TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                               SALA PENAL LIQUIDADORA



Auto supremo:                        No. 481/2013

Fecha:                                     Sucre, 2 de octubre de 2013

Distrito:                                  Santa Cruz

Expediente:                            41/09

Partes:                                    Ministerio Público C/Juan Calcines Guerra                             

Delitos:                                  Transporte de Sustancias Controladas (Arts.  55 de la Ley 1008)

Recurso:                                 Casación

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VISTOS: El Recurso de Casación cursante de Fs.  180 a 182 Vlta., interpuesto por el procesado Juan Calcines Guerra, impugnando la Resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista  de fecha  16 de abril de 2009 cursante de Fs.  173 y Vlta., dentro del proceso penal seguido  a instancia del Ministerio Público en contra de Jun Calcines Guerra por la comisión del delito de Transporte de Sustancia Controladas, previsto y sancionado por el Art.  55 de la Ley 1008, los antecedentes de la causa; y:

CONSIDERANDO I: Que,  en Sentencia No. 02/2009 de fecha 21  de enero de 2009  saliente  de Fs.  154 a 159  el Tribunal de Sentencia No 4to. de la ciudad de Santa Cruz declara al procesado Juan Calcines Guerra AUTOR Y CULPABLE de la comisión del delito de  de Transporte de Sustancias Controladas previsto y sancionado por el Art. 55 de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, imponiéndole una pena de 8 años de presidio que deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación de la “Cárcel de Palmasola” de la ciudad de Santa Cruz, accesoriamente a la pena principal, se le impone una multa de Bs. 2.500.-  correspondiente a 500 días multa, a razón de Bs. 5.- por cada día

Que, la Sentencia fue objeto de Apelación Restringida por el  procesado Juan Calcines Guerra tal como consta de Fs.  162 a 165, alegando como motivo de su Recurso los siguientes hechos:

1) Que, Toda vez que se cuestionará en la investigación la errónea aplicación de la Ley sustantiva, recurre en aplicación del Art. 407 con relación al Art. 370 Inc. 1) y 111 de la Ley 1970,  el recurrente indica  que el fallo dictado en su contra incurre en errónea aplicación de la Ley sustantiva, en este caso, solamente el Art. 55 de la Ley 1008 siendo que en juicio oral se ha demostrado que el hecho en juzgamiento constituye delito de tentativa de transporte de sustancias controladas

2)  El recurrente manifiesta que no lo admite  en su integridad el delito por el que se le juzga, ya que en los mencionados fundamentos, se hace ver como si hubiera cometido  el delito de Transporte de Cocaína, eso no es evidente, indica que su persona estaba pretendiendo transportar esa Cocaína, como el mismo Tribunal lo aceptó y esto se llama tentativa

3) Se afirma que ha incurrido en hecho antijurídico de transporte se sustancias controladas, toda vez que la droga fue hallada en su poder, que del análisis de la prueba de cargo en su conjunto se adecua al transporte de sustancias controladas, ya que el transporte se inicia en el momento que a sabiendas y con conocimiento introduce los 19 paquetes en la maleta y recorre 14 quilómetros con la droga hasta el Aeropuerto de Viru Viru, concluye que antes de dictar la parte resolutiva, indicando que se debe valorar al imponer el fallo lo establecido en el Art. 37 y 38 del Cód. Penal.

En cumplimiento al Art. 416 segundo parágrafo de la Ley 1970  el procesado hace cita de precedentes contradictorios a los: A. S. No.  7 de 1r. de octubre de 1999; A. S. No. 22 de 4 de abril de 1998; A. S. No. 143 de 20 de agosto de 1999; A. S. No. 149 de 31 de agosto de 1999; A. S. No. 236 de 2 de diciembre de 1999; A. S.  No.  22 de 19 de octubre de 1999 y A. S. No. 34 de 15 de diciembre de 1999

Que, previos los trámites recursivos seguidos por las autoridades jurisdiccionales, el Tribunal de Apelación conformado en el caso de autos por la Sala Penal  Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, a través de la Resolución Jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de fecha 16 de abril de 2009 de Fs.  173 Vlta., declaró  IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación Restringida interpuesto  por el procesado Juan Calcines Guerra, en contra de la Sentencia No. 02/2009 de 21 de enero de septiembre de 2009 cursante de Fs.  154  a 159 de obrados.

La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de  la ciudad de Santa Cruz funda su resolución en los siguientes términos:

a) Que, del análisis de la sentencia con relación al Recurso de Apelación,  el Tribunal  de Apelación llega a  determinar la inexistencia de los motivos alegados, habida cuenta que la tentativa de transporte de sustancias controladas, fue descartada por la doctrina Legal Aplicable emitida por la Corte Suprema de Justicia mediante Auto Supremo No. 417 de 19 de agosto de 2003, en el cual se concluyó que: “Los delitos de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, son de carácter formal y no de resultados; al respecto la doctrina moderna sostiene que el transporte de sustancias controladas de un lugar a otro, sin autorización legal sea éste aéreo, terrestre, lacustre u otro medio, se halla penado por ley y que este delito queda consumado en el momento en que se descubre e incauta la droga, siendo indiferente si la sustancia controlada llegó o no a su destino ni la distancia recorrida”.

b) Que, siguiendo el lineamiento jurisprudencial  y dado el carácter vinculante de la doctrina legal aplicable conforme a lo previsto en el Art. 420 del Código Adjetivo del mismo; en aplicación al Art. 411 del Cód. de Pdto. Penal, corresponde declarar la improcedencia del recurso.

