TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


AUTO SUPREMO Nº        253/2014

Fecha:                        Sucre, 29 de agosto de 2014

Expediente:                         133/2009 Cochabamba     

Parte acusadora:                Ministerio Público y Fanny Sabag Guidi 

Parte imputada:                 Juan David López Díaz, (Nelson Luís Muñoz Coronado,

                               Jhovanny Paul Miranda Ponce y Marco Antonio Ribera

                               Soruco, con Sentencia Condenatoria) y José Carlos

                               Zambrano, José Morato Alave (Declarados Rebeldes)     

Delito:                                  Asesinato       

Recurso:                               Casación

VISTOS: (Del recurso en cuestión)

El Recurso de Casación planteado por Juan David López Díaz de fs. 669 a 674, impugnando el Auto de Vista 65 de 17 de julio de 2009, cursante de fs. 664 a 665 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Fanny Savag Guidi contra el recurrente, Nelson Luís Muñoz Coronado, Jhovanny Paul Miranda Ponce y Marco Antonio Ribera Soruco (con Sentencia Condenatoria) y José Carlos Zambrano, José Morato Alave (Declarados Rebeldes), por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 num. 6) del Código Penal, los antecedentes; y,

CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales)

Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fuera interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:

Con base a la Acusación Fiscal y Particular, previa la sustanciación del juicio oral, el Tribunal de Sentencia Nº 2 de la Capital del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Sentencia de 30 de marzo de 2009, de fs. 612 a 623 vta., resolvió declarar a Juan David López Díaz, Autor de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 num. 6) del Código Penal, imponiéndole la pena de treinta años (30) de presidio, sin derecho a indulto a cumplir en el Penal de San Pedro de Chonchocoro de la ciudad de La Paz, más la condenación a la reparación del daño civil a favor de las víctimas que alegaren tener derechos, averiguables en ejecución de Sentencia y costas a favor del Estado, a pagarse en partidas y durante el cumplimiento de la pena, la condena deberá concluir el 20 de febrero de 2039, siempre y cuando no gozare de medidas sustitutivas a la detención por encontrarse actualmente en detención, asimismo se computa inclusive el tiempo que hubiera estado detenido en sede policial.

Que, ante esta Sentencia, Juan David López Díaz de fs. 640 a 644, interpuso Recurso de Apelación Restringida mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 17 de julio de 2009 (fs. 664 a 665 vta.), la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dictó Auto de Vista Nº 65/2009, declarando Improcedente el Recurso de Apelación Restringida interpuesto.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, Juan David López Díaz mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2009 (fs. 669 a 674), interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado.

CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento de casación)

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establece como motivos del  mismo, los siguientes:

I.- Existieron errores injudicando, como ser la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva previsto en el art. 370 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, porque el Ministerio Público y la Acusación Particular durante la sustanciación el juicio no demostraron categóricamente la autoría en la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado en el art. 252 del Código Penal.

II.- Errores improcedendo, porque no existió fundamentación de la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria previsto en el art. 370 num. 5 del Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta que en el momento de la subsunción del hecho al tipo penal se lo hace  por el delito de Asesinato y no por el delito de robo agravado, además se basó en hecho inexistentes y no acreditados, por lo que se realizó una valoración defectuosa de la prueba. En la misma Sentencia se dijo que existió el delito de robo agravado porque sustrajeron sumas de dinero y un teléfono celular, hechos que fueron demostrados en juicio; empero, en el caso de coimputado para el delito de asesinato la Sentencia se basó en hechos demostrados, pero en la del presente caso no, porque ninguna de las pruebas refiere que fue causante de las muertes, ahora motivo de litigio.

III.- Existió mala valoración de la prueba porque el Tribunal de Sentencia no tomo su decisión sobre los visto y oído, por lo que la Sentencia se basó en hechos inexistentes. Se vulneró el principio de congruencia, al respecto invocó las Sentencias Constitucionales:

Sentencia Constitucional Nº 1312/2003

Sentencia Constitucional Nº 1956/2004

Sentencia Constitucional Nº 366/2005

Sentencia Constitucional Nº 506/2005

De lo que señaló, refirió que no puede ser condenado por un delito distinto al que se acusó, por otro lado señaló que en la Sentencia se le condenó por hechos acusados, pero no probados, infringiendo el art. 362 del Código de Procedimiento Penal.

