TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº: 165/2013

Fecha:        Sucre, 16 de mayo de 2013

Distrito: Santa Cruz.

Expediente: 5/2009.

Partes: Ministerio Público y Víctor Hugo Córdoba Pérez contra Julio Parada Becerra.

Delito:        Robo Agravado.

Recurso: Casación.


VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por Víctor Hugo Córdova Pérez de fs. 437 a 440, impugnando el Auto de Vista de 15 de diciembre de 2008 de fs. 434 y vta., emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Víctor Hugo Córdova Pérez contra Julio Parada Becerra, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el art. 332- 2) del Código Penal, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, con base en la Acusación Fiscal de fs. 2 a 5 y Particular de fs. 8 a 9 de obrados contra Julio Parada Becerra, el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio, el Tribunal de Sentencia de la Provincia Obispo Santisteban del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a Julio Parada Becerra Autor y Culpable de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el art. 332 inc. 4), con relación al art. 326 inciso 5 del Código Penal, condenándole a cumplir la pena de cinco años de reclusión en la Cárcel Pública de Montero.

Que, contra la referida Sentencia, el acusado Julio Parada Becerra, formuló Recurso de Apelación Restringida a fs. 417 a 420 vta., y Víctor Hugo Córdova Pérez a fs. 424 a 426 de obrados, una vez remitidos ante el Tribunal de Alzada, previo el trámite establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista de 15 de diciembre de 2008 de fs. 434 y vta., declaró Procedente el Recurso de Apelación Restringida, interpuesto por el acusado Julio Parada Becerra y en consecuencia Anuló totalmente la Sentencia y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal.

CONSIDERANDO II: Que, Víctor Hugo Córdova Pérez mediante memorial de fs. 437 a 440 formuló Recurso de Casación contra el Auto de Vista de 15 de diciembre de 2008, denunciando:

  1. Que el Tribunal de Alzada emitió el escueto Auto de Vista de 15 de diciembre de 2008 sin entrar en mayores consideraciones de orden legal; mucho menos pronunciarse sobre la admisibilidad del Recurso, declaró procedente el Recurso interpuesto por el acusado Julio Parada Becerra y olvidó pronunciarse con relación al Recurso de Apelación Restringida, interpuesto por él contra la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Montero.
  2. El Tribunal de Alzada, no solamente omitió pronunciarse sobre la admisibilidad de los Recursos interpuestos, sino sobre todos los puntos apelados y también sobre la motivación suficiente del Auto de Vista, lo cual constituye defecto absoluto, por lo que solicitó sea reparado conforme a la Doctrina Legal Aplicable emitida por la Corte Suprema de Justicia.
  3. Denuncia también que el Tribunal de Alzada incurrió en vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la seguridad jurídica, al sostener que hubo valoración errónea de la prueba, desconociendo que esa valoración en base a los principios de la sana crítica y prudente arbitrio es privativa de los Jueces y Tribunales de Sentencia.

Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nº 455 de 14 de noviembre de 2005, Sala Penal II (G.J. Nº 1923, noviembre del 2005, pág. 454-457), Nº 88 de 18 de marzo de 2008,  Nº 196 de 20 de mayo de 2008 y Nº 8 de 26 de enero de 2007.

Concluye solicitando, que este Alto Tribunal de Justicia declare Admisible el Recurso y previas las formalidades legales, ingrese a considerar el fondo del Recurso pronunciando Resolución dejando sin efecto el Auto de Vista de 15 de diciembre de 2008, disponiendo que el Tribunal de Apelación pronuncie nueva resolución observando la Doctrina Legal Aplicable.

CONSIDERANDO III: Del derecho que tienen las partes a impugnar las resoluciones judiciales cuando éstas sean gravosas a sus intereses y pretensiones en el  proceso penal.

Que, el derecho a recurrir las resoluciones judiciales, deviene de un componente esencial que es el debido proceso, que se define, como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías por un juez o tribunal competente e imparcial, por ello, el derecho a recurrir, es una de las garantías internacionales reconocidas a las personas y proclamadas en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que preceptúa: "Toda persona tiene derecho a un Recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley"; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, en sus arts. 8 -2 inc. h), señala: "El derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" y el 25 ordinal 1, consigna que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"; por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual nuestro país es firmante a través de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000, en su art. 14 núm. 5, establece: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley".

En nuestra legislación el derecho a recurrir o impugnar, se encuentra tutelado por el Art. 180-II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia cuando señala: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales". Por su parte, el art. 394 del Código de Procedimiento Penal, establece que “el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley…” bajo las reglas generales establecidas en el art. 396 del mismo cuerpo legal.

Finalmente y con mayor claridad el art. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal establecen, que el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia) contrarios a otros precedentes contradictorios pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (actualmente Tribunal Supremo de Justicia); por otra parte, el articulado en análisis instituye, que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la Apelación Restringida; por último, la norma procesal prescribe, que se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado norma distinta o una misma norma con diversos alcances.

El plazo para interponer el Recurso de Casación, es de 5 días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado y deberá ser presentado ante la Sala que dictó la Resolución que se impugna; en el Recurso, deberá señalarse la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que se invocó el precedente.

Es de entender, que el cumplimiento de estos dos requisitos -de admisibilidad- es de carácter obligatorio e inexcusable, pues, son éstos los que establecen los límites de competencia del Tribunal de Casación para tramitar el Recurso y considerar su Admisibilidad.

CONSIDERANDO IV: Que, habiéndose admitido el Recurso de Casación mediante Auto Supremo Nº 140 de 8 de mayo de 2013, corresponde resolver en el marco legal los motivos traídos en Casación por el recurrente: 

Que, con relación a los agravios del Recurso de Casación que se resumen en la falta de pronunciamiento del Tribunal de Alzada sobre todos los puntos apelados, la falta de motivación suficiente de los mismos, que se constituyen en defectos absolutos; corresponde señalar que del análisis de los fundamentos expuestos por el recurrente y del examen del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de Apelación al declarar procedente el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por Julio Parada Becerra y en consecuencia, anular totalmente la Sentencia disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal, no adecuó su determinación a los principios y características del Recurso de Apelación Restringida, toda vez que como señala el art. 407 del Código de Procedimiento Penal, este recurso es un medio de impugnación que tiene como finalidad determinar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o adjetiva; lo anterior significa que el Tribunal Alzada está en la obligación de establecer que normas o que preceptos legales contenidos en el Código Penal o en el Código de Procedimiento Penal, fueron inobservados o erróneamente aplicados, vale decir, que el Tribunal de Apelación debe fundamentar adecuada y razonadamente la inobservancia o el error de aplicación de la ley sustantiva o adjetiva; en el caso de Autos, el apelante Julio Parada Becerra, señaló como puntos de su Recurso: que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la Ley Penal Sustantiva; indebido rechazo de los incidentes planteados, elementos probatorios valorados no incorporados legalmente a juicio; valoración defectuosa de la prueba y finalmente incongruencia de la Sentencia con la Acusación; sin embargo, no expone con claridad cuáles son los razonamientos que realiza el recurrente para llegar a dicha determinación, pues no señala de manera clara cual la contradicción en que habría incurrido el Tribunal de Juicio y como debería pronunciarse en criterio legal del apelante; empero, del examen del Auto de Vista se evidencia que el Tribunal al considerar el Recurso realiza una escueta relación del Recurso de Apelación Restringida que no responde al contenido del mismo, porque no relata todos los puntos apelados, por consiguiente tampoco responde y resuelve el Auto de Vista a los motivos apelados, porque se limita a señalar que la Sentencia ha incurrido en Defectos Absolutos, sin mayor fundamento y motivación conforme exige el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y finalmente omitió resolver debidamente el Recurso de Apelación interpuesto por el querellante, limitándose a señalar que no era necesario su pronunciamiento sobre el Recurso de Apelación Restringida.

Lo anotado nos lleva a la conclusión que el Auto de Vista recurrido ha sido pronunciado, sin el estudio exhaustivo de los datos procesales, como habría tenido que ser, porque la labor del Tribunal de Alzada consiste en hacer un estudio fundamentado sobre los puntos apelados y resueltos por el inferior, motivando el fallo de tal manera que sea el resultado de un estudio reflexivo del proceso, lo que no aconteció en el sub lite, estableciéndose evidentemente que el Auto de Vista ha incurrido en violación del art. 169 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal.

De igual manera el Auto de Vista ciertamente incurre en flagrante violación de las garantías constitucionales, toda vez que el Tribunal de Alzada no toma en cuenta todos los puntos apelados y menos los resuelve con la debida fundamentación y motivación, vulnerando el derecho de los sujetos procesales de conocer el pronunciamiento respecto a cada uno de los puntos de reclamación de los recursos, por consiguiente la resolución impugnada evidentemente es contraria al Auto Supremo Nº 455 de 14 de noviembre de 2005 que establece que no existen razones ni criterios que fundamenten, para que las Sentencias y Autos de Vista no se encuentren fundamentados y motivados en las normas adjetivas y sustantivas penales o correspondan a Tratados y Convenios Internacionales.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE.-

De acuerdo al entendimiento de este máximo Tribunal de Justicia, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el Recurso de Apelación Restringida, en caso de denuncia expresa de defectos absolutos, se debe realizar una fundamentación bajo los criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera o no defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron o no afectados.

En ese entendimiento, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en el que se fundó el Recurso de Apelación Restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el art. 398 del citado compilado procesal, pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la Resolución impugnada

De lo expuesto, se evidencia que es un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc.3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita la aplicación del art. 419 del citado Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 15 de diciembre de 2008 de fs. 434 vta., emitido por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso penal seguido por Víctor Hugo Córdova Pérez contra Julio Parada Becerra, por la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el art. 332-2 del Código Penal, y dispone que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, sin espera de turno, emita nueva Resolución, conforme a la doctrina legal establecida precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.

En aplicación del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias del Presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.-

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2013