CONSIDERANDO II: Que, en mérito a lo dispuesto en Auto de Vista, el procesado  Juan Calcines Guerra, interpone Recurso de Casación el mismo que sale de Fs. 180 a 182 Vlta.,  impugnando la Resolución Jurisdiccional contenida en  Auto de Vista de fecha 16 de abril de 2009 de Fs.  173 y Vlta., alegando como motivos de su Recurso de Casación que:

- Que, haciendo un análisis del Auto de Vista, emitido por el Tribunal de Alzada solo se ha limitado a ratificar lo manifestado y argumentado por el Tribunal de Instancia y no han hecho una valoración excautiva de lo acontecido, ya que en el juicio se ha demostrado que jamás fue cometido el delito de transporte de sustancias controladas, que el  delito se ha consumado pero no se ha agotado, pues no se llegó a destino que era España y esto constituye una tentativa

- Que, el recurrente  hace mención como precedentes contradictorios a los  siguientes Autos Supremos: A. S. No.  7 de 1ro. de octubre de 1999; A. S. No. 22 de 4 de abril de 1998; A. S. No. 143 de 20 de agosto de 1999; A. S. No. 149 de 31 de agosto de 1999; A. S. No. 236 de 2 de diciembre de 1999; A. S.  No.  22 de 19 de octubre de 1999 y A. S. No. 34 de 15 de diciembre de 1999

CONSIDERANDO III: Que, desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.             

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país ha establecido a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya procedencia deben cumplirse indefectiblemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que (1) al interponer el Recurso de Apelación Restringida la parte recurrente deba invocar el precedente contradictorio, precisando la contradicción ante una situación de hecho similar, sea por haberse aplicado normas distintas o bien una misma norma con diverso alcance; asimismo, (2) el Recurso de Casación deberá ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación legal con el Auto de Vista que se impugna, señalando la contradicción que existiría entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados en términos claros y precisos para que el Tribunal Supremo establezca la Doctrina Legal Aplicable que corresponda en caso ser evidentes las contradicciones deducidas por la parte recurrente.

Que, en el caso de autos, se establece que si bien el recurrente ha invocado como precedentes contradictorios los A. S. No.  7 de 1ro. de octubre de 1999; A. S. No. 22 de 4 de abril de 1998; A. S. No. 143 de 20 de agosto de 1999; A. S. No. 149 de 31 de agosto de 1999; A. S. No. 236 de 2 de diciembre de 1999; A. S.  No.  22 de 19 de octubre de 1999 y A. S. No. 34 de 15 de diciembre de 1999, sin embargo dicho Autos supremos puede ser aceptado como precedente  contradictorio, debido a que el Tribunal de Casación en uso de la facultad conferida por el último párrafo del Art. 420 del Cód. de Pdto. Penal ha establecido una nueva doctrina legal respecto a los delitos de transporte de sustancias controladas, a partir del A. S. 417 de 19 de agosto de 2003, donde ya no se reconoce la tentativa de transporte de sustancias controladas y se considera transporte consumado sin importar la distancia recorrida o que fuera  interrumpido antes de llegar a su destino, de lo expuesto se establece que el recurso de casación deducido no cumple con los requisitos previstos en los Arts. 416 y 417 del Cód. de Pdto. Penal al invocar con precedentes los fallos que no corresponden a la nueva doctrina legal vigente.

Que, si bien el recurrente interpuso su Recurso de Casación dentro del plazo previsto en el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, sin embargo, no cumplió con el imperativo procesal de la carga de la postulación de contradicciones que existirían entre la resolución impugnada y los precedentes, la recurrente, en correcta sujeción a la norma procesal contenida en el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, debió señalar cómo es que ante una situación de hecho similar objeto del reclamo concreto, el Auto de Vista recurrido no coincidió con la solución jurídica otorgada por otros Tribunales Departamentales o por el Tribunal Supremo de Justicia ante una cuestión fáctica semejante, sea aplicando normas distintas o bien una misma norma pero asignándole un alcance diverso, aspectos que al constituir una carga para los recurrentes en grado de Casación no fue cumplida en el caso sub lite por parte del recurrente.  

Que, al respecto es de considerar que debe asumirse necesariamente por la parte recurrente el imperativo procesal de la carga de postulación en términos claros y precisos de la contradicción deducida entre el Auto de Vista que se impugna y el precedente invocado, carga que constituye al mismo tiempo la base y sustento legal para la admisión del Recurso de Casación, en razón de que su inobservancia, así como la negligencia de la parte recurrente en el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad, no puede ser suplida de oficio por parte del Tribunal de Casación, que tiene entre sus principales funciones, como se expresó precedentemente, el de controlar la uniformidad de la jurisprudencia, por cuanto su omisión en el caso presente priva su consideración, toda vez que no es posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista impugnado y el precedente, al no tener abierta su competencia. Por lo que al no haberse otorgado cumplimiento a los requisitos de admisibilidad del Recurso, corresponde declarar la inadmisibilidad del Recurso de Casación interpuesto.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, Art. 8- II) de la Ley Nº 212, dispone conforme señala el art. 418 del Código de Procedimiento  Penal, declarar INADMISIBLE el Recurso de Casación interpuesto por  el procesado  Juan Calcines Guerra  en  contra la resolución judicial contenida en Auto de Vista  Auto de Vista de fecha 16 de abril de 2009 de Fs.  173 y Vlta, dentro del proceso penal seguido  a instancia del Ministerio Público en contra de  Juan Calcines Guerra, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancia Controladas, previsto y sancionado por el Art. 55 de la Ley 1008

Regístrese y hágase saber y  devuélvase.

Magistrada Relatora: Dra. Maria Lourdes Bustamante Ramírez