IV.- Hubiera solicitado al Tribunal de Alzada que se anule la Sentencia apelada y se disponga la reposición del juicio con la finalidad de pronunciar una Sentencia Condenatoria por el delito de robo agravado y una absolutoria por el delito de Asesinato en consideración al principio del INDUBIO PRO REO; sin embargo, de todo lo que hubiera señalado el Tribunal de Alzada hubiera declarado improcedente el recurso de apelación restringida planteado de manera escueta y sin fundamentación, además de no pronunciarse respecto de que el hecho se adecuaba al delito de robo agravado, este aspecto genera defecto absoluto, en definitiva el Tribunal de Alzada no se hubiera pronunciado respecto del art. 370 num 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal.

V.- Invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 6 de 26 de enero de 2007, del cual señalo que se refiere al defecto en que incurre el Auto de Vista al omitir en su decisión una cuestión impugnada en el recurso de la apelación restringida.

VI.- Por otro lado cursa en obrados la interposición de un memorial (fs. 760 a 763) interpuesto por Juan David López Díaz, con la suma de: “Nulidad por defectos Absolutos”, el mismo que es reiterado para su pronunciamiento a fs. 792 de obrados.     

Del Precedente Contradictorio Invocado a momento de interponer su apelación restingida:

Sentencia Constitucional Nº 1312/2003

Sentencia Constitucional Nº 1956/2004

Sentencia Constitucional Nº 366/2005

Sentencia Constitucional Nº 506/2005

De la solicitud:

Solicitó, que al amparo de los arts. 416, 417 y siguientes del Código de Procedimiento Penal se declare procedente su Recurso de Casación y se ordene  se deje sin efecto el Auto Apelado.

CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un recurso de casación)

Se define a la Casación, como un instrumento político-jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.


Gimeno Sendra se refiere al Recurso de Casación como: Al recurso que tiene una función predominantemente parciaria en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derecho de la partes procesales, aunque es cierto que con él persigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas…”


De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia, así lo señala Cafferata Nores cuando afirma que: El Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional”.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de los requisitos formales y fundamentación)

Que, de conformidad al Auto Supremo Nº 211 de 25 de agosto de 2014, se dispuso la Admisión del Recurso de Casación con relación a los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, para ingresar al análisis y consideración del Auto de Vista recurrido, la invocación de los precedentes contradictorios en su Recurso de Casación y la supuesta existencia de defectos absolutos, a fin de establecer la posible contradicción en la que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada al momento de emitir la Resolución objeto de análisis.

Con la finalidad de establecer la supuesta contradicción en que hubiera incurrido el Auto de Vista impugnado se tiene que:

Con relación al punto I.-

Con la finalidad de verificar si existieron errores injudicando, como ser la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva previsto en el art. 370 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, porque el Ministerio Público y la Acusación Particular durante la sustanciación el juicio no demostraron categóricamente la autoría en la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado en el art. 252 del Código Penal, al respecto se debe tener en cuenta que el Auto de Vista ya se pronunció fundadamente respecto de este punto, a fs. 665 y vta. en su Considerando III; del cual, en aplicación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal, se circunscribió a los puntos apelados y analizando la Sentencia determino que, los hechos fueron debidamente probados en juicio, fueron calificados por los juzgadores como Asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal.

De la misma forma el Auto de Vista realizó un análisis del delito haciendo una argumentación consistente en: “…el art. 252 num. 2) del Código Penal que dispone: “Será sancionado con la pena de presidio de treinta años sin derecho a indulto, el que matare…2) Por motivos fútiles y bajos”; para dejar claro esta figura delictiva, enunciando al tratadista Benjamín Miguel Harb, que expresa: “Los móviles fútiles o bajos se presentan cuando no guardan proporción entre la gravedad del hecho y la motivación, por ejemplo matar como respuesta a un insulto o por motivos bajos para robar”. Por su parte Carlos Creus y Jorge Eduardo Buompadre, en su libro Derecho Penal, Tomo I, 7ma edición, refiere el asesinato como homicidio agravado y en la figura concerniente al caso presente, detalla más elementos al señalar: “El homicidio se comete para preparar cuando con él se procura obtener los medios o colocarse en situaciones que permitan la ejecución de otro delito, para facilitarlo cuando se procuran con él, mejores posibilidades para la ejecución o efectividad del resultado el otro delito (matar para vencer la resistencia de quién se resiste a que lo roben); para ocultarlo cuando con el homicidio se procura que el otro delito no llegue a ser conocido (matar al único testigo presencial o a su víctima). El homicidio tiene por finalidad asegurar el resultado del otro delito, cuando mediante él se procura afirmar la pertenencia de los beneficios que se han obtenido el otro delito ya consumado o de lo que se piensa obtener del delito que se va a cometer”. Finalmente señalar que el art. 20 del Código Penal establece: “Son autores quienes realizan el hecho por sí solos conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso…”. De lo observado se puede advertir que el Auto de Vista cumplió con el postulado de realizar la debida fundamentación a lo pretendido en el recurso de apelación restringida, por tanto lo afirmado en este punto en su recurso de casación resulta no ser cierto, toda vez que no se infringió el art. 370 num. 1) del Código de Procedimiento Penal con relación al art. 252 del Código Penal.

