S TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº:                30/2014        

Fecha:                                Sucre, 17 de Febrero de 2014                                                   

Expediente :                        200/2009

Distrito:                        La Paz    

Parte acusadora :                María Dagna Aliaga Alvarado c/ María Karina Piñheiro de

Sánchez  

Delito :                                Apropiación Indebida y otro 

VISTOS: (Del recurso en cuestión)

El Recurso de Casación planteado por María Karina Piñheiro de Sánchez de fs. 253 a 256, impugnando el Auto de Vista de 5 de junio de 2009, cursante de fs. 247 a 248 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por María Magda Aliaga Alvarado contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal, los antecedentes, y;

CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales)

Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fuera interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:

Con base a la Acusación Particular, previa la sustanciación del juicio oral, el Juzgado Tercero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, mediante Sentencia Nº 40 de 30 de septiembre de 2008, de fs. 151 a 155, resolvió declarar a María Karina Piñheiro de Sánchez, Autora y Culpable de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal, sancionándola con la pena de dos años (2) de reclusión y en consideración a lo dispuesto por el art. 368 del Código de Procedimiento Penal se le concedió el beneficio del Perdón Judicial, con costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia.

Que, ante esta Sentencia, María Karina Piñheiro de Sánchez de fs. 160 a 166 vta. interpuso Recurso de Apelación Restringida, mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 5 de junio 2009 (fs. 247 a 248 vta.), la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó Auto de Vista, declarando Improcedentes las cuestiones planteadas en la apelación restringida interpuesta y en consecuencia confirmó la Sentencia.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, María Karina Piñheiro de Sánchez, mediante memorial presentado el 25 de julio de 2009 (fs. 253 a 256), interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado.

CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento de casación)

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establece como motivos del  mismo, los siguientes:

Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación tienen la obligación de verificar que los tribunales inferiores observaron el cumplimiento de las normas que regulan su tramitación, por lo que se debe tener en cuenta que se llevó adelante una Audiencia de fundamentación de la Apelación Restringida sin la presencia de la imputada, además no se le notificó en su domicilio señalado, tal la prueba, que un tercero que no interviene en el proceso devuelve el Cedulón, por lo que se incurrió en defectos absolutos previstos en el art. 169 num. 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal.

Al respecto señaló el Auto Supremo Nº  218 de 28 de junio de 2006, del cual transcribió su parte pertinente el mismo que está referido a la aplicación del debido proceso y derecho que tiene el imputado a ampliar su defensa.  

Sobre el fondo, la valoración probatoria del Juez fue en contra del ordenamiento normativo establecido, toda vez que no se puede dictar una Sentencia en base fotocopias simples, menos aún judicializarlas, de lo cual se transgredió el art. 216 del Código de Procedimiento Penal y las pruebas no cumplieron con las previsiones de los arts. 172, 173, 217 del Código de Procedimiento Penal.

No existió prueba para evidenciar el haber enviado el monto de $us. 24.706.44 a favor de la imputada, simplemente existen fotocopias simples de una carta notariada, por lo que no existe plena prueba dela comisión del delito.

No se demostró la existencia de la entidad Bancaria “BANCAJA” de la cual se atribuye haber enviado dineros que querellante no estableció, pero el Juez si, señalando un monto de dinero de forma ultra petita (en la querella $us. 24.706.44) y la carta notariada habla de $us. 27.000.00, entrando en contradicción.

La Sentencia ha sido dictada en base a prueba inexistente, porque no hubo la conducta típica y antijurídica culpable, aspectos inexistentes en el hecho, toda vez que presentó pruebas de descargo que demostraron que no se quedó con un centavo del dinero que hubiera enviado la demandante, de España, teniendo todos los recibos facturas y certificaciones cursantes en el expediente ratificadas por las testificales de cargo y de descargo.

La Sentencia se resolvió en forma contraria a la Ley, porque el Juez no se podía basar en fotocopias simples de una institución que no se tiene la certeza de sus existencia (BANCAJA), pero el Juez lo tomo como cierto.

El Juez al señalar: “…negarse a restituir o no restituir a su debido tiempo dinero, efecto…” inventó un nuevo tipo penal violentando el ordenamiento jurídico actual, no atinente lo referido toda vez que su conducta no se adecuó al tipo penal porque nunca retuvo dinero alguno, no tuvo posesión del monto que le denuncian y no tiene la obligación de entregar o devolver montos de dinero que no retuvo.

La prueba presentada y la acusación entraron en contradicción porque en las mismas no coincide el monto de dinero motivo de demanda, aspecto que debe estar acorde a lo establecido en la Sentencia Constitucional Nº 440/2002-R de 15 de abril de 2002, la cual señala que el juzgador tiene la obligación de valorar la prueba justificando las razones por las cuales se le asignó un determinado valor y el Juez no está facultado por ley para asignar valor probatorio a fotocopias simples, al respecto señalo la Sentencia Constitucional Nº 830/2000-R, Sentencia Constitucional Nº 128/2001-R.

Respecto al delito de Abuso de Confianza, no existió prueba alguna porque no nunca se comprobó la existencia de una relación jurídica, más al contrario el Juez de la causa en abuso de su autoridad y desconocimiento forzado de la Ley atribuyó esta confianza a la relación de parentesco con la querellante.  

Existió falta de tipicidad entre la base fáctica y el tipo penal inserto en el art. 345 del Código Penal. Asimismo la Sentencia contradice la línea doctrinal sentada por la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta a la exigencia de la fundamentación de la resolución.

No hubo un debido proceso porque el Juez solo enumeró y mencionó las pruebas, pero no las valoró contraviniendo al debido proceso atentando el derecho a la defensa.

Del Precedente Contradictorio Invocado:


Sentencia Constitucional Nº 440/2002-R de 15 de abril de 2002

Sentencia Constitucional Nº 830/2000-R

Sentencia Constitucional Nº 128/2001-R

De la solicitud:

Solicitó se Case el Auto de Vista recurrido y se Anule por constituir violación al debido proceso, disponiendo se dicte nuevo Auto de Vista en donde se produzca una real y verdadera valoración, proposición y fundamentación de todas y cada una de las pruebas aportadas sin restringir el derecho a la defensa.

CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un recurso de casación)

Se define a la Casación, como un instrumento político-jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.


Gimeno Sendra se refiere al Recurso de Casación como: Al recurso que tiene una función predominantemente parciaria en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derecho de la partes procesales, aunque es cierto que con él persigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas…”


De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia, así lo señala Cafferata Nores cuando afirma que: El Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional”.


La procedencia del Recurso de Casación, está dada al cumplimiento de un conjunto de requisitos necesarios para que el Tribunal de Casación pueda pronunciarse sobre el fondo del planteamiento, siendo estos presupuestos formales de cumplimiento obligatorio e inexcusable; es así, que el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 416 y 417 ha señalado lo siguiente:



El incumplimiento a los presupuestos señalados supra, determinarán la ineficacia del planteamiento, pues si bien, nuestra normativa legal otorga el derecho a recurrir, también exige requisitos que deben ser cumplidos, que ante la negligencia o incumplimiento debe disponerse su inadmisibilidad sin que pueda interpretarse ésta decisión, como a la negación a ese derecho recursivo, en consecuencia, de su cumplimiento recién este Tribunal podrá ingresar a considerar el recurso planteado.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de los requisitos formales)

Plazo: La fecha, desde la que corresponde computar el plazo de los 5 días para formular el Recurso de Casación, corre desde el día siguiente a la notificación con el Auto de Vista recurrido, en este caso verificadas las diligencias de notificación se tiene que fue notificada con el Auto de Vista, el 21 de julio de 2009, tal como consta a fs. 250, siendo el cargo de presentación de su Recurso de Casación del 25 de julio de 2009 cursante a fs. 256, por lo que se establece, que el mismo fue presentado dentro del plazo previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

Invocación del precedente contradictorio: Continuando con el análisis de los datos procesales que informan esta causa, se establecen las siguientes conclusiones de orden legal:

A) De la invocación en el Recurso de Apelación Restringida:

Conforme lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, un requisito formal que debe ser cumplido por la parte que formuló el Recurso de Casación, es el de haber invocado el precedente contradictorio en su Recurso de Apelación Restringida; de lo que se establece que en su Recurso de Apelación Restringida invocó como precedentes contradictorios los siguientes:

Sentencia Constitucional Nº 440/2002-R de 15 de abril de 2002

Sentencia Constitucional Nº 830/2000-R

Sentencia Constitucional Nº 128/2001-R

B) De la contradicción del Precedente Contradictorio y el Auto de Vista recurrido:

De lo previsto en el parágrafo segundo del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, el recurrente, deberá señalar en términos claros y precisos las contradicciones existentes entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes contradictorios; en este caso, pese a la invocación de los precedentes contradictorios en su recurso de apelación restringida, en casación solamente señaló los siguientes precedentes contradictorios, de los cuales se realizó el siguiente análisis:

Respecto de:

Sentencia Constitucional Nº 440/2002-R de 15 de abril de 2002

Sentencia Constitucional Nº 830/2000-R

Sentencia Constitucional Nº 128/2001-R

Se debe dejar establecido que las Sentencias Constitucionales no tienen calidad de precedentes contradictorios, así lo determinó la uniforme jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia en los Autos Supremos Nº 141 de 10 de marzo de 2004; 153 de 17 de marzo de 2003; 339 de 7 de junio de 2004; 59 de 5 de febrero de 2004; 132 de 18 de mayo de 2006, de la Sala Penal Segunda y 117-I de 31 de enero de 2007 de la Sala Penal Primera: “…Que en el caso de autos, del examen de los actuados procesales, se establece que el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida así como el recurso de casación deducido no ha invocado ningún  precedente válido, pues las sentencias constitucionales cuyas fotocopias adjunta, no son precedentes al tenor del art. 416 del Procedimiento Penal, en consecuencia el recurso deducido no cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión previstos en los arts. 416 y 417 del referido Código; omisión que no puede suplirse de oficio por ser base y sustento legal para la procedencia del recurso de casación…”, por tal circunstancia los mimos no pueden ser considerados como precedentes contradictorios.

Respecto de:


Auto Supremo Nº 218 de 28 de junio de 2006

Del mismo, si bien transcribió la parte pertinente de su doctrina legal aplicable, sin embargo no realizó la contrastación con el Auto de Vista impugnado, señalando aspectos que no coinciden con el Auto de Vista impugnado como ser:

En este Auto Supremo no se le permitió al imputado ampliar su defensa, el Tribunal de alzada omite señalar día y hora de audiencia de fundamentación oral, sin embargo en caso de Autos, se advierte que a fs. 240 de fecha 11 de mayo de 2009 se señaló Audiencia pública de fundamentación complementaria presentada por la impetrante, de lo que resulta no ser cierto lo señalado, más aún si en Acta de Audiencia 13 de mayo de 2009 (fs. 242), consta que la impetrante no solicitó expresamente el señalamiento, mas al contrario la audiencia se instaló a petición de la parte querellante por un lapsus en la presentación de la respuesta a la apelación restringida audiencia a la cual la imputada no asistió, aspecto que no tiene relevancia toda vez que la audiencia no se llevó adelante. Por otro lado, así también en obrados consta que en el recurso de apelación restringida interpuesto por la imputada, no señaló expresamente se señale día y hora de fundamentación, al mismo tiempo en su recurso de casación no señaló que realizo el señalamiento expreso, simplemente señaló que no se concedió el derecho a en audiencia realizar su debida fundamentación, por lo que lo pedido no tiene asidero legal.

En definitiva, en su Recurso de Casación no señaló la contradicción en términos precisos en la que hubiera incurrido el Auto de Vista impugnado, toda vez que se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, presupuesto formal que no se advierte en el presente recurso de Casación.

De lo que se establece que el Recurso de Casación planteado no cumple con las exigencias establecidas por el legislador, toda vez, que se debe considerar, que para la aplicación de éstos, el recurrente debió realizar la fundamentación de su recurso de forma clara y precisa respecto de la contradicción existente entre el precedente contradictorio invocado y el Auto de Vista recurrido, cuál la norma vulnerada, cuál la que se debió aplicar y qué entendimiento es el correcto; no es suficiente señalar las normas supuestamente vulneradas y citar los precedentes contradictorios y exponer los hechos que considere supuestamente ilegales, sino que se debe demostrar fehacientemente que existe un alcance contrario, de tal naturaleza que demuestre la vulneración de derechos y garantías constitucionales, aspecto que no fue cumplido por el recurrente, pues no se precisó ni estableció de qué manera hubieran sido infringidos sus derechos, resultando lo expuesto exiguo; por consiguiente, este Máximo Tribunal de Justicia no puede ingresar a considerar el recurso deducido, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio de la resolución impugnada.

