TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA



Auto Supremo:                  No.  393/2013

Fecha:                                Sucre,26 de agosto de 2013

Expediente:                       82/09

Distrito:                       La Paz

Partes:            Ministerio Público y Cruz Mamani Bautista, Victoria Choquehuanca 

                                           Callisaya y Rita Bautista de Mamani C/Anselmo Choquehuanca 

                                           Callisaya             

Delito:            Injuria, Lesiones Graves, Leves  y amenazas (Arts. 287, 271 y 293

                                           Cód. Penal)

Recurso:                       Casación



VISTOS: Los Autos correspondientes al Recurso de Casación  interpuesto por  los querellantes Cruz Mamani Bautista, y Victoria Choquehuanca Callizaya  saliente de Fs.  314 a 316,  impugnando el Auto de Vista Nº 28/2009 de 20 de febrero de 2009  de Fs. 280 a  281, Vlta. pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de  La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Cruz Mamani Bautista, Victoria Choquehuanca Callizaya y Rita Bautista de Mamani, seguido en contra del procesado Anselmo Choquehuanca Callisaya  por la comisión de los delitos de  Injuria, Lesiones Graves, Leves y amenazas previstos y sancionados por  los Arts. 287, 271 y 293 del Código Penal, los antecedentes de la causa, y;

CONSIDERANDO I: Que, sustanciado el proceso por el Juzgado Segundo de Partido de El Alto del Distrito Judicial de las ciudad de La Paz, dictó la Sentencia  No.  31/2008 de 30 de septiembre de 2008  de Fs. 196 a 203 Vlta., declarando al procesado Anselmo Choquehuanca Callisaya  ABSUELTO de la comisión del delito de injuria tipificado en el Art. 287 del Cód Penal, asimismo se lo declaró AUTOR Y CULPABLE de la comisión de los delitos de Lesiones Graves, Leves  y Amenazas tipificado y sancionado por los Arts. 271- II) y 293 del Cód. Penal, imponiéndole una pena de 2 años de Reclusión en el Penal de “San Pedro” de la ciudad de La Paz más daños y perjuicios a favor de la parte acusadora y costas procesales a favor del Estado

Que, notificados los sujetos procesales con la Sentencia de Fs. 196 a 203 Vlta. El procesado Anselmo Choquehuanca Callisaya, interpone Recurso de Apelación Restringida tal como consta de fs. 248 a  263 Vlta, aduciendo valoración defectuosa de la prueba, violación al debido proceso, inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, contradicción en la parte dispositiva o entre esta y la parte considerativa, violación de derechos y garantías constitucionales convenios y tratados Internacionales vigentes, violación al principio de continuidad y  violación al principio de congruencia

Que, previo trámite de rigor la Sala Penal Segunda de la Corte  Superior de Distrito Judicial de la ciudad de  La Paz, dicta el Auto de Vista Nº 28/2009 de fecha 20 de  febrero de 2009 ANULANDO totalmente la Sentencia Apelada  No.  31/2008 de 30 de septiembre de 2008  de Fs. 196 a 203 Vlta., recurrida por Anselmo Choquehuanca Callisaya, con el argumento que: este Tribunal de alzada tiene presente que la finalidad de la apelación restringida es el control jurídico de la formación interna y externa de la sentencia y de conformidad con la doctrina Legal Aplicable sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Auto Supremo No. 37 de 27 de  enero de 2007 la misma debe ser pronunciada luego de la sustanciación ininterrumpida del juicio oral, publico y contradictorio observando el principio de continuidad en la audiencia de juicio, toda vez que cualquier interrupción más allá de los límites  razonables expresamente señalados en los Arts. 335 y 336 del Cód. de Pdto. Penal

CONSIDERANDO II: Que, a través de Recursos de Casación  interpuestos por los  querellantes Cruz Mamani Bautista y Victoria Choquehuanca Callisaya,  impugnan el Auto de Vista Nº 28/2009 de fecha 20 de  febrero de 2009 de Fs. 280 a 281 Vlta, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de  La Paz, alegando como motivos de  los Recursos:

Que, lamentablemente la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de La Paz, hace una errónea  y  mala aplicación  de la Ley cuando anula totalmente la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2008, Resolución No. 31/2008 basándose en los Arts. 335 y 336 del Cód. de Pdto. Penal observando el principio de continuidad  en el juicio oral, publico y contradictorio indicando que sustrae la credibilidad de fallos judiciales, la vulneración al principio de continuidad ocasiona dispersión de la prueba, literal de su realización que permite al juzgador fundadamente compulsar antecedentes y el  acusado anula  injustamente la sentencia.

       Que, el Auto de Vista No. 28/2009, vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso y a la seguridad jurídica ya que los Vocales de la Sala Penal Según da del Distrito Judicial de la ciudad de La Paz sin ninguna causa y fundamentación anula la sentencia dictada por el Juzgado de Partido de la ciudad de El Alto, ya que como se puede comprobar del cuaderno de investigaciones el demandado Anselmo Choque Huanca, presenta extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y habiéndose resuelto en audiencia de juicio oral extremos, donde el Juez Segundo de  Partido de la ciudad El Alto declara improbado el incidente de extinción de la acción.

CONSIDERANDO III.-  Que, ingresando al análisis de la determinación contenida en el Auto de Vista impugnado, se tiene que el Tribunal de Apelación fundo su decisión de anular totalmente la Sentencia y disponer la reposición del juicio por otro  Juez, llamándole la atención por no cumplir a cabalidad con su servicio

Que, con relación a la presunta violación del principio de continuidad, corresponde partir de considerar que el art. 329 del Código de Procedimiento Penal dispone que el juicio oral es la fase esencial del proceso y se realiza sobre la base de la acusación en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado. Así, una de las características del juicio oral es evidentemente la de continuidad que en los hechos implica, de acuerdo al art. 334 del Código de Procedimiento Penal, que iniciado el juicio oral este se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte Sentencia y sólo podrá suspenderse en los casos señalados expresamente en el art. 335 del citado cuerpo legal

Que, en el contexto anteriormente señalado, se tiene que el juicio oral debe realizarse en forma ininterrumpida, salvo los casos previstos en el art. 335 del Código de Procedimiento Penal y los supuestos contemplados en los arts. 90 y 104 del similar cuerpo procesal, en procura de que los actos se desarrollen siguiendo una secuencia entre unos a otros, de modo que el debate no sea interrumpido hasta la conclusión del juicio oral con la emisión de la correspondiente Sentencia, lo cual tiende a asegurar el conocimiento inmediato por parte del juzgador y de las partes, del conjunto de los elementos de prueba introducidos en forma oral a la audiencia; conocimiento que puede perder su eficacia o desaparecer por el olvido o el transcurso del tiempo si se suspende el juicio de manera prolongada.

Que, por lo expuesto precedentemente, se llega a establecer que la condición de continuidad instituida en el art. 334 del Código de Procedimiento Penal, constituye una consecuencia de los principios de inmediación y de oralidad, pues, como señala CLAUS ROXIN, cuando el juicio oral se ha realizado hace mucho tiempo o es interrumpido con demasiada frecuencia, los jueces corren el peligro de extraer su conocimiento ya no de la memoria, sino de las actas de actuaciones anteriores. Es por ello que en el caso de detectarse presuntas vulneraciones al principio de continuidad durante la sustanciación de la etapa de juicio, como deduce la Resolución impugnada en el caso de autos, en principio debe verificarse y examinarse la clase y la medida de esas demoras a efecto de valorar si la demora afecta al principio de inmediación y si, en consecuencia, corresponde asumir una medida tan drástica como es la anulación del juicio y de la Sentencia, ya que debe tenerse presente que los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, solo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a las partes y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tiene sentido jurídico alguno anular los actos procesales y disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que se habría incurrido, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto cuestionado, pues en este último caso sólo se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado. Es así que surge la obligación de demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la nulidad de actos procesales.

En efecto, desde el punto de vista doctrinal, las nulidades  según expone JORGE CLARIÁ OLMEDO- consiste en la invalidación de actos cumplidos e ingresados al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización; en tal sentido, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las finalidad para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa.

Que, en el caso de Autos, de la revisión de obrados se establece que el Tribunal de Apelación, en cuanto a las suspensiones deducidas como motivo de la anulación del juicio y de la sentencia, se fundó únicamente en la mera enunciación de las fechas en las que se habrían suscitado tales suspensiones, lo cual no puede constituir un criterio absoluto para asumirse una decisión tan radical y perjudicial a los intereses de las partes y de la pronta y oportuna administración de justicia, ya que en el contexto de las consideraciones expuestas precedentemente, el Tribunal de Apelación no debió anular el juicio y la sentencia, sin antes demostrar fundada y objetivamente cómo es que las suspensiones aludidas habrían vulnerado materialmente no formalmente- los principios de continuidad e inmediación, pues debió demostrar para los efectos de la decisión asumida, cuáles fueron los alcances negativos de las interrupciones suscitadas; sin embargo, se tiene establecido que, por el contrario, el Tribunal de Apelación no precisó si como consecuencia de las suspensiones los miembros del Tribunal de Juicio se vieron influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, o si bien, por ejemplo, las suspensiones enunciadas ocasionaron dispersión de la prueba, menos aún expresó si provocaron indefensión material a la parte imputada y si además fueron determinantes para la decisión judicial adoptada.

En suma, el Tribunal de Apelación no demostró objetivamente el agravio que esas interrupciones hubiesen ocasionado para asumir la decisión de anular el juicio en su totalidad, pues el perjuicio, la trascendencia y el carácter decisivo del defecto es la medida de la anulación y no de mera ponderación o exacerbación de formalidades por encima de los principios que subyacen la labor de administración de justicia. Así también la jurisprudencia constitucional rechaza formalmente el exceso de rigorismo formal, que impide o puede impedir la tutela efectiva de los derechos y el pronunciamiento en el fondo por inobservancia o errónea aplicación de la Ley; toda vez que lo que se preserva es el derecho de que nadie sea condenado a pena alguna sin haber sido oído en juicio en igualdad material y por un Juez o Tribunal imparcial; por ello, dilatar por formalismo dogmático la decisión de una impugnación efectuada en recursos legales, es como promover la retardación de justicia en desmedro de ella.

Al respecto, este Tribunal de Casación pronunció el Auto Supremo Nº 106 de 25 de febrero de 2011, cuya Doctrina Legal Aplicable señala:

“(…) si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema establece entre otros en el Auto Supremo No. 37 de 27 de enero de 2007, que por mandato del art. 335 y 336 del Código de Procedimiento Penal, es posible suspender la audiencia del juicio oral únicamente por una vez y por el lapso no mayor a 10 días, y que en los casos de suspensiones sucesivas procede la nulidad de obrados; no es menos evidente que dicho entendimiento debe ser modulado, para evitar dilaciones innecesarias en el proceso. De ahí que en los casos en los que a solicitud de partes, se suspende la audiencia del juicio oral por más de una vez, excepcionalmente, el Tribunal de Alzada podrá ingresar al análisis de fondo, con la finalidad de no restringir el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa, como acontece en autos y en aplicación al principio de celeridad procesal, cuando a su criterio pese a las suspensiones reiteradas del A-quo, no se presente dispersión de la prueba y no sea necesaria la realización de un nuevo juicio.

Pues si bien en el caso de Autos el juzgador realizó numerosas suspensiones y en algunos casos por más de 10 días, en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, constituyendo en cierta medida actos dilatorios, empero no es menos cierto que no se evidencia dispersión de pruebas, por lo que el Tribunal de Alzada, puede apartarse excepcionalmente en el caso concreto de la jurisprudencia señalada en mérito al principio de celeridad, sin dejar de ejercitar las facultades que le confiere la Ley, e ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada para resolver concretamente la situación jurídica del imputado. Más aún cuando en el caso de litis el Tribunal de Alzada, como se tiene dicho anuló obrados tomando en cuenta datos procesales que no corresponden al último juicio sustanciado ante el Juzgado de Sentencia Primero en lo Penal.”

Que, por otro lado, con relación a los argumentos de que la sentencia no estaría debidamente fundamentada o motivada, además de que el Tribunal de juicio habría incurrido en una incorrecta y mala valoración de la prueba producida en juicio, se tiene que el Auto de Vista impugnado se limitó a expresar tales argumentos conclusivos, sin antes emitir los argumentos fácticos y jurídicos que justificaran tales conclusiones, pues, en cumplimiento de la garantía del debido proceso, que en el ámbito de sus presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada o motivada, debió explicar las razones por las que arribó a ese convencimiento, siendo así evidente que el Tribunal de Apelación no consideró que las resoluciones jurisdiccionales, más aún las resoluciones pronunciadas en grado de Apelación, para ser válidas deben ser motivadas, pues esta exigencia constituye una garantía constitucional no solo para las partes, sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia.

DOCTINA LEGAL APLICABLE.-   I) El sistema procesal penal al que se adscribe el Código de Procedimiento Penal, encuentra sustento en principios procesales que orientan la nueva concepción filosófica del proceso penal entre ellas el principio de continuidad de la audiencia del juicio oral que concibe la realización de los actos propios del juicio de manera ininterrumpida en sesiones consecutivas hasta su conclusión como regla expresa que materializa el principio señalado; sin embargo, esta regla halla excepciones a este principio procesal en la suspensión de la audiencia del juicio por causas expresamente regladas en el art. 335 del Código de Procedimiento Penal, pero además con un tiempo máximo de suspensión establecido en el primer párrafo del art. 336 del mismo cuerpo legal.

En el marco de revisión de oficio de las actuaciones procesales, debe tenerse presente que no todas las actividades procesales caen bajo el control de los Tribunales de alzada y Casación, sino solamente sobre aquellas formas fundamentales que la Ley protege con sanciones determinadas, es decir, sobre los errores in procedendo que son consideradas causales de anulabilidad, por el que el control jurídico que deberán ejercer estos Tribunales debe ser ejercido no sobre las simples inejecuciones de la ley procesal penal, sino sobre las inejecuciones cuya trasgresión es susceptible de repercutir con peligrosas consecuencias. 

Siendo obligación inexcusable el demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la nulidad de actos procesales, el Tribunal de Alzada a tiempo de resolver el Recurso de Apelación Restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, deberá realizar el examen y ponderación de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional en el caso concreto, para establecer de manera fundada y motivada si se transgredió o no el principio de continuidad, para ello, en principio debe verificar y examinar la clase y la medida de esas demoras a efecto de valorar si la demora afecta al principio de inmediación, sea por evidenciarse la dispersión de la prueba o bien porque la demora imposibilitó al Tribunal de Juicio pronunciar la Sentencia de mérito en base a la relación directa tenida con la prueba, teniendo un efecto determinante en el fallo.

II) Los errores o inobservancias del procedimiento, serán calificados como lesivos a la garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, solo en aquellos casos en los que tengan trascendencia, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro, no teniendo ningún sentido disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribara a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado.

III) Toda Resolución dictada en Apelación y en lo que concierne a la decisión de disponer la anulación del juicio y su Reposición por otro Tribunal, debe estar debidamente fundamentada y motivada, lo que obliga al juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y de derecho en la parte de fundamentación jurídica que haga comprensible las razones de la decisión, por cuanto, responde al cumplimiento de deberes esenciales del Juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales.

IV) Así, ante la evidente falta de mérito para la anulación del juicio y de la sentencia en los términos señalados por el tribunal de alzada, el tribunal de apelación debe ingresar a controlar si la sentencia absolutoria constituye en realidad una resolución formalmente correcta y sobre todo materialmente justa, verificando si el decisorio tiene por base una objetiva valoración de la prueba, no arbitraria, y si observaron debidamente las reglas de la sana crítica como son la lógica, la experiencia, la psicología y otras, aspectos que en todo caso deben ser comprobadas de manera objetiva por el tribunal de apelación, controlando si la sentencia deriva de elementos verdaderos y suficientes, puesto que la motivación de las sentencias debe ser verdadera, no falsa, violándose esta regla cuando la sentencia, por ejemplo, se basa en elementos probatorios inexistentes o falseados en su contenido o significado a través de una apreciación manifiestamente sesgada de la información que en realidad proporciona la prueba; así, una interpretación o utilización arbitraria de la fuente de convencimiento conduce a una falsa motivación de la sentencia, como el caso de desvirtuar una cargo delictuoso a través de la arbitraria valoración de la prueba que manifiestamente demuestra la responsabilidad y autoría del procesado, por lo que es exigible que la motivación se encuentre constituida por elementos aptos para producir razonablemente un conocimiento cierto sobre el hecho por su calidad.                            

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de la norma procesal contenida en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara: FUNDADO el Recurso de Casación cursante  de Fs. 314 a 316 Vlta. interpuesto por los recurrentes Cruz Mamani Bautista  y Victoria Choquehuanca Callisaya, en consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la resolución jurisdiccional Nº 28/2009 contenida en el Auto de Vista de 20 de  febrero de 2009, cursante de Fs.  280 a 281 Vlta. pronunciado por la Sala Penal Segunda  de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de La Paz, debiendo la misma Sala, sin espera de turno para resolución y previo sorteo, pronunciar una nueva Resolución de acuerdo a la Doctrina Legal Aplicable establecida

Para fines del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copia del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, se ponga en conocimiento de los Jueces y Tribunales penales de su Distrito lo determinado en el presente Auto Supremo.

Asimismo, en aplicación de la norma contenida en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese y remítase copia de la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de Ley.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.-

Magistrada Relatora: Dra. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez           

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. William E. Alave Laura

Proveído.- Grenny Bolling Viruez Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 393/2013