TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA



AUTO SUPREMO Nº: 242/13

Fecha:         Sucre, 02 de julio de 2013

Distrito: Potosí        

Expediente: 5/09

Partes        Ministerio Público  contra Daniel Rodríguez Segovia, Víctor Hugo Romero Castellón y Roger Dorado Careaga.

Delito:        Robo Agravado, Homicidio en grado de Tentativa, Incumplimiento de Deberes y Desobediencia a la Autoridad 

Recurso: Casación

VISTOS: (Del recurso en cuestión)

El Recurso de Casación planteado por el Dr. Hugo Carrasco Callejas en su calidad de Fiscal de Materia, en representación del Ministerio Público, de fs. 298 a 301 vta., impugnando el Auto de Vista Nº 05 de 10 de febrero de 2009 cursante de fs. 285 a 287 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Daniel Rodríguez Segovia, Víctor Romero Castellón y Roger Dorado Careaga, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Homicidio en grado de Tentativa, Incumplimiento de Deberes y Desobediencia a la Autoridad, previstos y sancionados por los arts. 332 num. 1), 251 con relación al 8, 154 y 160 del Código Penal, los antecedentes, y;

CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales)

Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fuera interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:

Con base a la Acusación Fiscal, previa la sustanciación del juicio oral, el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del Distrito Judicial de Potosí, mediante Sentencia Nº 35/2008 (fs. 213 a 229), declaró a:

1.- Daniel Antonio Rodríguez Segovia, Autor de la comisión de los delitos de Robo y Homicidio en Grado de Tentativa, previstos y sancionados por los arts. 331 y 251 con relación al 8 del Código Penal, imponiéndole la pena de ocho años (8) de presidio a cumplir en el Centro de Readaptación Productiva “Santo Domingo” (antes denominada Penal de Cantumarca), la misma que deberá cumplir el 3 de junio de 2015, en virtud de que el imputado se encuentra ya detenido por este caso desde el 3 de junio de 2007, con costas a favor del Estado y el resarcimiento de daño civil a favor de la víctima,  regulables en ejecución de Sentencia.

2.- Víctor Hugo Romero Castellón, Absuelto del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal.

3.- Roger Dorado Careaga, Absuelto de los delitos de Incumplimiento  de Deberes y Desobediencia a la Autoridad, previstos y sancionados por los arts. 154 y 160 del Código Penal, por cuanto la prueba aportada por el Ministerio Público, no fue suficiente para generar convicción plena en este Tribunal sobre su participación penal de ambos imputados en dichos ilícitos, con los efectos del art. 367 del Código de Procedimiento Penal.    

Que, ante esta Sentencia, el Dr. Hugo Carrasco Callejas en su calidad de Fiscal de Materia, en representación del Ministerio Público de fs. 232 a 237 vta., interpuso Recurso de Apelación Restringida y memorial de corrección de fs. 281 a 282 vta., mismos que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 10 de febrero de 2009 (fs. 285 a 287), la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dictó Auto de Vista Nº 05/2009 declarando Improcedente el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por el representante del Ministerio Público.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, el Dr. Hugo Carrasco Callejas en su calidad de Fiscal de Materia, en representación del Ministerio Público, mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2009 (fs. 298 a 301 vta.) interpuso Recurso de Casación contra el precitado Auto de Vista. 

CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento de casación)

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establecen como motivos del  mismo, los siguientes:

I.- Amparado en la Sentencia Constitucional Nº 1690/2005 impugna el Auto de Vista, señalando, que existió favoritismo al uniformado involucrado porque el mismo fuera cuñado de uno de los Jueces Técnicos del Tribunal que estuvo a cargo del juzgamiento, por lo que se debería anular la Sentencia para conformar otro Tribunal más probo.

El Tribunal de Alzada se apartó de los puntos cuestionados en la Apelación Restringida, esta situación contradice a la Doctrina Legal establecida en los Autos Supremos números 417 de 19 de febrero de 2003, 5 de 21 de enero de 2007 y 307 de 11 de junio de 2003.