A los puntos II, III y IV

De la misma forma que se estableció en el punto anterior, el recurrente reitera los aspectos señalados en su recurso de apelación restringida con relación a que se hubiera infringido el art. 370 num. 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal, al respecto el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista ya se pronunció al respecto señalo: “…De la lectura integra del acta de juicio oral y la Sentencia, se tiene que la valoración del aprueba ha sido realizada cumpliendo las normas establecidas, por los arts. 171, 173 y 359 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el Tribunal de Sentencia Nº 2, asignó el valor correspondiente a los elementos de prueba, incorporados legalmente a juicio, en aplicación apropiada de las reglas de la sana crítica, en cuya actividad no se advierte acciones y omisiones, que permita establecer que hubo una defectuosa valoración de la prueba o prueba ilícita y prohibida, que comprometa la forma de los actos procesales; valoración probatoria que permitió al conjunto de los juzgadores llegar al convencimiento de los acontecimientos y conductas, lo que dio lugar, a que se condene al acusado Juan David Díaz López por el delito de Asesinato. Cuya fundamentación fáctica, fundamentación probatoria y fundamentación jurídica, guardan armonía y correlación, porque expresan de forma clara y consistente, las razones por las cuales llega al fallo emitido.

Por todo lo expuesto y al verificarse que no existe defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 num. 1), 5) y 6) del código de Procedimiento Penal, ni vulnerado el art. 362 del mismo Código…”     

Asimismo se debe tener en cuenta que en la determinación del Tribunal de Sentencia se ve reflejado el principio iura novit curia; por el cual el juez conoce el derecho respecto a la petición que realizan el litigante a tiempo de acudir a la instancia jurisdiccional, correspondiendo a las partes probar los hechos y no los fundamentos del derecho aplicables, tarea que corresponde a los administradores de justicia.

Asimismo se puede afirmar que el principio de congruencia, así establecido, se adscribe a la posición doctrinal que el órgano jurisdiccional puede hacer uso del principio iura novit curia a tiempo de pronunciar la correspondiente sentencia, ya que lo único inmutable es el hecho histórico que constituye el objeto del proceso penal; por lo que el órgano jurisdiccional estaría en libertad de efectuar la calificación jurídica que considere más adecuada para encuadrar el hecho juzgado al tipo penal, e imponer la pena que correspondiere. Para tal efecto, se debe tomar en cuenta que el objeto del proceso penal está integrado por el hecho punible entendiendo como un hecho histórico o natural anterior y externo al proceso.

Por otro lado el recurrente Invocó las siguientes Sentencias Constitucionales:

Sentencia Constitucional Nº 1312/2003

Sentencia Constitucional Nº 1956/2004

Sentencia Constitucional Nº 366/2005

Sentencia Constitucional Nº 506/2005


Respecto de las Sentencias Constitucionales invocadas como precedentes contradictorios, se debe tener en cuenta que las mismas no tienen calidad de precedente contradictorio, así lo determinó la uniforme jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia en los Autos Supremos Nº 141 de 10 de marzo de 2004; 153 de 17 de marzo de 2003; 339 de 7 de junio de 2004; 59 de 5 de febrero de 2004; 132 de 18 de mayo de 2006, de la Sala Penal Segunda y 117-I de 31 de enero de 2007 de la Sala Penal Primera: “…Que en el caso de autos, del examen de los actuados procesales, se establece que el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida así como el recurso de casación deducido no ha invocado ningún  precedente válido, pues las sentencias constitucionales cuyas fotocopias adjunta, no son precedentes al tenor del art. 416 del Procedimiento Penal, en consecuencia el recurso deducido no cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión previstos en los arts. 416 y 417 del referido Código; omisión que no puede suplirse de oficio por ser base y sustento legal para la procedencia del recurso de casación…”. Por tanto el Auto de Vista y las Sentencias Constitucionales invocadas no cumplen con los requisitos de admisibilidad.

