TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo N°        76/2014

Lugar y Fecha:                Sucre, 11 de marzo de 2014

Distrito:                La Paz

Expediente:                234/09

Partes:        Martha Martínez de Herrera contra Maruja Francisca Quispe Cano 

Delitos:        Simulación de Delito, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias.

(Arts. 167, 198, 203 y 146  del código penal).

Recurso:                Casación

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VISTOS: Los Autos correspondientes al Recurso de Casación cursante de fs. 532 a 536, interpuesto por la imputada Maruja Quispe Cano, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista N° 446/2009 de 21 de julio de 2009, cursante de fs. 517 a 519, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Martha Martínez de Herrera contra Maruja Quispe Cano; por los delitos de Simulación de Delito, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias, previstos y sancionados en los arts. 167, 198, 203 y 146 del código penal, los antecedentes de la causa; y,

CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal de Sentencia Cuarto de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la resolución de grado contenida en la Sentencia Nº 01/2009 de 09 de enero de 2009, registrada de fs. 369 a 381 declarando a la procesada Maruja Francisca Quispe Cano, ABSUELTA de culpa y pena de la comisión de los delitos de Simulación de delito, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias, previstos y sancionados por los arts. 167, 198, 203 y 146 del código penal, por no haberse demostrado fehacientemente su responsabilidad penal respecto a los hechos acusados por insuficiencia de prueba y duda razonable a su favor, sin derecho a costas.

CONSIDERANDO II: Que, la sentencia absolutoria, pronunciada por el Tribunal A-quo, fue objeto de impugnación por parte de la querellante Martha Martínez de Herrera, a través del recurso de apelación restringida saliente de fs. 473 a 484 vta. del expediente.

Que, previo el trámite recursivo seguido por las autoridades jurisdiccionales, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz pronunció el Auto de Vista N° 446/2009 de 21 de julio de 2009 cursante de fs. 517 a 519, declarando PROCEDENTES las cuestiones planteadas en el Recurso de Apelación Restringida de fs. 473-484, en consecuencia ANULA la Resolución (Sentencia Nº 01/2009 de fecha 09 de enero de 2009 de fs.369-381 y conforme manda el Art. 413 del Código de Procedimiento se dispone la reposición del juicio por otro tribunal, sea con las formalidades de ley.

CONSIDERANDO III: Que, a través del Recurso de Casación cursante de fs. 532 a 536, la procesada Maruja Quispe Cano, impugna el Auto de Vista pronunciado por el tribunal de alzada, expresando: 

  1. El Auto de Vista admite una apelación que no cumple con la ley, por lo que no debía haber sido admitida:
  1. El Auto de Vista tiene error INJUDICANDO e IMPROCEDENDO, que viola el debido proceso y la seguridad jurídica, violando el Art. 407, sin invocar los precedentes contradictorios.
  2. Correspondía declarar la ejecutoria de la justa, legal y fundamentada sentencia.
  1. El Auto de Vista no cumple con la debida fundamentación:
  1. El Auto de vista basa su nulidad en los Autos Supremos: 562 de 01 de octubre de 2004; 342 de 28 de agosto de 2006 y 449 de 12 de octubre de 2007.
  2. Precedentes contradictorios los citados, que no fueron invocados por la apelante y  mucho menos han sido expuestos de forma separada para cada caso de las supuestas violaciones.
  3. Reitera que los precedentes contradictorios citados no fueron invocados por la apelante, porque la nombrada, en su memorial de recurso de Apelación restringida, invocó otros precedentes.
  4. Que los Vocales del Tribunal de Apelación, han actuado como abogados de la parte acusadora particular, habiendo actuado ultra petita y habiendo perdido la imparcialidad y la calidad de juez natural, como la objetividad.
  5. Que los precedentes que indica deben tener relación con los hechos alegados y las infracciones de las normas incumplidas o desconocidas
  6. El memorial del Recurso de Apelación Restringida no cumple con lo que mandan los Arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal.
  7. Menciona las Sentencias Constitucionales 1075/2003-R; 056/2003-R; 727/2003-R.
  8. En el memorial de apelación, no se ha hecho una fundamentación jurídica en relación a cada caso en particular de las supuestas violaciones.
  9. La sentencia se encuentra debidamente fundamentada.
  10. Reitera que es inadmisible la apelación.
  11. El Auto de Vista no tiene fundamentación y valoración o exposición de motivos por los que dispone la nulidad de la sentencia.
  12. El Auto de Vista no dice la exposición de motivos.
  13. El Auto de Vista carece de todo fundamento.
  14. Menciona y transcribe parte de precedente contradictorio: Auto Supremo N° 66 de 27 de enero de 2006.
  15. El Auto de Vista no precisa de qué forma se ha valorado la prueba.
  16. La resolución recurrida es incongruente y contradictoria, porque se extraña que el Tribunal de Alzada fuera de fundamentar la anulación total de la sentencia, haya considerado la necesidad de realizar un nuevo juicio.
  17. El Auto de Vista N° 446/2009, no tiene fundamentación y valoración o exposición de motivos por los que dispone la nulidad de la sentencia, por lo que ingresa a la misma causal de nulidad, consecuentemente ingresa a los defectos absolutos que refiere los arts. 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal.
  18. La apelación incidental ha sido conferida en el efecto diferido, mismo que manda y ordena de manera ineludible que sea resuelto por el Tribunal de Alzada conjuntamente la apelación principal, no pronunciarse en denegación de justicia, es un defecto absoluto señalado en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal.  

Solicitando a este Supremo Tribunal anular el Auto de Vista y disponer que se dicte una nueva resolución, en cumplimiento de los Arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, debiendo declararse la Inadmisibilidad de la apelación o en su defecto debe fundar su resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable, en cumplimiento del A.S. 359/2009 de 26 de junio de 2009 y A.S. 562 de 01 de octubre de 2004; Auto Supremo 342 de 28 de agosto de 2006 y A.S. 449 de 12 de octubre de 2007.

CONSIDERANDO IV: Que, para los efectos de la presente resolución, corresponde tener presente que desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.             

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país establece a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya procedencia deben cumplirse indefectiblemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, esto es:

  1. Que al interponer el Recurso de Apelación Restringida la parte recurrente deba invocar el precedente contradictorio, precisando la contradicción ante una situación de hecho similar, sea por haberse aplicado normas distintas o bien una misma norma con diverso alcance;
  2. Dentro del Recurso de Casación, que deberá ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación legal con el Auto de Vista que se impugna, el recurrente deberá señalar la contradicción que existiría entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados en términos claros y precisos para que el Tribunal Supremo establezca la Doctrina Legal Aplicable que corresponda en caso ser evidentes las contradicciones deducidas por la parte recurrente.
  3. En el Recurso de Casación, se deberá señalar la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que invocó el precedente contradictorio.

CONSIDERANDO V: Que, ingresando a la consideración de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación en análisis, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se establece:

1.        Que, el recurso de casación fue presentado por la procesada dentro de los cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo así por un lado con el requisito de tiempo previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

2.        Que, por otro lado, se tiene que la procesada interpuso su Recurso de Casación sin considerar la previsión del art. 416 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

“El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema”.

Con relación a las Sentencias Constitucionales invocadas, se debe tener en cuenta que las mismas no tienen calidad precedentes contradictorios, así lo determinó la uniforme jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia en los Autos Supremos N° 141 de 10 de marzo de 2004; 153 de 17 de marzo de 2003; 339 de 7 de junio de 2004; 59 de 5 de febrero 2004; 132 de 18 de mayo de 2006, de la Sala Penal Segunda y 117-I de 31 de enero de 2007 de la Sala Penal Primera “…Que en el caso de autos, del examen de los actuados procesales, se establece que el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida así como el recurso de casación deducido no ha invocado ningún precedente válido, pues las sentencias constitucionales cuyas fotocopias adjunta, no son precedentes al tenor del art. 416 del Procedimiento Penal, en consecuencia el recurso deducido no cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión previstos en los arts. 416 y 417 del referido Código; omisión que no puede suplirse de oficio por ser base y sustento legal para la procedencia del recurso de casación…”.   

Por otro lado, la procesada no fundamentó la aplicación concreta a la resolución recurrida, olvidando la previsión del art. 417 del Código de Procedimiento Penal que dispone que en el Recurso de Casación debe señalarse la contradicción en términos precisos, bajo apercibimiento de declararse la inadmisibilidad del mismo, pues, como se infiere del art. 416 del similar cuerpo procesal, Maruja Francisca Quispe Cano  en este caso, debió asumir la carga procesal de demostrar cómo es que ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico asumido por el Tribunal de Alzada no coincide con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, carga que en el caso presente no fue cumplida.  

Con relación a la denuncia de supuestos defectos absolutos en que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al convalidar los defectos de la Sentencia y que no se hubiera pronunciado correctamente respecto de todos los puntos apelados, se debe dejar constancia, que no es admisible el solo hecho de que las partes se limiten a denunciar actuados procesales como defectos absolutos, pues se establece, que de los fundamentos del recurso, estos corresponden a reiteración de los mismos hechos que ya fueron considerados y debidamente resueltos en las instancias procesales pertinentes, además, la recurrente no precisó puntualmente que punto no se pronunció correctamente el Tribunal de Alzada; pues para que se pueda efectivizar la flexibilización para la admisibilidad de un Recurso de Casación por la denuncia de defectos absolutos, el o los recurrentes tienen el deber de detallar con precisión la restricción o disminución de los derechos acusados de vulnerados, explicando el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales tengan connotación de orden Constitucional, que en el presente caso no aconteció. En igual forma, en el caso de la inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado se debe realizar la debida fundamentación fáctica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por los operadores de justicia.

Que, por lo expuesto, se tiene que el Recurso de Casación fue interpuesto con inobservancia de las previsiones contenidas en los arts. 416 y 417 del  Código de Procedimiento Penal, ya que la procesada obró sin considerar que necesariamente debió asumir el imperativo válido, así como la carga de postulación en términos claros y precisos de la contradicción que deduciría entre el Auto de Vista que impugna y los precedentes enunciados, cargas procesales que constituyen al mismo tiempo la base y sustento legal para la admisión del Recurso de Casación, en razón de que su inobservancia, así como la negligencia de la parte recurrente en el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad, no puede ser suplida de oficio por parte de este Tribunal de Casación, que tiene entre sus principales funciones, como se expresó precedentemente, el de controlar precisamente la uniformidad de la jurisprudencia, por cuanto su omisión en el caso presente priva su consideración, toda vez que no es posible establecer el sentido jurídico contradictorio, al no tener abierta su competencia; por no haberse otorgado cumplimiento a los requisitos de admisión del Recurso.       

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-11 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de las normas procesales contenidas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación cursante de fs. 532 a 537, interpuesto por la procesada Maruja Quispe cano, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista N° 446/2009  de 21 de julio de 2009 cursante de fs. 517 a 519 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Martha Martínez de Herrera contra Maruja Quispe Cano, por la comisión de los delitos de Simulación de Delito, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado y Uso Indebido de Influencias, previstos y sancionados en los arts. 167, 198, 203 y 146 del código penal; sea con la imposición de costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-


Magistrada Relatora: Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez

Magistrado Convocado: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos