TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo;                No.285

Fecha,                           Sucre, 22 de julio de 2013

Distrito:                     La Paz

Expediente:                       83/11

Partes:                             Ministerio Público a Instancia  de Valentina Quispe Huayllucu  c/  

Fernández   Aliaga Pascual, Fernández Surco Juan Carlos y     Fernández       Surco Andrés Guido


Delitos:                           Falsedad Ideológica, Falsedad Materia, Falsedad de documento

                                        Privado  (Arts. 198, 199, 200 y 203 Cód. Penal)


Recurso:                      Casación

____________________________________________________________________

VISTOS: El Recurso de Casación de Fs. 1281 a 1282 de obrados, interpuesto por los procesados Pascual Fernández Aliaga, Juan Carlos Fernández Surco y Andrés Guido Fernández Surco, impugnando la Resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 49/2011 de  primero de marzo de 2011  cursante de Fs. 1268 a 1278, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial  La Paz, dentro del proceso de acción penal publica seguido  por el Ministerio Publico a instancias de Valentina Quispe Huayllucu por la comisión de los delitos Falsedad Ideológica, Falsedad Material, Falsedad de Documento Privado  tipificados en los Arts. 198, 199, 200 y 203 del Cód. Penal; los antecedentes de la causa; y,

CONSIDERANDO I: Que, de la revisión de los antecedentes que informan el legajo procesal se tiene que a mérito de la querella presentada por la señora Valentina Quispe Huayllucu, en contra  de Pascual Fernández Aliaga, Juan Carlos Fernández Surco y Andrés Guido Fernández Surco, el  Tribunal de Sentencia Cuarto de la Ciudad  de El  Alto, del Distrito Judicial de La Paz pronunció sentencia  en fecha  9 de marzo del 2010 cursante de Fs. 985 a 990,  declarando al acusado PASCUAL FERNANDEZ ALIAGA, AUTOR  de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Falsedad Material, Falsedad de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado previstos y sancionados por los Arts. 198, 199, 200 y 203 del Cód. Penal, por lo que en aplicación al Art. 365 del Còd. del Pdto. Penal le CONDENÓ a sufrir la pena  de Privación de Libertad de CUATRO AÑOS  en reclusión,  que deberá cumplir en la penitenciaria del Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, pena que finalizará el 9 de marzo de 2014; en cuanto a los acusados JUAN  CARLOS FERNANDEZ SURCO Y ANDRES GUIDO FERNANDEZ SURCO se los condenó en condición de COMPLICES por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Falsedad Material, Falsedad de Documento Privado, por lo que en aplicación  al Art. 365 del Cód. del Pdto. Penal se les condenó a sufrir la pena de privación de libertad de  UN AÑO de reclusión que  deben cumplir en la penitenciaria del Penal de San Pedro de la ciudad La Paz, pena que finaliza el 9 de marzo de 2011,  sin embargo, al no haberse demostrado por parte de la acusación que los acusados arriba nombrados hayan participado en otro delito, en aplicación al Art. 368 del CPP. Se les concedió PERDON JUDICIAL.

   Que, como consecuencia de la sentencia pronunciada por el Tribunal  de Sentencia Cuarto de la Ciudad de El Alto del Distrito Judicial de La Paz,  los Acusados PASCUAL FERNADEZ ALIAGA, JUAN CARLOS FERNADEZ SURCO Y ANDRES GUIDO FERNANDEZ SURCO, a través de memorial de Fs, 1006  a 1009 y Fs. 1013 a 1023 de obrados, interpusieron Recurso de Apelación Restringida, esta fue  respondida en  su turno por  el Sr. Fiscal de Materia Asignado al caso y la denunciante VALENTINA QUISPE HUAYLLUCU tal como se evidencia en cuaderno procesal de fs.  1030 a 1035 y Fs. 1042 a 1044 de obrados.

Que, previos los trámites de los Recursos de Apelación Restringida, a través de la Resolución contenida en el Auto de Vista No. 49/2011 de 1ro. de marzo de 2011, de Fs. 1268 a 1278, pronunciado por el Tribunal de Apelación constituido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia del Departamento de La Paz, declaró IMPROCEDENTE, los fundamentos de los recursos de apelación restringida  interpuestos por PASCUAL FERNADEZ ALIAGA, JUAN CARLOS FERNADEZ SURCO Y ANDRES GUIDO FERNANDEZ SURCO y en aplicación al Art. 413 ultima parte del Código de procedimiento Penal, CONFIRMÓ EN PARTE  la Resolución No. 97/2010  emitida por el Tribunal de Sentencia Cuarto  de la ciudad El Alto, disponiendo que por el concurso ideal existente, el acusado PASCUAL FERNADEZ ALIAGA, deberá cumplir  la pena privativa de libertad de seis años, asimismo con respecto a los acusados ANDRES GUIDO FERNANDEZ SURCO y JUAN CARLOS FERNANDEZ SURCO, la pena privativa de libertad de tres años y dos meses los que se computarán a partir de su detención.