Primer punto. Refirió que el Auto de Vista no respondió adecuadamente lo cuestionado en el primer punto de su Apelación Restringida, contradiciendo a lo establecido en el Auto Supremo Nº 5 de 21 de enero de 2007 emitido por la Sala Penal Segunda, referido, a que los fallos emergentes de los recursos deben ser claros, expresos, legítimos y lógicos, por tanto el Auto de Vista contradice a la Doctrina Legal contenida en el  señalado Auto Supremo, porque lo único que hizo el Auto de Vista fue hacer mención a lo señalado en la Sentencia para justificar la absolución del delito de Desobediencia a la Autoridad y no expresó nada del delito de Incumplimiento de Deberes.

Respecto de los elementos que componen el objeto del juicio oral invocó la Sentencia Constitucional Nº 0366/2005, asimismo, refirió que el Auto de Vista obvió analizar el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal, omitiendo referirse al requisito objetivo de su versión jurídica de la calificación legal de la conducta del imputado Roger Dorado.

Segundo punto. Sobre la infracción del principio de congruencia previsto en el art. 362 con relación al 370 numeral 11) del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal de Alzada no señaló nada, manteniendo absoluto silencio, esta situación contradice lo previsto en el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, que establece que el Auto de Vista debe referirse a todos los puntos expuesto en apelación, acotando a lo mencionado, invocó la Sentencia Constitucional Nº 682/2004.

Tercer punto. En apelación se hubiera señalado la existencia de defectuosa valoración de la prueba de cargo, amparado en el art. 370 num 6) del Código de Procedimiento Penal, por otro lado invocó el Auto Supremo Nº 308 de 25 de agosto de 2006, textual “SPS” referido a la valoración de la prueba, empero el Auto de Vista solo dio valor a hechos no acusados de infringidos, cuando debió referirse a los hechos probados y no probados con fundamento de derecho, por lo que señaló que no se observó la Sentencia Constitucional 1480/2005 referida a la valoración de la prueba.

El Auto de Vista impugnado tenía la obligación de explicar punto por punto de manera clara en respuesta a la Apelación Restringida, cosa que no ocurrió, por tanto se contradijo a lo previsto en los Autos Supremos Nº 564/2004, 320/2003, 417/2003 sobre todo al Auto Supremo Nº 256/2004 que refiere que en ningún fallo se puede omitir la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazada por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes, al respecto invocó el Auto de Vista de 2 de septiembre de 2003 emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba que señala, que los fundamentos de la Sentencia o Resolución Judicial, conforme señala Hans Reichelk, tiene por objeto, no solo convencer a las partes, sino más bien fiscalizar al Juez con respecto a su fidelidad legal impidiendo sentencias en una vaga equidad o capricho.

Por lo referido solicitó que conforme lo establecido en el art. 418 del Código de Procedimiento Pernal se declare admisible el recurso y en definitiva se dignen resolver en el fondo, en relación al Coimputado Roger Dorado.

II.- Supuestas transgresiones en la que hubiera incurrido el Auto de Vista impugnado.

Primera. Transgredió los arts. 266 y 267 del Código de Procedimiento Penal, al haber impuesto costas al Estado Boliviano, el fallo vulnero la garantía del debido proceso al respecto invocó la Sentencia Constitucional Nº 1125/2005, actuación ilegal que contraviene el Auto Supremo Nº 520/2004 de 20 de septiembre.

Segunda. El hecho de la entrega del arma de manera definitiva a propiedad del Estado en el cartera del Ministerio de Gobierno, esta forma de disponer la entrega es ajena a las previsiones contenidas en los arts. 364 y 365 del Código de Procedimiento Penal.

Tercera. La Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí el 6 de enero de 2009 fue integrada la una acefalía que existía de un Vocal, sin cumplir el mandato del art. 93 de la Ley de Organización Judicial, que en su última parte dispone que las Cortes Superiores organizarán la conformación de sus Salas de acuerdo con sus requerimientos y necesidades en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, por otro lado, hace referencia al art. 42 del Código de Procedimiento Penal, de la cual refiere que la jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, por lo que si se presentó una acefalía en la Sala Penal Primera y no existía quórum para emitir resoluciones, debió convocarse al Vocal de la otra Sala para completar y no reconformar cada una de sus Salas, porque precisamente existía la falencia de uno de sus miembros en la especialidad de materia penal, al no observar este aspecto se infringió la garantía del juez natural imparcial.

Cuarta. Frente al silencio asumido por la Sala Penal Primera respecto de la Apelación Restringida referida al coimputado Víctor Hugo Romero Castellón, el Ministerio Público se ve imposibilitado de establecer contradicciones o transgresiones a la doctrina legal aplicable o precedentes contradictorios es por ese emotivo que no se lo hizo, situación que hubiera generado al Ministerio Público perjuicio porque se atenta al derecho a la defensa y seguridad jurídica que debe ser reparado por el Tribunal Supremo conforme lo establece el Art. 15 de la  Ley de Organización Judicial. Asimismo señaló que el Auto de Vista no se pronunció respecto de los puntos, tercero y cuarto del Memorial de Corrección, por lo que le imposibilita determinar la contradicción en los términos del art. 416 del código de Procedimiento Penal.                               

Del Precedente Contradictorio Invocado:

Auto Supremo Nº 417 de 19 de febrero de 2003

Auto Supremo Nº 307 de 11 de junio de 2003

Auto Supremo Nº 5 de 21 de enero de 2007 emitido por la Sala Penal Segunda

Auto Supremo Nº 417 de 19 de agosto de 2003

Auto Supremo Nº 308 de 25 de agosto de 2006, textual “SPS”

Auto Supremo Nº 520/2004 de 20 de septiembre.

Auto Supremo Nº 56472004

Auto Supremo Nº 320/2003

Auto Supremo Nº 256/2004

Sentencia Constitucional Nº 1480/2005

Sentencia Constitucional Nº 682/2004.

Sentencia Constitucional Nº 0366/2005

Sentencia Constitucional Nº 1690/2005

Sentencia Constitucional Nº 1125/2005

De la solicitud:

Solicitó se admita el recurso y se digne el Tribunal Supremo en Anular el mencionado Auto de Vista.

CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un recurso de casación)

Se define a la Casación, como un instrumento político-jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.

Gimeno Sendra se refiere al Recurso de Casación como: Al recurso que tiene una función predominantemente parciaria en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derecho de la partes procesales, aunque es cierto que con él persigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico e(función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas…”

De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia, así lo señala Cafferata Nores cuando afirma que: El Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional”.

La procedencia del Recurso de Casación, está dada al cumplimiento de un conjunto de requisitos necesarios para que el Tribunal de Casación pueda pronunciarse sobre el fondo del planteamiento, siendo estos presupuestos formales de cumplimiento obligatorio e inexcusable; es así, que el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 416 y 417 ha señalado lo siguiente:


         El incumplimiento a los presupuestos señalados supra, determinarán la ineficacia del planteamiento, pues si bien, nuestra normativa legal otorga el derecho a recurrir, también exige requisitos que deben ser cumplidos, que ante la negligencia o incumplimiento debe disponerse su inadmisibilidad sin que pueda interpretarse ésta decisión, como a la negación a ese derecho recursivo, en consecuencia, de su cumplimiento recién este Tribunal podrá ingresar a considerar el recurso planteado.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de los requisitos formales)

Plazo: La fecha, desde la que corresponde computar el plazo de los 5 días para formular el Recurso de Casación, corre desde el día siguiente a la notificación con el Auto de Vista recurrido, en este caso verificadas las diligencias de notificación se puede advertir que el impetrante fue notificado con el referido Auto de Vista el 10 de febrero de 2009 (fs. 288) y el cargo de presentación del Recurso de Casación data del 14 de febrero 2009 (fs. 301 vta.), por lo que se establece que el mismo fue presentado dentro del plazo previsto por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal.

Invocación del precedente contradictorio: Continuando con el análisis de los datos procesales que informan esta causa, se establecen las siguientes conclusiones de orden legal:

A) De la invocación en el Recurso de Apelación Restringida:

Conforme lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, un requisito formal que debe ser cumplido por la parte que formuló el Recurso de Casación, es el de haber invocado el precedente contradictorio en su Recurso de Apelación Restringida; ahora bien, con relación al recurso planteado, el mismo que sometido al correspondiente análisis y revisión a fin de verificar el cumplimiento de este requisito que permita a este Tribunal de Casación establecer las contradicciones en la que pudiese haber incurrido el Tribunal de alzada al momento de resolver el Recurso de Apelación Restringida planteado por el ahora recurrente, se advierte, que invocó los siguientes precedentes contradictorios:

Auto Supremo Nº 6 de 26 de enero de 2007

Auto Supremo Nº 308 de 25 de agosto de 2006

Auto Supremo Nº 5 de 21 de enero de 2007

Auto Supremo Nº 37 de 11 de junio de 2003

Auto Supremo Nº 656 de 25 de octubre de 2004

Auto Supremo Nº 495 de 15 de noviembre de 2005

Auto Supremo Nº 340 de 28 de agosto de 2006

Auto Supremo Nº 316 de 28 de agosto de 2006

Sentencia Constitucional Nº 0506/2005 de 10 de mayo

Sentencia Constitucional Nº 0753/2003-R

Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R

B) De la contradicción del Precedente Contradictorio y el Auto de Vista recurrido:

De lo previsto en el parágrafo segundo del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, el recurrente, deberá señalar en términos claros y precisos las contradicciones existentes entre el Auto de Vista recurrido y los precedentes contradictorios; en este caso, los precedentes contradictorios invocados al momento de interponer su Recurso de Casación son:

Auto Supremo Nº 417 de 19 de febrero de 2003

Auto Supremo Nº 307 de 11 de junio de 2003

Auto Supremo Nº 5 de 21 de enero de 2007 emitido por la Sala Penal Segunda

Auto Supremo Nº 417 de 19 de agosto de 2003

Auto Supremo Nº 308 de 25 de agosto de 2006, textual “SPS”

Auto Supremo Nº 520/2004 de 20 de septiembre.

Auto Supremo Nº 56472004

Auto Supremo Nº 320/2003

Auto Supremo Nº 256/2004

Sentencia Constitucional 1480/2005

Sentencia Constitucional Nº 682/2004.

Sentencia Constitucional Nº 0366/2005

Sentencia Constitucional Nº 1690/2005

Sentencia Constitucional Nº 1125/2005

El recurrente en el planteamiento de su Recurso de Casación cumplió con los requisitos previstos en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, tanto en el plazo de presentación como se señaló supra, como también en la invocación de los precedentes contradictorios, realizando la puntualización sobre el Auto de Vista que se pretende se revea, constituyendo presupuestos de carácter formal para su admisión, con la finalidad de determinar lo que fuese en derecho, cuando sea analizado el fondo del recurso, por tal circunstancia corresponde su admisión de conformidad a lo establecido en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal.   

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, dispone conforme la primera parte del art. 418 del Código de Procedimiento Penal, declarar: ADMISIBLE el Recurso de Casación planteado por el Dr. Hugo Carrasco Callejas en su calidad de Fiscal de Materia, en representación del Ministerio Público, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Daniel Rodríguez Segovia, Víctor Romero Castellón y Roger Dorado Careaga, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Homicidio en grado de Tentativa, Incumplimiento de Deberes y Desobediencia a la Autoridad, previstos y sancionados por los arts. 332 num. 1), 251 con relación al 8, 154 y 160 del Código Penal.

Asimismo, por Secretaría de la Sala Penal Liquidadora hágase, conocer el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del país a los fines señalados en el art. 418 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.-

Magistrado Relator: Dr. William E. Alave Laura

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 2/2013