TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº: 172/2013

Fecha:         Sucre, 23 de mayo de 2013

Expediente: 146/09

Distrito: Santa Cruz

Partes: Ministerio Público y María Elena Orruri Manaca contra Juan Pablo Rivero Manaca 

Delito: Violación Agravada de Niño, Niña y Adolescente arts. 308 bis y 310 num. 2), 3) y 4) del Código Penal

Recurso: Casación

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VISTOS: El Recurso de Casación planteado por Juan Pablo Rivero Manaca a través de los escritos de fs. 297 a 300 vta y de 401 a 404, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 12 de enero de 2009 cursante de fs. 272 a 274 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Elena Orruri Manaca contra Juan Pablo Rivero Manaca por la comisión del delito de Violación Agravada de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por los arts. 308 bis y 310 num. 2), 3) y 4) del Código Penal, los antecedentes de la causa, y;

CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal de Sentencia de Concepción Ñuflo de Chávez del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la resolución de grado contenida en la Sentencia Nº 01 de 08 de mayo de 2008 cursante de fs. 129 a 141, declarando al procesado Juan Pablo Rivero Manaca autor y culpable de la comisión del delito de Violación Agravada de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por los arts. 308 bis y 310 num. 2), 3) y 4) del Código Penal, imponiéndole la pena privativa de libertad de 20 años de presidio sin derecho indulto a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, Penal Palmasola, más la imposición de costas en ejecución de Sentencia.

Que, la Sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de la causa fue objeto de impugnación por parte del procesado a través del Recurso de Apelación Restringida cursantes de fs.173 a 179 vta., alegando la (1) violación de su derecho a la defensa, debido proceso, dignidad humana y libertad, (2) falta o insuficiente fundamentación de la Sentencia, y (3) falta o defectuosa valoración de la prueba, aseverando ser inocente, que jamás cometió ni cometería dicho delito y que la prueba aportada por el Ministerio Público sería insuficiente para acreditar su responsabilidad penal, sumado a ello que no se habría efectuado en la víctima la prueba de laboratorio para confirmar o descartar su culpabilidad, por lo que concluyó que no existió prueba que conduzca a la convicción de su responsabilidad.

Que, previo el trámite recursivo seguido por las autoridades jurisdiccionales, el Tribunal de Apelación conformado en el caso de autos por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Santa Cruz, a través de la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 12 de enero de 2009 cursante de fs. 272 a 274 vta., declaró improcedente los aspectos alegados en el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por el procesado, confirmando en consecuencia la Sentencia apelada.

CONSIDERANDO II. Que, una vez notificado el procesado con el Auto de Vista, interpuso en la misma fecha dos escritos de Recurso de Casación, impugnando el Auto de Vista de 12 de enero de 2009, alegando, por un lado, que el Auto de Vista no se encontraría debidamente fundamentado; por otro lado, expresó que el Tribunal de Apelación, al pronunciar el Auto de Vista impugnado, habría incurrido en una serie de errores y contradicciones por “falta de aplicación y/o aplicación incorrecta de preceptos legales y principios fundamentales” (sic.), por cuanto (1) la fundamentación de la sentencia sería insuficiente y contradictoria; (2) la Sentencia se habría basado en defectuosa valoración de la prueba; (3) existió inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia; (4) el Fiscal no habría participado en actos en los que su intervención es obligatoria; (5) existió inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales; (6) no se aplicó el principio del in dubio pro reo; y (7) se habría aplicado incorrectamente el art. 413 párrafo primero del Código de Procedimiento Penal. Motivos por los que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada. 

Que, al respecto, aseveró que al haberse suscitado esos errores se habría actuado en contradicción de “otros Autos motivados resueltos por otras Salas Penales de la Corte Superior del Distrito Judicial mayo de 2004”, así como contra los Autos Supremos Nº 277 de 12 de mayo de 2004, 8 de 26 de enero de 2007, “de 22 de abril de 2006” (no señala el número de Auto Supremo), 114 de 20 de abril de 2006, 443 de 11 de octubre de 2006, 349 de 28 de agosto de 2006, 307 de 11 de junio de 2003, 401 de 18 de agosto de 2003 y 309 de 11 de junio de 2003.

