TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


AUTO SUPREMO Nº: 97/2013

Fecha:         Sucre, 17 de abril de 2013

Distrito: Santa Cruz

Expediente: 3/09

Partes: Ministerio Público contra Brenda Cárdenas Martínez y Claudio Renato López Bolling

Delitos: Transporte de Sustancias Controladas (art. 55 de la Ley 1008)

Recurso: Casación

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VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por Claudio Renato López Bolling, cursante de fs. 897 a 899 vta., impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 08 de septiembre de 2008, que corre de fs. 887 y 888 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Brenda Cárdenas Martínez y el recurrente, por la comisión del tipo penal de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, los antecedentes del caso, y;

CONSIDERANDO I: Que, el Tribunal de Sentencia Primero del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Sentencia Nº 26/2008 de 30 de mayo, cursante de fs. 815 a 827, falló dictando Sentencia Condenatoria en contra  de  los acusados Brenda Cárdenas Martinez y Claudio Renato López Bolling, por la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, tipificado y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008,  imponiéndoles pena privativa de libertad de presidio de 9 años a cumplir en la Cárcel Pública de “Palmasola” de la ciudad de Santa Cruz, sección mujeres y varones respectivamente, más multa de 200 días a razón de 1 Bs.- (Uno con 00/100 Bolivianos) por día para cada uno, con costas averiguables en ejecución de Sentencia conforme a lo dispuesto por el art. 272 del Código de Procedimiento Penal.

La Sentencia pronunciada tuvo como presupuestos fácticos probados, los siguientes:

  1. Que, los procesados fueron identificados por el personal de la FELCN  en el Bimodal como propietarios de las maletas con tiket Nº 0013893, Nº 0013892 y Nº 0013890, en cuyo interior llevaban clorhidrato de cocaína hábilmente camuflada.
  2. Que las pruebas de narcotest determinaron que la sustancia camuflada es Cocaína, con peso bruto de 30.478 gramos; existiendo un muestrario fotográfico de cómo se encontraba camuflada la sustancia controlada, de las pruebas de campo o narcotest y el pesaje de las maletas con cocaína, pruebas que merecieron credibilidad por su pertinencia, relevancia y utilidad y legalidad, para que fueran valoradas por el Tribunal de Sentencia.

Que, la Sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Sentencia Primero del Distrito Judicial de Santa Cruz, fue objeto de impugnación por parte de los procesados a través de los Recursos de Apelación Restringida cursante de fs. 843 a 846 y de 855 a 860 vta. de obrados, bajo los siguientes argumentos:

La procesada Brenda Cárdenas Martínez, a tiempo de interponer su Recurso de Apelación Restringida, refirió que; Las pruebas presentadas por el Ministerio Público adolecen de defectos absolutos al no contar con las formalidades de Ley; Que al valorar estas pruebas se incurrió en actividad procesal defectuosa, establecida en los arts. 167 y 169 num. 1)  y 3) del Código de Procedimiento Penal, y que se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales.

El procesado Claudio Renato López Bolling, refiere que el Juez Cautelar al no remitir a la Corte Superior de Justicia la Apelación Incidental  que cuestiona los actos del Fiscal en la Etapa Preliminar, violó los arts. 54, num. 1) y 2), 405 parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, pues aduce no haber sabido más de esta apelación después que el Juez decretó traslado al Ministerio Público: Que el Juez de Instrucción no remitió ante la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, su Apelación Incidental planteada contra las pruebas presentadas en la imputación por el Ministerio Público, por cuanto jamás supo del resultado del mismo, hecho que fue reclamado ante el Tribunal de Sentencia, quien dispuso que se esté a lo dispuesto por el art. 345 de la Ley Nº 1970, incurriendo este último en una errónea aplicación de la Ley al no dar cumplimiento al art. 63 de la misma norma legal referida precedentemente, así como a los arts. 5, 8, 12, 13, 84, 92, 93, 97 y 100 del Código de Procedimiento Penal, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Sentencia Constitucional Nº 0136/2003 R de 06 de febrero: También refiere que existe errónea aplicación de la Ley Sustantiva porque no se probó que los procesados supieran que llevaban la sustancia controlada en sus maletas: Que, no se individualizo al autor del delito por cuanto las maletas eran de propiedad de Alfredo Abid Progenie quien reconoció ser dueño, pero a el no se le imputó: Que la Sentencia se basa en medios probatorios incorporados ilegalmente al juicio por su lectura y que existe contradicción entre la parte considerativa y dispositiva de la Sentencia. Por lo que solicitó que previamente se resuelva el incidente interpuesto, se anule la Sentencia y se disponga su reposición por otro Tribunal.