CONSIDERANDO II: que, a través del Recurso de Casación interpuesto por los imputados, impugnando el Auto de Vista pronunciado por el Tribunal de Alzada alegan que, el Auto de Vista solo realiza una relación doctrinal sobre la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, en ningún momento efectúa una verdadera valoración de los errores in procedendo del juicio oral público y contradictorio que con tremendos errores llevó a cabo el juzgador de primera instancia, sin embargo como si fueran jueces naturales que conocieron de la  personalidad  de los acusados se les incrementa la pena, nada mas inaudito en este sistema penal acusatorio, pues recurrir a un tecnicismo jurídico como el concurso ideal para incrementar la pena a los acusados, esta actitud procedimental de los señores Magistrados de Sala, sería violatoria de los derechos y garantías constitucionales  de los acusados,  pronunciando la Resolución Impugnada sin considerar los antecedentes de la causa ni las pruebas de cargo y de descargo, sumado a ello que el tribunal de apelación no puede ingresar a revisar cuestiones de hecho sino de derecho, siendo asimismo una Resolución que carece de fundamentación, pues, no señalaría los motivos de hecho y de derecho en los que se funda. Por estos motivos solicita al Tribunal de Casación se devuelva obrados al Tribunal de Alzada a objeto de que pronuncien una  nueva Resolución debidamente fundamentada por el que se los absuelva de pena y culpa.

CONSIDERANDO III: Que, para los efectos de la presente Resolución, corresponde tener presente que desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.             

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país ha establecido a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya procedencia deben cumplirse indefectiblemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, esto es:

  1. Que al interponer el Recurso de Apelación Restringida la parte recurrente deba invocar el precedente contradictorio, precisando la contradicción ante una situación de hecho similar, sea por haberse aplicado normas distintas o bien una misma norma con diverso alcance;
  2. Dentro del Recurso de Casación, que deberá ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación legal con el Auto de Vista que se impugna, el recurrente deberá señalar la contradicción que existiría entre la Resolución Impugnada y los precedentes invocados en términos claros y precisos para que el Tribunal Supremo establezca la Doctrina Legal Aplicable que corresponda en caso de ser evidentes las contradicciones deducidas por la parte recurrente.

CONSIDERANDO IV: Que, ingresando a la consideración de las condiciones de admisibilidad del Recurso de Casación en análisis, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se establece que recurso de casación interpuesto por los procesados fueron interpuestos mediando la condición de tiempo prevista por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, siendo presentado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación a cada uno de los Imputados.

Que, por otro lado, se tiene que los recurrentes no cumplieron con la carga de postulación de las contradicciones que existirían entre el Auto de Vista impugnado y otros fallos pronunciados en situaciones de hecho similar, siendo así evidente que los recurrentes obraron con inobservancia de lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal que establece: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, siendo así de considerar que por previsión de esta misma norma procesal, “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haber aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”, señalándose asimismo en la disposición procesal contenida en el art. 417 del similar cuerpo procesal que “En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad”.

Que, por lo expuesto se tiene que el Recurso de Casación fue interpuesto con inobservancia de las previsiones contenidas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, pues, los recurrentes obraron sin considerar que necesariamente debieron asumir el imperativo procesal de la carga de la postulación en términos claros y precisos de la contradicción que deduciría entre el Auto de Vista que impugnaron y otros precedentes, carga procesal que constituye al mismo tiempo la base y sustento legal para la admisión del Recurso de Casación, en razón de que la inobservancia del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad por parte de los recurrentes, no puede ser suplida de oficio por parte del Tribunal de Casación, que tiene entre sus principales funciones, como se expresó precedentemente, el de controlar precisamente la uniformidad de la jurisprudencia, por cuanto su omisión en el caso presente priva su consideración, toda vez que no es posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista impugnado y otros precedentes, al no tener abierta su competencia; por lo que al no haberse otorgado cumplimiento a los requisitos de admisión del Recurso, corresponde declarar inadmisible el Recurso de Casación Interpuesto por los Imputados.  

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de las normas procesales contenidas en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el recurso de casación cursante de Fs. 1281 a 1282, interpuesto por los  procesados PASCUAL FERNADEZ ALIAGA, JUAN CARLOS FERNADEZ SURCO Y ANDRES GUIDO FERNANDEZ SURCO, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº  49/2011 de 9 de marzo de 2010 cursante de fs.  1268 a 1278, pronunciado por la Sala Penal  Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial  La Paz, dentro del proceso de acción penal pública seguido por el Ministerio Publico a instancias de Valentina Quispe Huayllucu en  contra de  los imputados Pascual Fernández Aliaga, Juan Carlos Fernández Surco y Andrés Guido Fernández Surco, por la comisión de los delitos Falsedad Ideológica, Falsedad Material, Falsedad de Documento Privado, tipificados en Arts. 198, 199, 200 y 203  del Código. Penal sea con la imposición de costas conforme así determina la norma procesal contenida en el art. 269 del Código de Procedimiento Penal.                                              

Regístrese, hágase saber y cúmplase.-                  

Magistrada Relatora: Dra. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Javier  M. Serrano Llanos

Proveído.- Grenny Bolling Viruez Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 285/2013