Respecto a la existencia de defectos absolutos, se debe dejar constancia, que no es admisible el solo hecho de que las partes se limiten a denunciar actuados procesales como defectos absolutos; pues para que se pueda efectivizar la flexibilización para la admisibilidad de un Recurso de Casación por la denuncia de defectos absolutos, el o los recurrentes tienen el deber de detallar con precisión la restricción o disminución de los derechos acusados de vulnerados, explicando el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales tengan connotación de orden Constitucional, que en el presente caso no aconteció, porque se debe tener en cuenta que el impetrante activó todos los mecanismos que la Ley le franqueó siendo respondido en cada uno de ellos, mas al contrario lo que resulta inadmisible es que ahora en casación se pretenda asimilar a un trámite incidental de Nulidad de Obrados, por supuestas notificaciones defectuosas, teniendo en cuenta que esto no puede ser posible debido a los alcances del Recurso de Casación manifestados anteriormente, además porque esta Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer cuestiones incidentales, a la fecha tiene un impedimento legal a partir del 25 de octubre de 2010, emergente de la Sentencia Constitucional Nº 1716, en la que el Tribunal Constitucional estableció que los Ministros de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia no tienen atribución para conocer y resolver las cuestiones incidentales, de la misma forma señaló la Sentencia Constitucional N° 0330/2012 de 18 de junio de 2012. de ahí que se tiene que: “…en estricta observancia del art. 50 del CPP, la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para hacerlo, dado que el citado precepto la limita a las tres situaciones específicas: “1) Los recursos de Casación; 2) Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, y, 3) Las solicitudes de extradición”,

De lo que se establece que a la impetrante no se afectó su derecho a la defensa, porque tuvo acceso a utilizar los mecanismos que la ley le franqueó, de lo que resulta no ser adecuado que en casacón observe aspectos que debió haber solicitado en las instancias pertinentes.

Asimismo, se observó en los actuados que hacen al caso de Autos, la inexistencia de una solicitud expresa de nulidad de las notificaciones extrañadas, esto teniendo en cuenta que si la impetrante creyó que se le dejó en indefensión, por no haber sido notificado correctamente, se extraña como ya se dijo, el planteamiento ante la autoridad competente de la nulidad de las notificaciones referidas, lo que demuestra la inactividad en el ejercicio de su derecho a la defensa, por lo que esta inobservancia del recurrente no puede ser suplida por la Autoridad jurisdiccional.

Además se debe tener en cuenta la línea jurisprudencial emitida por el Auto Supremo Nº 46 de 07 de marzo de 2006 la cual en su Doctrina Legal Aplicable señaló: "(..) para evitar las impugnaciones en casación sobre hechos pasados y derechos precluidos; las partes en las etapas preparatorias, intermedia del juicio oral o de los recursos y en ejecución de sentencia deben ejercer las acciones que en cada acto procesal se encuentran previstos y los recursos que en cada etapa procesal se prevén, la omisión de uno de ellos tiene el efecto jurídico de no retroceder al acto consumado por la preclusión del derecho de la parte que no ha ejercido las acciones o recursos legales oportunamente”.

El recurso de casación, además de su función propia nomofiláctica y unificadora de doctrina, cumple en nuestro ordenamiento jurídico la función de satisfacer el derecho de todo condenado a la sumisión del fallo condenatorio a un Tribunal Superior (artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y, en consecuencia, ha de reconocérsele un espacio propio de control diferenciado y más intenso en el plano jurisdiccional que otros recursos, empero será posible cumplir con ese objeto cuando las partes, a tiempo de realizar la impugnación de los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, establecen la contradicción con otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Máximo Tribunal de Justicia, situación que en el presente caso no sucedió.

Por lo señalado anteriormente, el Recurso de Casación resulta inadmisible, toda vez que el recurrente, no cumplió con los requisitos formales de admisibilidad previstos por el Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, conforme a los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación planteado por María Karina Piñheiro de Sánchez, dentro del proceso penal seguido por el María Magda Aliaga Alvarado contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrado Relator: Dr. William E. Alave Laura