TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº:

294 /2014

Fecha:

4 de septiembre de 2014

Expediente:

58/2011

Distrito:

Cochabamba

Acusación:

Ministerio Público, Juana Aguilar Hinojosa

Imputados:

Ronald Omonte Mamani

Delito:

Homicidio

Recurso:

Casación Resolución de Fondo en relación al A.S. N° 205/2014

IANUS:

301199201100186

Magistrado Relator

Abg. Ivan Lima Magne


VISTOS: El recurso de Casación planteado por Ronald Omonte Mamani y el Auto Supremo Nº 205/2014, que determina la admisibilidad del recurso:


I.- DEL RECURSO DE CASACIÓN.


1.- ANTECEDENTES.- La acción relevante para el derecho penal se habría producido el 02 de marzo de 2008 en relación a una pelea en la que se agredió físicamente a la víctima Alberto Iriarte Aguilar produciéndole lesiones de gravedad que luego producirían su deceso en fecha 31 de marzo de 2008. El imputado Ronald Omonte Mamani prestó su declaración informativa el 31 de marzo de 2008 y como argumento de su defensa sostiene que no participó del hecho pues se encontraba en su domicilio luego de haber compartido con su enamorada en un local nocturno. La Sentencia cursante a fojas 136 a 141 vta. de obrados condena a cinco (5) años de presidio a Ronald Omonte Mamani por el delito de homicidio. Esta sentencia es apelada y resuelta por Auto de Vista cursante a fojas 169 a 171 de obrados que declara Improcedente el recurso confirmando la sentencia impugnada.

2.- MOTIVO DEL RECURSO.- El recurrente sostiene en el presente caso que no se ha respetado el principio de tipicidad, considera que la tipificación adecuada para las conductas imputadas no corresponde al delito de homicidio, sino mas bien al Homicidio consecuencia de Riña o Agresión o a la Lesión seguida de Muerte. El imputado considera que no se ha respetado las reglas de la sana critica porque la fundamentación de la sentencia se funda únicamente en el testimonio del hermano del imputado. Considera que por dichos motivos la Sentencia carece de fundamentación y no ha seguido las reglas de la sana crítica para determinar la responsabilidad penal y fijarle la pena.

2.1. Los precedentes invocados son:

3.- PETITORIO.- El recurrente solicita se le conceda el recurso de Casación y previa admisión deje sin efecto el Auto de Vista impugnado en virtud a los precedentes contradictorios citados, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 15 y 50 de la Ley de Organización Judicial.

II.- ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.

El recurrente sostiene su recurso en la contradicción de los precedentes contradictorios citados con el Auto de Vista impugnado.  Los hechos relevantes que deben ser tomados en cuenta son los siguientes:

  1. Se ha determinado que la víctima una vez fue agredido, conforme se ha probado en sentencia, fue trasladado a un centro hospitalario y permaneció con vida mas de 30 días para luego fallecer.
  2. El recurrente considera que la víctima fallecida pertenecía a una pandilla y que contrariamente su persona por declaración del Policía Evans José Ponce no tiene antecedentes policiales. Considera que el testimonio del hermano de la víctima es la única prueba que determina su condena. En ese sentido considera que su prueba de descargo no ha sido considerada y si fue considera la prueba de cargo.

Contrariamente a lo sostenido por el imputado, se ha verificado que tanto la Sentencia como el Auto de Vista han adecuado su fundamentación, argumentación y decisión a las reglas de la sana critica. Esto debido a que no es evidente que la prueba no pueda ser considerada porque el hermano de la víctima la hubiera declarado y referido. En un proceso contradictorio,  el dejar sin efecto una declaración que la defensa considere falsa, distorsionada o parcializada, debe ser parte del contrainterrogatorio de manera que se respete los principios de inmediación y contradicción. De igual forma nuestra normativa sanciona el delito de falso testimonio si es que considera que el testigo principal ha mentido. Por lo que el imputado no puede pretender desvirtuar su responsabilidad en casación, cuando esta no es la instancia para impugnar la declaración del testigo principal en el caso.  Las prueba presentadas por el imputado no representan una coartada que lo ubique en otro lugar o determine que el mismo no participo en el hecho, contrariamente son prueba que no se refieren al hecho sino a situaciones anteriores o posteriores que no aportan a modificar la acusación, ni permiten al Tribunal considerar excluir la prueba presentada por el Ministerio Público. 


