TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 706/2013

Fecha:                        Sucre, 05 de diciembre de 2013

Expediente:                130/2009

Distrito:                Santa Cruz    

Partes:        Ministerio Público  c/ Ángel Arraza Hinojosa (Declarado Rebelde) y Ronald Condori Rojas 

Delito :        Tráfico y Transporte de Sustancias Controladas (art. 48 y 55 de la Ley Nº 1008)     

Recurso:                Casación

VISTOS: (Del recurso en cuestión)

       El Recurso de Casación planteado por Ronald Condori Rojas de fs. 106 a 107 vta., impugnando el Auto de Vista de 2 de junio de 2009, cursante de fs. 89 y vta. de obrados, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ángel Arraza Hinojosa (Declarado Rebelde) y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico y Transporte de Sustancias Controladas, previstos y sancionados por los arts. 48 y 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), los antecedentes, y;

CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales)

Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fuera interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:

Con base a la Acusación Fiscal, previa la sustanciación del juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 9 de 7 de abril de 2009, de fs. 62 a 71, declaró rebelde al acusado Ángel Arráza Hinojosa, posteriormente, resolvió:

1.- Al tenor del art. 363 num. 2) del Código de Procedimiento Penal, Absolvió de culpa y pena al acusado Ronald Condori Rojas, de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), porque la prueba aportada por el Ministerio Público no fue suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal sobre este delito.

2.- De conformidad al art. 365 del Código de Procedimiento Penal, se dictó Sentencia Condenatoria contra Ronald Condori Rojas, declarándolo Autor y Culpable de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008) y se le condenó a la pena privativa de libertad de ocho años (8) de reclusión, que deberá purgar en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, sección varones y al pago de 300.- días multa a razón de Bs. 2.- por día; así como al pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia, conforme lo dispone el art. 272 del Código de Procedimiento Penal.

La condena impuesta al acusado se computara una vez que el presente fallo tenga carácter de ejecutoriado, teniendo en cuenta que el acusado goza del derecho a la libertad bajo medidas sustitutivas; sin perjuicio de computar como parte de la sanción el tiempo que hubiese estado detenido preventivamente por este delito.

Que, ante esta Sentencia, Ronald Condori Rojas de fs. 76 a 79, interpuso Recurso de Apelación Restringida, mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 2 de junio de 2009 (fs. 89 y vta.), la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dictó Auto de Vista, declarando Improcedente el Recurso de Apelación Restringida interpuesto.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, Ronald Condori Rojas, mediante memorial presentado el 24 de junio de 2009 (fs. 106 a 107 vta.), Interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado.

CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento de casación)

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establece como motivos del  mismo, los siguientes:

El Auto de Vista no tomo en cuenta: La Prueba Nº 10, que tiene un núcleo familiar en la localidad de Bulo Bulo. Prueba Nº 4, su padre siembra arroz en Yapacani. Prueba Nº 15, que nació en Montero.

El Tribunal de Sentencia no tomo en cuenta que en el operativo se detuvo a cuatro personas y el Fiscal sobresee a dos pasajeros bajo el argumento de que desconocían que estaban transportando sustancias controladas pese a que el dueño de la droga era su primo hermano, asimismo existió secuestro de teléfonos celulares y el Fiscal en ningún momento solicito flujo de llamadas para sostener su hipótesis acusatoria.

El Tribunal de Alzada no corrige los actos violatorios contenidos en la Apelación Restringida, porque se basó en antecedentes de la FELCN en la que sostiene que estuvo preso por sustancias controladas, de lo que se tiene que tener en cuenta que no tiene antecedentes de la Ley Nº 1008 ni estuvo preso, toda vez que ofreció una certificación del REJAP.

Al respecto invocó como presentes contradictorios que fueran invocados en su Recurso de Apelación Restringida:

Auto Supremo Nº 479 de 8 de diciembre de 2005 emitido por la Sala Penal Segunda del cual trascribió una parte de su doctrina legal aplicable: “En la función jurisdiccional respecto a las resoluciones que se emitan es imprescindible que los Tribunales de Justicia apliquen las normas positivas de acuerdo a lo previsto por el artículo 228 Constitucional, dando aplicación preferente a la normativa Constitucional; consiguientemente la carga de la prueba corresponde al acusador público o privado o a ambos, y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material; consecuentemente del estado de presunción de inocencia deriva el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al imputado sino al acusador”.          