CONSIDERANDO III: Que, a los efectos de la presente resolución, debe tenerse presente que desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país ha establecido a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o bien por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya admisibilidad del Recurso de Casación, debe cumplir con las condiciones formales previstas en los arts. 416 y 417 de Código de Procedimiento Penal, las cuales son:

1) Que, sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia;

2) Que, el Recurso de Casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado;

3) Que, en el Recurso deben expresarse en términos precisos y concretos la contradicción que se deduce entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrando la situación o relación de hecho similar;

4) Que, el precedente contradictorio deba ser invocado a tiempo de la interposición del Recurso de Apelación Restringida, siempre y cuando hubiese presentado dicho recurso contra la Sentencia por causar agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del Recurso de Apelación Restringida en la que se invocó el precedente.

CONSIDERANDO IV: Que, ingresando a la consideración del cumplimiento de los requisitos que versan sobre la admisibilidad del Recurso, de la revisión de obrados se establece que en el presente caso, los escritos del Recurso de Casación fueron presentados en ambos casos fuera del plazo previsto por el art. 417 del Código Penal, siendo presentados el 11 de mayo de 2009, siendo esto admitido por el propio recurrente al pretender justificar su incumplimiento en razón de la distancia, cuando las nomas del Código de Procedimiento Civil relativas a la prolongación de plazos o a la presentación de memoriales en casos de urgencia, no son aplicables a los procesos penales, siendo de considerar que por previsión del art. 130 del Código de Procedimiento Penal los plazos son improrrogables y perentorios, salvo una disposición contraria contenida en la propia Ley procesal penal, teniéndose que los plazos determinados por días comienzan a correr al día siguiente de practicada la notificación y vencen a las veinticuatro (24) horas del último día hábil señalado.

Que, por otro lado, sin perjuicio del incumplimiento de la condición de tiempo para la interposición del Recurso de Casación, se tiene de la revisión de obrados que el recurrente en ningún caso cumplió con la carga de postulación en términos claros y precisos de las contradicciones que existirían entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes que en el caso presente fueron meramente enunciados por el recurrente, cuando en sujeción de la norma procesal contenida en el art. 417 del Código de Procedimiento Penal el recurrente necesariamente debió asumir el imperativo procesal de la carga postulación en términos claros y precisos de la contradicción que deduciría entre el Auto de Vista que impugna y otros precedentes, carga procesal que constituye al mismo tiempo la base y sustento legal para la admisión del Recurso de Casación, en razón de que su inobservancia, así como la negligencia de la parte recurrente en el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad, no puede ser suplida de oficio por parte del Tribunal de Casación, que tiene entre sus principales funciones, como se expresó precedentemente, el de controlar precisamente la uniformidad de la jurisprudencia, por cuanto su omisión en el caso presente priva su consideración, toda vez que no es posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes, al no tener abierta su competencia; por lo que al no haberse otorgado cumplimiento a los requisitos de admisibilidad del Recurso, ni haberse establecido por parte de este Tribunal la concurrencia de defectos absolutos que hagan viable la eventual y extraordinaria admisión de oficio del Recurso, corresponde declarar inadmisible el Recurso de Casación interpuesto.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8- ll de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en la aplicación de la Norma Procesal contenida en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación interpuesto por Juan Pablo Rivero Manaca a través de los escritos de fs. 297 a 300 vta y de 401 a 404, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 12 de enero de 2009 cursante de fs. 272 a 274 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de  Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Elena Orruri Manaca contra Juan Pablo Rivero Manaca por la comisión del delito de Violación Agravada de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por los arts. 308 bis y 310 num. 2), 3) y 4) del Código Penal; sea con la imposición de costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2013