TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº: 141/2013.

Fecha:        Sucre, 08 de mayo de 2013.

Distrito: Potosí.

Expediente: 3/2009.

Partes: Ministerio Público y Gustavo Daniel Morales Ocapiña por sí y en representación de Heriberto Torrejón, Héctor Ortega Berrios y José Luís Mallón contra Serapio Martínez Chusgo, Edgar Agustín Corzo Martínez, Marcelino Gira Porcel, Marco Antonio Cabrera Salinas, Nancy Coca Martínez de Hinojosa y Damián Gonzales Rivera.

Delito:        Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estadoy Conducta Antieconómica.

Recurso: Casación.

VISTOS: Los Recursos de Casación presentados por Serapio Martínez Chusgo de fs. 469 a 476, por Gustavo Daniel Morales Ocapiña de fs. 493 a 496, por Marina Ibarra de Torrejón Alcaldesa Municipal de Vitichi de fs. 512 a 515, por Marcelino Gira Porcel de fs. 519 a 526, por Edgar Agustín Corzo Martínez de fs. 571 a 578, respectivamente impugnando el Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre de fs. 433 a 436, emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público y Gustavo Daniel Morales Ocapiña recurrente contra los recurrentes, por la comisión de los ilícitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal, los antecedentes de lo obrado; y,

CONSIDERANDO I: (De los actos procesales).- Que, de la revisión de los antecedentes y actuados cursantes en el cuaderno procesal venido en Casación se establece lo siguiente:

I.1. De la Acusación y de la tramitación del Juicio Oral, Público y Contradictorio.- Que, el Ministerio Público, así como Gustavo Daniel Morales Ocapiña presentaron Acusación Fiscal y particular contra Serapio Martínez Chusgo, Edgar Agustín Corzo Martínez, Marcelino Gira Porcel, Marco Antonio Cabrera Salinas, Nancy Coca Martínez de Hinojosa y Damián Gonzales Rivera, por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal. Que, sustanciado el proceso por el Tribunal de Sentencia de Tupiza del Distrito Judicial de Potosí, se cumplió con todo el ritual procesal, instalándose y celebrándose el juicio con todas sus incidencias y emergencias de fs. 43 a 190 vta., habiéndose dictado la Sentencia No. 3/2008 de 28 de julio fs. 204 a 229 vta., de obrados.

I.2. De la Sentencia.- El Tribunal de Instancia, mediante Sentencia No. 3/2008 de 28 de julio de fs. 204 a 229 vta., declaró a Serapio Martínez Chusgo, culpable y autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal, en virtud a que la prueba admitida, producida e incorporada al juicio oral y público fue suficiente para generar en el Tribual convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado más allá de la duda razonable y en consecuencia se le condenó a sufrir la pena privativa de libertad de 4 años de reclusión a cumplirse en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de “Cantumarca”, con costas a favor del Estado ha averiguarse en ejecución de Sentencia; a Edgar Agustín Corzo Martínez, culpable y autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal, en virtud a que la prueba admitida, producida e incorporada al juicio oral y público fue suficiente para generar en el Tribual convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado más allá de la duda razonable y en consecuencia se le condenó a sufrir la pena privativa de libertad de 5 años de reclusión a cumplirse en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de “Cantumarca”, con costas a favor del Estado a averiguarse en ejecución de Sentencia; a Marcelino Gira Porcel, culpable y autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal, en virtud a que la prueba admitida, producida e incorporada al juicio oral y público fue suficiente para generar en el Tribual convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado más allá de la duda razonable y en consecuencia se le condenó a sufrir la pena privativa de libertad de 4 años de reclusión a cumplirse en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo  de “Cantumarca”, con costas a favor del Estado a averiguarse en ejecución de Sentencia; a Marco Antonio Cabrera Salinas, absuelto de pena y culpa de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal, en virtud a que la prueba admitida, producida e incorporada al juicio oral y público fue insuficiente para generar en el Tribual la convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado más allá de la duda razonable; a Nancy Coca Martínez de Hinojosa, absuelta de pena y culpa de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal, en virtud a que la prueba admitida, producida e incorporada al juicio oral y público fue insuficiente para generar en el Tribual la convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado más allá de la duda razonable y a Damián Gonzales Rivera, culpable y autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal, en virtud a que la prueba admitida, producida e incorporada al juicio oral y público fue suficiente para generar en el Tribual convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado más allá de la duda razonable y en consecuencia se le condenó a sufrir la pena privativa de libertad de 2 años de reclusión a cumplirse en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de “Cantumarca”, con costas a favor del Estado a averiguarse en ejecución de Sentencia, a quien sin embargo se le concedió el Perdón Judicial.  

