TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº          571/2013

Fecha:                                Sucre, 30 de Octubre de 2013

Expediente:                        105/2009 La Paz

Parte acusadora :                Hiblin Naddy Ramos Morón     :

Parte imputada :                Claudio Bernardo Luna Aguilar

Delito :                        Estafa (art.335 del Código Penal)

Recurso:                        Casación

VISTOS: (Del recurso en cuestión)

El Recurso de Casación planteado por Hiblin Naddy Ramos Morón de fs. 395 a 399, presentado el 18 de mayo de 2009, impugnando el Auto de Vista N° 50 de 15 de abril de 2009, cursante de fs. 389 a 391 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Hiblin Naddy Ramos Morón contra Claudio Bernardo Luna Aguilar, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal, los antecedentes, y;

CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales)

Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fuera interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:

Con base a la Acusación Particular, previa la sustanciación del juicio oral, el Juzgado Quinto de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, mediante Sentencia N° 17 de 16 de diciembre de 2008, de fs. 343 a 352 vta., resolvió declarar a Claudio Bernardo Luna Aguilar, Autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal, imponiéndole la pena de dos años (2) y cinco meses (5) de privación de libertad, a cumplirse en la Cárcel Pública de “San Pedro” de la ciudad de La Paz, más el pago de multa de cien días en la suma de Bs. 10.- por día a favor del Tesoro Judicial, así como la reparación de daños, perjuicios y costas a imponerse en ejecución de Sentencia, a los efectos del cómputo que prevé el art. 365 de la Ley N° 1970, se estableció que esta pena será computada una vez que la Sentencia cause estado.

Que, ante esta Sentencia, Claudio Bernardo Luna Aguilar de fs. 359 a 367 vta., interpuso Recurso de Apelación Restringida, mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 15 de abril de 2009 (fs. 389 a 391), la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó Auto de Vista N° 50/2009, Anulando totalmente la Sentencia Apelada dictada por la Jueza Quinto de Sentencia de la Capital, disponiendo la Reposición del Juicio por otro Juez de Sentencia de la misma ciudad, de conformidad al art. 413 del Código de Procedimiento Penal.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, Hiblin Naddy Ramos Morón, mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2009 (fs. 395 a 399), Interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado.

CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento de casación)

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establece como motivos del  mismo, los siguientes:

I.- Señaló, que el Auto de Vista en su tercer considerando señaló que se aplicó el art. 15 de la Ley de Organización Judicial para realizar un examen del proceso para verificar si se cumplieron con los plazos procesales y que el Juez A quo incumplió los plazos procesales previstos en los arts. 330 y 334 del Código de Procedimiento Penal y al suspender la audiencia de juicio lo hizo incumpliendo lo establecido en el art. 335 de la Constitución Política del Estado, señaló que se interpretó el Auto Supremo N° 37 de 27 de enero de 2007 emitido por la Sala Penal Segunda.

En el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por Claudio Bernardo Luna Aguilar en su primer fundamento señaló defecto absoluto respecto de las reglas del debido proceso y la carga de la prueba.

En su segundo fundamento, refirió respecto de su complementación y enmienda una vez que se dio lectura integra de la Sentencia, violación del art. 361 del Código de Procedimiento Penal, porque no se pronunció de forma inmediata.

Su tercer fundamento, fue de inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva.

Cuarto fundamento, versa porque la Sentencia se basó en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio.

Quinto fundamento, que no existía fundamentación en la Sentencia o que esta sea insuficiente o contradictoria.

Sexto Fundamento, que la sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en la valoración defectuosa de la prueba.

Séptimo fundamento, hizo alusión a que no conste la fecha y no sea posible determinarla.

Finalmente hubiera referido en una acápite, de defectos de procedimiento e inmediatamente realizó su petitorio.

De lo que señaló, que ninguno de los fundamentos solicitados por el recurrente hizo referencia a la vulneración de los principios de inmediación y continuidad contenidos en los arts. 330 y 334  del Código de Procedimiento Penal, como tampoco se refirió a las suspensiones de las audiencias de juicio con justificación que señala el art. 335 del Código de Procedimiento Penal, exceptuando su segundo fundamento, empero el Auto de Vista se dictó de oficio invocando el art. 15 de la Ley de Organización Judicial respecto del principio de inmediación y continuidad y únicamente sobre el segundo fundamento referido a la solicitud de explicación, complementación y enmienda a la Sentencia por la parte imputada, sin hacer alusión o mención expresa a la disposición legal que fundamente ese pedido.

II.- Fundamentación Jurídica, señaló como infringidos los arts. 123, 125 y 398  del Código de Procedimiento Penal, porque no existió pronunciamiento a los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida opuesta por Claudio Bernardo Luna Aguilar y pronunciándose por aspectos que no habían sido pedidos por el recurrente, como lo es la vulneración del principio de inmediación y continuidad, previstos en los arts. 330 y 334 del Código de Procedimiento Penal.

La complementación y enmienda se hubiera pronunciado fuera de la Audiencia, por escrito, sin considerar que se trata de una Sentencia Condenatoria, siendo quela la complementación y enmienda tiene un plazo de pronunciamiento de 24 de horas, a cuya finalización se notifica a las partes con la entrega de una copia, como menciona el art. 361 del Código de Procedimiento Penal.

Invocó precedentes contradictorios, de los cuales transcribió la doctrina legal aplicable que es referida a que el Auto de Vista debe circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados en el Recurso de Apelación Restringida, este aspecto lo contrato y precisó la contradicción con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, siendo estos los siguientes:

Auto Supremo N° 152 de 2 de febrero de 2007

Auto Supremo N° 410 de 20 de octubre de 2006

Auto Supremo N° 132 de 31 de enero de 2007

Auto Supremo N° 518 de 17 de noviembre de 2006

Auto Supremo N° 431 de 15 de octubre de 2005


Del Precedente Contradictorio Invocado:


Auto Supremo N° 152 de 2 de febrero de 2007

Auto Supremo N° 410 de 20 de octubre de 2006

Auto Supremo N° 132 de 31 de enero de 2007

Auto Supremo N° 518 de 17 de noviembre de 2006

Auto Supremo N° 431 de 15 de octubre de 2005

De la solicitud:

Solicitó se emita Auto Supremo mediante el cual se deje sin efecto la referida resolución, disponiendo que el Tribunal de Alzada emita resolución, conforme a las doctrinas aplicables y expuestas en los Autos Supremos señalados.

CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un recurso de casación)

Se define a la Casación, como un instrumento político-jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.


Gimeno Sendra se refiere al Recurso de Casación como: “Al recurso que tiene una función predominantemente parciaria en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derecho de la partes procesales, aunque es cierto que con él persigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas…”


De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia, así lo señala Cafferata Nores cuando afirma que: “El Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional”.


CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de los requisitos formales y fundamentación de la Resolución)

Que, de conformidad al Auto Supremo Nº 552 de 23 de octubre de 2013, se dispuso la admisibilidad del Recurso de Casación para ingresar al análisis y consideración del Auto de Vista recurrido y los precedentes contradictorios invocados a fin de establecer la posible contradicción en la que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al momento de emitir la Resolución objeto de análisis, así como la supuesta existencia defectos absolutos.

Al respecto se tiene lo siguiente:

Con la finalidad de determinar la contradicción de los Precedentes Contradictorios y el Auto de Vista recurrido se realizó la revisión del  recurso planteado y los precedentes invocados y se pudo establecer que para la aplicación de éstos, él o los recurrentes deben realizar la fundamentación de su recurso de forma clara y precisa respecto de la contradicción existente entre los precedentes contradictorios invocados y el Auto de Vista recurrido, cuál la norma vulnerada, cuál la que se debió aplicar y qué entendimiento es el correcto, aspecto que fue realizado en los siguientes Precedentes Contradictorios:

Auto Supremo N° 152 de 2 de febrero de 2007

Auto Supremo N° 410 de 20 de octubre de 2006

Auto Supremo N° 132 de 31 de enero de 2007

Auto Supremo N° 518 de 17 de noviembre de 2006

Auto Supremo N° 431 de 15 de octubre de 2005

Del análisis de los antecedentes y de la determinación contenida en el Auto de Vista impugnado se llega a las siguientes consideraciones de orden Legal:

Se debe considerar que el art. 329 del Código de Procedimiento Penal dispone que el juicio oral es la fase esencial del proceso y se realiza sobre la base de la acusación en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado. Así, una de las características del juicio oral es la continuidad que en los hechos implica de acuerdo al art. 334 del Código de Procedimiento Penal, que iniciado el juicio oral se realizará este sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte Sentencia y sólo podrá suspenderse en los casos señalados expresamente en el art. 335 del citado cuerpo legal.

Siguiendo la línea establecida por la doctrina constitucional, el juicio oral debe realizarse en forma ininterrumpida, salvo los casos previstos en el art. 335 del Código de Procedimiento Penal y los supuestos contemplados en los arts. 90 y 104 del similar cuerpo procesal, en procura de que los actos se desarrollen siguiendo una secuencia entre unos a otros, de modo que el debate no sea interrumpido hasta la conclusión del juicio oral con la emisión de la correspondiente Sentencia y ello para asegurar el conocimiento inmediato por parte del juzgador y de las partes, del conjunto de los elementos de prueba introducidos en forma oral a la audiencia; conocimiento que puede perder su eficacia o desaparecer por el olvido o el transcurso del tiempo si se suspende el juicio de manera prolongada.


Por lo expuesto precedentemente, se llega a establecer que la condición de continuidad instituida en el art. 334 del Código de Procedimiento Penal, constituye una consecuencia de los principios de inmediación y de oralidad, pues, como señala CLAUS ROXIN, cuando el juicio oral se ha realizado hace mucho tiempo o es interrumpido con demasiada frecuencia, los jueces corren el peligro de extraer su conocimiento ya no de la memoria, sino de las actas de actuaciones anteriores. Es por ello que en el caso de detectarse presuntas vulneraciones al principio de continuidad durante la sustanciación de la etapa de juicio, como deduce la Resolución impugnada en el presente caso, en principio debe verificarse y examinarse la clase y la medida de esas demoras a efecto de valorar si la demora afecta al principio de inmediación y si, en consecuencia, corresponde asumir una medida tan radical como es la anulación de la Sentencia, ya que debe tenerse presente que los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la Garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, solo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría sentido jurídico alguno anular los actos procesales y disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribara a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado. Es así que surge la obligación de demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la nulidad de actos procesales.


En efecto, desde el punto de vista doctrinal, las nulidades  según expone JORGE CLARIÁ OLMEDO- consisten en la invalidación de actos cumplidos e ingresados al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización, en tal sentido, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social.


Que, para dilucidar la problemática planteada es importante partir de la diferenciación conceptual de los términos "receso" y "suspensión" de audiencia, a efectos de evitar la desnaturalización de la audiencia del juicio oral; mientras el primero implica en términos generales un descanso o intermedio que trasladado al ámbito de la realización de una audiencia de juicio oral se aplica a la conclusión de cada actuación dentro de los límites del horario legal, en tal sentido aplicable a la conclusión de la media jornada y de la jornada diaria, con la obligación de reanudación de la audiencia inmediatamente exista horas hábiles posteriores para el efecto, cumpliendo así el principio de continuidad del juicio oral como regla del debido proceso penal.

Por otro lado, a diferencia del receso, la suspensión de audiencias implica en términos generales la interrupción de la continuidad del debate motivada por causas expresamente establecidas en la norma legal, estando regulado taxativamente no solo las causales sino el tiempo máximo de suspensión de la audiencia con efectos legales para el caso de subsistir la causa de suspensión tal cual determinan los num. 1) y 2) del art. 336 del Código de Procedimiento Penal.

Que, en el caso de Autos, de la revisión de obrados se puede evidenciar que durante la sustanciación del juicio se produjeron en efecto interrupciones de la audiencia de juicio oral, en razón de recesos y suspensiones que fueron detallados en el Auto de Vista impugnado; sin embargo, este Tribunal establece que ninguno de los recesos y suspensiones suscitados fueron consecuencia de una actuación arbitraria del Tribunal de juicio y de ninguna manera pueden ser considerados como vulneración del principio de continuidad reconocido por el art. 329 del Código de Procedimiento Penal.


Resulta fundamental observar que el Tribunal de alzada concluyó que el Tribunal de juicio habría vulnerado los principios de continuidad e inmediación, sin demostrar objetiva y fundadamente los alcances negativos de las interrupciones suscitadas, ya que no precisó en qué forma los miembros del Tribunal de Juicio pudieron verse influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, o la manera en que se hubiese ocasionado dispersión de la prueba; menos aún expresó si las interrupciones suscitadas provocaron indefensión material a las partes y si además fueron determinantes para la decisión judicial adoptada. En suma, el Tribunal de alzada no demostró objetivamente el agravio que esas interrupciones hubiesen ocasionado para asumir la decisión de anular el juicio en su totalidad, así como tampoco preciso de qué modo se habría incurrido en la causal del num. 3) del art. 169 del Código de Procedimiento Penal.


Al respecto, cabe señalar que toda resolución dictada en apelación y en lo que concierne al fondo del asunto debe estar debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica, esto no responde únicamente a un mero formulismo de estructura, sino que al margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales

Por otro lado, de la revisión de los antecedentes, resulta evidente que el Auto de Vista no se ha pronunciado respecto de los puntos esgrimidos en las apelación restringida planteada, de lo cual se debe tener en cuenta, que es una premisa consolidada que toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, es necesario que el Tribunal de Apelación, emita los criterios jurídicos sobre cada uno de los puntos impugnados que se encuentran en el recurso de Apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos en cuyo caso, es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la resolución del conflicto penal.

La falta de fundamento de la resolución de uno de los puntos cuestionados, implica la inobservancia de la tutela judicial efectiva, defecto absoluto que es necesario subsanar.

En mérito de los fundamentos expuestos precedentemente, el Auto de Vista impugnado sobre el particular no solo contradice los precedentes invocados por los recurrentes contenidos en los Autos Supremos señalados supra, sino así también contra la línea jurisprudencial señalada en los Autos Supremos Nº 201 de 28 de marzo de 2007 y Nº 106 de 25 de febrero de 2011, este último, cuya Doctrina Legal Aplicable señala: “(…) si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema establece entre otros en el Auto Supremo No. 37 de 27 de enero de 2007, que por mandato del art. 335 y 336 del Código de Procedimiento Penal, es posible suspender la audiencia del juicio oral únicamente por una vez y por el lapso no mayor a 10 días, y que en los casos de suspensiones sucesivas procede la nulidad de obrados; no es menos evidente que dicho entendimiento debe ser modulado, para evitar dilaciones innecesarias en el proceso. De ahí que en los casos en los que a solicitud de partes, se suspende la audiencia del juicio oral por más de una vez, excepcionalmente, el Tribunal de Alzada podrá ingresar al análisis de fondo, con la finalidad de no restringir el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa, como acontece en autos y en aplicación al principio de celeridad procesal, cuando a su criterio pese a las suspensiones reiteradas del A-quo, no se presente dispersión de la prueba y no sea necesaria la realización de un nuevo juicio.

Pues si bien en el caso de Autos el juzgador realizó numerosas suspensiones y en algunos casos por más de 10 días, en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, constituyendo en cierta medida actos dilatorios, empero no es menos cierto que no se evidencia dispersión de pruebas, por lo que el Tribunal de Alzada, puede apartarse excepcionalmente en el caso concreto de la jurisprudencia señalada en mérito al principio de celeridad, sin dejar de ejercitar las facultades que le confiere la Ley, e ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada para resolver concretamente la situación jurídica del imputado. Más aún cuando en el caso de litis el Tribunal de Alzada, como se tiene dicho anuló obrados tomando en cuenta datos procesales que no corresponden al último juicio sustanciado ante el Juzgado de Sentencia Primero en lo Penal.”


En cuyo mérito corresponde sobre el particular establecer la doctrina legal aplicable

DOCTRINA LEGAL APLICABLE: El sistema procesal penal al que se adscribe el Código de Procedimiento Penal, encuentra sustento en principios procesales que orientan la nueva concepción filosófica del proceso penal entre ellas el principio de continuidad de la audiencia del juicio oral que concibe la realización de los actos propios del juicio de manera ininterrumpida en sesiones consecutivas hasta su conclusión como regla expresa que materializa el principio señalado; sin embargo, esta regla halla excepciones a este principio procesal en la suspensión de la audiencia del juicio por causas expresamente regladas en el art. 335 del Código de Procedimiento Penal, pero además con un tiempo máximo de suspensión establecido en el primer párrafo del art. 336 del mismo cuerpo legal.

A fin de evitar la desnaturalización del proceso y desconocimiento de principios que rigen nuestro actual sistema procesal penal deberán los Tribunales de Justicia en relación al principio de continuidad del juicio oral establecer correctamente los motivos que justifican la determinación de recesos de la audiencia del juicio oral de las causas que motivan la suspensión de la misma, pues los efectos son distintos para cada una de las razones de interrupción de la audiencia del juicio oral.

En lo que hace a los recesos de la audiencia del juicio oral como causa de interrupción de la misma, los Tribunales deberán considerar en atención al principio de continuidad la reanudación inmediata del juicio en las horas hábiles posteriores a la determinación del receso y ante la imposibilidad fáctica de hacerlo en espacios cortos de tiempo justificar en derecho dicha imposibilidad, consecuencia de ello, la reanudación de audiencias que no son inmediatas en tiempo en relación a la última actuación, no implica la infracción per se del principio de continuidad si existe motivo legítimo que impide la reanudación inmediata de la audiencia del juicio oral y se encuentra debidamente justificada en causas de fuerza mayor y dentro del plazo máximo establecido para la suspensión de audiencias, ocurriendo lo propio cuando se trate del señalamiento de nueva audiencia por los motivos de suspensión que sobrepasen los diez días fundados en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que justifiquen dejar en suspenso el plazo establecido en el art. 336 del Código de Procedimiento Penal.

Siendo obligación inexcusable el demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la nulidad de actos procesales, el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver el Recurso de Apelación Restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, deberá realizar el examen y ponderación de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional en el caso concreto, para establecer de manera fundada y motivada si se transgredió o no el principio de continuidad, para ello, en principio se debe verificar y examinar la clase y la medida de esas demoras a efecto de valorar si la misma afecta al principio de inmediación, sea por evidenciarse la dispersión de la prueba o bien porque la demora imposibilitó al Tribunal de Juicio pronunciar la Sentencia de mérito en base a la relación directa tenida con la prueba, teniendo un efecto determinante en el fallo.

Los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la Garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, sólo en aquellos casos en los que tengan trascendencia, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro, no teniendo ningún sentido disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado.


Toda Resolución dictada en Apelación y en lo que concierne a la decisión de disponer la anulación del juicio y su Reposición por otro Tribunal, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión, por cuanto, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales.

Finalmente, se constituye en un deber ineludible de los Jueces y tribunales de desplegar los fundamentos de la resolución, a más de referirse a los puntos de cuestionados, vale decir, cada punto resuelto debe llevar su respectivo argumento, tratándose de Jueces y Tribunales de Sentencia el fundamento debe ser de hecho y de derecho; mientras que los Tribunales de Alzada sostienen la resolución de cada impugnación, indefectiblemente, con argumentos jurídicos específicos. Las impugnaciones determinan la competencia de la Autoridad Jurisdiccional y los fundamentos jurídicos de la resolución brindan seguridad jurídica a las partes procesales, la falta de fundamento de uno de los puntos cuestionados, implica la inobservancia de la tutela judicial efectiva, defecto absoluto que es necesario subsanar.

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212 y art. 419 del Código de Procedimiento Penal, respecto del recurso de casación planteado por Hiblin Naddy Ramos Morón, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nº 50/2009 de 15 de abril (fs. 389 a 391), disponiendo que la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, sin espera de turno, previo sorteo emita nueva Resolución conforme a la Doctrina Legal Aplicable.

En aplicación del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase por Secretaría copia del presente Auto Supremo a todas las Cortes Superiores del País (ahora Tribunales Departamentales de Justicia), para que por intermedio de cada Presidente se haga conocer a los Jueces Penales del Distrito Judicial respectivo la presente Resolución.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrado Relator: Dr. William E. Alave Laura