Auto Supremo Nº 257 de 1 de agosto de 2006 emitido por la Sala Penal Segunda del cual transcribió una parte de su doctrina legal aplicable: “De la misma manera es preciso que el Tribunal de apelación tome en cuenta que la "anulación del proceso" debe disponerse por violación a derechos fundamentales constitucionales que den lugar en el reenvió para una posible solución diferente a la establecida en sentencia, en consecuencia el defecto procesal insubsanable que acarréa "violación a la garantía constitucional del debido proceso" debe ser de tal magnitud que permita subsanarse en el juicio de reenvío la posibilidad de un cambio radical en sentencia respecto de la decisión judicial final del juicio oral de "absolución o condena". Lo contrario significaría anular el proceso oral para llegar al mismo resultado en perjuicio de ambas partes procesales y, sobretodo, del "principio de economía procesal".

Asimismo señaló que concuerda con el art. 410 el contenido de los arts. 116. I y 117. I de la Constitución Política del Estado, los cuales fueron transcritos.

Del Precedente Contradictorio Invocado:

Auto Supremo Nº 479 de 8 de diciembre de 2005 emitido por la Sala Penal Segunda

Auto Supremo Nº 257 de 1 de agosto de 2006 emitido por la Sala Penal Segunda

De la solicitud:

Solicitó se Anule totalmente la Sentencia disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal.

CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un recurso de casación)

Se define a la Casación, como un instrumento político-jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.


Gimeno Sendra se refiere al Recurso de Casación como: “Al recurso que tiene una función predominantemente parciaria en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derecho de la partes procesales, aunque es cierto que con él persigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas…”


De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia, así lo señala Cafferata Nores cuando afirma que: “El Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional”.


La procedencia del Recurso de Casación, está dada al cumplimiento de un conjunto de requisitos necesarios para que el Tribunal de Casación pueda pronunciarse sobre el fondo del planteamiento, siendo estos presupuestos formales de cumplimiento obligatorio e inexcusable; es así, que el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 416 y 417 ha señalado lo siguiente:



El incumplimiento a los presupuestos señalados supra, determinarán la ineficacia del planteamiento, pues si bien, nuestra normativa legal otorga el derecho a recurrir, también exige requisitos que deben ser cumplidos, que ante la negligencia o incumplimiento debe disponerse su inadmisibilidad sin que pueda interpretarse ésta decisión, como a la negación a ese derecho recursivo, en consecuencia, de su cumplimiento recién este Tribunal podrá ingresar a considerar el recurso planteado.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de los requisitos formales)

Plazo: La fecha, desde la que corresponde computar el plazo de los 5 días para formular el Recurso de Casación, corre desde el día siguiente a la notificación con el Auto de Vista recurrido, en este caso verificadas las diligencias de notificación se tiene que fue notificado con el Auto de Vista, el 18 de junio de 2009, tal como consta a fs. 90, siendo el cargo de presentación de su Recurso de Casación del 24 de junio de 2009 cursante a fs. 106, por lo que se establece, que el mismo fue presentado dentro del plazo previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta que el día domingo 21 de junio de 2009 resulta día inhábil.

Invocación del precedente contradictorio: Continuando con el análisis de los datos procesales que informan esta causa, se establecen las siguientes conclusiones de orden legal:

A) De la invocación en el Recurso de Apelación Restringida:

Conforme lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, un requisito formal que debe ser cumplido por la parte que formuló el Recurso de Casación, es el de haber invocado el precedente contradictorio en su Recurso de Apelación Restringida; de lo que se establece que en su Recurso de Apelación Restringida invocó como precedentes contradictorios los siguientes:

Auto Supremo N° 479 de 8 de diciembre de 2005

Auto Supremo N° 257 de 1 de agosto de 2006

Auto Supremo Nº 436 de 15 de octubre de 2005

Auto Supremo Nº 215 de 28 de junio de 2006

Auto Supremo Nº 351 de 28 de agosto de 2006

Auto Supremo Nº 593 de 26 de noviembre de 2003

Auto Supremo Nº 178 de 17 de mayo de 2006

Auto Supremo Nº 369 de 5 de abril de 2007

B) De la contradicción del Precedente Contradictorio y el Auto de Vista recurrido:

De lo previsto en el parágrafo segundo del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, el recurrente, deberá señalar en términos claros y precisos las contradicciones existentes entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes contradictorios; en este caso, en su recurso de casación invocó solo los siguientes precedentes contradictorios, de los cuales se realiza el respectivo análisis:

