TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº:        396/2013

Fecha:                        Sucre, 30 de agosto de 2013

Distrito:                Cochabamba

Expediente:                25/10

Partes:        Ministerio Público y Milenka Tangler Camacho contra Álvaro Chambi Camacho  

Delitos:        violación de niño, niña o adolescente con agravantes (arts. 308 bis y 310 num. 3 y 7 del Código Penal)

Recurso:                Casación

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VISTOS: Los Autos correspondientes al recurso de casación cursante de fs. 232 a 236 vlta., interpuesto por el procesado Álvaro Chambi Camacho, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 10 de febrero de 2010 cursante de fs. 220 a 224, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Milenka Tangler Camacho por la comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente con agravantes (arts. 308 bis y 310 num. 3 y 7 del Código Penal); los antecedentes de la causa; y,

CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal de Sentencia Nº 3 de la ciudad de Cochabamba pronunció la resolución de grado contenida en la sentencia de 9 de noviembre de 2009 cursante de fs. 180 a 190, declarando al procesado Álvaro Chambi Camacho autor y culpable de la comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente con agravantes (arts. 308 bis y 310 num. 3 y 7 del Código Penal, siéndole impuesta la pena privativa de libertad de veintidós (22) años y seis (6) meses de presidio si derecho a indulto en el penal de “San Sebastián” (varones), con costas.

Que, la sentencia condenatoria pronunciada por el tribunal de la causa fue objeto de impugnación por parte del procesado a través del recurso de apelación restringida cursante de fs. 197 a 201 vlta., alegando (1) la falta de enunciación en la sentencia del hecho objeto del juicio, argumentando que no se habría consignado en la sentencia las circunstancias de tiempo, lugar y forma en la que se habría suscitado los hechos, siendo las acusaciones contradictorias; (2) falta de fundamentación de la sentencia, por no haberse efectuado una fundamentación fáctica sobre la consideración de ambas acusaciones, en infracción del art. 124 del Código de Procedimiento Penal; (3) valoración defectuosa de la prueba, al no haberse considerado que la declaración de los testigos de cargo habrían establecido que el día 8 de diciembre de 2008 no lo vieron con la víctima menor, sino que se encontraba en la “canchita” (sic.) hasta altas horas de la noche con los testigos, aseverando que la prueba de cargo no habría demostrado los hechos acusados, habiendo asumido el tribunal la convicción sobre su culpabilidad sin precisar en qué pruebas fundó su condena, efectuando una valoración sesgada y arbitraria de la prueba, sin considerar la declaración del policía investigador asignado al caso que no llegó a realizar su informe conclusivo; (4) falta de firma de juez, acusando la falta de firma de uno de los jueces técnicos, el Dr. Mario Murillo Mérida, sin constar tampoco el motivo por el que el citado juez no habría suscrito la sentencia, (5) violaciones al debido proceso, argumentando que una vez que fue notificado con la acusación fiscal y particular, realizó ofrecimiento de prueba dirigido esencialmente a desvirtuar la acusación particular, mientras que la sentencia se basó sobre la base de la acusación fiscal. Así a los efectos de su recurso de apelación invocó en calidad de precedentes contradictorios contenidos en los Autos Supremos Nº 314 de 25 de agosto de 2006, 196 de 3 de junio de 2005, 224 de 3 de julio de 2005 y 233 de 4 de julio de 2006.                            

CONSIDERANDO II: Que, previo el trámite recursivo seguido por las autoridades jurisdiccionales, el tribunal de apelación conformado en el caso sub lite por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 10 de febrero de 2010 cursante de fs. 220 a 224, declarando la improcedencia de los aspectos alegados en el recurso de apelación restringida argumentándose que el tribunal de la causa en el primer y segundo considerando de la sentencia efectuó la correspondiente enunciación del hecho objeto del juicio señalándose que la acusación particular versó sobre hechos similares a la acusación fiscal, verificando además que el tribunal de la causa dictó el correspondiente auto de apertura de juicio sobre la base de ambas acusaciones, existiendo una descripción del contenido fáctico de la acusación fiscal y particular, señalándose asimismo que tampoco existió la falta de fundamentación fáctica acusada, por cuanto el tribunal de la causa, en el tercer considerando de la sentencia, expuso detallada y razonablemente la fundamentación probatoria intelectiva que dio lugar a la asignación de la correspondiente responsabilidad penal del procesado.

En cuanto a la defectuosa valoración acusada por el recurrente, el tribunal de alzada estableció que el recurrente no precisó cuáles fueron las reglas del entendimiento humano que hubieran sido inobservadas por el tribunal de la causa para que así el tribunal pudiera ingresar a efectuar un control de logicidad de los razonamientos expresados por el tribunal de sentencia, más aún cuando el recurrente se limitó a realizar su análisis del contenido de las pruebas, sin que sea permitido al tribunal de alzada proceder a efectuar una revalorización de las pruebas ni a la reconstrucción del hecho histórico, concluyendo con relación a la falta de firma de uno de los jueces técnicos que se verificó la participación de dicha autoridad jurisdiccional en la deliberación de la sentencia, habiéndose consignado en el acta de registro de juicio el motivo por el que no suscribió el fallo por encontrarse declarado en comisión.                 

CONSIDERANDO III: Que, a través del recurso de casación cursante de fs. 232 a 236 vlta., el procesado Álvaro Chambi Camacho impugna la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista pronunciado por el tribunal de apelación, reiterando que en la sentencia se habría omitido consignar o enunciar el hecho objeto del juicio conforme determinaría la Sentencia Constitucional Nº 0366/2005-R y que en el caso de autos debió demostrarse los hechos por los que fue acusado, habiendo el tribunal emitido un auto de vista contradictorio a sí mismo al referir, por un lado, que es menester que el tribunal de sentencia proceda a describir el hecho atribuido y, por otro lado, no se consignó en sentencia los hechos atribuidos por la acusación particular, por lo que el tribunal de apelación no habría demostrado de manera fundada la no vulneración de la garantía del debido proceso, contraviniendo así a la Sentencia Constitucional Nº 582/2005-R, por lo que señala- si en el caso presente no existió la enunciación del hecho menos aún pudo existir la fundamentación intelectiva.

Señala también que el tribunal de sentencia no habría expresado a través de qué medios probatorios habría asumido la convicción de los hechos y de su responsabilidad penal, contraviniendo así a los Autos Supremos Nº 314 de 25 de agosto de 2006 y 342 de 28 de agosto de 2006.

Argumenta asimismo que una vez notificado con las acusaciones hizo ofrecimiento de prueba de descargo dirigida a desvirtuar esencialmente la acusación particular, existiendo consiguientemente falta de fundamentación fáctica en la sentencia.

Con relación a la defectuosa valoración de la prueba, afirma que no demandó la revalorización de las pruebas, sino que denunció la valoración sesgada y arbitraria de la prueba, pues -señala- los testigos Oscar David Zenteno Morales, Omar Alejandro Villarroel Baya, Diego Cáceres Florido, Elvira Antezana Sanabria y Flora Camacho Vda. De Chambi señalaron que el testigo de cargo Miguel Salazar Soliz jamás vivió en la zona.

Refiere que el Auto Supremo Nº 314 de 25 de agosto de 2006 señala que es una obligación de los administradores de justicia que provean a todos los fallos los elementos que objetivicen la aplicación de la sana crítica en cuanto a la valoración de la sana crítica, asignando el valor correspondiente a tales elementos en su conjunto, de modo que la falta de fundamentación hace presumir que el juzgador asumió una decisión de hecho y no de derecho.

Con relación a la falta de firma de uno de los jueces técnicos alega que el motivo para la falta de la firma de uno de los miembros del tribunal  debe ser necesariamente descrito y explicado en la sentencia, lo cual no habría sido cumplido por el tribunal de sentencia.                                                         

CONSIDERANDO IV: Que, para los efectos de la presente resolución, corresponde tener presente que desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.             

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país ha establecido a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya procedencia deben cumplirse indefectiblemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, esto es:

  1. Que al interponer el Recurso de Apelación Restringida la parte recurrente deba invocar el precedente contradictorio, precisando la contradicción ante una situación de hecho similar, sea por haberse aplicado normas distintas o bien una misma norma con diverso alcance;
  2. Dentro del Recurso de Casación, que deberá ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación legal con el Auto de Vista que se impugna, el recurrente deberá señalar la contradicción que existiría entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados en términos claros y precisos para que el Tribunal Supremo establezca la Doctrina Legal Aplicable que corresponda en caso ser evidentes las contradicciones deducidas por la parte recurrente.

CONSIDERANDO V: Que, ingresando a la consideración de las condiciones de admisibilidad de los recursos de casación en análisis, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se establece que el recurso de casación fue interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la parte recurrente con el auto de vista impugnado, por lo que al respecto se cumplió con la condición de tiempo prevista por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

Que, por otro lado, de la revisión del recurso de casación se establece que la parte recurrente argumentó su recurso de casación reiterando los mismos fundamentos por los que cuestionó la sentencia y que fueron de conocimiento y resolución del tribunal de alzada, persistiendo en expresar en grado de casación su desacuerdo con la sentencia, sin expresar cómo es que el Auto de Vista dictado por el tribunal de alzada habría sido pronunciado con contradicción de la jurisprudencia nacional al resolver los puntos apelados, actuando así en absoluto desconocimiento de la norma procesal contenida en el art. 416 del Código de Procedimiento Penal que al definir la naturaleza y finalidad del recurso de casación expresa: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, noción legal de la cual surge precisamente la carga procesal por la que la parte recurrente deba señalar en términos expresos, claros y precisos las contradicciones que existirán entre el auto de vista que se impugna no la sentencia- y otros precedentes contradictorios, motivo por el que la parte recurrente debió postular cómo es que ante una situación de hecho similar la decisión del tribunal de alzada no coincidió con la de los precedentes invocados, cuando al respecto el art. 416 del Código de Procedimiento Penal también señala: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haber aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”, previsión procesal de donde surge la necesidad de postular de contradicciones que prescribe el art 417 del similar cuerpo procesal cuando determina: “En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad”, normas procesales que no fueron debidamente observadas por el recurrente, pues, si bien al momento de interponer su recurso de apelación restringida invocó en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos Nº 314 de 25 de agosto de 2006, 196 de 3 de junio de 2005, 224 de 3 de julio de 2005 y 233 de 4 de julio de 2006, en su recurso de casación no asumió la carga procesal de postulación precisa, concreta y clara de las presuntas contradicciones que existirían, aspecto que conforme se tiene demostrado de la cita del art. 417 del Código de Procedimiento Penal es una causal que determina la inadmisibilidad del recurso de casación.

En consecuencia, este tribunal determina que el recurso de casación presentado no cumplió con las condiciones previstas por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, requisitos que al mismo tiempo constituyen la base y sustento legal para la admisión del recurso de casación, en razón de que la inobservancia del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad por parte del recurrente, no puede ser suplida de oficio por parte del Tribunal de Casación, que tiene entre sus principales funciones, como se expresó en consideraciones previas, el de controlar precisamente la uniformidad de la jurisprudencia, por cuanto su omisión en el caso presente priva su consideración.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de las normas procesales contenidas en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 232 a 236 vlta., interpuesto por el procesado Álvaro Chambi Camacho, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 10 de febrero de 2010 cursante de fs. 220 a 224, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Milenka Tangler Camacho por la comisión del delito de violación de niño, niña o adolescente con agravantes (arts. 308 bis y 310 num. 3 y 7 del Código Penal); sea con la imposición de costas conforme así determina la norma procesal contenida en el art. 269 del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez   

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. William E. Alave Laura

Proveído.- Grenny Bolling Viruez Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 396/2013