TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


AUTO SUPREMO Nº: 152/2013

Fecha:         Sucre, 14 de mayo de 2013

Distrito: Oruro

Expediente: 6/09

Partes: Ministerio Público y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) contra Vladimir Ayala

Lima, Hugo Roberto García Vila, Eduardo Fernández Escobar, Nelson Rubén Choque Magne, Luís

Delgadillo Fernández y Luís Eduardo Vargas Peñaloza

Delitos: Conducta Antieconómica (art. 224 parágrafo I del  Código Penal)

Recurso: Casación

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VISTOS: Los Recursos de Casación interpuestos por Lindon Requena Johnson en representación del Ministerio Público y Lucy Gutiérrez Uyuli en representación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), cursante de fs. 185 a 188 y de fs. 193 a 198 vta., impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 01 de 03 de enero 2009 de fs. 169 a 172 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) contra Vladimir Ayala Lima, Hugo Roberto García Vila, Eduardo Fernández Escobar, Nelson Rubén Choque Magne, Luís Delgadillo Fernández y Luís Eduardo Vargas Peñaloza, por la comisión del tipo penal de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art.  224 del Código Penal, los antecedentes del caso; y,

CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal de Sentencia Nº 1 del Distrito Judicial de Oruro, mediante Resolución Nº 27/2008 que cursa de fs. 59 a 76, falla declarando a los procesados Vladimir Ayala Lima, Hugo Roberto García Vila, Eduardo Fernández Escobar, Nelson Rubén Choque Magne, Luís Delgadillo Fernández y Luís Eduardo Vargas Peñaloza ABSUELTOS de la comisión del delito de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del Código Penal.

La Sentencia pronunciada tuvo como presupuestos fácticos probados, los siguientes:

  1. Que,  los hechos habrían ocurrido en las gestiones 2002 y 2003, así lo denunció Héctor Oporto Castelo en su condición de Gerente de la COMIBOL, en el que se encuentran involucrados todos los ahora procesados.
  2. Que, los procesados eran ex servidores públicos de la COMIBOL, desempeñando los siguientes trabajos; Hugo Roberto García Vila y Vladimir Ayala Lima administradores de almacenes generales, el primero desde el 8 de mayo de 2002 al 12 de febrero del 2003 y el segundo desde el 13 de febrero de 2003 al 8 de abril del 2004, Eduardo Fernández Escobar Jefe de Almacenes del 27 de mayo de 2002 al 8 de junio de 2004, Luís Eduardo Vargas Peñalosa Director Financiero en La Paz (no refiere tiempo de trabajo).
  3. Que, según el dictamen pericial producido durante el debate, se estableció que el informe DAI-0566/2006 de 18 de octubre de 2006 signado como prueba MP D- 14, no cumple con lo dispuesto por los arts. 15 y 42 inc. b) de la Ley Nº 1178 y el art. 35 del D. S. Nº 22315, por lo que al no haber sido validado queda sin merito para su valoración y fe probatoria, más cuando no fue corroborado con otra prueba documental o testifical.
  4. Que, los testigos refirieron que para la transferencia de activos que deben realizarse existe un Manual y es el administrador quien dispone y da la orden y demás instrucciones, estos testigos se limitaron a explicar el tramite que se sigue para la transferencia de bienes de la empresa COMIBOL, ninguno menciona que alguno de los acusados hubiera incurrido o comprometido su conducta durante el ejercicio de sus funciones en las irregularidades descubiertas y presentan dudas respecto de la responsabilidad que tuvieran los procesados.
  5. la prueba codificada como MP D-14, fue cuestionada y puesta en duda por el perito ofrecido por la defensa, quien ha restado la credibilidad a dicha prueba por no haberse observado las normas procedimentales para su validación; por lo que el Tribunal de Sentencia llegó a establecer la falta de otros elementos de convicción que le permitan sostener que los procesados tuvieron participación en los hechos acusados, generando en el mismo una duda razonable.

Que, la Sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Sentencia 1ro de del Distrito Judicial de Oruro, fue objeto de impugnación por parte del Ministerio Público y la COMIBOL, a través del Recurso de Apelación Restringida cursante de fs. 80 a 89 y de fs. 93 a 95 vta., bajo los siguientes argumentos:

El Ministerio Público, refirió: Que, la Sentencia contiene fundamentación insuficiente y contradictoria con relación a la valoración de la prueba aportada por parte del Ministerio Público incurriendo en los defectos previstos por el art. 370 num. 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal, además de no reunir los requisitos exigidos por el art. 124 y 173 de la misma norma legal adjetiva: 1) Defecto previsto por el art. 370 num. 5) de la Ley Nº 1970, lo que a decir del recurrente es una trasgresión a la garantía del debido proceso en su componente del derecho a una resolución fundamentada y quebranta los arts. 124, 173 y 169 num.  3) de la misma norma legal adjetiva, ya que una Sentencia absolutoria debe explicar de manera clara y sin ambigüedades por que razón le resta valor probatoria a “x” o ”z” prueba y porque razón no generó convicción; que la Sentencia en el punto 3 (ENUNCIACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS QUE FUERON OBJETO DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO) refiere una serie de documentos que fueron el sustento de su acusación y en el párrafo séptimo de ese punto, manifestó “Conforme prescribe el art. 302 de la Ley Nº 1970 en el presente caso existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados; por lo que de conformidad con el art. 342 de la misma norma legal adjetiva…”, por lo que según el recurrente por el Tribunal de Sentencia por un lado asegura la existencia de suficientes indicios de responsabilidad de los procesados y por otro lado asegura la insuficiencia de elementos; lo que es una contradicción que debe ser toman en cuenta por el Tribunal de Alzada. Que el punto b.2 de la Sentencia refiere una lista de elementos que acreditaron la existencia y el lugar del hecho, por lo que no se puede afirmar que no se plasmaron, pues manifestaron que la prueba MP-D2  se trataba de simples fotocopias de la Auditoria Interna Especial de fecha 29 de julio de 2004 en fs. 28 útiles, mismas que al no cumplir con lo dispuesto por el art. 1311 del Código Civil, éstas no motivan fe probatoria alguna; esta argumentación según el recurrente vuelve en un simple enunciado lo dispuesto por el art. 171 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la libertad probatoria, incurriendo en valoración defectuosa de la prueba. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nos. 131 de 31 de enero de 2007, 515 de 16 de noviembre de 2006, 111 de 31 de enero de 2007 y 527 de 17 de noviembre de 2006; por otro lado refiere que, la Sentencia menciona que los procesados “habrían” trabajado  en la COMIBOL, es decir que no adquiere seguridad de la condición de servidores públicos de los imputados, y cuando se refiere a la certificación evacuada el 29 de septiembre 2004 refirió que “esta prueba documental refrenda la condición de funcionarios públicos que tenían los individuos involucrados en el acto criminal” (sic), por lo que todas las contradicciones referidas caen la previsión del art. 370 num. 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal. Cita como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 724 de 26 de noviembre de 2004: Asimismo refiere que existe defectuosa valoración de la prueba testifical de José Paulino Sánchez Aldunate y Juan Bernabé Rodríguez; la declaración del primero reveló la existencia de un Manual de la Unidad Multidisciplinaria de Transferencia de Activos, y que la transferencia de materiales se hace mediante nota firmada por el Gerente Administrativo y Financiero, Gerente Técnico o de contratos y el Presidente de la COMIBOL, acompañando además la resolución del Directorio General que aprueba la transferencia, ésta declaración según el recurrente fue refrendada por el testigo Juan Bernabé Rodríguez. Defectuosa valoración de la prueba documental y vulneración del art. 370 num. 6) inaplicación de los artículos 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal, porque la prueba presentada por el procesado Luís Eduardo Vargas Penañaloza codificada como DV-D7 consistente en una resolución del directorio de COMIBOL que aprueba el Manual de procedimientos de la Unidad de Multidisciplinaria de Trasferencia de Activos, acredita la atestación de José Paulino Sánchez Aldunate, contrariamente al argumento de la defensa que refirieron que no existía un manual de procedimientos para la transferencia de activos; refiere que tampoco se consideraron las pruebas codificadas como DV-D16, DV-D13, MP-D1, MP-D14; invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 17 de fecha 26 de enero de 2007. Pide la nulidad total de la Sentencia y reenvió del proceso.

Por su parte la COMIBOL, refiere que existe errónea valoración de la prueba que lesiona la garantía del debido proceso y el derecho a la igualdad de la partes: 1) Que la Sentencia contiene una fundamentación insuficiente incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 num. 5) del Código de Procedimiento Penal, pues no se dio el valor adecuado de acuerdo a la sana crítica establecida por el art. 173 de la misma norma legal adjetiva: Que no se tomo en cuenta la declaración de José Paulino Sánchez Aldunate y Juan Bernabé Rodríguez; que no se valoraron las pruebas DD-D1 donde se admite la entrega de materiales  en calidad de venta sin la resolución del Directorio de la COMIBOL y DV-D7 consistente en una Resolución que aprueba el Manual de Procedimiento de la Unidad Multidisciplinaria de Transferencia de Activos; Que las pruebas DV-D16, DV-D13 y DV-D17 no fueron valoradas ni tomadas en cuenta por el tribunal en forma armoniosa y conjunta, así como la prueba MP-D1 al MP-D14 que fueron la base para la elaboración del Informe de Auditoria; que en juicio se le negó ampliar la acusación con prueba de reciente obtención en contra de uno de los acusados, olvidándose e ignorando lo que manda el art. 137 de la “Carta Magna” (sic), hace referencia a las Sentencias Constitucionales Nos. 207/2004-R de 9 de febrero de 2004, 1363/2001-R y 757/2003-R, que refieren según la recurrente que la motivación es una garantía del proceso. Por otro lado invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nos 131 de 31 de enero de 2007, 515 de 16 de noviembre de 2006, 111 de 31 de enero de 2007 y 537 de 17 de noviembre de 2006. Pide anular íntegramente la Sentencia y reponer el juicio en reenvió de la causa.

Que, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 1 de 3 de enero de 2009, que cursa de fs. 169 a 172 vta., declaró improcedentes el Recursos de Apelación Restringida interpuesto por el Ministerio Público y la Corporación Minera de Bolivia, y tomando en cuenta que ambos recursos son coincidentes resolvió de manera conjunta en nueve incisos bajo los fundamentos que se expresa en el mismo. 

CONSIDERANDO II: Que, a través del Recurso de Casación cursante de fs. 185 a 188, el Ministerio Público, impugnó la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista Nº 1 de 3 de enero de 2009 cursante de fs. 169 a 172 vta., refiriendo: Que, durante la etapa preparatoria se acumuló los documentos que sustentaron la auditoria de COMIBOL, producto del cual se incriminó a los procesados, sin embargo el Tribunal de Sentencia no los menciono y absolvió a los ciudadanos procesados; refiere que recurrió de la Sentencia por contener los defectos previstos por el art. 370 num. 5) y 6), 169 num. 3) del Código de Procedimiento Penal y no contar con los requisitos exigidos por el art. 124 y 173 de la misma norma legal adjetiva, Recurso que fue declarado improcedente con el argumento de que no se apreció fundamentación insuficiente y contradictoria; en cuanto a los motivos de su Recurso de Casación, refiere los siguientes: 1) Que, el Auto de Vista entra en una esfera de contradicciones, pues en su inc. h) señala, según el recurrente que la Sentencia señaló que del análisis de toda la prueba, valorada en armonía y en conjunto, condujeron a los miembros del Tribunal al conocimiento de la verdad histórica de los hechos acusados, la personalidad y responsabilidad de los imputados, y contradictoriamente absolvieron a los procesados: 2)  Que, el Auto de Vista no se refirió al argumento de la Sentencia, en cuanto a la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en el art. 1311 del Código Civil para considerar valida una prueba en materia penal, afirmación que es un atentado a la libertad probatoria y que convierte en un simple enunciado a la disposición contenida en el art. 171 del Código de procedimiento penal:

Por otro lado, la recurrente Lucy Gutiérrez Uyuli en representación de la COMIBOL, mediante memorial que cursa de fs. 193 a 198 vta., también interpone Recurso de Casación, haciendo en primera instancia una fundamentación fáctica, posteriormente refiere que la Sentencia Absolutoria incurrió en errónea aplicación del art. 370 num. 1) del Código Adjetivo, es decir que la valoración de la prueba no fue en base a la sana crítica, por lo que se vulneró el derecho al acceso a la justicia conculcando el debido proceso al no fundamentar la Sentencia, cita la Sentencia Constitucional Nº 752/2002-R, que según refiere la recurrente, señala que es imprescindible exponer los hechos y realizar la fundamentación legal. Sobre el Auto de Vista recurrido, hace un resumen de los 8 incisos de los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida. En el punto 4 de su Recurso, expresa los motivos, fundamentos y procedencia de su Casación: Primero.- Refiere que los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, establece que el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista contrarios a otros precedentes emitidos por otras Cortes superiores de Justicia o por la Corte suprema de la Nación, a cuyo efecto refiere haber invocado en su Recurso de Apelación Restringida la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional mediante las Sentencias Constitucionales Nos. 207/2004-R de 9 de febrero del 2004, 1363/2001-R, 757/2003-R: Segundo.- hace referencia al tipo penal de Conducta Antieconómica, previsto y sancionado por el art. 224 del Código Penal, refiriendo que durante el juicio fundamentaron y demostraron su comisión por los procesados; señala además que ante la eventual falta de argumentos que tienen a contradecir sus fundamentos señalados, la jurisprudencia tiene carácter de poder ser aplicada en casos similares o circunstanciales del hecho y circunstancias que guarden relación similar: Tercera.- Que, el Auto de Vista tiene fundamentación deficiente, pues refiere de manera general conceptos doctrinales con referencia a la apelación restringida y sobre su procedencia de manera muy amplia, sin ingresar al fondo de los fundamentos y observaciones que hizo en su Recurso: Cuarta.-  Que, ante la existencia de todos los elementos del tipo penal acusado a los procesados y habiendo demostrado según el recurrente la culpabilidad de los mismos, refiere que no es posible ratificar la Sentencia carente de los requisitos indispensables: Quinta.- Que, la Sentencia Absolutoria constituye un daño a la economía nacional, cometido por funcionarios públicos constituyendo “delitos de cuello blanco”, atacando el patrimonio del Estado de Bolivia. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nos. 724 de 26 de noviembre de 2004 y 17 de 26 de enero de 2007; Sentencias Constitucionales Nos. 582/2005-R, 752/2002-R, 1369/2001-R, 753/2002-R, 1369/2001-R, 582/2005-R, 1303/2002-R, 207/2004-R, 577/2004, 582/2005-R, 207/2004-R, 1668/2004-R, 1274/01-R, 240/2003-R, 240/2003-R.

Que, así interpuesto los Recursos de Casación, previo análisis de los requisitos de admisibilidad del Recurso, este Tribunal a través del Auto Supremo Nº 395 de 26 de septiembre de 2011, dispuso la admisión del Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público y Lucy Gutiérrez Uyuli en representación de la COMIBOL, a mérito de haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por los arts.  416 y sgts., del Código de Procedimiento Penal, correspondiendo proceder con su resolución a objeto de establecer la existencia o no de los defectos denunciados.        

CONSIDERANDO III: Que, del análisis de la decisión contenida en el Auto de Vista Nº 1 de 3 de enero de 2009, cursante de fs. 169 a 172 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, se evidencia que el Tribunal de Apelación, declaró improcedente los Recursos de Apelación Restringida interpuesta por Ministerio Público y la COMIBOL, bajo el fundamento de: a) La fundamentación esta compuesta por dos elementos que son el descriptivo e intelectual, en el segundo refiere que no debe ser contradictoria, ilegal observando las reglas de la sana crítica, correcto entendimiento humano, la experiencia,, psicología, sociología y la lógica: b) La fundamentación de una Sentencia debe ser factica, probatoria y descriptiva: c) Que, la fundamentación es una exigencia porque es la explicación de sus motivaciones; por lo que considera que es necesario confrontar la norma señalada de vulnera con los hechos argumentados por los recurrentes, en cuanto a la insuficiente fundamentación que configura lo establecido en el art. 370 num. 5) del Código de Procedimiento Penal: d) Que, el Tribunal determino de manera clara y positiva que los procesados eran ex servidores de la COMIBOL, y que no le dio valor probatorio a la prueba codificada como MP-D14, consistente en el informe DAI-0455/1006, por no cumplir con lo dispuesto por los art. 15 y 42 de la Ley Nº 1178 y el art. 35 del D.S. 22315, además de no haber sido corroborado por otra prueba documental ni testifical; por lo que no es cierto que el Tribunal de Sentencia no hubiera señalado las razones por las cuales le resto valor probatorio: Refiere también que el juzgador debe hacer una valoración amplia y suficiente, lo que significa que de manera preliminar debe realizar un examen de pertinencia e idoneidad de la prueba para posteriormente valorar las mismas según las reglas de la sana critica, caso contrario la Sentencia adolecería de un vicio por tener una visión incompleta de la realidad fáctica al descartar de la valoración, prueba pertinente e idónea y por lo tanto decisiva: e) Que, hace interrogantes en cuanto que se necesita para que una fundamentación se considere bastante o suficiente, manifestando que  ésta fue relacionada con la práctica judicial y científica con la vulneración del “principio de razón suficiente”, es decir que cuando la motivación carece de alguno de los elementos constitutivos se predica su insuficiencia: f) Que, la Sentencia apelada expresa logicidad en los presupuestos fácticos sometidos a debate y en los medios de prueba; advirtiéndose la descripción de las pruebas, referencia a su debida introducción en audiencia pública y el cumplimiento de uno de los requisitos de fundamentación. En segundo lugar, verifica que el Tribunal a-quo hace referencia a todos los elementos de prueba que el recurrente alego que se habían omitido: En cuanto a la prueba excluida, refiere que fue valorada por el Tribunal de Sentencia, manifestando además que el carácter decisivo de una prueba reside en su idoneidad y pertinencia para probar el hecho controvertido; refiere además que valorar la prueba no es facultad del Tribunal de alzada al estar prohibido por ley por no constituir segunda instancia: g) Señala los casos en los cuales procede el Recurso de Apelación Restringida, remitiéndose al Código de Procedimiento Penal y a tres Sentencias Constitucionales: h) Que, no constituye fundamentación contradictoria el hecho de que una prueba no coincida con las conclusiones del fallo, si se sustentó en otros elementos de prueba, refiriendo que no es cierto el argumento de los recurrentes cuando señalan que ante la existencia de suficientes elementos que demostraron la convicción de la responsabilidad de los procesados se los declaro absueltos en lugar de condenarlos, lo que se nota más cuando el Tribunal de Sentencia da por probados algunos hechos y sin embargo los absuelve, lo que a decir del Tribunal de alzada no es cierto porque el Tribunal recurrido refiere que la prueba de cargo no logró formar convicción sobre la responsabilidad de los procesados y que los testigos  se limitaron a señalar cual era el trámite a seguir en cualquier transferencia de bienes de la COMIBOL: i) Que, si bien es cierto que la sentencia refiere que “..han conducido a los miembros del Tribunal al conocimiento de la verdad histórica de los hechos acusados por el Ministerio Público y acusador particular, la personalidad y responsabilidad de los imputados…”, de la lectura integra de la sentencia se infirió que esa afirmación queda en la ambigüedad pues no se sabe que tipo de responsabilidad se asumió y que de la lectura contextual del fallo esta relacionado con la absolución y estructurado en un análisis lógico que no podrá llevar a otro resultado.

Que, el Tribunal de alzada hace una fundamentación doctrinal en cuanto a los elementos de la motivación, concluyendo que la Sentencia recurrida cumple con la misma; entre estos requisitos señala que el Tribunal de Sentencia se refirió a cada una de las pruebas y previo a la valoración de las mismas esta facultado para hacer una valoración preliminar  a fin de determinar la pertinencia e idoneidad de cada una de las pruebas, para justificar la exclusión de varias pruebas entre ellas la MP-D14 consistente en el informe DAI-0455/1006, por no cumplir con lo dispuesto por los art. 15 y 42 de la Ley Nº 1178 y el art. 35 del D. S. 22315, además de no haber sido corroborado por otra prueba documental ni testifical, así como se excluyó la prueba MP-D2, bajo el argumento de que no cumple con lo dispuesto por el art. 1311 del Código Civil.

Sobre este primer aspecto cabe hacer las siguientes puntualizaciones: La ley, no impone normas generales para determinar abstractamente el valor de las pruebas, pues está  a la libre convicción del juzgador, para admitir las que estime útil al esclarecimiento de la verdad y para apreciarlos conforme a las reglas de la lógica, psicología y la experiencia común; sin embargo esta libre convicción tiene límites, pues requiere que las conclusiones a las que arribe sean fruto racional de las pruebas, es decir, no es libertad de juzgar, sino libertad de comprobación, libertad en la adopción de los instrumentos de comprobación, lo cual presupone deber de proceder a una comprobación.

Por otra parte, quedo establecido que las pruebas que no fueron valoradas, fueron judicializadas e incorporadas legalmente en audiencia de juicio oral y público en observancia del art. 171 del Código de Procedimiento Penal, al rechazar el Tribunal de Sentencia la exclusión probatoria solicitada por los procesados, por lo tanto el Tribunal de Sentencia estaba obligado a valorarlas en el fondo y no excluirlas por las formalidades que debió seguirse en su obtención o posterior tramite de validación según lo dispuesto por la Ley Nº 1178 y el Decreto Supremo 22315, o argüir que se trata de simples fotocopias y que no cumplen con lo dispuesto por el art. 1311 del Código Civil; al respecto el art. 172 de la misma norma legal adjetiva, preceptúa claramente que carecen de eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigente, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito; es decir que solo se excluirán las pruebas ilícitas o prohibidas, lo que no se demostró en el caso de Autos para hacer en las exclusiones probatorias realizadas por el Tribunal de Sentencia; Al respecto el Tribunal de alzada refiere que de manera preliminar el Tribunal de Sentencia debe realizar un examen de pertinencia e idoneidad de la prueba, para posteriormente valorarlas.

Con relación a este punto, el Prof. Oscar Pandolfi, señala: “Si bien es cierto que el tribunal de juicio es soberano en cuanto al análisis crítico de los elementos de prueba, sin que esté obligado a considerar absolutamente todos los introducidos, no es menos cierto que cuando se procede a la exclusión arbitraria de una prueba esencial o decisiva, el tribunal de mérito prescinde ilegítimamente en su motivación de uno de los elementos que tiene el deber de valorar, y la sentencia será nula. Debe distinguirse entonces la potestad soberana del Tribunal para asignar a cada prueba el valor de convicción que su prudencia le sugiere del inexcusable deber en que se encuentra de tomar en consideración y someter a esa valoración a todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas al juicio”,

Por otro lado el Tribunal de alzada, refirió que valorar la prueba no es facultad del Tribunal de alzada al estar prohibido por ley por no constituir segunda instancia; si bien es cierto que la línea jurisprudencial sentada por este Tribunal de Casación sobre el tema en análisis, ha establecido a través de la Doctrina Legal Aplicable contenida en los Autos Supremos Nº 257 de 01 de agosto de 2006, 438 de 15 de octubre de 2005 y 91 de 28 de marzo de 2006, entre otros, que en el nuevo sistema procesal penal no existe segunda instancia, por lo que el Tribunal de Apelación no tiene competencia para valorar la prueba producida en forma contradictoria en el juicio oral, estando vedado a efectuar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la Sentencia, pues son los Jueces y Tribunales de Sentencia quienes reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos; por lo que la objetividad de que trasciende a través de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación. Sin embargo, cuando el Recurso de Apelación Restringida acusa defectuosa valoración de prueba, debe examinar si el Juez o Tribunal A quo, en la valoración de la prueba, observó las reglas del correcto entendimiento humano o sana crítica, así como si las conclusiones que asumió corresponden a la apreciación conjunta y armónica de las pruebas, verificando si en la construcción de la convicción del juzgador se observaron los principios lógicos de identidad, de contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente, de modo que la valoración será defectuosa cuando sus conclusiones no tengan base probatoria o sean excepcionales o extravagantes por no observar las reglas de la sana crítica como son la lógica, la experiencia, la psicología y otras.

En cuanto a la contradicción de la Sentencia, el Auto de Vista refiere que si bien es cierto que la Sentencia refiere que “..han conducido a los miembros del Tribunal al conocimiento de la verdad histórica de los hechos acusados por el Ministerio Público y acusador particular, la personalidad y responsabilidad de los imputados…”, de la lectura integra de la sentencia se infirió que esa afirmación queda en la ambigüedad pues no se sabe que tipo de responsabilidad se asumió y que de la lectura contextual del fallo esta relacionado con la absolución y estructurado en un análisis lógico que no podrá llevar a otro resultado.

Que, el Tribunal de alzada, debe controlar que la Sentencia no sea contradictoria con la parte resolutiva de la misma, pues las razones que determinan la absolución de los procesados, debe permitir controlar el inter lógico seguido para determinar la conclusión asumida, de tal manera que produzca seguridad en el ánimo de quien lo lea, pues el defecto de claridad y contradicción caen en defecto de la Sentencia previsto por el art. 370 num.5) del Código de Procedimiento Penal.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE:

1.-  El Sistema Procesal Penal vigente estableció que el Tribunal de Alzada abarca exclusivamente el ámbito de puro derecho, pues la valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones sobre ellas, es potestad soberana del Tribunal de Sentencia. Sin embargo el Tribunal de alzada ante la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, debe controlar que el Tribunal o Juez de Sentencia determinen el valor de las pruebas judicializadas, haciendo un análisis razonado de ellas en el fondo de su contenido, siguiendo las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano, a objeto de evitar exclusiones arbitrarias de pruebas ya judicializadas.

2.- Que, el Tribunal de alzada en los casos de fundamentación confusa, contradictoria que no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de alzada debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de la norma procesal contenida en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: FUNDADO los Recursos de Casación interpuestos por Lindon Requena Johnson en representación del Ministerio Público y Lucy Gutiérrez Uyuli en representación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), cursante de fs. 185 a 188 y de fs. 193 a 198 vta. respectivamente; en consecuencia, se DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de fecha Nº 01 de 3 de enero de 2009, cursante de fs.  169 a 172 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, determinándose que la misma Sala Penal, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie una nueva Resolución, conforme a los razonamientos jurídicos de la Doctrina Legal Aplicable establecida en el presente Auto Supremo.

Para fines del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copia del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, se ponga en conocimiento de los Jueces y Tribunales penales de su Distrito lo determinado en el presente Auto Supremo. Asimismo, en aplicación de la norma contenida en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese y remítase copia de la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de Ley.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-     

Magistrada Relatora: María Lourdes Bustamante Ramírez

Disidencia de la Dra. Silvana Rojas Panoso, en la forma.

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2013