III.- VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO EN EL RECURSO.

5.- DOCTRINA LEGAL APLICABLE ASUMIDA EN EL PRECEDENTE.- La Jurisprudencia citada como contraria al Auto de Vista impugnado y la doctrina legal vinculante contraria argumentada por el recurso de casación citada es la siguiente:

  1. Auto Supremo 67/2004 de 27 de octubre de 2004 y/o Auto Supremo 67/2006 de 27 de enero de 2006, la cita es imprecisa con referencia al AS 67/2004 el mismo fue dictado el 9 de febrero de 2004 y corresponde a una devolución de obrados.  El Auto Supremo 67/2006. El AS 67/2006-SPS se refiere al principio de tipicidad en los siguientes términos: El "principio de tipicidad" se establece en materia penal a favor de todos los ciudadanos y se aplica como una obligación a efectos de que los jueces y Tribunales apliquen la ley penal sustantiva debidamente, enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de la garantía constitucional del "debido proceso", la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable, tal como sucede en el caso de autos en que los Tribunales de sentencia y apelación subsumieron la conducta del procesado en el tipo penal de homicidio en emoción violenta párrafo segundo cuando debió ser el mismo artículo en su párrafo primero. Evidenciándose violación al principio de "legalidad" que además se complementa con los principios de "taxatividad", "tipicidad". "lex escripta" y "especificidad". Violando además la "galanía constitucional del debido proceso" por su errónea aplicación de la Ley sustantiva.  La doctrina vinculante citada analiza los alcances del principio de tipicidad en relación al homicidio por emoción violenta y no al homicidio en riña o agresión o al tipo penal de lesión seguida de muerte; la doctrina con relación al principio de tipicidad objetiva y legalidad son consideradas en el numeral 6 del presente Auto Supremo.
  2. Auto Supremo 233/2006, “El debido proceso es una garantía de legalidad procesal que protege la seguridad jurídica, la racionalidad de la sanción impuesta y la fundamentación de las resoluciones judiciales de las cuales emerge, de tal forma que las determinaciones de los Tribunales estén siempre reguladas por el ordenamiento jurídico, obedeciendo a los procedimientos señalados por ley. El insuficiente estudio de las actuaciones policiales, la consiguiente imputación errónea, la inadecuada aplicación de la ley sustantiva, la valoración defectuosa de la prueba y la insuficiente fundamentación de los fallos judiciales, constituyen un conjunto de atropellos a las garantías consagradas por la Constitución Política del Estado, que derivan tanto en un procesamiento injusto para los inculpados respecto a los cuales la subsunción en un tipo penal errado atropella sus derechos fundamentales, como a la vez propicia la impunidad para los verdaderos responsables del hecho punible, poniendo en riesgo la credibilidad de la administración de justicia intolerable en un Estado de Derecho. Cometido un ilícito que transgrede la ley especial, debe aplicarse en su procesamiento dicha ley observando el cumplimiento del principio de probidad previsto en el artículo 1° de la Ley de Organización Judicial y considerando tanto en la calificación del delito, como en la aplicación de la penas, la ley especial en su conjunto y las disposiciones contenidas en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Punitivo; igualmente debe tenerse presente el origen de los involucrados en el ilícito, cual es el caso de los indígenas cuya relación marital permanente y estable entraña entre marido y mujer fuertes lazos de compromiso entre sí e ineludibles deberes morales de lealtad, reconocidos en la legislación familiar de la República, al punto de originar excepción de sanción, como la prevista en el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley Especial No 1008. En consecuencia, tales disposiciones corresponden sean valoradas en la aplicación de la penas, observando los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Punitivo.”
  3. Auto Supremo 329/2006, La calificación del delito en el Código de Procedimiento Penal, se entiende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y de la resultante relacionada al acusado, y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta. Por otra parte, conviene recordar que el Auto Supremo Nº 417/03 de 19 de agosto de 2003, estableció que la "tipicidad, es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, es decir que el hecho se adecua al tipo". Que la parte final del Art. 413 del Código de Procedimiento Penal, atribuye al Ad-quem, la facultad de que "cuando sea evidente, que para dictar una nueva sentencia, no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente", se refiere al caso sometido a su conocimiento, con la jurisdicción y competencia que le asignan los artículos 42, 43, inc. 2, y, 51, numeral 2), del mismo Código, por lo que corresponde regularizar el procedimiento y determinar que el Tribunal de Alzada dicte una nueva sentencia conforme a la doctrina legal aplicable.
  4. Auto Supremo 431/2006, que la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva.
  5. Auto Supremo 436/2006, La solución mas congruente con la sistemática de la aplicación de la norma penal y el carácter formal de los delitos de narcotráfico, consiste en sancionar no como encubridor (ante la eventual concurrencia de las condiciones especiales previstas en la norma) sino, como partícipe a quien en realidad tuvo dominio del hecho; para ello debe considerarse que la acción penal es in tuito personae, por lo que la demostración de que la conducta de una determinada persona agrupa los suficientes elementos constitutivos del tipo penal, para ser considerada partícipe de un hecho delictivo, debe tratarse de manera particularizada para cada procesado. Resolver un problema de calificación, cual si se tratara de una cuestión ajena a la intervención en la acción ilícita; es decir, para suplir una falencia en la aplicabilidad de una calificación jurídica, recurriendo a obviar o torcer la efectiva participación tenida por el agente, es incurrir en una ficción. Ahora bien, las figuras del autor, cómplice e instigador están expresamente previstas en el artículo 20 y siguientes del Código sustantivo y la del encubridor se encuentra prevista en el artículo 75 de la norma especial de la Ley 1008. En ese entendimiento se debe determinar si la persona, por la relación de parentesco o afinidad, sólo encubrió el hecho es decir que no participó de él; de no ser así, corresponde ir avanzando dentro de los grados de participación, descartando del menos gravoso hasta el concepto de autoría, al ser el concepto de autor un concepto legal remanente. El panorama es aún más claro si se entiende que el encubridor, sin ser participe, posteriormente presta su colaboración, no para realizar el hecho, sino para eludir la acción de la justicia; esta colaboración la realiza "sin promesa anterior", requisito sine quanun si se quiere descartar el concepto de encubridor, puesto que el principio de presunción de inocencia actuará siempre en favor de las personas que por la particular relación que tienen con el autor, colaborarían al fin señalado, entendiéndose así conforme a las reglas de experiencia.  La Jurisprudencia citada al referirse a tipos penales definidos por la Ley 1008, no puede ser considerada.
  6. Auto Supremo 59/2007,  Se considera defecto absoluto insubsanable la errónea aplicación de la ley penal sustantiva en perjuicio de los imputados porque viola el principio de legalidad, de acuerdo a la doctrina penal el delito de "estafa" objetivamente se perfecciona cuando el sujeto activo -delincuente- realiza la lesión jurídica que ha pretendido; es decir que con la consumación se alcanza la objetividad jurídica que constituye el tipo especial de un delito. De tal manera, en el delito de "estafa" la consumación se produce en el momento en que el sujeto activo obtiene el beneficio o ventaja económica al que hace referencia el artículo 335 del Código Penal; La acción del agente debe consistir en emplear artificios o engaños, es decir inducir a error al sujeto pasivo empleando ardides o faltando a la verdad sobre la calidad, cantidad o veracidad de algo, conductas que adquieren connotación jurídica cuando inducen a error determinado a la víctima a dejarse sonsacar dinero u otro beneficio. El resultado es sonsacar a otro dinero o beneficio o ventaja económica, lo que significa perjuicio al patrimonio. Es por ello, que en la estafa el propio sujeto pasivo realiza la consumación, cuando por error, artificios o engaños da una parte de su patrimonio a un tercero, para lo cual se requiere que exista una relación de causalidad entre los artificios, engaños y el sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas. En el caso de Autos, ni la acusación pública menos la acusación particular demostraron el enriquecimiento ilícito que habría beneficiado ilegalmente a los imputados en perjuicio de la supuesta víctima al haber logrado la traslación de dominio de un lote de terreno a su favor que era de propiedad de los imputados el mismo que civilmente no se demostró su inexistencia, estableciéndose la inconcurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo de injusto del artículo 335 del Código Penal, derivando en "falta de tipicidad" vinculada a la conducta de los agentes. La Jurisprudencia citada al referirse al delito de estafa, no puede ser considerada.
  7. Auto Supremo 63/2007, El ordinal II del artículo 6 de la Constitución Política del Estado, refiere "La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado", marco normativo constitucional que constituye una declaración de derechos fundamentales, limitando la autoridad del Estado y operando como fuente de obligaciones. De ahí que constituye un deber de los titulares del órgano jurisdiccional, a tiempo de redactar sus fallos y emitir sus resoluciones, cuidar que los términos en los que se refieren a las partes del proceso, se observe el máximo respeto a la dignidad y al decoro que merecen en su calidad de personas y seres humanos, constituyendo defecto absoluto, por inobservancia de los derechos fundamentales el empleo en las resoluciones de términos o calificativos personales que mellen la dignidad y la honorabilidad de las personas sometidas a procesamiento, como regla de la interdicción de las penas infamantes.Siendo que los Tribunales de alzada, realizan un control de legalidad de las resoluciones así como un control de constitucionalidad de los fallos, corresponde que ante la evidencia de situaciones de esta naturaleza, siempre y cuando no concurran otros motivos que afecten el fondo de la resolución, den aplicación a la previsión del artículo 413 in fine del Código de Procedimiento Penal.
  8. Auto Supremo 131/2007, A partir del cambio de sistema procesal, se implementa como principio rector del sistema de prueba vigente el principio de la libre valoración; por tanto no existe el sistema de prueba legal o tasada, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas. En el sistema actual, a diferencia del sistema anterior, el Juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba, ni a las presunciones que ésta defina, de ahí que puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Ahora bien, el principio de libre valoración de la prueba no significa que el juez o Tribunal tengan una facultad sin limitaciones, con total irrevisabilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba significa que el Juez debe apreciar la prueba durante el juicio "según las reglas de la sana crítica, es decir según las reglas de la lógica y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así como según los principios generales de la experiencia", debiendo traducir ese razonamiento en el fallo de manera objetiva, situación que se expresa a través de los elementos que prueba que en su conjunto formulan la razonabilidad del fallo y la motivación del titular del órgano jurisdiccional para decidir de tal o cual forma, sobre la base de la imputación objetiva. Es obligación de quien acusa, cumplir con la carga de la prueba, demostrando plenamente la hipótesis acusatoria, tarea que puede requerir la demostración no sólo de cuestiones objetivas, sino también de elementos normativos y subjetivos descritos en el injusto típico, de ahí que ante la eventual inexistencia de uno de estos elementos, la conducta no puede subsumirse, dentro del tipo de injusto atribuido, en función del principio de legalidad penal y consecuente afectación a la seguridad jurídica de las personas, situaciones que devienen en defectos absolutos no susceptibles de convalidación, ya que afectan la esfera de las garantías constitucionales del individuo, estando además expresamente previstas como defectos de la sentencia en el articulo 370 del Código de Procedimiento Penal.Ante un eventual error en la subsunciòn de la conducta por el A quo si la sentencia aporta los elementos de prueba necesarios para que a partir de un nuevo análisis se pueda determinar que la conducta constituye delito dentro de la familia de los delitos que se analizan y que han sido acusados previa verificación de que para dictar nueva resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal Ad-quem, en aplicación del principio "iura novit curia" y observando la celeridad procesal, en aplicación del articulo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictará sentencia directamente.
  9. Auto Supremo 236/2007, El debido proceso se manifiesta en que las partes procesales gocen de los derechos y garantías previstas para que la investigación y juzgamiento se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; precepto al que se suma el derecho a la seguridad jurídica, debiendo la actividad jurisdiccional esmerarse para brindar a los administrados la seguridad que las decisiones se enmarquen en los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, Los Tratados y Convenios Internacionales, y la Ley. Los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal los Tribunales y Jueces de Sentencia, y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, deben tener el cuidado de observar que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito.
  10. Autos de Vista de 6 de noviembre de 2002 dentro del proceso penal por delito de acción privada seguido por Felix Eduardo Carballo contra Bertha Acapani Qusipe, Auto de Vista de 2 de octubre de 2007.  La Jurisprudencia referida en cuanto a los Autos de Vista citados, no es argumentada en cuanto a la interpretación que pretende el recurrente, ya que sostiene que la misma se refiere a la debida fundamentación de la Sentencia, sin establecer que hecho similar es el que determina la contradicción, esto debe tenerse presente pues no es necesario fundamentar jurisprudencialmente aspecto claramente definidos por la norma. Finalmente se tenga presente que de la invocación de los Autos de Vista no se tiene constancia oficial de que estos se encuentren ejecutoriados; por consiguiente, son o fueron posibles de modificación, pues respecto a este punto la Corte Suprema en el Auto Supremo Nº 211 de 4 de abril de 2004 dispuso en su Doctrina Legal Aplicable “Tan marcada y evidente es la incompatibilidad para determinar si verdaderamente existe contradicción entre los precedentes y el A.V. de fs. 375-377 objeto del recurso de casación, que a esto se suma la duda de que los Autos de Vista invocados como precedentes a fs. 378-379 y 381-384 de obrados, se hallan debidamente ejecutoriados, en los términos que previene el art. 126 de la Ley N° 1970, concordante con el art. 515 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, qué validez podría tener una resolución judicial susceptible de modificación por recursos ulteriores, si ésta es ofrecida como precedente?; el entendimiento doctrinario y sentido interpretativo del tercer periodo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, radica en buscar la uniformidad de la jurisprudencia y en tal virtud el presupuesto indispensable es que dichos precedentes invocados por los recurrentes en casación, estén debidamente ejecutoriados, lo que supone del tribunal la exigencia del requisito, y con mayor sigilo si se invocan como precedentes Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito del país en sus Salas Penales.