Que, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz mediante Auto de Vista de 08 de septiembre de 2008, que cursa de fs. 887 a 888 vta., declaró Improcedente el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por la procesada Brenda Cárdenas Martínez; e INADMISIBLE el recurso interpuesto por Claudio Renato López Bolling, bajo los siguientes fundamentos:

  1. Que, el procesado Claudio Renato López Bolling, presentó su Recurso de Apelación Restringida fuera de plazo, según la verificación de la fecha de notificación con la Sentencia y la fecha de presentación de su Recurso de Apelación Restringida.
  2. En cuanto al Recurso de Apelación Restringida de la co-procesada Brenda Cárdenas Martinez, refiere que; 1) Las pruebas Nº 1.2., 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.20 si cumplen con lo dispuesto por el art. 204 y 209 del Código de Procedimiento Penal, al igual que la prueba pericial  esta conforme a lo establecido por el art. 204 y 209 de la misma norma legal adjetiva: 2) La Sentencia recurrida no incurrió en el defecto establecido por el art. 370 num. 4) de la Ley Nº 1970, pues las pruebas literales y testifícales, fueron incorporadas al juicio en cumplimiento y observancia de los arts. 171, 333 y 355 del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO II: Que, a través del Recurso de Casación cursante de fs. 197 a 899, el procesado Claudio Renato López Bolling, impugnó la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista de 08 de septiembre de 2008, cursante de fs. 887 a 888 vta. de obrados, bajo los siguientes argumentos: Que, el Tribunal de alzada no le dio plazo para subsanar su recurso defectuoso, a cuyo fin hace mención de varios números de Autos Supremos, que establecen como Doctrina Legal Aplicable el deber del conceder un plazo para que los recurrentes subsanen los defectos; Que, se violentó el debido proceso al imponerle un Abogado defensor que no era de su confianza; Que las pruebas fueron rellenadas en su texto cambiando fechas en las actas de detención, incautación y del análisis de laboratorio, sin que coincidan fechas de notificaciones e informe del peritaje; Que, se violentó su derecho a la defensa toda vez que el Fiscal no dio cumplimiento a lo dispuesto por el art. 323 de la Ley Nº 1970, pretendiendo establecer una diferencia entre “el ofrecimiento de prueba…” (sic), que se hace en la acusación, hecho que es admitido por todos los órganos judiciales, sin que esto signifique dar cumplimiento al artículo referido, que establece que debe remitir al Juez o Tribunal de Sentencia las pruebas obtenidas durante el proceso, y que ningún órgano judicial solicita una notificación o certificación que acredite de que las pruebas se pusieron a conocimiento del procesado, obligándolo a presentar sus pruebas de descargo en el plazo de 10 días. Cita como precedente contradictorio las Sentencias Constitucionales Nº 1207/2002-R de 14 de octubre y 339/2002  de 01 de noviembre de 2002, haciendo una cita textual de una parte de las dos Sentencias Constitucionales.

CONSIDERANDO III: Que, desde una perspectiva amplia, señala ORTELLS RAMOS, el medio de impugnación se define como el instrumento legal puesto a disposición de las partes, destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma, su anulación o bien su nulidad. Así, el principio de legalidad exige tanto resoluciones ajustadas a la Ley como materialmente justas, lo cual además se engarza en el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional: la resolución judicial debe ser fundada y guardar armonía con la Ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Precisamente para garantizar esta sumisión de la decisión judicial a la ley y a la justicia existen los medios de impugnación, con los cuales se configura una verdadera actividad depuradora como garantía o derecho de los justiciables.

