TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº:        409/2013

Fecha:                        Sucre, 30 de agosto de 2013

Distrito:                Cochabamba

Expediente:                65/09

Partes:                Ministerio Público contra Dominga Orellana Camacho  

Delito:                        Tráfico de sustancias controladas

Recurso:                Casación

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VISTOS: Los Autos correspondientes al recurso de casación cursante de fs. 148 a 150, interpuesto por la procesada Dominga Orellana Camacho impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 7 de abril de 2009 cursante de fs. 145 a 146 vlta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso de acción penal pública seguido en su contra por el Ministerio Público por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley Nº 1008; los antecedentes de la causa; y,

CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal de Sentencia de la Localidad de Ivirgarzama pronunció la resolución de grado contenida en la sentencia de 23 de enero de 2007 cursante de fs. 100 a 103 vlta., declarando a la procesada Dominga Orellana Camacho autora de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley Nº 1008, siéndole impuesta la pena privativa de libertad de diez (10) años de presidio en la Cárcel Pública de mujeres “San Sebastián”, más 10.000 días multa a razón de Bs. 0,20.- por día y costas a favor del Estado, más daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia. Al mismo tiempo se dispuso la confiscación definitiva de $us. 1550 y Bs. 6.000. 

Que, la sentencia condenatoria pronunciada por el tribunal de la causa fue objeto de impugnación por parte de la procesada a través del recurso de apelación restringida saliente a fs. 108 y vlta., en cuyo mérito y previo el cumplimiento del trámite recursivo seguido por las autoridades jurisdiccionales, el tribunal de alzada constituido en el caso de autos por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba pronunció el Auto de Vista de 7 de abril de 2009 cursante de fs. 145 a 146 vlta., por el que en virtud del principio iura novit curia y en aplicación de la norma procesal contenida en el art. 413 del Código de Procedimiento Penal declaró a la procesada Dominga Orellana Camacho autora de la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley Nº 1008, siéndole impuesta la pena privativa de libertad de ocho (8) años de presidio en la Cárcel Pública de mujeres “San Sebastián”, más 200 días multa a razón de Bs. 2.- por día a favor de la Caja de Reparaciones del Poder Judicial con costas a favor del Estado, disponiéndose la confiscación definitiva de $us. 1500 y Bs. 6.000 para su administración por DIRCAVI.

CONSIDERANDO II: Que, el auto de vista pronunciado por el tribunal de alzada es impugnado únicamente por la procesada Dominga Orellana Camacho a través del recurso de casación cursante de fs. 148 a 150, argumentando que desconocía que la sustancia con la que fue aprehendida de manera infraganti se trataba de una sustancia controlada, por lo que su sanción habría sido dispuesta con violación de la presunción de inocencia, motivo por el que tampoco correspondería calificar su conducta como transporte de sustancias controladas  como lo hizo el tribunal de alzada, motivos por los que citando los Autos Supremos Nº 372 de 22 de junio de 2004 y 261 de 8 de agosto de 2006 solicitó que este tribunal “case” (sic.) el auto de vista recurrido.     

CONSIDERANDO III: Que, para los efectos de la presente resolución, corresponde tener presente que desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.             

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país ha establecido a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya procedencia deben cumplirse indefectiblemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, esto es:

  1. Que al interponer el Recurso de Apelación Restringida la parte recurrente deba invocar el precedente contradictorio, precisando la contradicción ante una situación de hecho similar, sea por haberse aplicado normas distintas o bien una misma norma con diverso alcance;
  2. Dentro del Recurso de Casación, que deberá ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación legal con el Auto de Vista que se impugna, el recurrente deberá señalar la contradicción que existiría entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados en términos claros y precisos para que el Tribunal Supremo establezca la Doctrina Legal Aplicable que corresponda en caso ser evidentes las contradicciones deducidas por la parte recurrente.

CONSIDERANDO IV: Que, ingresando a la consideración de las condiciones de admisibilidad del recurso de casación en análisis, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se establece que fue interpuesto mediando la condición de tiempo prevista por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, siendo presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la procesada con la resolución impugnada.

Que, por otro lado, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se tiene que la recurrente no invocó a tiempo de interponer su recurso de apelación restringida ninguna resolución en calidad de precedente contradictorio, contraviniendo lo dispuesto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal que dispone “El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida”, pues, conforme previene la misma norma procesal el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia.

Que, por otro lado se tiene que la recurrente al momento de interponer su recurso de casación tampoco no cumplió con la norma procesal contenida en el art. 417 del Código de Procedimiento Penal que dispone: “En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad”, pues, no demostró cómo es que ante una situación de hecho similar objeto del reclamo concreto, el sentido jurídico asumido por el tribunal de apelación no coincidió o fue contradictorio al sentido jurídico asumido en casos semejantes por los precedentes que fueron meramente citados en el recurso de casación, limitándose en su recurso de casación a alegar situaciones que hacen el objeto factico de la causa, sin cumplir tampoco con la carga de postulación de contradicciones.  

Que, en consecuencia se tiene que la recurrente en el caso presente actuó con inobservancia de las previsiones contenidas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, incumpliendo con los presupuestos procesales que constituyen al mismo tiempo la base y sustento legal para la admisión del recurso de casación planteado, inobservancia del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad que no puede ser suplida de oficio por parte del tribunal de casación, que tiene entre sus principales funciones, como se expresó en consideraciones previas, el de controlar precisamente la uniformidad de la jurisprudencia, por cuanto su omisión en el caso presente priva su consideración, toda vez que no es posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista impugnado y otros precedentes, al no tener abierta su competencia.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de las normas procesales contenidas en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 148 a 150, interpuesto por la procesada Dominga Orellana Camacho impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 7 de abril de 2009 cursante de fs. 145 a 146 vlta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; sea con la imposición de costas conforme así determina la norma procesal contenida en el art. 269 del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-                                           

Magistrada Relatora: Dra. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. William E. Alave Laura

Proveído.- Grenny Bolling Viruez Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 409/2013