6.- RESOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO.- El motivo central de la casación formulada por el imputado tiene que ver con la indebida aplicación del tipo penal. Esta defensa en ningún caso puede considerarse como un reconocimiento de culpabilidad, la defensa sostiene en abstracto que ante la situación fáctica presentada existe un conflicto aparente de ley penal, con relación al principio de especialidad. Sostiene que en los delitos contra la vida, el homicidio como tipificación general, puede ser excluido por especialidad cuando existen tipificaciones que excluyen al tipo principal del homicidio por características especiales. En el caso concreto se refiere a:

a) Homicidio en riña o a consecuencia de agresión (artículo 259 del Código Penal), el tipo penal exige para su aplicación que la muerte sea producida por una pelea en la que intervengan “MÁS DE dos personas”  y que no conste cual es el Autor. En el caso presente el AUTOR esta identificado y es el imputado y recurrente. No basta sostener una hipótesis alternativa en casación para sostener que existe indebida fundamentación, en base al principio de inmediación y contradicción el imputado debía sostener que otras personas ocasionaron la muerte de la víctima. Si su teoría de defensa es que no estuvo en el lugar de los hechos, no es posible sostener esta argumentación en calidad de defensa, porque el mismo en su razonamiento no estuvo presente; contrariamente si admite que estuvo presente y vio los hechos ocurridos la omisión de auxilio y denuncia oportuna restan credibilidad a sus argumentos.

b) Lesión seguida de muerte (art. 273 del Código Penal), la argumentación sostenida por el imputado y recurrente sostiene una grave imprecisión teórica, superada por el derecho penal.  El tipo objetivo, contemporáneamente se establece en el marco de la teoría de la imputación objetiva, en consecuencia pretender que se aplique en su caso la teoría de causalidad resulta inapropiado y carente de argumento lógico o jurídico.

Por los motivos expuestos y fundamentos se evidencia que no existe contradicción en el Auto de Vista impugnado con la doctrina legal vinculante de este Tribunal Supremo de Justicia.


POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, dispone conforme el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso presentado por el recurrente.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.