Con relación a la mala valoración probatoria, esta no pudo ser advertida por el Tribunal de Alzada, realizando al respecto la debida fundamentación señalando que la Sentencia empleó correctamente los arts. 171, 173 y 359 del Código de Procedimiento Penal, pues se tiene establecido que el Tribunal de Alzada al entrar a considerar los puntos apelados respecto de la valoración de la prueba,  identificó la correcta actuación del Juez o Tribunal de Sentencia, en base a las conclusiones establecidas en la Sentencia a través de un análisis armónico y contextual del conjunto de estas estableciendo la inexistencia de infracción o errónea aplicación de la Ley Penal, realizando el análisis de la adecuación del tipo penal a la conducta del encausado advirtiendo la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal endilgado, en este caso verificado el Auto de Vista recurrido el Tribunal de Alzada en base a los hechos probados en juicio y del análisis probatorio del conjunto de las pruebas llego a la conclusión de que la Sentencia tiene la suficiente fundamentación y motivación tanto en su parte fáctica como jurídica, por tanto carece de sustento lo señalado por el impetrante.

Con relación al punto V.-

Invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 6 de 26 de enero de 2007 y dijo que es contradictorio porque es referido a que el Auto de Vista incurrió en un defecto cuando omite pronunciarse respecto de todos los puntos apelados, del mismo se puede observar que la subsunción del delito por el cual se emitió el presente, es por la comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal, consecuentemente un delito distinto al del caso de Autos, no pudiendo establecerse el hecho similar, porque los delitos relacionados no responden a la familia del mismo bien jurídico, además en este precedente contrastado con el Auto de Vista recurrido, no resulta ser contradictorio toda vez que el precedente emerge de: “que la recurrente reclama que el a quo basó su resolución en que "no hubiera adjuntado precedente contradictorio alguno ni anuncia su presentación una vez conocido el Auto de Vista, lo que significa que no dio cumplimiento al artículo 416, segunda parte del Código de Procedimiento Penal" (sic. Auto de Vista); al respecto cabe dejar sentado que no es requisito para la apelación restringida la invocación de precedentes contradictorios, menos que estos sean acompañados al recurso, por otra parte el artículo 416 referido a la casación no puede ser aplicado por el Tribunal a quo al carecer de competencia para conocer dicho recurso”. Por lo advertido el precedente emerge de un caso muy distinto al caso ahora estudiado, por lo que resulta no ser contradictorio; por otro lado, se puede evidenciar la falta de precisión del hecho similar comprobado tanto en el Auto impugnado como en el precedente, teniendo en cuenta que el impetrante simplemente señaló “…que la misma refiere el defecto en que incurre el Auto de Vista al omitir en su decisión una cuestión impugnada en el recurso de apelación restringida”, en ese sentido se puede afirmar que el recurrente no señaló en términos claros y precisos la supuesta contradicción con el Auto de Vista, ni señaló que se hubiera aplicado una norma con distinto alcance o se hubiera aplicado una norma distinta; además, estos requisitos de fondo son imprescindibles y la falta de uno de ellos hace que se declare infundado el recurso de casación, estos presupuestos no fueron cumplidos por el recurrente.


Con relación al punto VI.- Por otro lado cursa en obrados la interposición de un memorial (fs. 760 a 763) interpuesto por Juan David López Díaz, con la suma de: “Nulidad por defectos Absolutos”, el mismo que es reiterado para su pronunciamiento a fs. 792 de obrados, al respecto se debe tener en cuenta que el mismo no es considerado por encontrarse fuera de los alcances de los arts. 416 y siguientes del Código de Procedimiento Penal; además, de tener en cuenta lo establecido en los arts. 16 y 17.II de la Ley del Órgano Judicial (Ley Nº 25) y la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia se señala: Auto Supremo Nº 46 de 07 de marzo de 2006 la cual en su Doctrina Legal Aplicable señaló: "(..) para evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente”.

El Recurso de Casación, además de su función propia nomofiláctica y unificadora de doctrina, cumple en nuestro ordenamiento jurídico la función de satisfacer el derecho de todo condenado a la sumisión del fallo condenatorio a un Tribunal Superior (artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y, en consecuencia, ha de reconocérsele un espacio propio de control diferenciado y más intenso en el plano jurisdiccional que otros recursos, empero será posible cumplir con ese objeto cuando las partes, a tiempo de realizar la impugnación de los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, establecen la contradicción con otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores (Ejecutoriados) o por la Sala Penal del Máximo Tribunal de Justicia, situación que en el presente caso no sucedió.

Respecto de los precedentes contradictorios invocados, de los mismos se realizó el control respecto de una supuesta contradicción con el Auto de Vista, de donde se verificó que ellos que no resultan ser contradictorios, por lo que se puede establecer que no ser cierto lo manifestado, porque  resulta que el Auto de Vista impugnado se encuentra debidamente fundamentado, así se constató de fs. 664 a 665 vta. de la misma forma de la fundamentación del Auto de Vista respeto de lo pretendido ahora en casación.

Respecto de la mención de la supuesta existencia de defectos absolutos en los que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada, se debe tener en cuenta que el impetrante en el planteamiento de su Recurso de Casación, al momento de invocar los precedentes contradictorios se apoyó en los mismos para señalar la existencia de defectos absolutos, de los cuales (precedentes contradictorios) como se pudo observar resultan no ser contradictorios con el Auto de Vista impugnado, por lo tanto, no se advierte actos vulneratorios de derechos y garantías Constitucionales y/o del procedimiento penal; por lo que se debe dejar constancia, que, no se advirtió la restricción o disminución de los derechos acusados de vulnerados o el resultado dañoso emergente del defecto.

De lo que se concluye, que configuró la conducta, en los elementos constitutivos de los tipos penales demandados, es de precisar que el Auto de Vista motivo del presente recurso señalo que el Tribunal de mérito al pronunciar la Sentencia en la valoración de la prueba y participación del imputado, expresó y valoró la prueba producida en la audiencia de juicio oral llegándose a asumir la convicción tanto de la participación del imputado en el hecho punible, pero además, respecto de la participación del recurrente doctrinalmente se hizo conocer que su actuar fue penalmente reprochable a los bienes jurídicos protegidos y en este caso no existió elemento alguno que desvirtué su participación en el ilícito juzgado y legalmente condenado.


Respecto del labor del Tribunal de Alzada.- Se debe tener en cuenta que la valoración de los hechos como de la prueba bajo los Principios de Inmediación y Contradicción constituye una atribución del Juez o Tribunal de Sentencia, en ese contexto, el Tribunal de alzada lo que debe realizar es la identificación de la falla, la impericia o arbitrariedad del Juez o Tribunal de instancia en la valoración de los hechos y de las pruebas, observando las reglas de la sana crítica que estén explicadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la posibilidad de lograr la convicción en las partes, más allá de la duda razonable, en ese sentido, el Tribunal de alzada debe controlar que la Sentencia Apelada tenga el sustento fáctico, con una argumentación con base jurídica coherente, respetando siempre la normativa procesal y constitucional.


Pues se tiene establecido que el Tribunal de alzada al entrar a considerar los puntos apelados respecto de la valoración de la prueba, debe identificar la correcta o incorrecta actuación del Juez o Tribunal de Sentencia, en base a las conclusiones establecidas en la Sentencia a través de un análisis armónico y contextual del conjunto de estas para poder establecer si existió infracción o errónea aplicación de la Ley Penal, en la adecuación del tipo penal a la conducta del encausado y, en su caso, si concurrieron los elementos constitutivos del tipo penal endilgado, en este caso verificado el Auto de Vista recurrido el Tribunal de Alzada en base a los hechos probados en juicio y del análisis probatorio del conjunto de las pruebas llego a la conclusión de que la Sentencia tiene la suficiente fundamentación y motivación tanto en su parte fáctica como jurídica.

De la revisión de los antecedentes, así como de la Sentencia y Auto de Vista, se debe tener en cuenta que de la Sentencia de fs. 612 a 623 vta. consigna en su contenido la existencia de, la enunciación del hecho y circunstancias objeto de juicio, existencia, momento y lugar del hecho, participación en el hecho, apreciación de todas las pruebas, motivos de derecho que fundamentan la Sentencia, fijación de la pena, las cuales son debidamente detalladas respecto a la participación del acusado en el hecho delictuoso denunciado.

Así también en el Auto de Vista constan los razonamientos respecto del Recurso de Apelación Restringida, los que fueron analizados y resueltos de fs. 664 a 665 vta.

Por lo referido, el recurso de casación planteado, al no haberse advertido contradicción entre los precedentes invocados y el Auto de Vista recurrido, además de la inexistencia de defectos absolutos, el recurso deviene por declararse Infundado.        

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, dispone conforme el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declarar: INFUNDADO el Recurso de Casación planteado por Juan David López Díaz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Fanny Savag Guidi contra el recurrente, Nelson Luís Muñoz Coronado, Jhovanny Paul Miranda Ponce y Marco Antonio Ribera Soruco (con Sentencia Condenatoria) y José Carlos Zambrano, José Morato Alave (Declarados Rebeldes), por la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 num. 6) del Código Penal, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez