TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº: 098/2013.

Fecha:         Sucre, 17 de abril de 2013.

Distrito: Cochabamba.

Expediente: 134/2010.

Partes: Ministerio Público contra Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García.

Delito:         Violación de Niño, Niña o Adolescente, tipificado en el art. 308 Bis, con la agravante de los numerales 2, 3 y 4 del art. 310 y Aborto, previsto en la sanción del art. 263 todos del Código Penal.

Recurso: Casación.


VISTOS: El Recurso de Casación incoado por Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García de Mamani de fs. 179 a 180 y solamente por Paulino Mamani Vargas de fs. 189 a 192 vta., impugnando el Auto de Vista 18 de agosto de 2010 de fs. 168 a 172, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, tipificado en el art. 308 Bis con la agravante de los numerales 2), 3) y 4) del art. 310 y Aborto, tipificado y sancionado en el art. 263 todos del Código Penal, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que, con base en la Acusación Fiscal de fs. 4 a 7 en mérito a la denuncia formulada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Quillacollo contra Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García de Mamani, por la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, tipificado y sancionado en el art. 308 Bis con la agravante de los numerales 2), 3) y 4) del art. 310 y Aborto, incurso en la sanción del art. 263 todos del Código Penal.

Que desarrollado el juicio oral, público y contradictorio, según el Auto de Apertura de Juicio de fs. 16 y 16 vta., el Tribunal de Sentencia de la Provincia de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió la Sentencia Nº 2 de 12 de enero del 2010 a fs. 112 a 117 vta., condenatoria contra los imputados Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García: al primero, autor y culpable de la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con la agravante de los numerales 2), 3) y 4) del art. 310 y por el delito de Aborto incurso en la sanción del art. 263 todos del Código Penal. Imponiéndole la pena de 20 años de presidio sin derecho a indulto, a cumplir en la Cárcel Pública de “El Abra” de la Ciudad de Cochabamba, aclarando que se le impone la pena mínima de 15 años por el delito juzgado y más 5 años por la agravante y concurso real de delitos, con costas y responsabilidad civil averiguable en ejecución de Sentencia.

En contra de la segunda Dominga Puma García, la declaró autora y culpable por Complicidad en el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis con relación al art. 23 del Código Penal y Aborto en grado de autoría, previsto y sancionado en el art. 263 numeral 1) del Código Penal, imponiéndole la pena de 10 años de reclusión a cumplir en la cárcel de San Pablo, sección Mujeres de Quillacollo.

La referida Sentencia motivó que los acusados Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García por memorial de fs. 122 a 123 vta., presenten Recurso de Apelación Restringida y Paulino Mamani Vargas a fs. 132 a 135 vta. Una vez remitidos los antecedentes ante el Tribunal de Alzada, sorteo legal de la causa, la Sala Penal Primera del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 18 de agosto de 2010 de fs. 168 a 172, declaró Improcedentes los Recursos de Apelación Restringida interpuestos por Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García, en consecuencia confirmó la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de la Provincia de Quillacollo, con costas.

CONSIDERANDO II: Que, ante dicho fallo los acusados Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García interpusieron Recurso de Casación mediante memorial de fs. 179 a 180 y de forma reiterada Paulino Mamani Vargas a fs. 189 a 192 vta., contra el Auto de Vista de 18 de agosto de 2010 de fs. 168 a 172, que se pasan a transcribir, bajo los siguientes argumentos:

Recurso de Casación presentado por Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García de fs. 179 a 180, denuncian que el Tribunal de Alzada al declarar improcedentes los Recursos de Apelación Restringida y confirmar la Sentencia habría vulnerado derechos fundamentales como es el Debido Proceso, porque no se habría pronunciado correctamente sobre el Incidente de Falta de Acción planteado durante el juicio, porque el Ministerio Público no tomó en cuenta ciertos presupuestos procesales, previstos por el art. 17 del Código de Procedimiento Penal, que señala que la Acción Penal a Instancia de Parte, procederá una vez que esta se produzca, pero no de oficio, porque sólo podrá ser de oficio cuando se trate de una persona menor de la pubertad, incapaz, pero, la menor tenía 15 años y era mayor de la pubertad, por lo que en criterio de los recurrentes el Ministerio Público debió actuar a instancia de parte y no de oficio, siendo la Sentencia defectuosa y vulnerado sus derechos y garantías constitucionales.

Por otro lado, indican también que el Tribunal de Alzada tampoco se habría pronunciado correctamente sobre la prueba objetada en juicio, MPP2 entre ellas la pericial, signadas como MPP9 y MPP10, porque no se habría fijado claramente los puntos de pericia, no les habría notificado y al admitirse se habría vulnerado el art. 209 y 172 del Código de Procedimiento Penal, por lo que habrían solicitado que se declare la nulidad de las mismas y por ende de la Sentencia porque habrían sido condenados sin prueba, porque ninguno de los testigos habrían manifestado que han presenciado ningún acto de violación, sino que solamente manifestaron que conocían porque la menor les había contado.

Finalmente denuncian que la Sentencia cae en defectuosa porque se habría vulnerado el art. 370 en sus numerales 1), 2), 4) y 6) del Código de Procedimiento Penal, porque no individualiza que hechos habrían cometido y se les sanciona directamente a 20 años y a 10 años de privación de libertad.

Concluyen solicitando, que se dicte Auto Supremo “CASANDO” el Auto de Vista de 18 de agosto de 2010 y se los declare absueltos de la comisión de los delitos acusados.

Recurso de Casación de fs. 189 a 192 vta., presentado por Paulino Mamani Vargas, alega que el Tribunal no se habría pronunciado correctamente sobre el incidente de Falta de Acción, porque la menor tenía 14 años a tiempo de formular la denuncia, por tanto no era menor de la pubertad y el Ministerio Público no tenía competencia para llevar adelante el caso, acción que según el recurrente devendría en defectos absolutos, por no probarse que se produjo la instancia de parte y se habría violado el art. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, art. 169 numeral 3) y 4), 15), 16), 17) y 19) del Código de Procedimiento Penal.

De igual manera denuncia que el Tribunal de Alzada no se habría pronunciado correctamente con relación a las pruebas MP2, MP7, MP12, MP9 y MP10 (Peritaje de las peritos Miriam Rocabado Carvajal, que intervino como Médico Forense; Lic. María Luz Mendoza, que intervino como Psicóloga del SEDEGES; Sonia Trujillo de Ugalde, que intervino como Trabajadora Social), habría sido objetada oportunamente, porque no fueron realizadas, conforme lo estatuye el art. 204, 205, 209, 210, 211, 213 del Código de Procedimiento Penal, consiguientemente no tienen fuerza probatoria, conforme exige el art. 13 y 172 de la norma adjetiva penal, por lo que se habría vulnerado su derecho a la defensa, el Debido Proceso y la Seguridad Jurídica, lo cual debe ser enmendado por los órganos jurisdiccionales que conocen de la causa, señala las Sentencias Constitucionales 803/2003-R y 1044/2003-R, que refiere el derecho que tiene todo acusado a ser escuchado y juzgado con las debidas garantías, por lo que denuncia defectos absolutos del art. 169 3) de la Ley Nº 1970 y solicita sean enmendados por el máximo Tribunal de Justicia.

Invoca como precedente contradictorio, el Auto Supremo Nº 97 de fecha 18 de febrero de 2004.

Concluye solicitando, que de oficio se admita su Recurso y se anule el Auto de Vista y la Sentencia, ordenando la reposición de juicio por otro Tribunal.

CONSIDERANDO III: Del derecho que tienen las partes a impugnar las resoluciones judiciales en el proceso penal:

Que, el derecho a recurrir las resoluciones judiciales, deviene de un componente esencial que es el debido proceso, que se define, como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías por un Juez o Tribunal competente e imparcial, por ello, el derecho a recurrir, es una de las garantías internacionales reconocidas a las personas y proclamadas en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que preceptúa: "Toda persona tiene derecho a un Recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley"; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, en sus arts. 8 -2 inc. h), señala: "El derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" y el 25 ordinal 1, consigna que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"; por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual nuestro país es firmante a través de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000, en su art. 14 núm. 5, establece: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley".

En nuestra legislación el derecho a recurrir o impugnar, se encuentra tutelado por el art. 180-II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia cuando señala: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales". Por su parte, el art. 394 del Código de Procedimiento Penal, establece que el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley...” bajo las reglas generales establecidas en el art. 396 del mismo cuerpo legal.

En ese marco normativo y de manera más precisa, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, con claridad establece, que el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia) contrarios a otros precedentes contradictorios pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (actualmente Tribunal Supremo de Justicia); por otra parte, el articulado en análisis instituye, que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la Apelación Restringida; por último, la norma procesal prescribe, que se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado norma distinta o una misma norma con diversos alcances.

El plazo para interponer el Recurso de Casación, es de 5 días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado y deberá ser presentado ante la Sala que dictó la Resolución a impugnarse; en el Recurso, deberá señalarse la contradicción con términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que se invocó el precedente.

En ese razonamiento, el cumplimiento de estos dos requisitos -de admisibilidad- es de carácter obligatorio e inexcusable por el o los recurrentes, siendo éstos los que establecen los límites de competencia del Tribunal de Casación para tramitar el Recurso y considerar su admisibilidad o inadmisibilidad.

CONSIDERANDO IV: Que, del análisis de los memoriales de Recurso de Casación, presentado por Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García contra la Resolución de 18 de febrero de 2009, con carácter previo este Tribunal ingresa a considerar los requisitos formales de admisibilidad, de los que se verificó:

Que, los recurrentes Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García de Mamani fueron notificados con la Resolución de 18 de agosto de 2010, el 1 de septiembre de 2010 según fs. 174, y presentaron su Recurso el 7 de septiembre de 2010, según los cargos adheridos a fs. 179 y 189, deduciéndose que los Recursos fueron presentados dentro del plazo de los 5 días establecidos en la primera parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose el ritual procesal en cuanto al plazo.

Que, con relación a los demás requisitos, se debe tener claramente establecido que uno de los fines principales del Recurso de Casación, es el de buscar la uniformidad en la emisión de fallos judiciales por parte de los administradores de justicia a fin de evitar que ante la presentación de hechos similares se apliquen normas legales con diverso alcance, por lo que, es primordial la invocación de precedentes contradictorios por parte de los recurrentes para proceder a la contrastación de estos con el Auto de Vista que se pretende se revea.

Que, en ese razonamiento, revisados los Recursos de Casación se observa que los impetrantes incumplen con los requisitos formales para la admisibilidad; pues, es preciso señalar, que para la aplicación de los precedentes contradictorios, él o los recurrentes deben realizar la fundamentación de sus recursos de forma clara y precisa, respecto de la contradicción existente entre los precedentes contradictorios invocados y el Auto de Vista recurrido, pues no es suficiente señalar las normas supuestamente vulneradas, sino que se debe demostrar fehacientemente que existe un alcance contrario, de tal naturaleza que demuestre la vulneración de derechos y garantías constitucionales, aspecto que no fue cumplido por los recurrentes; toda vez que el recurso no se precisa ni establece de qué manera hubieran sido infringidos sus derechos y la sola enunciación de hechos, resulta exiguo; por consiguiente, este Máximo Tribunal de Justicia no puede ingresar a considerar los recursos deducidos, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio de la resolución impugnada, esto en concordancia con la línea jurisprudencial establecida por la ex - Corte Suprema de Justicia mediante Auto Supremo Nº 133 de 15 de febrero de 2007.

Que, respecto de la invocación de Sentencias Constitucionales que hace el recurrente Paulino Mamani Vargas como precedentes contradictorios, corresponde señalar, que por mandato legal, solo tendrán este carácter los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia) o Autos Supremos emitidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), dentro de esta categorización no se encuentran las Sentencias Constitucionales ya que no son consideradas como precedentes contradictorios dentro de un Recurso de Casación, por lo que, no corresponde ser consideradas dentro del presente recurso, pues en ese sentido la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció mediante numerosos fallos como el Auto Supremo Nº 59 de 5 de febrero de 2004, 141 de 10 de marzo de 2004 y 339 de 7 de junio de 2004 entre otros.

Que, finalmente con relación al Recurso de Casación presentado por Paulino Mamani Vargas, se debe dejar constancia  que no es admisible el sólo hecho de que el o los recurrentes se limiten a denunciar actuados procesales como defectos de la Sentencia que constituirían en defectos absolutos, pues se establece que de los fundamentos del recurso estos corresponden a reiteraciones de los mismos hechos que ya fueron considerados y debidamente resueltos en las instancias procesales pertinentes; pues, para que se pueda efectivizar la flexibilización para la admisibilidad de un Recurso de Casación por la denuncia de defectos absolutos, el o los recurrentes tienen el deber de detallar con precisión la restricción o disminución de los derechos acusados de vulnerados, explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales que tengan connotación de orden constitucional, que en el caso en análisis no ha acontecido. En igual forma, en el caso de la inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado se debe realizar la debida fundamentación fáctica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por los operadores de justicia.

Finalmente, por lo señalado supra, los Recursos de Casación planteados resultan Inadmisibles, toda vez que los recurrentes, no cumplieron con los requisitos formales de admisibilidad previstos en el art. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y de los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal; declara: INADMISIBLES los Recursos de Casación interpuestos por Paulino Mamani Vargas y Dominga Puma García de Mamani de fs. 179 a 180 y el formulado por Paulino Mamani Vargas de fs. 189 a 192 vta., ambos impugnando la Resolución de 18 de agosto de 2010 emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, tipificado en el art. 308 Bis con la agravante de los numerales 2), 3) y 4) del art. 310 y Aborto, tipificado y sancionado  en el art. 263 todos del Código Penal, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.-

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2013