TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nro.:                34/2014.

Lugar y Fecha:                Sucre, 17 de Febrero de 2014.

Expediente:                        137/09.

Distrito:                        La Paz.

Partes:                               Ministerio Público contra Ruth Ana Martinez Revollo.

Delito:                        Suministro (Art. 51 de la Ley 1008)

Recurso:                        Casación


VISTOS: Los Autos correspondientes al Recurso de Casación cursante de fs. 239 a 240, de fecha 3 de Agosto de 2009 interpuesto por la procesada Ana Martinez Revollo, impugnando la Resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 422/09, de 19 de Junio de 2009, cursante de fs. 229 a fs. 231, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito Suministro Art. 51 de la Ley N° 1008, los antecedentes de la causa, y;

CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal Séptimo de Sentencia del Distrito de La Paz, pronunció la Resolución de grado Nº 02/2008 contenida en la Sentencia condenatoria, de 3 de Septiembre de 2008, cursante de fs. 207 a 209, declarando a la procesada Ana Martinez Revollo, autora y culpable de la comisión del delito Suministro, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley N° 1008, imponiéndole la sanción penal de 8 años en presidio a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, que se computara a partir de su detención, más multa, daños y perjuicios y costas al Estado a calificarse en ejecución de sentencia.

Que, la Sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de juicio fue objeto de impugnación por parte de la procesada Ruth Ana Martinez Revollo a través del Recurso de Apelación Restringida cursante de fs. 214 a fs. 216; a mérito del Recurso de Apelación Restringida deducido y previo el trámite recursivo seguido por las autoridades jurisdiccionales, el Tribunal de Apelación conformado en el caso presente por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, a través del Auto de Vista Nro. 422/09, de 19 de Junio de 2009, cursante de fs. 229 a 231, dispuso declarar improcedente las cuestiones planteadas en el memorial de apelación restringida en consecuencia confirmó la Sentencia Nro. 02/2008, de fecha 3 de Septiembre de 2008 dictada por el Tribunal de Sentencia Séptimo en lo Penal  de esa capital, en todas sus partes y sea con las formalidades de ley.

CONSIDERANDO II: Que, a través del Recurso de Casación cursante a fs. 239 a fs. 240., la recurrente Ana Martinez Revollo impugna la Resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nro. 422/09, de fecha 19 de Junio de 2009, cursante de fs. 229 a 231, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Departamento de La Paz alegando como motivos de su Recurso de Casación: 1) Errónea aplicación del Art. 51  de la Ley 1008, debido a que no estuvo en posesión dolosa de sustancia controlada; 2) No se le ha sorprendido con la acción de suministrar con sustancias controladas; 3) El Auto de Vista Nro. 422/09, entra en contradicción con el Auto Supremo Nro. 431, de fecha 11 de Octubre de 2006.

Que, por los motivos expuestos, la recurrente solicitó a este Supremo Tribunal de Justicia declara Admisible el Recurso Interpuesto y en consecuencia se case el Auto de Vista impugnado, estableciendo la doctrina legal aplicable y sea con las formalidades de ley.

CONSIDERANDO III: Que, para los efectos de la presente resolución, corresponde tener presente que desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.             

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país establece a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya procedencia deben cumplirse indefectiblemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, esto es:

  1. Que al interponer el Recurso de Apelación Restringida la recurrente debe invocar el precedente contradictorio, precisando la contradicción ante una situación de hecho similar, sea por haberse aplicado normas distintas o bien una misma norma con diverso alcance;
  2. Dentro del Recurso de Casación, que deberá ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación legal con el Auto de Vista que se impugna, el recurrente deberá señalar la contradicción que existiría entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados en términos claros y precisos para que el Tribunal Supremo establezca la Doctrina Legal Aplicable que corresponda en caso ser evidentes las contradicciones deducidas por la parte recurrente.
  3. En el Recurso de Casación se deberá señalara la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que se invocó el precedente.

CONSIDERANDO V: Que, ingresando a la consideración de las condiciones de admisibilidad del Recurso de Casación en análisis, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se establece que la recurrente presentó el Recurso de Casación dentro los cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo el requisito de tiempo previsto por el Art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

Que, prosiguiendo con la verificación de los requisitos de admisibilidad, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se tiene que la recurrente, no cumplió con la exigencia procesal contenida en el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, pues, a tiempo de interponer su Recurso de Apelación Restringida, cursante de fs. 77 a fs. 81 no invocó ningún precedente contradictorio alguno en apoyo de los aspectos cuestionados del juicio y de la sentencia, cuando al respecto la norma procesal contenida en el art. 416 del Código de Procedimiento Penal establece:

“Artículo 416. (Procedencia). El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida.”

Que, la recurrente en su Recurso de Casación denunció: 1) Errónea aplicación del Art. 51  de la Ley 1008, debido a que no estuvo en posesión dolosa de sustancia controlada; 2) No se le ha sorprendido con la acción de suministrar con sustancias controladas; 3) El Auto de Vista Nro. 422/09, entra en contradicción con el Auto Supremo Nro. 431, de fecha 11 de Octubre de 2006.

Que, al haber planteado el recurso de casación en dichos términos, es evidente que la recurrente no cumplió en el Recurso de Casación con la expresión de las contradicciones en las que presuntamente habría incurrido el tribunal de alzada a tiempo de resolver tales denuncias, pues no llegó a postular cómo es que ante una situación de hecho similar a los reclamos concretos que efectuó en apelación, el tribunal de alzada asumió una solución jurídica contraria a la asumida por la jurisprudencia nacional, pues, conforme se tiene del análisis de los argumentos del tribunal de alzada se llegó a verificar que se resolvieron todos los aspectos cuestionados, concluyéndose por parte del tribunal ad quem la falta de mérito de dichas denuncias, decisión ante la cual la recurrente reiteramos- más allá de persistir en su denuncia ante este Supremo Tribunal de Casación, debió postular la contradicción en la que habría incurrido el tribunal de apelación al adoptar la decisión judicial concreta respecto de otros fallos que en línea de jurisprudencia establecerían una solución jurídica diversa en casos análogos; asimismo tampoco establece la vulneración de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado con la debida fundamentación factica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por los operadores de justicia.

Que, por lo expuesto se establece que la recurrente actuó con desconocimiento de la norma procesal contenida en el primer párrafo del Art. 416 del Código de Procedimiento Penal que al definir la naturaleza y finalidad del Recurso de Casación expresa:

“Artículo 416. (Procedencia).  El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

Noción legal de la cual surge precisamente la carga procesal por el que la recurrente debe señalar en términos expresos, claros y precisos las contradicciones que existirán entre el Auto de Vista que se impugna y los precedentes invocados, motivo por el cual la recurrente debió demostrar en el caso presente, como se tiene dicho, cómo es que ante una situación de hecho similar la decisión del Tribunal de Alzada no coincidió con la de los precedentes invocados, al respecto el Art. 416, párrafo tercero del Código de Procedimiento Penal señala:

“Se entenderá que existe contradicción, cuando ante situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista


recurrido no coincida con el del precedente, sea por haber aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance

Que, por otro lado, se tiene que en el ámbito de la carga de la postulación de contradicciones la recurrente tampoco actuó con sujeción de la norma procesal contenida en el párrafo segundo del art. 417 del similar cuerpo procesal que para la procedencia del Recurso de Casación determina con precisión:

“Artículo 417. (Requisitos). “En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad

En consecuencia, este Tribunal determina que el Recurso de Casación presentado no cumplió con las condiciones previstas por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, requisitos que al mismo tiempo constituyen la base y sustento legal para la admisión del Recurso de Casación, en razón de que la inobservancia del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad por parte de la recurrente, no puede ser suplida de oficio por parte del Tribunal de Casación, que tiene entre sus principales funciones, como se expresó en consideraciones previas, el de controlar precisamente la uniformidad de la jurisprudencia, por cuanto su omisión en el caso presente priva su consideración.  

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-11 de la Ley N° 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de las normas procesales contenidas en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación cursante de fs. 239 a 240, , interpuesto por la recurrente Ruth Ana Martinez Revollo, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nro. 422/09, de fecha 19 de Junio de 2009, cursante de fs. 229  a fs. 231, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido



en su contra por el Ministerio Público, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley Nº 1008.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Magistrada Relatora: Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez.