TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº:        272/2013

Fecha:                        Sucre, 22 de julio de 2013

Distrito:                Santa Cruz

Expediente:                16/09

Partes:                Ministerio Público y Bella Carrillo Gutiérrez contra José Limón Vélez  

Delito:                        Lesiones Graves (art. 371 del Código Penal)

Recurso:                Casación

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VISTOS: Los Autos correspondientes al recurso de casación cursante de fs. 167 a 171, interpuesto por el procesado José Limón Vélez, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2008 cursante de fs. 131 a 133, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso de acción penal pública seguido en su contra por el Ministerio Público y Bella Carillo Gutiérrez por la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal; los antecedentes de la causa; y,

CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal Segundo de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra pronunció la resolución de grado contenida en la sentencia Nº 32 de 25 de septiembre de 2008 cursante de fs. 105 a 110, declarando al procesado José Limón Vélez autor de la comisión del delito de lesiones graves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal con la agravante prevista por el art. 252 num. 3) del mismo cuerpo legal, siéndole impuesta la pena privativa de libertad de cuatro (4) años y ocho (8) meses de reclusión en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola), más la imposición del pago de costas averiguables en ejecución de sentencia.

Que, la sentencia pronunciada por el tribunal de la causa fue objeto de impugnación por parte del procesado a través de recurso de apelación restringida cursante de fs. 114 a 117, alegando la errónea aplicación de la ley penal sustantiva en cuanto a la fijación de la pena y supuesta actividad procesal defectuosa durante la sustanciación de la audiencia de juicio, en cuyo mérito y previo trámite recursivo seguido por las autoridades judiciales, el tribunal de alzada constituido en el caso de autos por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz pronunció el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2008 cursante de fs. 131 a 133, declarando procedente del recurso de apelación interpuesto por el procesado, modificando la pena impuesta por el tribunal de la causa a la pena privativa de libertad de tres (3) años de reclusión en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz al establecer que para la determinación de la pena no concurrían las circunstancias agravantes, sino solamente la conducta calificante del delito de lesiones graves.   

CONSIDERANDO II: Que, a través del recurso de casación cursante de fs. 167 a 171, el procesado impugna el auto de vista pronunciado por el tribunal de apelación argumentando que no obstante haberse modificado la pena, ello no desvirtuaría el hecho de que su condena se basó en prueba ilícita e incorporada irregularmente al juicio, existiendo además contradicciones entre los testigos, por lo que no podría merecer condena si su responsabilidad penal no emerge de medios legales de prueba, motivos por los que considera errónea la decisión adoptada, solicitando a este tribunal de casación “case” (sic.) la resolución impugnada y se emita un Auto Supremo que disponga su absolución.

CONSIDERANDO III: Que, para los efectos de la presente resolución, corresponde tener presente que desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.             

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país ha establecido a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya procedencia deben cumplirse indefectiblemente con los requisitos de admisibilidad establecidos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, esto es:

  1. Que al interponer el Recurso de Apelación Restringida la parte recurrente deba invocar el precedente contradictorio, precisando la contradicción ante una situación de hecho similar, sea por haberse aplicado normas distintas o bien una misma norma con diverso alcance;
  2. Dentro del Recurso de Casación, que deberá ser presentado dentro de los cinco días siguientes a la notificación legal con el Auto de Vista que se impugna, el recurrente deberá señalar la contradicción que existiría entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados en términos claros y precisos para que el Tribunal Supremo establezca la Doctrina Legal Aplicable que corresponda en caso ser evidentes las contradicciones deducidas por la parte recurrente.

CONSIDERANDO IV: Que, ingresando a la consideración de las condiciones de admisibilidad del Recurso de Casación en análisis, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se establece que el recurso de casación interpuesto por el procesado fue interpuesto mediando la condición de tiempo prevista por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

Que, por otro lado, se tiene que el recurrente no cumplió con la carga de postulación de las contradicciones que existirían entre el Auto de Vista impugnado y el “auto de vista de 26 de octubre de 2007” que sin lugar a mayor identificación fue meramente enunciado por el recurrente al momento de interponer su recurso de casación, siendo así evidente que el recurrente obró con inobservancia de lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal que establece: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, siendo así de considerar que por previsión de esta misma norma procesal, “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haber aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”, señalándose asimismo en la disposición procesal contenida en el art. 417 del similar cuerpo procesal que “En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad”.

Que, por lo expuesto se tiene que el recurso de casación fue interpuesto con inobservancia de las previsiones contenidas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, pues, el recurrente obró sin considerar que necesariamente debió asumir el imperativo procesal de la carga de la postulación en términos claros y precisos de la contradicción que deduciría entre el Auto de Vista que impugna y el precedente enunciado, demostrando cómo es que en el caso concreto se asumió una solución jurídica diversa a la asumida en una situación de hecho análoga, de modo que en el caso de autos el recurrente obró sin precisar las contradicciones concretas existentes, sin cumplir con la carga procesal enunciada que constituye al mismo tiempo la base y sustento legal para la admisión del Recurso de Casación, en razón de que la inobservancia del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad por parte del recurrente, no puede ser suplida de oficio por parte del Tribunal de Casación, que tiene entre sus principales funciones, como se expresó en consideraciones previas, el de controlar precisamente la uniformidad de la jurisprudencia, por cuanto su omisión en el caso presente priva su consideración, toda vez que no es posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista impugnado y otros precedentes, al no tener abierta su competencia; por lo que al no haberse otorgado cumplimiento a los requisitos de admisión del recurso, ni haberse establecido de la revisión de oficio de obrados la concurrencia de defectos absolutos que hagan viable una eventual y extraordinaria admisión del recurso, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto.  

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de las normas procesales contenidas en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el recurso de casación cursante de fs. 167 a 171, interpuesto por el procesado José Limón Vélez, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2008 cursante de fs. 131 a 133, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso de acción penal pública seguido en su contra por el Ministerio Público y Bella Carillo Gutiérrez por la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal ; sea con la imposición de costas conforme así determina la norma procesal contenida en el art. 269 del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. William E. Alave Laura

Proveído.- Grenny Bolling Viruez Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 272/2013