustantiva o adjetiva conforme ordena el bloque de constitucionalidad de los Derechos Humanos y la jurisprudencia nacional e internacional que resguarda los derechos de los ciudadanos a un debido proceso y por tanto se genera la obligación de cumplir con la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión.

6.5. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CON RELACION A LA MOTIVACION DE LA DECISION JUDICIAL.  El Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido una amplia doctrina vinculante con relación al derecho del recurrente a la motivación de las decisiones judiciales entre otros esa doctrina se sostiene con mayor amplitud en los Autos Supremos: AS-431/2005 Sala Penal, AS-383/2012 Sala Penal Liquidadora, AS-321/2013 SPII.  La motivación es asumida en dichos fallos no como una justificación razonada, sino mas bien como un agotamiento y respuesta de las solicitudes alegadas por el recurrente. En ese sentido la jurisprudencia de este Tribunal sostiene, que debe tenerse presente la argumentación del recurso en relación a la decisión judicial, permitiendo o limitando la amplitud de la respuesta de los Jueces en función al alcance del recurso, en ese sentido se enumera las posibilidades que obstruyen el trabajo de los Jueces para responder a  las pretensiones de los recursos: “…i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.”

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia establece de forma uniforme el derecho a la fundamentación a favor de los recurrentes, como resultado de la aplicación del artículo 398 de la Ley 1970, estableciendo que el Recurso de Casación esta limitado a la solicitud del recurrente o a los casos en los que se presente un defecto absoluto; es decir que el esfuerzo máximo de revisión no se constituye en una facultad absoluta de los Tribunales y estará limitada al reclamo oportuno del recurrente o la existencia de defectos absolutos en la decisión judicial.

6.6. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  La decisión judicial debidamente motivada forma parte de las Garantías Judiciales, establecidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y en ese sentido la Corte Interamericana de derechos humanos ha establecido una línea jurisprudencial expresa al respecto: “La Corte ha señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.” 1  Este primer concepto, es precisado en sus alcances y se limita en razón de que no toda sentencia en sentido amplio como decisión judicial que incluye en nuestro caso a los Autos de Vista y los Autos Supremos- será arbitraria y por tanto nula en todos los casos: “Pero no bastaría que una decisión judicial dejara de ajustarse a esta regla para que pudiera ser tachada de arbitraria.” 2 La CIDH ha determinado en forma amplia la vinculación entre la motivación y el derecho a recurrir de la decisión de primera instancia: “Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso.” 3

 

La CIDH a partir de la definición del alcance y el fin del derecho a la motivación, limita su alcance indicando que: “Para determinar lo anterior, es necesario analizar si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente la posibilidad formal de interponer alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el derecho de defensa se manifestó como verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, de tal suerte que implicara una respuesta motivada y oportuna por parte de las autoridades en relación con los descargos.” 4 Definido el ámbito de la motivación, la CIDH considera que la obligación de revisión exhaustiva del recurso y la obligación de motivar no son absolutos: “El deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino puede variar según la naturaleza de la decisión. Corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha.” 5

En conclusión el deber de motivación, abarca a todas las decisiones judiciales, en el ámbito de la legalidad procesal; de manera que la supuesta arbitrariedad que se daría si no se  responde a todos los argumentos del recurrente, tiene como límite la naturaleza de la decisión.  En este caso el recurso de casación, no constituye una tercera instancia y tampoco una “apelación del Auto de Vista”.  El Tribunal de Casación, no esta obligado a responder aspectos que han sido previamente resueltos por el Órgano Judicial y cuya revisión afectaría el principio de inmediación. El límite de la inmediación debe ser analizado con prudencia, porque amparar una decisión judicial, requiere que no sea posible acoger el reclamo del recurrente por imposibilidad material de analizar la decisión de primera instancia. En esos casos corresponde el juicio de reenvió.

6.7 EN RELACION AL JUICIO DE REENVIO.- En este punto el Tribunal Supremo de Justicia, ha seguido la doctrina señalada por Gimeno Sendra y el Profesor Cafferata Nores. A fin de precisar sus alcances, se entiende que: “… el reenvío deja sin efecto la resolución impugnada, y ordena que otro tribunal deberá desarrollar una actividad tendiente a renovar la decisión anulada y todos los actos anteriores o contemporáneos que tengan conexión con ella a los que alcance la nulidad”. En ese sentido CLARIA OLMEDO agrega que: “… las consecuencias de la resolución que acoge el recurso por considerarlo fundado han de ser diversas según cual sea la naturaleza del agravio que hubiere sido estimado y el tipo de pronunciamiento casado.” El juicio de reenvío es la fase eventual del proceso penal que tiene por objeto la renovación total o parcial de la sentencia posterior al debate que el tribunal de Casación ha declarado nulo y de todos aquellos actos anteriores, contemporáneos o consecutivos que tengan conexión con ella, por parte del mismo órgano jurisdiccional que la dictó, o uno distinto, de igual grado y con diferente integración, por ello la facultades señaladas por los artículo 413 y 419 del Código Procedimiento Penal, que determinen un juicio de reenvió debe ser expresamente fundamentada en su alcance, ESTABLECIENDO EL OBJETO CONCRETO DEL NUEVO JUICIO en la eventualidad que fuera necesario celebrar dicho juicio.

Siguiendo a Cafferata Nores, el juicio de reenvío es una fase del proceso penal, con características y fines propios, no es un juicio original, sino una subdivisión del proceso determinada por la anulación de la resolución anterior como consecuencia de la admisión del recurso de casación. Tampoco es una simple repetición por "retroceso", habida cuenta que presenta particularidades que lo distinguen del juicio anterior anulado. El reenvío esta ligado a la resolución impugnada, pues ésta "no pierde existencia desde los puntos de vista real y jurídico, y se conserva en el curso ulterior del proceso" (Manuel, AYAN).  Los caracteres del juicio de reenvío, entonces, derivarán de las limitaciones que le impone su naturaleza de juicio condicionado por el pronunciamiento decidido por el Tribunal Supremo de Justicia. 

La finalidad que lo define debe estar claramente definida por el Auto de Vista o el Auto Supremo, no es necesario reproducir la integridad del juicio y no debe realizarse si el vicio impugnado se encuentra únicamente en la argumentación de la Sentencia. Los defectos valorativos, facticos, axiológicos y constitucionales que no requieren un nuevo juicio, no necesitan del reenvió y únicamente corresponde dictar una nueva resolución por parte del Tribunal que determina la existencia de ese defecto de la Sentencia. De ahí la centralidad en la fundamentación de la decisión que determina el juicio de reenvió.  En conclusión para la doctrina procesal contemporánea: “la naturaleza jurídica del juicio de reenvío es la que corresponde a una fase del proceso derivada, entendiéndose por tal el conjunto de actos que se llevan a cabo a causa de la anulación de una actividad procesal defectuosa que, no obstante serlo, subsiste como precedente, no sólo "histórico" sino también jurídico.”(Giovanni LEONE, Ejea, 1989)

Desde este enfoque, CARNELUTTI sostiene que la Casación de la sentencia no es más que la primera etapa de un camino que debe terminar en la sustitución de una sentencia injusta (ilegal) por otra sentencia justa (legal). Las dos decisiones no se encuentran divididas por el sujeto que dictara la nueva sentencia (Tribunal de Sentencia o Juez) sino por la decisión de reenvió, por ello el Tribunal de Casación debe ser exhaustivo a tiempo de sentar la doctrina vinculante que habilite el trabajo del Tribunal que resolvió el recurso de apelación restringida.  La dualidad de nuestro sistema al contar con un Tribunal de Casación y otro Tribunal de Apelación restringida, lleva a que la doctrina procesal no sea aplicable directamente. En nuestro país el “derecho a recurrir” esta dividido entre el Tribunal de Apelación que garantiza la doble instancia y el Tribunal de Casación que preserva la seguridad jurídica garantizando que en el mismo caso (supuestos facticos, probatorios y axiológicos) la decisión o la pena no sean diferentes. La decisión judicial representa particularidades, aspectos únicos que son analizados por los jueces, esa facultad exige que la fundamentación sea rigurosa cuando en el caso concreto el Juez se aparta de la regla establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, de ello se concluye que la fundamentación de la decisión abarca a todos los Jueces y Magistrados, al ser un garantía del justiciable aplicable en todas las instancias.

6.8. LA RECTIFICACION Y NUEVA SENTENCIA DETERMINADA POR EL ARTICULO 413 Y 414 DE LA LEY 1970.- La actividad del tribunal de Casación, en estos casos  según explica DE LA RÚA, "se limita a la aplicación de la norma jurídica que corresponda, conforme a la doctrina o interpretación que se declare. Su decisión viene, de este modo, a integrar la sentencia originaria que constituye la verdadera condena." Contrariamente la casación positiva en la que se declara fundado el recurso de un imputado condenado injustamente representa "la verdadera sentencia" que pone fin al proceso y que formalmente es derivado a los Tribunales de Apelación y Sentencia para que ejecuten la decisión del Tribunal de Casación para el caso concreto.  Esta atribución esta reglada y solo puede existir si la base fáctica del recurso esta regida por un proceso exento de defectos absolutos, en el que la actividad probatoria se hubiera desarrollado de acuerdo al debido proceso, solo en dichos casos los Tribunales de Apelación y Casación podrán determinar una decisión que corrija la injusticia existente y defina la interpretación jurídica correcta Constitucional y Convencional- dejando sin efecto la sentencia irrita y el Auto de Vista que la hubiera confirmado. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que se juzga contiene derivaciones constitucionales del principio “nec bis in ídem”, el cual determina la obligación judicial de utilizar el reenvió bajo estrictos criterios de justicia y control del juzgamiento en plazo razonable.  La decisión de reenvió debe determinar, con base a la doctrina de la ponderación y el conflicto de derechos, la validez de la decisión y sus alcances; todo ello debe estar expresamente fundamentado en cada caso en concreto.

6.9. Resulta evidente que en fecha 18 de agosto de 2009, los miembros de la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, Dr. Edgar Terrazas Melgar y Dr. Osvaldo Céspedes Céspedes, celebran la Audiencia de fundamentación Oral a efectos de tomar conocimiento de los recursos de apelación restringida interpuesto en Autos, posteriormente el Dr. Osvaldo Céspedes Céspedes el 26 de agosto de 2009 se excusa del conocimiento de la causa. Al respecto el Dr. Edgar Terrazas Melgar el 28 de agosto de 2009 señaló: “Se toma nota de la excusa del Vocal Osvaldo Céspedes que antecede. Para formar sala y sortear el expediente, se convoca al Vocal Semanero de la Sala Civil Primera de Esta Corte Superior”. Aspecto del cual el Vocal de la Sala Civil Primera Dr. Hernán Cortés Castulo reitera su excusa en 14 de septiembre de 2009 cursante a fs. 601. Al respecto el Dr. Edgar Terrazas Melgar el 17 de septiembre de 2009 señaló: “Se toma nota de todos los miembros del Tribunal de la suscrita Sala y de acuerdo al circuito de excusas, se llama a formar Sala al Vocal Semanero de la Sala Social y Administrativa de la S.R. Corte Superior de Distrito.” A fs. 669 directamente se consigna el sorteo de causas, donde se advierte que el proceso fue sorteado el 6 de octubre de 2009 y el que el Relator es el Dr. Jorge Von Borries M. Posteriormente, cursa en obrados el Auto de Vista emitido por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz de 20 de octubre de 2009, por el cual se resuelve los recursos de apelación restringida que fueran planteados. Aspectos de los cuales corresponde realizar el siguiente análisis: No consta en obrados el trámite que hubiera correspondido a las excusas planteadas en obrados, declarándolas legales o ilegales de acuerdo a lo que corresponda teniendo en cuenta que dentro de la administración de justicia debe prevalecer el cumplimiento de la Constitución y las Leyes,  entre ellas el Principio del Juez Natural, donde se señala la imparcialidad del mismo como parte componente del debido proceso en relación al ámbito de la Administración de Justicia; en el entendido de que a su vez todo juzgador debe estar liberado de toda influencia política de amistad y consanguinidad para emitir una correcta e imparcial resolución de las controversias que se suscitan ante la autoridad jurisdiccional. Aspecto que no se advirtió en la presente causa; pues, no consta la tramitación de la causa hasta que llego a conocimiento del Dr. Jorge Von Borries, como miembro del Tribunal de Alzada, sin realizar por parte de ese Tribunal la resolución de las excusas ya señaladas conforme lo prevé los arts. 316 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, incurriendo en un defecto absoluto insubsanable, previsto en los arts. 318 con relación al 169 num. 3) del Código de Procedimiento Penal. El derecho al juez natural alegado por los recurrentes se encuentra consagrado en el art. 120-I de la C.P.E., cuando establece que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial y que no puede ser juzgada por comisiones especiales, ni sometida por autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. Una vez admitida, la autoridad que emitió su excusa o recusación no podrá realizar ningún acto más en el proceso; y, su tramitación deberá seguir conforme al procedimiento de la excusa, su incumplimiento deviene en sanción de nulidad. De conformidad a la normativa que rige la tramitación de las excusas y recusas, si la autoridad recusada admite la recusación promovida, no podrá realizar ningún acto más en el proceso y la tramitación deberá continuar conforme a las normas establecidas para la excusa, en cumplimiento a los arts. 320 y 321 del Código de Procedimiento Penal, concordante con el art. 318 del mismo Cuerpo Legal y en caso de incumplimiento de esta normativa corresponderá aplicar la sanción de nulidad expresamente sancionada por el referido art. 321, cuyo defecto absoluto no es susceptible de convalidación conforme al art. 169-3) y 4) del Código de Procedimiento Penal.

En consecuencia de lo expresado por los recurrente en su recurso de casación, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido por ser contrario al derecho a un Juez Natural y el derecho a la fundamentación de los imputados y se determina que se ordene se dicte un nueva Resolución, conforme la doctrina legal establecida y de acuerdo a las siguientes precisiones:


De conformidad al artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, corresponde dictar un nuevo Auto de Vista previo nuevo sorteo de la causa, en la que se deberá analizar expresamente y fundamentar la existencia del tipo objetivo y subjetivo, así como la complicidad conforme a la Teoría del Delito y las reglas señaladas por los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal.


Conforme ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia, los argumentos y razones expuestos en el numeral 6 del presente Auto Supremo, se constituyen en doctrina legal vinculante a los Jueces y Tribunales del Estado Plurinacional de Bolivia.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, dispone conforme el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declarar FUNDADO el recurso de Casación interpuesto y deja sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenado se dicte un nuevo Auto de Vista conforme a la doctrina legal vinculante dictada.

Conforme establece el art. 420 del CPP, se dispone que por Secretaría de Sala, se haga conocer a los Presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que estos pongan en conocimiento de las Salas Penales y los Tribunales y Jueces de sus Distritos bajo responsabilidad.


Es de Voto Disidente la Presidente de Sala, Dra. Silvana Rojas Panoso.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.



1 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros "Corte Primera de lo Contencioso Administrativo" Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, Párrafo 77).

2 Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, Párrafo 63).

3 (Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, Párrafo 118).

4 . (Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, Párrafo 107)

5 (Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, Párrafo 139)