I.3. Del Recurso de Apelación Restringida.- Que, Marcelino Gira Porcel, interpuso Recurso de Apelación Restringida contra la Sentencia No. 3/2008 de 28 de julio de fs. 204 a 229 vta., alegando, que el Tribunal Ad quo a tiempo de pronunciar la Sentencia recurrida incurrió en inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva; falta de enunciación del hecho, objeto del juicio o su determinación circunstanciada e individualizada; la no existencia de fundamentación en la Sentencia, por ser insuficiente y contradictoria; la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia; inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación; citando como precedentes contradictorios varios Autos Supremos, solicitando se revoque la Sentencia y se declare su absolución.

Que, Serapio Martínez Chusgo, interpuso Recurso de Apelación Restringida contra la Sentencia No. 3/2008 de 28 de julio de fs. 204 a 229 vta., alegando, que el Tribunal Ad quo a tiempo de pronunciar la Sentencia recurrida incurrió en inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva; falta de enunciación del hecho, objeto del juicio o su determinación circunstanciada e individualizada; la no existencia de fundamentación en la Sentencia, por ser insuficiente y contradictoria; la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia; inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la Acusación; citando como precedentes contradictorios varios Autos Supremos, solicitando se revoque la Sentencia y se declare su absolución.

Que, Edgar Agustín Corzo Martínez interpuso Recurso de Apelación Restringida contra la Sentencia No. 3/2008 de 28 de julio de fs. 204 a 229 vta., alegando, que el Tribunal Ad quo a tiempo de pronunciar la Sentencia recurrida incurrió en inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva; falta de enunciación del hecho, objeto del juicio o su determinación circunstanciada e individualizada; la no existencia de fundamentación en la Sentencia, por ser insuficiente y contradictoria; la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia; inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación; citando como precedentes contradictorios varios Autos Supremos, solicitando se revoque la Sentencia y se declare su absolución.

Que, Gustavo Daniel Morales Ocapiña, interpuso Recurso de Apelación Restringida contra la Sentencia No. 3/2008 de 28 de julio de fs. 204 a 229 vta., alegando, que el Tribunal Ad quo a tiempo de pronunciar la Sentencia recurrida incurrió en valoración defectuosa de la prueba, no se valoró de forma íntegra, armónica basada en la sana critica, como señala el art. 359 del Código de Procedimiento Penal.

Que, Marina Ibarra de Torrejón Alcaldesa Municipal de Vitichi, interpuso Recurso de Apelación Restringida contra la Sentencia No. 3/2008 de 28 de julio de fs. 204 a 229 vta., alegando, que el Tribunal Ad quo a tiempo de pronunciar la Sentencia recurrida incurrió en valoración defectuosa de la prueba, no se valoró de forma íntegra, armónica basada en la sana critica, como señala el art. 359 del Código de Procedimiento Penal.

I.4. Del Auto de Vista.- Radicada la causa en la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí y previo trámite de rigor, por Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre cursante a fs. 433 a 436, declaró Improcedente las Apelaciones Restringidas formuladas por Marcelino Gira Porcel, Serapio Martínez Chusgo, Edgar Agustín Corzo Martínez, Gustavo Daniel Morales Ocapiña y Marina Ibarra de Torrejón, mediante memoriales de fs. 705, 736, 793, 837 y 956 respectivamente, manteniéndose firme y subsistente la Sentencia condenatoria Apelada, con costas.

CONSIDERANDO II: (De los motivos y argumentos del Recurso de Casación).- Que, los Recursos de Casación formulados por los recurrentes tuvieron su origen en el Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre cursante a fs. 432 a 435, emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, por el cual declaró Improcedente las Apelación Restringidas formuladas.

En ese contexto, Serapio Martínez Chusgo, planteó su Recurso de Casación de fs. 468 a 475, contra el referido Auto de Vista, alegando:

II.1. Que, la Sentencia pronunciada por el Tribunal Ad quo resulta injusta porque existe una valoración defectuosa de la prueba, debido a que la condena se dictó como si se hubiera probado la comisión de los delitos que no fueron cometido por su persona, sin el debido fundamento para indicar dónde y de qué manera se cometió el delito.

II.2. Que, se debe tener en cuenta que la aplicación de la dosimetría penal resulta ser inclusive excesiva, arbitraria y por lo tanto impugnable, que el Tribunal de Apelación, no tomó en cuenta los defectos formales y materiales de la Sentencia injusta omisión que lesionó sus derechos, pues de ser advertido hubiera dado lugar a la nulidad y al reenvió del juicio.

II.3. Que, el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la legitimidad de la actuación de los querellantes.

II.4. Que, el Tribunal Ad quem sin que este entre sus atribuciones procedió a revisar la prueba concretamente la testifical como si este Tribunal hubiera visto, participado, apreciado, de acuerdo al principio de inmediación y contradicción, se permitió realizar un  cotejo de lo transcrito en la Sentencia con los hechos.

II.5. Que, el fallo carece de la debida fundamentación y argumentación, por lo que corresponde se dicte un nuevo Auto.

Por su parte Gustavo Daniel Morales Ocapiña, planteó su Recurso de Casación de fs. 493 a 496, contra el referido Auto de Vista, alegando:

II.1. Que, el Tribunal de Alzada incurrió en valoración defectuosa de la prueba, no se valoró de forma íntegra, armónica basada en la sana critica, como señala el art. 359 del adjetivo Penal, pues se estableció por las pruebas del proceso, documental, testifical y las declaraciones de los coacusados la omisión del cumplimiento de deberes constitucionales y legales qué derivaron en la celebración de contratos ilegales, irregulares, omitiendo toda formalidad legal, causando daño al patrimonio Municipal.

Por otra parte Marina Ibarra de Torrejón, planteó su Recurso de Casación de fs. 512 a 515, contra el referido Auto de Vista, alegando:

II.1. Que, el Tribunal de Alzada incurrió en valoración defectuosa de la prueba, no se valoró de forma íntegra, armónica basada en la sana crítica, como señala el art. 359 del adjetivo Penal, pues se estableció por las pruebas del proceso, documental, testifical y las declaraciones de los coacusados la omisión del cumplimiento de deberes constitucionales y legales qué derivaron en la celebración de contratos ilegales, irregulares, omitiendo toda formalidad legal, causando daño al patrimonio Municipal.

II.2. Que, el Auto de Vista no se pronunció ni fundamentó sobre todos los motivos en los que se fundó su Recurso de Apelación Restringida.

Asimismo Marcelino Gira Porcel, planteó su Recurso de Casación de fs. 519 a 526, contra el referido Auto de Vista, alegando:

II.1. Que, la Sentencia pronunciada por el Tribunal Ad quo resulta injusta porque existe una valoración defectuosa de la prueba, debido a que la condena se dictó como si se hubiera probado la comisión de los delitos que no fueron cometido por su persona, sin el debido fundamento para indicar dónde y de qué manera se cometió el delito.

II.2. Que, se debe tener en cuenta que la aplicación de la dosimetría penal resulta ser inclusive excesiva, arbitraria y por lo tanto impugnable, que el Tribunal de Apelación, no tomó en cuenta los defectos formales y materiales de la Sentencia injusta omisión que lesionó sus derechos, pues de ser advertido hubiera dado lugar a la nulidad y al reenvió del juicio.

II.3. Que, el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la legitimidad de la actuación de los querellantes.

II.4. Que, el Tribunal Ad quem sin que este entre sus atribuciones procedió a revisar la prueba concretamente la testifical como si este Tribunal hubiera visto, participado, apreciado, de acuerdo al principio de inmediación y contradicción, se permitió realizar un cotejo de lo transcrito en la Sentencia con los hechos.

II.5. Que, el fallo carece de la debida fundamentación y argumentación, por lo que corresponde se dicte un nuevo Auto.

Finalmente Edgar Agustín Corzo Martínez, planteó su Recurso de Casación de fs. 570 a 577, contra el referido Auto de Vista, alegando:

II.1. Que, la Sentencia pronunciada por el Tribunal Ad quo resulta injusta porque existe una valoración defectuosa de la prueba, debido a que la condena se dictó como si se hubiera probado la comisión de los delitos que no fueron cometidos por su persona, sin el debido fundamento para indicar dónde y de qué manera se cometió el delito.

II.2. Que, se debe tener en cuenta que la aplicación de la dosimetría penal resulta ser inclusive excesiva, arbitraria y por lo tanto impugnable, que el Tribunal de Apelación, no tomó en cuenta los defectos formales y materiales de la Sentencia injusta omisión que lesionó sus derechos, pues de ser advertido hubiera dado lugar a la nulidad y al reenvió del juicio.

II.3. Que, el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre la legitimidad de la actuación de los querellantes.

II.4. Que, el Tribunal Ad quem sin que este entre sus atribuciones procedió a revisar la prueba concretamente la testifical como si este Tribunal hubiera visto, participado, apreciado, de acuerdo al principio de inmediación y contradicción, se permitió realizar un  cotejo de lo transcrito en la Sentencia con los hechos.

II.5. Que, el fallo carece de la debida fundamentación y argumentación, por lo que corresponde se dicte un nuevo Auto.

CONSIDERANDO III: (Del Derecho Universal a Impugnar o Recurrir).- Que, el derecho a impugnar o recurrir las resoluciones judiciales, deviene de un componente esencial del debido proceso, el mismo que se define, como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías por un juez o tribunal competente e imparcial, por ello, el derecho a recurrir, es una de las garantías internacionales reconocidas a las personas y proclamadas en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que preceptúa: “Toda persona tiene derecho a un Recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley”; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, en sus arts. 8 -2 inc. h), señala: “El derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” y el 25 ordinal 1, consigna que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual nuestro país es signatario mediante Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000, en su art. 14 núm. 5, establece: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley”.

Es así, que en esa labor de aplicación de la norma, la ex Corte Suprema de Justicia, mediante Auto Supremo No. 297-I de 14 de agosto de 2006, dictado por la Sala Penal Primera ha establecido, que el Recurso de Casación: “Es un Recurso de puro derecho que la Ley concede a los litigantes para invalidar una Sentencia o un Auto definitivo cuando en éste se hubiere infringido una Ley o para anular la resolución recurrida o un proceso, cuando se hubiere dictado o tramitado violando formas esenciales establecidas por Ley”. 

Que el Tribunal Constitucional sobre este aspecto a la luz del nuevo sistema procesal penal vigente en la SC No. 1401/2003-R de 26 de septiembre asumió el siguiente entendimiento: …que el recurso de casación es un medio de impugnación que la ley concede a las partes, para que el más alto Tribunal de la Justicia ordinaria del país, resuelva, en base al derecho objetivo, la probable contradicción existente entre el fallo dictado en el caso concreto impugnado, con otro dictado por la misma Sala Penal, por otra Corte, o por la Sala Penal de la Corte Suprema. Lo que significa que el recurso de casación es un medio de defensa al que pueden acceder las partes para impugnar un Auto de Vista no ejecutoriado que consideren desfavorable.

Derecho a recurrir o impugnar, que se encuentra tutelado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su art. 180-II, preceptúa: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”; a su vez el art. 394 del Código de Procedimiento Penal, establece el derecho de recurrir, pero, bajo las reglas generales establecidas en el art. 396 del mismo cuerpo legal.

CONSIDERANDO IV: (De los requisitos esenciales que viabilizan el Recurso de Casación).- Que, de lo señalado precedentemente y en ese contexto, la Constitución Política del Estado en su art. 180-II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que a su vez, es una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8-2 inc. h) de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14 núm. 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ya citado; debiendo los sujetos procesales a tiempo de interponer los distintos Recursos, en este caso el Recurso de Casación, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la Ley conforme a las disposiciones contenidas en el art. 396 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal.

En ese entendimiento, el Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, en su art. 416 con claridad establece, que el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia) contrarios a otros precedentes contradictorios pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (actualmente Tribunal Supremo de Justicia); por otra parte, el articulado en análisis instituye, que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la Apelación Restringida; por último, la norma procesal prescribe, que se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado norma distinta o una misma norma con diversos alcances.

El plazo para interponer el Recurso de Casación, es de 5 días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado y deberá ser presentado ante la Sala que dictó la Resolución a impugnarse; en el Recurso, deberá señalarse la contradicción con términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que se invocó el precedente.

Es de entender, que el cumplimiento de estos dos requisitos -de admisibilidad- es de carácter obligatorio e inexcusable, pues, son éstos los que establecen los límites de competencia del Tribunal de Casación para tramitar el Recurso y considerar su admisibilidad o inadmisibilidad.

CONSIDERANDO V: (Análisis del cumplimiento de los presupuestos para la admisión del Recurso de Casación).- Del análisis de los memoriales de los Recursos de Casación interpuestos contra el Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre cursante a fs. 432 a 435, y de la revisión de las diligencias correspondientes se verificó:

V.1. Del Plazo.- El recurrente Serapio Martínez Chusgo, fue notificado con el Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre; el 05 de enero de 2009 y por memorial presentado el 10 de enero de 2009 dedujo Recurso de Casación contra la referida Resolución, así consta en el cargo de presentación (fs. 476). Por lo que, el recurrente Serapio Martínez Chusgo presentó su Recurso dentro del plazo de los 5 días establecidos en la primera parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose el ritual procesal en cuanto al plazo.

V.2. Del Plazo.- El recurrente Gustavo Daniel Morales Ocapiña, fue notificado con el Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre; el 05 de enero de 2009 y por memorial presentado el 10 de enero de 2009 dedujo Recurso de Casación contra la referida Resolución, así consta en el cargo de presentación (fs. 496). Por lo que, el recurrente Gustavo Daniel Morales Ocapiña presentó su Recurso dentro del plazo de los 5 días establecidos en la primera parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose el ritual procesal en cuanto al plazo.

V.3. Del Plazo.- La recurrente Marina Ibarra de Torrejón, fue notificada con el Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre; el 05 de enero de 2009 y por memorial presentado el 10 de enero de 2009 dedujo Recurso de Casación contra la referida Resolución, así consta en el cargo de presentación (fs. 515 vta.). Por lo que, la recurrente Marina Ibarra de Torrejón presentó su Recurso dentro del plazo de los 5 días establecidos en la primera parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose el ritual procesal en cuanto al plazo.

V.4. Del Plazo.- El recurrente Marcelino Gira Porcel, fue notificado con el Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre; el 06 de enero de 2009 y por memorial presentado el 12 de enero de 2009 dedujo Recurso de Casación contra la referida Resolución, así consta en el cargo de presentación (fs. 526). Por lo que, el recurrente Marcelino Gira Porcel presentó su Recurso dentro del plazo de los 5 días establecidos en la primera parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose el ritual procesal en cuanto al plazo.

V.5. Del Plazo.- El recurrente Edgar Agustín Corzo Martínez, fue notificado con el Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre; el 08 de enero de 2009 y por memorial presentado el 14 de enero de 2009 dedujo Recurso de Casación contra la referida Resolución, así consta en el cargo de presentación (fs. 578). Por lo que, el recurrente Edgar Agustín Corzo Martínez presentó su Recurso dentro del plazo de los 5 días establecidos en la primera parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose el ritual procesal en cuanto al plazo.

V.6. De la Invocación del precedente contradictorio y la fundamentación.- El recurrente, Serapio Martínez Chusgo, invocó como precedente contradictorio al momento de interponer su Recurso de Apelación Restringida de fs. 270 a 298, los Autos Supremos No. 36/2001 de 27 de abril, 193/2001 de 14 de mayo, 382/1997 de 14 de octubre, 73/2004 de 10 de febrero, 368/2005 de 17 de septiembre Sala Penal Primera, 657/2004 de 25 de octubre, 317/2003 de 13 de junio Sala Penal, 436/2005 de 15 de octubre Sala Penal Primera, 432/2005 de 15 de octubre, 171/2007 de 06 de febrero Sala Penal Primera, 160/2007 de 02 de febrero Sala Penal Primera, 215/2006 de 28 de junio Sala Penal Segunda, 122/2006 de 24 de abril Sala Penal Segunda, 639/2004 de 20 de octubre Sala Penal, 239/2006 de 29 de agosto Sala Penal Primera, 678/2004 de 27 de octubre Sala Penal, 308/2006 de 25 de agosto Sala Penal Segunda, 233/2006 de 04 de julio Sala Penal Segunda, 418/2006 de 10 de octubre Sala Penal Primera, 373/2006 de 06 de septiembre Sala Penal Segunda, 59/2007 de 27 de enero Sala Penal Segunda, 31/2007 de 26 de enero Sala Penal Segunda, 416/2006 de octubre Sala Penal Segunda, 340/2006 de 28 de agosto Sala Penal Segunda, 533/2006 de 27 de diciembre Sala Penal Segunda, 305/2006 de 25 de agosto Sala Penal Segunda, 166/2005 de 12 de mayo Sala Penal Segunda, 509/2006 de 16 de noviembre Sala Penal Primera, 183/2007 de 06 de febrero Sala Penal Primera, 724/2004 de 26 de noviembre Sala Penal, 349/2006 de 28 de agosto Sala Penal Segunda, 196/2005 de 03 de junio Sala Penal Primera, 14/2007 de 26 de febrero Sala Penal Segunda, 315/2006 de 25 de agosto Sala Penal Segunda, 231/2006 de 04 de julio Sala Penal Segunda, 64/2007 de 27 de enero Sala Penal Segunda, 429/2005 de 22 de julio Sala Penal Segunda, 240/2006 de 06 de julio Sala Penal Segunda, 416/2003 de 19 de agosto Sala Penal, 537/2006 de 17 de noviembre Sala Penal Segunda, 87/2006 de 01 de marzo Sala Penal Segunda, 218/2006 de 28 de junio Sala Penal Segunda, 237/2007 de 07 de marzo Sala Penal Primera, 25/2008 de 25 de junio, 15/2008 de 04 de abril, y a tiempo de presentar su Recurso de Casación de fs. 468 a 475, invocó como precedente contradictorio los Autos de Supremos No. 31/2007 de 26 de enero Sala Penal Segunda, 113/2007 de 31 de enero Sala Penal Primera, 134/2007 de 31 de enero, cumpliendo lo dispuesto por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

V.7. De la Invocación del precedente contradictorio y la fundamentación.- El recurrente, Gustavo Daniel Morales Ocapiña, no invocó precedente contradictorio alguno a momento de interponer su Recurso de Apelación Restringida de fs. 367 a 373, ningún Auto Supremo o Auto de Vista, y a tiempo de presentar su Recurso de Casación de fs. 493 a 496, invocó como precedente contradictorio los Autos de Supremos No. 411/2006 de 20 de octubre, 205/2007 de 28 de marzo, 635/2003 de 11 de diciembre, 605/2003 de 02 de diciembre, cumpliendo lo dispuesto por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

V.8. De la Invocación del precedente contradictorio y la fundamentación.- La recurrente, Marina Ibarra de Torrejón, no invocó precedente contradictorio alguno a momento de interponer su Recurso de Apelación Restringida de fs. 404 a 409 vta., ningún Auto Supremo o Auto de Vista, y a tiempo de presentar su Recurso de Casación de fs. 512 a 515, invocó como precedente contradictorio los Autos de Supremos No. 411/2006 de 20 de octubre, 205/2007 de 28 de marzo, 635/2003 de 11 de diciembre, 605/2003 de 02 de diciembre, cumpliendo lo dispuesto por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

V.9. De la Invocación del precedente contradictorio y la fundamentación.- El recurrente, Marcelino Gira Porcel, invocó como precedente contradictorio al momento de interponer su Recurso de Apelación Restringida de fs. 239 a 267, los Autos Supremos No. 36/2001 de 27 de abril, 193/2001 de 14 de mayo, 382/1997 de 14 de octubre, 73/2004 de 10 de febrero, 368/2005 de 17 de septiembre Sala Penal Primera, 657/2004 de 25 de octubre, 317/2003 de 13 de junio Sala Penal, 436/2005 de 15 de octubre Sala Penal Primera, 432/2005 de 15 de octubre, 171/2007 de 06 de febrero Sala Penal Primera, 160/2007 de 02 de febrero Sala Penal Primera, 215/2006 de 28 de junio Sala Penal Segunda, 122/2006 de 24 de abril Sala Penal Segunda, 639/2004 de 20 de octubre Sala Penal, 239/2006 de 29 de agosto Sala Penal Primera, 678/2004 de 27 de octubre Sala Penal, 308/2006 de 25 de agosto Sala Penal Segunda, 233/2006 de 04 de julio Sala Penal Segunda, 418/2006 de 10 de octubre Sala Penal Primera, 373/2006 de 06 de septiembre Sala Penal Segunda, 59/2007 de 27 de enero Sala Penal Segunda, 31/2007 de 26 de enero Sala Penal Segunda, 416/2006 de octubre Sala Penal Segunda, 340/2006 de 28 de agosto Sala Penal Segunda, 533/2006 de 27 de diciembre Sala Penal Segunda, 305/2006 de 25 de agosto Sala Penal Segunda, 166/2005 de 12 de mayo Sala Penal Segunda, 509/2006 de 16 de noviembre Sala Penal Primera, 183/2007 de 06 de febrero Sala Penal Primera, 724/2004 de 26 de noviembre Sala Penal, 349/2006 de 28 de agosto Sala Penal Segunda, 196/2005 de 03 de junio Sala Penal Primera, 14/2007 de 26 de febrero Sala Penal Segunda, 315/2006 de 25 de agosto Sala Penal Segunda, 231/2006 de 04 de julio Sala Penal Segunda, 64/2007 de 27 de enero Sala Penal Segunda, 429/2005 de 22 de julio Sala Penal Segunda, 240/2006 de 06 de julio Sala Penal Segunda, 416/2003 de 19 de agosto Sala Penal, 537/2006 de 17 de noviembre Sala Penal Segunda, 87/2006 de 01 de marzo Sala Penal Segunda, 218/2006 de 28 de junio Sala Penal Segunda, 237/2007 de 07 de marzo Sala Penal Primera, 25/2008 de 25 de junio, 15/2008 de 04 de abril, y a tiempo de presentar su Recurso de Casación de fs. 518 a 525, invocó como precedente contradictorio los Autos de Supremos No. 31/2007 de 26 de enero Sala Penal Segunda, 113/2007 de 31 de enero Sala Penal Primera, 134/2007 de 31 de enero, cumpliendo lo dispuesto por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