Que, el Recurso de Casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías: 1) la función nomofiláctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y, 2) la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Así, el Recurso de Casación se configura contemporáneamente como un Recurso que desarrolla su actuación para asegurar la interdicción de la arbitrariedad, tanto en lo que afecta al control sobre la observancia de los derechos fundamentales como en la unificación de la interpretación penal y procesal. Al respecto, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO señala que este Recurso cumple una doble finalidad: tutelar el interés público al tratar de mantener la exacta observancia de la Ley, que presumiblemente se quebranta con el fallo recurrido, procurando que el Poder Judicial juzgue rectamente los casos que les toca resolver sin mal interpretar la norma jurídica, respetando las disposiciones procesales y aplicando las Leyes uniformemente. Por su parte, CAFFERATA NORES expresa que el Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva y procesal en cada caso sometido a su competencia funcional.             

Que, en el contexto antes señalado, el sistema procesal penal vigente en el país ha establecido a través del art. 416 del Código de Procedimiento Penal el Recurso de Casación como el medio recursivo que procede para impugnar Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o bien por una de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, para cuya admisibilidad del Recurso de Casación,  debe cumplir con las condiciones formales previstas en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, las cuales son: 1) Que, sea interpuesto contra los Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia o las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que, el Recurso de Casación sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar, en el Recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, demostrando previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del Recurso de Apelación Restringida, siempre y cuando hubiese presentado dicho recurso contra la Sentencia por causar agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del Recurso de Apelación Restringida en la que se invocó el precedente.

Que, de la revisión minuciosa del presente caso, se establece que, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Santa Cruz, previo a la admisión de los Recursos de Apelación Restringida presentados por los procesados Claudio Renato López Bolling y Brenda Cárdenas Martinez, hizo una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos de la admisión del Recurso, determinando que el procesado Claudio Renato López Bolling, presentó su Recurso extemporáneamente, por lo que lo declaró Inadmisible; Este Tribunal de la misma manera establece que el Tribunal  recurrido actuó en estricta aplicación de lo dispuesto por el art. 408 del Código de Procedimiento Penal; pues el procesado no cumplió con la exigencia establecida en el artículo referido precedentemente, evidenciándose que fue notificado personalmente con la Sentencia  Nº 26/2008 dictada por el Tribunal de Sentencia Primero del Distrito Judicial de Santa Cruz, el día miércoles 04 de junio de 2008, así se desprende de la diligencia de notificación que corre a fs. 838, venciendo su plazo de 15 día para interponer su apelación el día  sábado 21 de junio del mismo año, sin embargo el procesado presentó extemporáneamente su Recurso de Apelación Restringida el día miércoles 25 de junio de 2008.

       El art. 396 num. 3) del Código de Procedimiento Penal, establece que los Recursos deben interponerse en las condiciones de tiempo y forma que determina la misma norma procesal adjetiva. En el presente caso el Recurso de Casación interpuesto por el procesado Claudio Renato López Bolling, no puede ser considerado por éste Tribunal, en mérito a que en nuestro actual sistema procesal no existe la admisión per saltum como en otras legislaciones latinoamericanas; aclarando al recurrente que los plazos en los Recurso son personalísimos, computables a partir del día siguiente de la notificación con el actuado que se pretende recurrir.

Por lo que este Tribunal, toda vez que el derecho de Recurrir del impetrante de Casación precluyo en la primera instancia, no es competente para dar curso al trámite de Casación interpuesto por el procesado Claudio Renato López Bolling.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del Art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de las normas procesales contenidas en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación cursante de fs. 897 a 899 vta., de obrados, interpuesto por el procesado Claudio Cárdenas Martinez, impugnando la resolución jurisdiccional contenida en el Auto de Vista  de 08 de septiembre de 2008, cursante de fs. 887 a 888 vta., de obrados, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Brenda Cárdenas Martinez y el recurrente, por el delito de Trafico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley  Nº 1008; sea con la imposición de costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-     

Magistrada Relatora: María Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. William E. Alave Laura

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2013