Con relación a:

Auto Supremo Nº 479 de 8 de diciembre de 2005 emitido por la Sala Penal Segunda

Auto Supremo Nº 257 de 1 de agosto de 2006 emitido por la Sala Penal Segunda

De los mismos, si bien transcribe la parte pertinente, sin embargo no realizó la contrastación con el Auto de Vista impugnado, señalando simplemente de manera genérica que estos Autos Supremos fueron invocados en el recurso de apelación restringida y me permito invocar como precedentes contradictorios, citando los más importantes los cuales crean causes paralelos - empero no refirió de qué manera el Auto de Vista impugnado entró en contradicción con los mencionados precedentes, menos aún señaló lo referido en términos precisos, toda vez que se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, presupuesto formal que no se advierte en el presente recurso de Casación.

De lo que se establece que el Recurso de Casación planteado no cumple con las exigencias establecidas por el legislador, toda vez, que se debe considerar, que para la aplicación de éstos, el recurrente debió realizar la fundamentación de su recurso de forma clara y precisa respecto de la contradicción existente entre el precedente contradictorio invocado y el Auto de Vista recurrido, cuál la norma vulnerada, cuál la que se debió aplicar y qué entendimiento es el correcto; no es suficiente señalar las normas supuestamente vulneradas y citar los precedentes contradictorios y exponer los hechos que considere supuestamente ilegales, sino que se debe demostrar fehacientemente que existe un alcance contrario, de tal naturaleza que demuestre la vulneración de derechos y garantías constitucionales, aspecto que no fue cumplido por el recurrente, pues no se precisó ni estableció de qué manera hubieran sido infringidos sus derechos, resultando lo expuesto exiguo; por consiguiente, este Máximo Tribunal de Justicia no puede ingresar a considerar el recurso deducido, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio de la resolución impugnada.

Se debe tener en cuenta que el recurso de casación, además de su función propia nomofiláctica y unificadora de doctrina, cumple en nuestro ordenamiento jurídico la función de satisfacer el derecho de todo condenado a la sumisión del fallo condenatorio a un Tribunal Superior (artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y, en consecuencia, ha de reconocérsele un espacio propio de control diferenciado y más intenso en el plano jurisdiccional que otros recursos, empero será posible cumplir con ese objeto cuando las partes, a tiempo de realizar la impugnación de los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, establecen la contradicción con otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Máximo Tribunal de Justicia, situación que en el presente caso no sucedió.

Respecto de la mención de que el Tribunal de Alzada incurrió en defectos absolutos, se debe tener en cuenta que el impetrante en el planteamiento de su Recurso de Casación, señaló normativa supuestamente infringida, sin embargo no precisó ni señaló cuales los actos vulneratorios de derechos y garantías Constitucionales y/o del procedimiento penal y su pretensión respecto de los precedentes contradictorios señalados anteriormente, de los cuales como ya se dijo, no cumplen con la prevención contenida en el Código de Procedimiento Penal; al respecto, se debe dejar constancia, que no es admisible el solo hecho de que las partes se limiten a denunciar actuados procesales como defectos absolutos; para que se pueda efectivizar la flexibilización para la admisibilidad de un Recurso de Casación por la denuncia de defectos absolutos, el o los recurrentes tienen el deber de detallar con precisión la restricción o disminución de los derechos acusados de vulnerados, explicando el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales tengan connotación de orden Constitucional, que en el presente caso no aconteció. En igual forma, en el caso de la inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado se debe realizar la debida fundamentación fáctica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por los operadores de justicia; consiguientemente, resulta en definitiva insuficiente que el recurrente alegue supuestos defectos absolutos, sin cumplir con las obligaciones claramente determinadas mediante la jurisprudencia emitida por éste Tribunal Supremo que sostiene que éstas deben estar formuladas en el marco de los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, no habiéndose cumplido con esta exigencia, tampoco es posible, abrir la competencia de este Tribunal, a efectos de verificar los supuestos defectos absolutos denunciados.

Por lo señalado anteriormente, el Recurso de Casación resulta inadmisible, toda vez que el recurrente, no cumplió con los requisitos formales de admisibilidad previstos por el Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, conforme a los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación planteado por Ronald Condori Rojas, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ángel Arraza Hinojosa (Declarado Rebelde) y el recurrente, por la comisión de los delitos de Tráfico y Transporte de Sustancias Controladas, previstos y sancionados por los arts. 48 y 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrado Relator: Dr. William E. Alave Laura