V.10. De la Invocación del precedente contradictorio y la fundamentación.- El recurrente, Edgar Agustín Corzo Martínez, invocó como precedente contradictorio al momento de interponer su Recurso de Apelación Restringida de fs. 327 a 364, los Autos Supremos No. 36/2001 de 27 de abril, 193/2001 de 14 de mayo, 382/1997 de 14 de octubre, 73/2004 de 10 de febrero, 368/2005 de 17 de septiembre Sala Penal Primera, 657/2004 de 25 de octubre, 317/2003 de 13 de junio Sala Penal, 436/2005 de 15 de octubre Sala Penal Primera, 432/2005 de 15 de octubre, 171/2007 de 06 de febrero Sala Penal Primera, 160/2007 de 02 de febrero Sala Penal Primera, 215/2006 de 28 de junio Sala Penal Segunda, 122/2006 de 24 de abril Sala Penal Segunda, 639/2004 de 20 de octubre Sala Penal, 239/2006 de 29 de agosto Sala Penal Primera, 678/2004 de 27 de octubre Sala Penal, 308/2006 de 25 de agosto Sala Penal Segunda, 233/2006 de 04 de julio Sala Penal Segunda, 418/2006 de 10 de octubre Sala Penal Primera, 373/2006 de 06 de septiembre Sala Penal Segunda, 59/2007 de 27 de enero Sala Penal Segunda, 31/2007 de 26 de enero Sala Penal Segunda, 416/2006 de octubre Sala Penal Segunda, 340/2006 de 28 de agosto Sala Penal Segunda, 533/2006 de 27 de diciembre Sala Penal Segunda, 305/2006 de 25 de agosto Sala Penal Segunda, 166/2005 de 12 de mayo Sala Penal Segunda, 509/2006 de 16 de noviembre Sala Penal Primera, 183/2007 de 06 de febrero Sala Penal Primera, 724/2004 de 26 de noviembre Sala Penal, 349/2006 de 28 de agosto Sala Penal Segunda, 196/2005 de 03 de junio Sala Penal Primera, 14/2007 de 26 de febrero Sala Penal Segunda, 315/2006 de 25 de agosto Sala Penal Segunda, 231/2006 de 04 de julio Sala Penal Segunda, 64/2007 de 27 de enero Sala Penal Segunda, 429/2005 de 22 de julio Sala Penal Segunda, 240/2006 de 06 de julio Sala Penal Segunda, 416/2003 de 19 de agosto Sala Penal, 537/2006 de 17 de noviembre Sala Penal Segunda, 87/2006 de 01 de marzo Sala Penal Segunda, 218/2006 de 28 de junio Sala Penal Segunda, 237/2007 de 07 de marzo Sala Penal Primera, 25/2008 de 25 de junio, 15/2008 de 04 de abril, y a tiempo de presentar su Recurso de Casación de fs. 570 a 477, invocó como precedente contradictorio los Autos de Supremos No. 31/2007 de 26 de enero Sala Penal Segunda, 113/2007 de 31 de enero Sala Penal Primera, 134/2007 de 31 de enero, cumpliendo lo dispuesto por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

