TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA

Auto Supremo Nº: 197/2013.

Fecha:        Sucre, 04 de junio de 2013.

Distrito: Santa Cruz.

Expediente: 123/2010.

Partes: Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Fernando Arteaga Cuellar.

Delito:        Violación de Niño, Niña o Adolescente con Agravante.

Recurso: Casación.

VISTOS: (Del recurso en cuestión).-

El Recurso de Casación planteado por Fernando Arteaga Cuellar de fs. 177 a 180 vta., impugnando el Auto de Vista de 24 de junio de 2010 cursante de fs. 163 a 164 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente con Agravante, previstos y sancionados por los arts. 308 Bis Primera Parte con relación al 310 núm. 4) del Código Penal, los antecedentes, y;

CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales).-

Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fue interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:

Con base a la Acusación Fiscal y Particular, previa la sustanciación del juicio oral, el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 8 de 14 de abril de 2010 de fs. 81 a 96, resolvió dictar Sentencia condenatoria contra Fernando Arteaga Cuellar declarándolo Autor y Culpable de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente con Agravante, previstos y sancionados por los arts. 308 Bis Primera Parte con relación al 310 núm. 4) del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de Veinticinco (25) años de presidio sin derecho a indulto, que deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, Sección Varones, así como al pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia, conforme lo dispone el art. 272 del Código de Procedimiento Penal.

La condena impuesta al acusado se computará una vez que sea efectivizado el mandamiento de condena, toda vez que el mismo nunca ha estado detenido preventivamente por este delito.

Que ante esta Sentencia, Fernando Arteaga Cuellar, de fs. 105 a 109 vta., interpuso Recurso de Apelación Restringida, mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 24 de junio de 2010 (fs. 163 a 164), la Sala Penal Segunda de la R. Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Santa Cruz, dictó el respectivo Auto de Vista declarando Improcedente el Recurso de Apelación Restringida formulado por Fernando Arteaga Cuellar.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, Fernando Arteaga Cuellar, mediante memorial presentado el 13 de julio de 2010 (fs. 177 a 180 vta.), Interpuso Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado de acuerdo a los siguientes argumentos: 

CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento de casación).-

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establece como motivos del  mismo, los siguientes:

I.- Violación al debido proceso

Amparado en la Sentencia Constitucional Nº 287/99-R, señaló que la Sala Penal Segunda de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en base a pruebas cursantes en obrados no ha valorado ni ha compulsado lo fundamentado y demostrado en su Apelación Restringida, al haber sido evidente que su persona fue sentenciada en base a pruebas inexistentes o introducidas ilícitamente al proceso, toda vez que hubiera existido violación a su derecho a la defensa, introduciéndose las pruebas 6 y 7, las mismas que hubieran sido anuladas por el Juez Cautelar en la Audiencia de Aplicación de Medidas Cautelares cursantes a fs. 25 a 27 del cuaderno de investigación y la introducción en juicio las hace pruebas ilícitas.

Las pruebas periciales hubieran sido obtenidas ilícitamente, porque con la designación, nombramiento y posesión de los peritos, no se le hubiera notificado incumpliendo lo previsto por los arts. 204 al 215 y del 209 al 211 del Código de Procedimiento Penal, asimismo, señaló que el Ministerio Público vulneró lo establecido por los arts. 13, 71 y 212 del Código de Procedimiento Penal, por lo que se le violentó su derecho a la defensa.

La Sentencia vulneró el principio de igualdad de las partes, al debido proceso y la presunción de inocencia, en su Cuarto Hecho Probado; por otro lado, el Tribunal de Alzada al declarar Improcedente el Recurso de Apelación Restringida procedió en forma contraria a las normas legales, violando su derecho a la defensa ya que hubiera demostrado ante la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, las violaciones en que ha infringido el Tribunal Primero de Sentencia, sin embargo no fueron tomadas en cuenta; por otro lado, hace referencia a las declaraciones de Saida Cárdenas Velasco y su hija Elizabeth Cholima, las mismas que no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal Primero de Sentencia, estos aspectos constituirían un defecto absoluto previsto en el art. 169 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal, contraviniendo el art. 413 del mismo Código.

Invoca el Auto Supremo Nº 133 de 4 de marzo de 2004 dictado por la Sala Penal.

Señaló que, de ser evidente lo señalado en el Cuarto Hecho Probado se debería ampliar la investigación por el delito de coacción.

La Sentencia y el Auto de Vista no tomaron en cuenta los desistimientos y confesiones producidos en juicio (acusadores particulares y víctima) constituyéndose en pruebas irrefutables, teniendo en cuenta que la declaración de la víctima Elizabeth Cholima Cárdenas versaba porque que le había mentido a su madre respecto de la supuesta violación, prueba que no ha sido valorada por el Tribunal, violando su derecho al debido proceso, a  la defensa y a la igualdad de las partes, además, no se hubiera tomado en cuenta que solamente se impondrá una sanción condenatoria cuando exista prueba plena, en consecuencia se hubiera vulnerando los arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos concordante con el 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 16 num. (textual) 49 de nuestra Constitución establece que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido juzgado previamente en un proceso legal, esto concordante con el art. 1 del Código de Procedimiento Penal.

No hubiera sido notificado con el nombramiento de los peritos, lo que genera que sus nombramientos y sus informes contengan defectos absolutos, por lo que la prueba Nº 6 consistente en el Informe Sicológico realizado a la supuesta víctima violenta lo establecido en el art. 209 del Código de Procedimiento Penal.

También refirió que planteó exclusión probatoria de las pruebas 6 y 7 las cuales no fueron debidamente analizadas por el Tribunal de Alzada (Auto de Vista Nº 118) al momento de su revisión porque no consideraron todos los aspectos que señaló en su recurso de apelación acarreando defectos absolutos contemplados en los arts. 169 núm. 3)  y 370 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal.

II.- Violación a la Ley Sustantiva

El Auto de Vista en su Considerando Primero no analizó los defectos absolutos de la Sentencia, porque no se valoró las declaraciones de las personas afectadas y las únicas que pueden tener control de la realidad y no así el Tribunal, la Sala Penal realizó una falsa valoración de estos hechos, por lo tanto no dieron estricta aplicación a lo previsto en el art. 359 del Código de Procedimiento Penal, esto teniendo en cuenta que estas pruebas fueron judicializadas e incorporadas en el Juicio por la Fiscal y después de haber ofrecido y judicializado no son valoradas en el juicio, menos son tomadas en cuenta en la Sentencia, como asimismo el Tribunal de Alzada no tomó en cuenta estas violaciones a las normas sustantivas, al momento de dictar el Auto de Vista

Señaló como precedentes contradictorios sobre los aspectos expuestos, el Auto Supremo Nº 96 de 6 de marzo de 2006 emitido por la Sala Penal Segunda, Sentencia Nº 16 de 7 de mayo de 2002 dictada por la Jueza de Partido Mixto de Riberalta y la Sentencia Constitucional de 24 de febrero de 2003.

Del Precedente Contradictorio Invocado:

Sentencia Constitucional Nº 287/99-R

Sentencia Constitucional Nº 0233/2003-R de 24 de febrero de 2003

Sentencia Nº 16 de 7 de mayo de 2002 dictada por la Jueza de Partido Mixto de Riberalta

Auto Supremo Nº 133 de 4 de marzo de 2004 emitido por la Sala Penal

Auto Supremo Nº 96 de 6 de marzo de 2006 emitido por la Sala Penal Segunda

De la solicitud:

Solicitó se “Case” el Auto de Vista recurrido y se lo absuelva de toda culpa y pena en el caso de la comisión del delito inexistente de Violación con Agravante y se ordene la reposición del juicio por otro Tribunal.

CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un recurso de casación).-

Se define a la Casación, como un instrumento político-jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.

Gimeno Sendra se refiere al Recurso de Casación como: Al recurso que tiene una función predominantemente parciaria en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derecho de la partes procesales, aunque es cierto que con él persigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas…”

De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia, así lo señala Cafferata Nores cuando afirma que: El Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional”.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de los requisitos formales y fundamentación de la Resolución)

Que, de conformidad al Auto Supremo Nº 180 de 23 de mayo de 2013, se dispuso la admisibilidad del Recurso de Casación para ingresar al análisis y consideración del Auto de Vista recurrido, los precedentes contradictorios invocados y los defectos absolutos mencionados, a fin de establecer la posible contradicción en la que hubiese incurrido el Tribunal de Alzada al momento de emitir la Resolución objeto de análisis, por lo que se tiene.

Respecto de los puntos I y II:

Sentencia Constitucional Nº 287/99-R

Sentencia Constitucional Nº 0233/2003-R de 24 de febrero de 2003

Se debe dejar establecido que las mismas no tienen calidad de precedente contradictorio, así lo determinó la uniforme jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia en los Autos Supremos Nº 141 de 10 de marzo de 2004; 153 de 17 de marzo de 2003; 339 de 7 de junio de 2004; 59 de 5 de febrero de 2004; 132 de 18 de mayo de 2006, de la Sala Penal Segunda y 117-I de 31 de enero de 2007 de la Sala Penal Primera: “…Que en el caso de autos, del examen de los actuados procesales, se establece que el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida así como el recurso de casación deducido no ha invocado ningún  precedente válido, pues las sentencias constitucionales cuyas fotocopias adjunta, no son precedentes al tenor del art. 416 del Procedimiento Penal, en consecuencia el recurso deducido no cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión previstos en los arts. 416 y 417 del referido Código; omisión que no puede suplirse de oficio por ser base y sustento legal para la procedencia del recurso de casación…”.

En el caso de:

Sentencia Nº 16 de 7 de mayo de 2002 dictada por la Jueza de Partido Mixto de Riberalta.

En el mismo sentido, la misma no tiene calidad de precedente contradictorio, al respecto ya existe una línea jurisprudencial sostenida, la misma que dice: “Que es necesario indicar que las resoluciones dictadas por los jueces o tribunales de sentencia, no constituyen precedentes contradictorios, de conformidad con el artículo 416 de la Ley 1970 que establece: "El recurso de casación procede para impugnar autos de vistas dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema".

En ese mismo sentido el Tribunal de Casación emitió el Auto Supremo Nº 41 de 22 de enero de 2004, estableciendo que: "(...) el recurso de casación cita como precedente contradictorio la resolución Nº 240/99 dictada por el Juez de Partido en lo Penal de la ciudad de El Alto, empero, como se sabe sólo pueden servir de precedentes, los Autos de Vista y Autos Supremos, pronunciados por las Salas Penales de las Cortes Distritales o Corte Suprema (...)"; en consecuencia no es posible aplicar dicho fallo al caso presente, debiendo declararse infundado.

Finalmente, conviene precisar que, de los actuados que acompañan el proceso y de los fallos alegados como precedentes contradictorios, se colige que no son evidentes las supuestas vulneraciones denunciadas como defectos absolutos, pues en los procesos instaurados, de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las violaciones producidas contra sus derechos deben ser reparadas en las instancias correspondientes; es decir, primero en el juicio oral, ante el tribunal que conoció dicho trámite, conforme faculta el artículo 172 de la Ley 1970 (objeción); y luego ante el Tribunal de Alzada, donde se expresaron los agravios, que ya fueron resueltos por dicho Tribunal”. Así lo estableció en los Autos Supremos Nº 445 de 15 de octubre de 2005 y 41 de 22 de enero de 2004. 

Con relación al Auto Supremo Nº 133 de 4 de marzo de 2004 emitido por la Sala Penal

Del mismo, una vez revisadas las Gacetas de la Fecha y el Sistema Informático de este Máximo Tribunal de Justicia, se puede advertir la inexistencia del referido Auto Supremo, empero existe un Auto Supremo con el mismo número pero con fecha 9 de marzo del 2004, por lo que si se hubiera referido a ese, se debe tener en cuenta que el mismo, en su parte resolutiva, es declarado Admisible, por lo que debe quedar claro, que la presente causa ya se encuentra con Admisión, por tanto el Auto Supremo invocado resulta impertinente.   

Auto Supremo Nº 96 de 6 de marzo de 2006 emitido por la Sala Penal Segunda

El mismo corresponde a un proceso del Distrito de Potosí seguido por el Ministerio Público y otra, contra Cupertino Guarayo Poma, por el delito de Violación, del cual si bien el caso resulta por el mismo delito se debe tener en cuenta que el mismo declara Infundadas las pretensiones opuestas por el recurrente en el siguiente sentido: “1.- respecto ya que no puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación y su imputación y que consecuentemente habría sido condenado por un hecho muy distinto atribuido en la acusación pública y particular, no es tal porque el recurrente no toma en cuenta el principio "iura novit curia" por el cual la congruencia debe existir entre el hecho (base fáctica) y la sentencia y no -referente a la calificación del tipo penal- que provisionalmente establece el Ministerio Público y la acusación particular teniendo el Tribunal de sentencia Luego del desfile probatorio y de las pruebas incorporadas a juicio y concluido el mismo en la deliberación realizar la "subsunción" del hecho al tipo penal que corresponda (pudiendo ser diferente al de la calificación jurídica provisional realizada por la acusación, en aplicación precisamente del principio procesal indicado (siempre que se trate de la misma familia de delitos) como en el presente caso que los tipos penales protegen el mismo "bien jurídico" que es la "libertad Sexual". Por lo que no se ha vulnerado ningún derecho o garantía constitucional en contra del imputado.

2.- Respecto a la ausencia de prueba plena en la sentencia en casación no es posible considerar este aspecto porque el mismo ya fue considerado y resuelto por el Tribunal de apelación, teniendo el recurso de casación otros fines que se traducen sobretodo en establecer la línea doctrinal que corresponda ante la contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y otros precedentes contradictorios emitidos por las Cortes Superiores de Justicia o entre el fallo recurrido y los Autos Supremos emitidos por este alto Tribunal de Justicia.

3.- En consideración a la supuesta contradicción existente entre el fallo recurrido y el invocado Auto Supremo Nº 66 de 14 de febrero de 1989 referente a la necesidad de existencia de "prueba plena" para pronunciar sentencia condenatoria. Se establece la no existencia de contradicción alguna porque esta denuncia ya fue considerada por el Tribunal de sentencia a más de que la base fáctica del Auto citado como precedente es diferente al juzgado en la presente causa y no contradice el fondo con el recurrido”.

De lo observado lejos de que el presente Auto Supremo contradiga al Auto de Vista impugnado, hace ver que esta no es la instancia para revisar cuestiones que ya fueron resueltas por los Tribunales inferiores, por lo que de este precedente contradictorio no se puede advertir contradicción alguna.   

Además, se debe tener en cuenta que, no basta la simple cita de los precedentes contradictorios, es menester establecer con precisión el hecho similar comprobado tanto en el Auto impugnado como en el precedente, además, se debe discernir puntualmente el sentido jurídico contradictorio; estos dos requisitos de fondo son imprescindibles, la falta de uno de ellos hace que se declare infundado el recurso de casación.

Con relación a los supuestos defectos absolutos.

Señaló como defecto absoluto (art. 169 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal) el hecho de que el Tribunal Primero de Sentencia incurrió en irregularidades en su cuarto hecho probado de la Sentencia, porque no tiene relación con el hecho principal, en ese sentido, se debe tener en cuenta que del Acta de Celebración de Juicio Oral surgen los elementos  que se tomó en cuenta para la emisión de Cuarto Hecho Probado tal como se advierte de fs. 65 a 68 vta. de lo que no se puede advertir las irregularidades mencionadas.

Respecto de las pruebas 6 y 7, el Tribunal de Alzada ya dio respuesta puntual al respecto (fs. 163 vta. y 164), empero se debe tener en cuenta que los aspectos reclamados resultan no ser ciertos, toda vez que de fs. 63 vta. Acta de Celebración de Juicio Oral se estableció: “…Consta en las pruebas 6 y 7 consistente en el informe de entrevista psicológica y el informe social que evidentemente ha sido debidamente notificado el acusado en la persona de su abogado, el Dr. Quiroga en el cual consta en el pie de firma en ambas notificaciones, la una a horas 17:01 del día viernes 3 de junio del 2009 dice notifique al señor Fernando Arteaga Cuellar en su domicilio procesal ubicado en la oficina del Dr. Quiroga así consta en el pie de firma, así también su sello y el informe social evidentemente a las 17:05 del mismo día el cual las dos notificaciones están con la forma respectiva y sello, consecuentemente al no existir o no haber presentado tampoco la defensa esa resolución del Juez Cautelar en todo caso en el que haya anulado estas pruebas lo ratificó y el Tribunal declara improbadas las exclusiones probatorias…”.

De lo referido y respecto de los defectos absolutos señalados en el presente recurso de casación, es preciso tomar en cuenta lo manifestado en el mismo Auto Supremo Nº 96 de 6 de marzo de 2006 emitido por la Sala Penal Segunda, señalado como precedente contradictorio del cual se extrae: “…2.- Respecto a la ausencia de prueba plena en la sentencia en casación no es posible considerar este aspecto porque el mismo ya fue considerado y resuelto por el Tribunal de apelación, teniendo el recurso de casación otros fines que se traducen sobretodo en establecer la línea doctrinal que corresponda ante la contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y otros precedentes contradictorios emitidos por las Cortes Superiores de Justicia o entre el fallo recurrido y los Autos Supremos emitidos por este alto Tribunal de Justicia.

3.- En consideración a la supuesta contradicción existente entre el fallo recurrido y el invocado Auto Supremo Nº 66 de 14 de febrero de 1989 referente a la necesidad de existencia de "prueba plena" para pronunciar sentencia condenatoria. Se establece la no existencia de contradicción alguna porque esta denuncia ya fue considerada por el Tribunal de sentencia a más de que la base fáctica del Auto citado como precedente es diferente al juzgado en la presente causa y no contradice el fondo con el recurrido”.

Que, a raíz de la investigación realizada en la presente causa y la realización del juicio oral público y contradictorio se llegó a la determinación de la pena impuesta y de la comisión del delito, toda vez que en la Sentencia consta la valoración de todas las pruebas aportadas por las partes, tal como se observa de fs. 83 a 89, por otro lado, se debe tener en cuenta que el recurso de casación, además de su función propia nomofiláctica y unificadora de doctrina, cumple en nuestro ordenamiento jurídico la función de satisfacer el derecho de todo condenado a la sumisión del fallo condenatorio a un Tribunal Superior (artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y, en consecuencia, ha de reconocérsele un espacio propio de control diferenciado y más intenso en el plano jurisdiccional que otros recursos, empero será posible cumplir con ese objeto cuando las partes, a tiempo de realizar la impugnación de los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, establecen la contradicción con otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Máximo Tribunal de Justicia, lo que no ocurre en el presente caso.

De la revisión de los antecedentes, así como de la Sentencia y Auto de Vista, se debe tener en cuenta que de la Sentencia de fs. 82 a 95 consigna en su contenido la Declaración del Imputado, Fundamentación Probatoria (Prueba testifical, documental, pericial), Fundamentación Probatoria (Cuatro hechos probados), Fundamentaciones Jurídicas, Determinación y Aplicación de la Pena, las cuales son debidamente detalladas respecto a la participación del acusado en el hecho delictuoso denunciado.

Así también en el proceso se tiene los razonamientos respecto del Recurso de Apelación Restringida, los que fueron analizados y resueltos en dos puntos, por el Auto de Vista, aspecto que se encuentra inserto de fs. 163 vta. a 164.

Otro aspecto a tener en cuenta y considerado por el Tribunal de Alzada, es que, la Sentencia apelada se ajustó a las normas procesales u sustantivas vigentes; consiguientemente no existieron los defectos o infracciones acusadas por el recurrente.

Por otro lado, se puede advertir en la Sentencia respecto de la participación del acusado en el hecho objeto de juicio y su determinación circunstanciada, porque se fundamentó la misma en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, además de haberse valorado correctamente las pruebas aplicando la normativa legal contenida en los arts. 20, 27, 37, 38,  308 Bis. y 310 num. 4) del Código Penal y arts. 171, 333, 344, 346, 358, 360, 365 y 173 del Código de Procedimiento Penal, resultando de ese análisis los respectivos hechos probados, que dieron como resultado la certeza sobre la responsabilidad penal de la recurrente, todo en cumplimiento del art. 124 del Código de Procedimiento Penal.         

Finalmente, con relación a la mención de los supuestos defectos absolutos, se debe dejar constancia, que no es aceptable el solo hecho de que la recurrente se limite a denunciar actuados procesales como defectos absolutos, si bien señala la causal contenida en el art. 169 núm. 3), empero no especifica cual las inobservancias o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, normativa internacional o del Código de Procedimiento Penal que se adecuarían a estos defectos; toda vez que para este punto se debe realizar la debida fundamentación fáctica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por los operadores de justicia, por lo que, no pudiendo en consecuencia afirmar las vulneraciones señaladas, toda vez que el Auto de Vista dio respuesta a las pretensiones inmersas en el Recurso de Apelación Restringida.

En tal circunstancia no se puede evidenciar lo señalado en los puntos expuestos por el recurrente, porque como se observó, se ve claramente que el Auto de Vista y la Sentencia no incurrieron en los defectos absolutos mencionados, ni se pudo advertir contradicción entre los precedentes contradictorios aludidos con el Auto de Vista, pues, en el presente caso se realizó una adecuada fundamentación, por cuanto el Juez de la causa realizó la debida motivación del fallo, de manera que se determinó cuáles fueron las razones y fundamentos en los que se sustenta la Sentencia, por lo que, el Tribunal de Alzada ha momento de pronunciarse sobre la Apelación Restringida planteada por el recurrente, ha obrado dentro de los límites establecidos por la normativa penal. 

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, dispone conforme el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declarar: INFUNDADO el Recurso de Casación planteado por Fernando Arteaga Cuellar, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente con Agravante, previstos y sancionados por los arts. 308 Bis Primera Parte con relación al 310 núm. 4) del Código Penal, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrado Relator: Dr. William E. Alave Laura.-

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2013