TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº: 176/2013

Fecha:        Sucre, 23 de mayo de 2013.

Distrito: La Paz.

Expediente: 31/2009.

Partes: Ministerio Público y Aida Sara Flores A. contra Eulogio Laura Alanoca y otro.

Delito:        Estafa.

Recurso: Casación.


VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por el Abogado José M. Aguilar López por el acusado Eulogio Laura Alanoca de fs. 636 a 640, impugnando el Auto de Vista Nº 856 de 6 de diciembre de 2008 cursante a fs. 599 a 602 vta, y su Auto Complementario de fs. 606, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Aida Sara Flores Aliaga contra Eulogio Laura Alanoca y Jesús Daniel Laura Quispe, por la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, con base en la Acusación Fiscal de fs.1 a 3 y Particular de fs. 17 a 19 vta., contra Eulogio Laura Alanoca y Jesús Daniel Laura Quispe, por la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado en el art. 335 del Código Penal, previa sustanciación del juicio, el Tribunal de Sentencia de Achacahi, Provincia Omasuyos del Distrito Judicial de La Paz, mediante Sentencia Nº 12/2008 de 20 de junio, por unanimidad de votos, declaró autor y culpable a Eulogio Laura Alanoca de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal, imponiéndole la pena privativa de libertad de 5 años de reclusión en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, más 100 días multa a razón de Bs. 10.- por día. El coimputado Jesús Daniel Laura, fue declarado rebelde durante el juicio, quedando suspendido el juicio con relación al mismo.

Respecto al acusado Grover W. Hernani Inchausti, de conformidad al art. 363 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal lo absolvió del delito de Estafa atribuido por la acusadora particular, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal, al haber retirado la acusación particular en audiencia de juicio oral.

La condena impuesta al acusado se computará desde el 3 de diciembre de  2007, fecha en que fue detenido preventivamente hasta el 3 de diciembre de 2012, con costas a favor del Estado y el resarcimiento del daño económico a favor de la víctima Aida Sara Flores Aliaga.

La Sentencia condenatoria, fue objeto del Recurso de Apelación Restringida por parte del acusado Eulogio Laura Alanoca, mediante memorial de fs. 525 a 542 de obrados, exponiendo los agravios sufridos a lo largo del juicio, una vez radicada la causa ante el Tribunal de alzada, previo el cumplimiento del trámite establecido en el art. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, la Sala Penal Primera del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 856 de 6 de diciembre de 2008, declaró improcedentes las cuestiones planteadas en el Recurso de Apelación de fs. 525 a 542 en consecuencia, Confirmó la Sentencia Nº 12/2008 de 20 de junio de 2008 de fs. 470-480.

Al memorial de Complementación y Explicación de fs. 604 a 605, el Tribunal de Apelación mediante Auto de 19 de diciembre de 2008, dispuso No ha lugar a la solicitud de Complementación y Enmienda de Eulogio Laura Alanoca, quedando firme y subsistente la Resolución Nº 856/2008 de 6 de diciembre de 2008.

CONSIDERANDO II: Que, una vez notificado con el Auto de Vista y su Auto Complementario Eulogio Laura Alanoca, el Abogado José M. Aguilar López, formuló Recurso de Casación por el acusado, denunciando:

  1. Que el Tribunal de Alzada al dictar el Auto de Vista incurrió en la falta de fundamentación del Auto de Vista al resolver los puntos apelados, lo que contradice a las Sentencias Constitucionales y Autos Supremos, porque los numerales 1 al 8, carecerían de fundamentos legales que permitan concluir la existencia o inexistencia de los agravios denunciados como la vulneración del derecho a la defensa, al negarle la saca del expediente para realizar una adecuada defensa y realizar una adecuada apelación sobre los actos que se suscitaron durante el juicio.
  2. El Tribunal de Alzada no resolvió las suspensiones realizadas durante el juicio por más de 10 días que manda la ley, como tampoco se dio lectura a la Sentencia una vez terminado el juicio, sino solamente a la parte resolutiva y que la lectura íntegra de la Sentencia se realizó sin la presencia del imputado, actos que vulnerarían los derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso y por tanto devendrían en defectos absolutos.

Señala y transcribe parte de las Sentencias Constitucionales Nº 123/2001-R; 728/2007-R; 752/2002-R; 1369/2001; 577/2004-R; 40/2007 y 282/2002.


Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nº 472/2005 de 8 de diciembre; 14/2007 de 6 de enero; 122/2006 de 24 de abril; 702/2004 de 24 de noviembre, 167/2007 de 6 de febrero; 239/2005 de 1 de agosto; 131/2005 de 13 de mayo y 417/2003 de 19 de agosto; 43/2007 de 27 de enero.

Finalmente, concluye solicitando que este Tribunal Supremo, conceda su Recurso y previa revisión Deje Sin Efecto el Auto de Vista, el Auto Complementario  y ordene se dicte otro conforme a las Sentencias Constitucionales y los Autos Supremos contradictorios ofrecidos.

CONSIDERANDO III: Que, del derecho que tienen las partes a impugnar las resoluciones judiciales en el proceso penal:

Que, el derecho a recurrir las resoluciones judiciales, deviene de un componente esencial que es el debido proceso, que se define, como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías por un juez o tribunal competente e imparcial, por ello, el derecho a recurrir, es una de las garantías internacionales reconocidas a las personas y proclamadas en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que preceptúa: "Toda persona tiene derecho a un Recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley"; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, en sus arts. 8 -2 inc. h), señala: "El derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" y el 25 ordinal 1, consigna que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"; por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual nuestro país es firmante a través de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000, en su art. 14 núm. 5, establece: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley".

En nuestra legislación el derecho a recurrir o impugnar, se encuentra tutelado por el art. 180-II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia cuando señala: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales". Por su parte, el art. 394 del Código de Procedimiento Penal, establece que el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley…..” bajo las reglas generales establecidas en el art. 396 del mismo cuerpo legal.

En ese marco normativo y de manera más precisa, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, con claridad y precisión establece, que el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia) contrarios a otros precedentes contradictorios pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (actualmente Tribunal Supremo de Justicia); de igual manera  el articulado en análisis, instituye que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la Apelación Restringida; por último, la norma procesal prescribe, que se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.

En cuanto al plazo, señala que el Recurso de Casación se interpondrá en el lapso de 5 días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado y deberá ser presentado ante la Sala que dictó la Resolución a impugnarse; en el Recurso, se señalará la contradicción con términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad.

En ese razonamiento, el cumplimiento de estos dos requisitos -de admisibilidad- es de carácter obligatorio e inexcusable por el o los recurrentes, siendo éstos los que establecen los límites de competencia del Tribunal de Casación para tramitar el Recurso de Casación y considerar su admisibilidad o inadmisibilidad, en cuanto cumplan o incumplan con los requisitos formales que deben ser observados por las partes a tiempo de impugnar los fallos en las instancias legales.

CONSIDERANDO IV: Que, de la revisión del memorial del Recurso de Casación, presentado por el abogado José M. Aguilar López por el acusado Eulogio Laura Alanoca y de los antecedentes del proceso, este Tribunal previamente ingresa a considerar los requisitos formales de admisibilidad, de los que se  verificó:

Que, de la revisión exhaustiva de los requisitos de admisibilidad en el caso concreto, se establece que el Recurso de Casación ha sido firmado y presentado únicamente por el Defensor particular del acusado Dr. José M. Aguilar López, aspecto que contraviene a las formalidades legales establecidas para la admisibilidad del Recurso de Casación, toda vez que éste derecho está condicionado al cumplimiento del conjunto de requisitos que deben ser observados necesariamente por el recurrente, dicho cumplimiento, permite que el Tribunal de Casación pueda pronunciarse sobre el fondo de los motivos particulares que dieron lugar a la impugnación del Auto de Vista.

Que, en ese razonamiento el derecho de impugnación, es un derecho fundamental que la ley concede la posibilidad de recurrir en Casación una resolución determinada y que el sujeto debe estar legitimado para impugnar, es decir tener capacidad legal y un interés jurídico legítimo para interponer la impugnación con relación a los agravios que el fallo le ocasionó.

Que, a decir del Procesalista Clemente Espinoza Carballo “el derecho a la impugnación se encuentra limitado a las partes legitimadas en el proceso que pueden ejercitarlo, y a la extensión de la revisión de la sentencia que puede disponer el tribunal de alzada. Es limitado en cuanto a las sentencias que se pueden recurrir, puesto que no siempre la ley, con respecto a cualquiera de ellas, consagra la posibilidad de impugnarlas cuando, por ejemplo, han sido interpuestas fuera del plazo establecido por ley y por tercero o impetrante ajeno, que no hubiese sido debidamente legitimado”. De este razonamiento se entiende que el Recurso de Casación cursante a fs. 636 a 640, deducido por el Abogado José M. Aguilar López haciendo constar en la parte final “y por el interesado Eulogio Laura Alanoca que se encuentra detenido”, es contrario al marco del sistema de justicia penal que rige en nuestro país, el ejercicio del derecho a la defensa en delitos de acción penal pública es personalísima, resultando por tanto obligatorio que el procesado comparezca en forma directa ante el Juez o Tribunal y suscriba su memorial, no siendo posible y viable que ejerza su defensa por intermedio de un representante, apoderado o un tercero a su nombre, por ello, no le está permitido al abogado particular del procesado actuar en nombre del acusado e interponer Recursos en nombre de su defendido, salvo las excepciones previstas por los arts. 24 y 25 de la Ley de Creación del Servicio Nacional de la Defensa Pública, Ley Nº 2496 de 4 de agosto de 2003; supuestos que se encuentran referidos a la intervención de defensores oficiales o defensores públicos en representación de sus defendidos.

Que, de lo expuesto, se establece que el Abogado José M. Aguilar López no goza de la representación procesal legal para la interposición del Recurso de Casación, pues, si bien el derecho de impugnación constituye un derecho fundamental constitucional, empero, éste debe ser ejercido mediando las condiciones de posibilidad jurídica, interés legítimo, conforme lo estipula el art. 394 del Código de Procedimiento Penal que establece el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, no siendo por tanto permitido que el procesado asuma su defensa a través de terceros, es decir no obstante que el recurrente se encuentre detenido, el memorial de Recurso de Casación debió ser firmado por el interesado y no solamente por su abogado, máxime cuando de los datos del proceso, se evidencia que el acusado firmó el Recurso de Apelación Restringida de fs. 525 a 542, elaborado por el mismo Abogado que presentó el Recurso de Casación, pero sin la firma de su defendido, por lo que corresponde declarar Inadmisible el Recurso de Casación planteado por José M. Aguilar López.

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación cursante de fs. 636 a 640, interpuesto por el Abogado José M. Aguilar López por Eulogio Laura Alanoca, impugnando el Auto de Vista Nº 856 de 6 de diciembre de 2008 y su Auto Complementario de 19 de diciembre de 2008, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Aida Sara Flores Aliaga contra Eulogio Laura Alanoca, por la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado en el art. 335 del Código Penal. Con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.-

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2013