Introduciéndonos al análisis de los requisitos de admisibilidad se establece qué; los recurrentes Serapio Martínez Chusgo, Marcelino Gira Porcel y Edgar Agustín Corzo Martínez, interpusieron sus Recursos de Casación dentro el término previsto por Ley, empero se limitaron a citar como precedente contradictorio varios Auto Supremos como una Sentencia Constitucional, en su Recurso de Apelación Restringida, como también invocaron unos tantos Autos Supremos a tiempo de presentar sus Recursos de Casación limitándose a su simple transcripción y cita, olvidándose los recurrentes de efectuar la correspondiente confrontación los precedentes invocados con el Auto de Vista recurrido, precisando en cada caso, en términos claros y precisos cuál la contradicción existente y qué es lo que pretendían, cuál sería la interpretación correcta, además, se deja en claro que no importa el número de Autos invocados, siendo suficiente uno solo, pero que si se refiera al caso, que coincida en los hechos, sus circunstancias y esté debidamente confrontado con el Auto cuestionado, en el cual el recurrente nos muestre con precisión y claridad en que consiste la contradicción, y cuál sería la interpretación y aplicación correcta, finalmente en cuanto a las Sentencias Constitucionales invocadas y citadas en el Recurso de Apelación Restringida se aclara que las mismas no se constituyen en precedentes contradictorios validos en materia penal, por mandato del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, siendo conveniente señalar, que este Tribunal dejo claramente sentado en los Autos Supremos No. 333/2003 de 22 de julio y 433/2006 de 11 de octubre entre otros, el siguiente entendimiento, que en el Recurso de Casación "no es suficiente invocar el precedente, sino que este precedente debe guardar similitud con el hecho objeto del proceso en que se vota la decisión que se pretende rever, lo que importa relación de circunstancias y motivaciones, similitud en la naturaleza del hecho, las mismas disposiciones legales interpretadas y aplicadas u otras, y sentido jurídico diferente en la praxis y alcance de la norma sustantiva"; concluyéndose en definitiva, que el Recurso en revisión, no observaron este mandato; por lo que, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, en consecuencia el Recurso deducido por los impetrantes devienen en Inadmisible.

En cuanto a los recurrentes Gustavo Daniel Morales Ocapiña y Marina Ibarra de Torrejón, interpusieron sus Recursos de Casación dentro el término previsto por Ley, empero a tiempo de presentar sus Recursos de Apelación Restringida no invocaron como precedente contradictorio ningún Auto Supremo o Auto de Vista, sin embargo a tiempo de presentar sus Recursos de Casación pretendieron suplir es deficiencia citando unos cuantos Autos Supremos, empero se limitaron a su mera y simple transcripción, olvidándose los recurrentes de efectuar la correspondiente confrontación de sus precedentes invocados con el Auto de Vista impugnado, precisando en cada caso, en términos claros y precisos cuál la contradicción existente y qué es lo que pretendían, cuál sería la interpretación correcta, además, se deja en claro que no importa el número de Autos invocados, siendo suficiente uno solo, pero que si se refiera al caso, que coincida en los hechos, sus circunstancias y esté debidamente confrontado con el Auto cuestionado, en el cual el recurrente nos muestre con precisión y claridad en que consiste la contradicción, y cuál sería la interpretación y aplicación correcta, finalmente en cuanto a las Sentencias Constitucionales invocadas y citadas en el Recurso de Apelación Restringida se aclara que las mismas no se constituyen en precedentes contradictorios validos en materia penal, por mandato del art. 416 del Código de Procedimiento Penal, siendo conveniente señalar, que este Tribunal dejo claramente sentado en los Autos Supremos No. 333/2003 de 22 de julio y 433/2006 de 11 de octubre entre otros, el siguiente entendimiento, que en el Recurso de Casación "no es suficiente invocar el precedente, sino que este precedente debe guardar similitud con el hecho objeto del proceso en que se vota la decisión que se pretende rever, lo que importa relación de circunstancias y motivaciones, similitud en la naturaleza del hecho, las mismas disposiciones legales interpretadas y aplicadas u otras, y sentido jurídico diferente en la praxis y alcance de la norma sustantiva"; concluyéndose en definitiva, que el Recurso en revisión, no observaron este mandato; por lo que, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, en consecuencia el Recurso deducido por los impetrantes devienen en Inadmisible.

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y de acuerdo a lo previsto en la Norma procesal contenida en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal; dispone: La INADMISIBILIDAD de los Recursos de Casación presentados por Serapio Martínez Chusgo de fs. 469 a 476, por Gustavo Daniel Morales Ocapiña de fs. 493 a 496, por Marina Ibarra de Torrejón Alcaldesa Municipal de Vitichi de fs. 512 a 515, por Marcelino Gira Porcel de fs. 519 a 526, por Edgar Agustín Corzo Martínez de fs. 571 a 577 respectivamente impugnando el Auto de Vista No. 56/2008 de 29 de diciembre de fs. 433 a 436, emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público y Gustavo Daniel Morales Ocapiña recurrente contra los recurrentes, por la comisión de los ilícitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.-

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2013