TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº:        461/2013

Fecha:                        Sucre, 25 de septiembre de 2013

Distrito:                La Paz

Expediente:                116/09

Partes:        Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra Gonzalo Germán Alarcón Caballero.  

Delitos:        Cohecho pasivo aduanero (art. 181 septies, segunda parte del Código Tributario Boliviano, concordante con el art. 176 de la Ley General de Aduanas)

Recurso:                Casación

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VISTOS: Los Autos correspondientes al recurso de casación cursante de fs. 258 a 259, interpuesto por el procesado Gonzalo Germán Alarcón Caballero, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 296 de 23 de diciembre de 2008 cursante de fs. 251 a 252, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia por la comisión del delito de cohecho pasivo aduanero (art. 181 septies, segunda parte del Código Tributario Boliviano, concordante con el art. 176 de la Ley General de Aduanas); los antecedentes de la causa; y,

CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal de Sentencia Nº 2 de la ciudad de La Paz  pronunció la resolución de grado contenida en la Sentencia Nº 10 de 28 de mayo de 2008 registrada de fs. 190 a 199 declarando al procesado Gonzalo German Alarcón Caballero  autor de la comisión del delito de cohecho pasivo aduanero (art. 181 septies, segunda parte del Código Tributario Boliviano, concordante con el art. 176 de la Ley General de Aduanas), siéndole impuesta la pena privativa de libertad de cuatro (4) años de reclusión en la Penitenciaría de “San Pedro” de la ciudad de La Paz, más la imposición del pago de costas, daños y perjuicios a favor del Estado a calificarse en ejecución de sentencia.

Que, la sentencia condenatoria pronunciada por el tribunal de la causa fue objeto de impugnación por parte del procesado Gonzalo German Alarcón Caballero a través de recurso de apelación restringida saliente de fs. 224 a 226 alegando como motivos de su recurso de apelación: (1) valoración defectuosa de la prueba y (2) errónea aplicación de la ley penal sustantiva, recurso que previo el correspondiente trámite recursivo seguido por las autoridades jurisdiccionales fue resuelto por el tribunal de apelación conformado en el caso sub lite por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunciándose la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 296 de 23 de diciembre de 2008 cursante de fs. 251 a 252 declarando la improcedencia del recurso de apelación restringida interpuesto por el procesado, confirmando en consecuencia la sentencia condenatoria pronunciada al no haber resultado evidentes los aspectos apelados.  

CONSIDERANDO II: Que, a través del recurso de casación cursante de fs. 258 a 259, el procesado Gonzalo Germán Alarcón Caballero impugna la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 296 de 23 de diciembre de 2008 cursante de fs. 251 a 252 pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, alegando como motivos de su recurso de casación que no sería cierto que el tribunal de la causa no incurrió en la errónea aplicación de la ley penal sustantiva, pues, si bien su conducta se adecuaría a la primera parte del tipo penal por el que fue sancionado, sin embargo señala- nunca habría incumplido con sus funciones, ni habría facilitado la comisión de un delito aduanero, por lo que postula que existió falta de subsunción al tipo inserto en el art. 181 septies del Código Tributario ni al art. 176 de la Ley General de Aduanas, por lo que existiría contradicción con los precedentes invocados en su recurso de apelación restringida.               

CONSIDERANDO III: Que, para los efectos de la presente resolución, corresponde tener presente que desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.             

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país establece a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya procedencia deben cumplirse indefectiblemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, esto es:

  1. Que, al interponer el Recurso de Apelación Restringida la parte recurrente deba invocar el precedente contradictorio, precisando la contradicción ante una situación de hecho similar, sea por haberse aplicado normas distintas o bien una misma norma con diverso alcance;
  2. Dentro del Recurso de Casación, que deberá ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación legal con el Auto de Vista que se impugna, el recurrente deberá señalar la contradicción que existiría entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados en términos claros y precisos para que el Tribunal Supremo establezca la Doctrina Legal Aplicable que corresponda en caso ser evidentes las contradicciones deducidas por la parte recurrente.

CONSIDERANDO IV: Que, ingresando a la consideración de las condiciones de admisibilidad del recurso de casación en análisis, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se establece que el recurso de casación fue presentado por el recurrente dentro de las cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, cumpliendo así por un lado con el requisito de tiempo previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

Que, por otro lado, se tiene que si bien es cierto que el recurrente invocó los Autos Supremos Nº 208 de 25 de agosto de 2006 y 316 de 28 de agosto de 2006, cumpliendo con el requisito previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, no es menos cierto que el recurrente no asumió en el recurso de casación la carga procesal de la postulación de las contradicciones en las que presuntamente habría incurrido el tribunal de alzada a tiempo de resolver su recurso de apelación restringida respecto de tales precedentes, pues, más allá de alegar la falta de concurrencia de las conductas calificantes del tipo penal por el que fue sancionado, no postuló cómo es que ante una situación de hecho similar objeto del reclamo concreto la jurisprudencia nacional asumió una solución jurídica contraria a la asumida por el tribunal de alzada, recurriendo así el auto de vista que confirmó la sentencia condenatoria sin expresar cómo es que el Auto de Vista dictado por el tribunal de alzada habría sido pronunciado con contradicción de los Autos Supremos Nº 208 de 25 de agosto de 2006 y 316 de 28 de agosto de 2006, actuando así con absoluto desconocimiento de la norma procesal contenida en el primer párrafo del art. 416 del Código de Procedimiento Penal que al definir la naturaleza y finalidad del recurso de casación expresa:

Artículo 416. (Procedencia).  “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”

Noción legal de la cual surge precisamente la carga procesal por la que la parte recurrente deba señalar en términos expresos, claros y precisos las contradicciones que existirán entre el auto de vista que se impugna y los precedentes invocados, motivo por el que el recurrente debió demostrar, como se tiene dicho, cómo es que ante una situación de hecho similar la decisión del tribunal de alzada no coincidió con la de los precedentes invocados, cuando al respecto el art. 416 del Código de Procedimiento Penal señala:

“Se entenderá que existe contradicción, cuando ante situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haber aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”

Siendo además pertinente señalar que los Autos Supremos invocados por el recurrente tampoco fueron pronunciados en situaciones de hecho similar al caso en análisis ya que se tratan de resoluciones judiciales pronunciadas en casos de delitos de “Despojo” (A.S. Nº 308 de 25 de agosto de 2006) y de “patrocinio infiel” (A.S. Nº 316 de 28 de agosto de 2006) que de ningún modo resultan compatibles con el motivo en el que el recurrente funda su recurso de casación al no tratarse de resoluciones que versen sobre situaciones de hecho similar, aspecto fundamental a ser considerado cuando como en el caso de autos se postula la errónea aplicación penal sustantiva.  

Que, por otro lado, se tiene que en el ámbito de la carga de la postulación de contradicciones el recurrente tampoco actuó con sujeción de la norma procesal contenida en el párrafo segundo art 417 del similar cuerpo procesal que para la procedencia del recurso de casación determina con precisión:

“Artículo 417. (Requisitos). “En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad”

En consecuencia, este tribunal determina que el recurso de casación presentado no cumplió con las condiciones previstas por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, requisitos que al mismo tiempo constituyen la base y sustento legal para la admisión del recurso de casación, en razón de que la inobservancia del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad por parte del recurrente, no puede ser suplida de oficio por parte del Tribunal de Casación, que tiene entre sus principales funciones, como se expresó en consideraciones previas, el de controlar precisamente la uniformidad de la jurisprudencia, por cuanto su omisión en el caso presente priva su consideración.   

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de las normas procesales contenidas en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 258 a 259, interpuesto por el procesado Gonzalo Germán Alarcón Caballero, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 296 de 23 de diciembre de 2008 cursante de fs. 251 a 252, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia por la comisión del delito de cohecho pasivo aduanero (art. 181 septies, segunda parte del Código Tributario Boliviano, concordante con el art. 176 de la Ley General de Aduanas); sea con la imposición de costas conforme así determina la norma procesal contenida en el art. 269 del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez