TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº 460/2013

Fecha:                        Sucre, 25 de septiembre de 2013

Expediente:                124/09

Distrito:                La Paz

Parte acusadora:        Ministerio Público 

Parte imputada:        Hugo Gabino Salas Ramírez  

Delito:                        Transporte de Sustancias Controladas (art. 55 de la Ley del Régimen

                       de la Coca y Sustancias Controladas Ley Nº 1008)

Recurso:                Casación

VISTOS: (Del recurso en cuestión)

El Recurso de Casación planteado por Hugo Gabino Salas Ramírez de fs. 492 a 496, presentado el 18 de abril de 2009, impugnando el Auto de Vista Nº 222 de 27 de marzo de 2009, cursante de fs. 488 a 490 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el  recurrente, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), los antecedentes, y;

CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales)

Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fuera interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:

Con base a la Acusación Fiscal, previa la sustanciación del juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, mediante Sentencia Nº 18 de 6 de diciembre de 2008, de fs. 456 a 463, resolvió declarar a Hugo Gabino Salas Ramírez:

1.- Autor y Culpable de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas  (Ley Nº 1008), en consecuencia se le condenó a la pena privativa de libertad de ocho años (8) de presidio, a cumplir en el Penal de “San Pedro”, debiendo computarse el tiempo que estuvo detenido preventivamente, más multa de cien días a razón de un Boliviano por día multa; así como daños y costas a la Estado, a calificarse en ejecución de Sentencia.

2.- Fueron de voto disidente las Juezas ciudadanas: Leny Ballón Morales y Guadalupe Peña Rojas, quienes votaron por la absolución del imputado.

Que, ante esta Sentencia, Hugo Gabino Salas Ramírez de fs. 470 a 476 vta.,  interpuso Recurso de Apelación Restringida, mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 27 de marzo de 2009 (fs. 488 a 490 vta.), la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó Auto de Vista Nº 222/2009, declarando Improcedente las cuestiones planteadas en el Recurso de Apelación Restringida, en consecuencia se confirmó la Sentencia Nº 18/2008 dictada por el Tribunal de Sentencia Segundo del Distrito Judicial de La Paz.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, Hugo Gabino Salas Ramírez, mediante memorial presentado el 18 de abril de 2009 (fs. 492 a 496), Interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado.

CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento de casación)

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establece como motivos del  mismo, los siguientes:

Señaló que el Auto de Vista contiene contradicción con otros precedentes:

El segundo considerando del Auto de Vista no respeta el principio de veracidad y exactitud, cuando se dice que el imputado fue notificado personalmente con la Radicatoria y Auto de Apertura de Juicio, siendo éstas causales de nulidad, por incurrir en defectos procesales absolutos.

En el punto 3) del Auto de Vista, no se analizó la conducta desplegada por el imputado, solo analizó la conducta del hecho, solo aplica el principio de culpabilidad y el de antijuridicidad.  

En el punto 4), en la prueba MP-1 constó la firma de un supuesto funcionario interviniente que no participó en el operativo y en el momento de la aprehensión, asimismo, no existió el correspondiente Requerimiento Fiscal, por lo que de acuerdo al art. 172 esa prueba carecía de eficacia probatoria, por no haber observado las formalidades previstas en los arts. 175 y 186 del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicitó la exclusión probatoria por inobservancia a los referidos artículos, habiéndose reservado el derecho de recurrir.

En el punto 5), Refiere que nadie solicitó al Tribunal de Alzada revalorice las pruebas, lo que se pidió fue que el referido Tribunal repare directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, disponiendo la nulidad del juicio oral, porque se inobservaron los arts. 175 y 186 del código de Procedimiento Penal, sí como el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), porque no se estableció la antijuridicidad de su acción.

En el punto 6), no se advirtió que dos jueces ciudadanos votaron por su absolución, por no haberse acreditado su antijuridicidad del hecho, por lo que no se podía llegar a la conclusión de que esa Sentencia se encontraba debidamente motivada.

El Auto de Vista con los mismos fundamentos de la Sentencia confirmó la misma en contra del imputado, sin tomar en cuenta que en juicio se comprobó que no estaba realizando ningún hecho antijurídico, por lo que no se debería adecuar al tipo penal de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado en el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), así como tampoco se tomó en cuenta el Certificado del REJAP que señalaba que no contaba con Sentencia Condenatoria en delitos relativos a la Ley Nº 1008.

Por lo que refirió; señaló, que  existió una errónea aplicación del art. 55 de la Ley Nº 1008 al respecto señaló el Auto Supremo Nº 329 de 29 de agosto de 2006, del cual transcribió su doctrina legal aplicable, la misma que se refiere a la tipicidad y la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal.

Por esas circunstancias correspondía al Tribunal de Alzada conforme la jurisprudencia, resolver directamente y dictar una nueva Sentencia conforme lo señala el art. 413 del Código de Procedimiento Penal.

El Auto de Vista, al haber confirmado la Sentencia incurrió en contradicción, con el precedente contradictorio señalado y otros fallos de otras Cortes Superiores que aplicaron la absolución.

Situaciones de hechos similares sobre errónea aplicación de la Ley Sustantiva referidos en sus precedentes contradictorios invocados en su Recurso de Apelación Restringida, merecieron la aplicación de la absolución.

El Auto de Vista resultó un fallo mezclado, combinado o mixto, pues declara Improcedente y Confirma la Sentencia sin haber deliberado en el fondo, siendo que este tipo de fallos no se encuentran previstos en el Código de Procedimiento Penal.

Del Precedente Contradictorio Invocado:

Auto Supremo Nº 329 de 29 de agosto de 2006

De la solicitud:

Solicitó que el más Alto Tribunal de Justicia Anule el Auto de Vista recurrido hasta dictarse una nueva Sentencia porque la misma tiene defectos al no haber valorado la prueba correctamente.

CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un recurso de casación)

Se define a la Casación, como un instrumento político-jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.

Gimeno Sendra se refiere al Recurso de Casación como: “Al recurso que tiene una función predominantemente parciaria en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derecho de la partes procesales, aunque es cierto que con él persigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas…”

De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia, así lo señala Cafferata Nores cuando afirma que: “El Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional”.


La procedencia del Recurso de Casación, está dada al cumplimiento de un conjunto de requisitos necesarios para que el Tribunal de Casación pueda pronunciarse sobre el fondo del planteamiento, siendo estos presupuestos formales de cumplimiento obligatorio e inexcusable; es así, que el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 416 y 417 ha señalado lo siguiente:

El incumplimiento a los presupuestos señalados supra, determinarán la ineficacia del planteamiento, pues si bien, nuestra normativa legal otorga el derecho a recurrir, también exige requisitos que deben ser cumplidos, que ante la negligencia o incumplimiento debe disponerse su inadmisibilidad sin que pueda interpretarse ésta decisión, como a la negación a ese derecho recursivo, en consecuencia, de su cumplimiento recién este Tribunal podrá ingresar a considerar el recurso planteado.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de los requisitos formales)

Plazo: La fecha, desde la que corresponde computar el plazo de los 5 días para formular el Recurso de Casación, corre desde el día siguiente a la notificación con el Auto de Vista recurrido, en este caso verificadas las diligencias de notificación se tiene que fue notificado con el Auto de Vista, el 13 de abril de 2009, tal como consta a fs. 491 y el cargo de presentación de su Recurso de Casación data del 18 de abril de 2009 cursante a fs. 496, por lo que se establece, que el mismo fue presentado dentro del plazo previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

Invocación del precedente contradictorio: Continuando con el análisis de los datos procesales que informan esta causa, se establecen las siguientes conclusiones de orden legal:

A) De la invocación en el Recurso de Apelación Restringida:

Conforme lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, un requisito formal que debe ser cumplido por la parte que formuló el Recurso de Casación, es el de haber invocado el precedente contradictorio en su Recurso de Apelación Restringida; de lo que se establece que en su Recurso de Apelación Restringida invocó:

Sentencia Constitucional N° 1417/2005

Sentencia Constitucional N° 1714/2003

Sentencia Constitucional N° 0421/2007

Sentencia Constitucional N° 1667/2003-R

Auto Supremo Nº 416 de 20 de octubre 2006

B) De la contradicción del Precedente Contradictorio y el Auto de Vista recurrido:

De lo previsto en el parágrafo segundo del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, el recurrente, deberá señalar en términos claros y precisos las contradicciones existentes entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes contradictorios; en este caso, en su recurso de casación solo invocó el Auto Supremo Nº 329 de 29 de agosto de 2006, por lo que se tiene:

Respeto del Auto Supremo invocado como precedente contradictorio, del mismo, si bien transcribe la parte pertinente de su doctrina legal, sin embargo no realizó la contrastación del mismo con el Auto de Vista impugnado, como tampoco se advierte el señalamiento de la contradicción en términos precisos en la que presumiblemente hubiera incurrido el Auto de Vista impugnado. 

Respecto de la mención de defectuosa valoración de la prueba, el recurrente no preciso cual sería la decisión contradictoria en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada con relación al precedente contradictorio invocado, cuando la finalidad del Recurso de Casación, prevista en el art. 416  del Código de Procedimiento Penal, por lo que no se puede permitir en el Recurso de Casación el cuestionar la Sentencia, si no el Auto Vista.

Lo propio acontece con la mención de la errónea aplicación de la Ley Penal sustantiva, por lo que al margen del argumento referido supra, se debe también ser concluyente al referir que no puede existir errónea aplicación de la Ley Sustantiva si el Tribunal aplicó la sanción prevista en la norma y en la medida en la que señala el tipo penal sancionado, por lo que no existe tal vulneración.        

En consecuencia, su Recurso de Casación no cumple con las exigencias establecidas por el legislador, toda vez, que se debe considerar, que para la aplicación de éstos, el recurrente debió realizar la fundamentación de su recurso de forma clara y precisa respecto de la contradicción existente entre el precedente contradictorio invocado y el Auto de Vista recurrido, cuál la norma vulnerada, cuál la que se debió aplicar y qué entendimiento es el correcto; no es suficiente señalar las normas supuestamente vulneradas y citar los precedentes contradictorios y exponer los hechos que considere supuestamente ilegales, sino que se debe demostrar fehacientemente que existe un alcance contrario, de tal naturaleza que demuestre la vulneración de derechos y garantías constitucionales, aspecto que no fue cumplido por el recurrente, pues la simple reiteración de los mismos hechos qué ya fueron considerados por las instancias competentes, sin precisar y establecer de qué manera hubieran sido infringidos sus derechos, por lo que, la sola enunciación de hechos, resulta exiguo; por consiguiente, este Máximo Tribunal de Justicia no puede ingresar a considerar el recurso deducido, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio de la resolución impugnada.

Con relación a la denuncia de supuestos defectos absolutos en que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al convalidar defectos de la Sentencia, se debe dejar constancia, que no es admisible el solo hecho de que las partes se limiten a denunciar actuados procesales como defectos absolutos sin identificar e individualizar a cuál de las causales establecidas en el art. 169 del Código de Procedimiento Penal se adecuarían estos defectos. En igual forma, en el caso de la inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado se debe realizar la debida fundamentación fáctica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por los operadores de justicia

       El recurso de casación, además de su función propia nomofiláctica y unificadora de doctrina, cumple en nuestro ordenamiento jurídico la función de satisfacer el derecho de todo condenado a la sumisión del fallo condenatorio a un Tribunal Superior (artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y, en consecuencia, ha de reconocérsele un espacio propio de control diferenciado y más intenso en el plano jurisdiccional que otros recursos, empero será posible cumplir con ese objeto cuando las partes, a tiempo de realizar la impugnación de los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, establecen la contradicción con otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Máximo Tribunal de Justicia, situación que en el presente caso no sucedió.

Finalmente, si el impetrante se vio afectado por la determinación del Auto de Vista impugnado, tenía expedita la vía para solicitar explicación, complementación y enmienda prevista en el art. 125 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que este ejercicio resulta inherente a las partes procesales que se consideren agraviadas con una resolución; sin embargo, tal derecho opera a través de la activación del medio o mecanismo idóneo de impugnación, el cual debe cumplir con todos los requisitos formales o de contenido que se encuentren estatuidos en la norma adjetiva penal, mecanismo que no fue activado por los recurrentes, por lo que esta inobservancia de los recurrentes no puede ser suplida por el órgano jurisdiccional.

Por lo señalado anteriormente, el Recurso de Casación resulta inadmisible, toda vez que el recurrente, no cumplió con los requisitos formales de admisibilidad previstos por el Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, conforme a los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación planteado por Hugo Gabino Salas Ramírez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 1008), con costas

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrado Relator: Dr. William E. Alave Laura