TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL LIQUIDADORA


Auto Supremo Nº: 061/2013.

Fecha:        Sucre, 27 de marzo de 2013.

Distrito:        Potosí.

Expediente: 64/09.

Partes:        Ministerio Público y Elena Rojas Ayarachi contra Clementina Bobarín Bautista de Rojas.

Delito:        Lesiones Leves.

Recurso: Casación.


VIS TOS: (Del Recurso en cuestión).-

El Recurso de Casación planteado por Clementina Bobarín Bautista de Rojas, de fs. 94 a 100, impugnando el Auto de Vista Nº 27 de 26 de junio de 2009 cursante de fs. 81 a 83 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Elena Rojas Ayarachi contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271 segundo Párrafo del Código Penal, los antecedentes, y;

CONSIDERANDO I: (Circunstancias Procesales).-

Que, a los fines de resolver el Recurso de Casación que fuera interpuesto en Autos, se tiene los siguientes antecedentes:

Con base a la Acusación Fiscal y Particular, previa la sustanciación del juicio oral, el Juzgado de Sentencia Nº 2 de la Capital del Distrito Judicial de Potosí, mediante Sentencia N° 5 de 18 de abril de 2009 (fs. 44 a 48), dictó Sentencia Condenatoria contra Clementina Bobarín Bautista de Rojas declarándola Autora de la comisión del delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271 segundo Párrafo del Código Penal, imponiéndole la pena de 6 meses de reclusión que deberá cumplir en el Centro de Readaptación “Santo Domingo” ubicado en la Localidad de Catamarca, esto conforme al art. 77 del Código Penal, más al pago de costas.

Que, ante esta Sentencia, Clementina Bobarín Bautista de Rojas de fs. 55 a 59 vta., planteó Recurso de Apelación Restringida, mismo que previo cumplimiento del procedimiento establecido por los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, el 26 de junio de 2009 (fs. 81 a 83), la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Potosí, dictó Auto de Vista Nº 27/2009 declarando Improcedente el Recurso de Apelación Restringida de fs. 55 a 59 y consecuentemente, mantuvo firme y subsistente la Sentencia Condenatoria de fs. 44 a 48.

A fs. 86 cursa Auto Complementario de 2 de julio de 2009, a raíz de la solicitud de Complementación interpuesta por Elena Rojas Ayarachi, en el cual se dispone complementar, condenando en costas a la imputada, de acuerdo al art. 269 del Código de Procedimiento Penal.

Notificadas que fueron las partes con el Auto de Vista, Clementina Bobarín Bautista de Rojas, mediante memorial presentado el 4 de julio de 2009 (fs. 94 a 100), planteó Recurso de Casación contra el Auto de Vista precitado, de acuerdo a los siguientes argumentos.

CONSIDERANDO II: (Fundamentos sobre el planteamiento de Casación).-

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establece como motivos del mismo, los siguientes:

  1. Señaló la existencia de violación al debido proceso, haciendo una relación de los hechos, señaló que se le hubiera puesto en un estado de indefensión, aspecto que constituiría Defecto Absoluto previsto en el art. 169 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal.

Transgresión al debido proceso, consistente en suspensión ilegal del juicio que no se encuentran previstas en el art. 335 del Código de Procedimiento Penal, incumpliendo el principio de continuidad previsto en el art. 334 del mismo Código constituyendo defectos absolutos.

Atentado a la legítima defensa, prevista en el art. 117 de la Constitución Política del Estado, atentado al principio de legalidad respecto a la introducción de pruebas obtenidas ilícitamente, previsto en el art. 171 del Código de Procedimiento Penal, vulneración de su derecho al debido proceso conforme a los arts. 115 y 177 parágrafo I de la Constitución Política el Estado con relación al art. 5 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que se encontraría en indefensión, lo que constituiría defectos absolutos.

  1. Error In Iudicando o Error de Tipo, desvirtúa el delito de Lesiones leves, previsto y sancionado por el art. 271 Segundo Párrafo del Código Penal, con la existencia de la legítima defensa prevista en el art. 11 del mismo Código, señalando que existe error de tipo invencible, haciendo referencia al punto 4) fundamentación probatoria descriptiva, resultando que la juzgadora ha efectuado una errónea subsunción del hecho atribuido, por lo que su conducta no se adecuaría a lo previsto por el art. 271 Segundo Párrafo, del Código Penal, porque su conducta se adecua a la legítima defensa incurriendo en defecto absoluto.

Señaló que existió transgresión de su derecho establecido en el art. 25 de la Constitución Política del Estado e hizo referencia a la Sentencia Constitucional Nº 1480/2005-R de 22 de noviembre.

  1. Defectos de la Sentencia, consistentes en la Inobservancia o Errónea Aplicación de la Ley Sustantiva, prevista en el art. 370 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal, porque su conducta nunca se adecuó al delito de Lesiones Leves, más bien, se defendió de 5 personas que hubieran violado su domicilio transgrediendo el art. 25 de la Constitución Política del Estado, quienes le amenazaron amedrentándole intentando despojarle de su casa y a raíz de ese hecho hubiera iniciado un proceso contra esas personas por el delito de Amenazas y Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previstos y sancionados por los arts. 293 y 298 el Código Penal, por lo que el presente proceso jamás debió existir, omitiendo el Juez pronunciarse sobre estos extremos, incurriendo en defecto absoluto.

Señaló que nunca existió dolo de su parte, pues nunca tuvo la intención de agredir a nadie, existiendo error de tipo invencible, al respecto señala el Auto Supremo Nº 404 de 25 de julio de 2001.¡

Observó la falta de Enunciación del Hecho Objeto del Juicio o su Determinación Circunstanciada prevista en el art. 370 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal, haciendo referencia a la Sentencia Nº 5/2009 señaló que con meridiana claridad la señora Juez ha sobrevalorado su conducta a forciori, porque no guarda relación con el bien jurídico tutelado, ni con la estructura el tipo penal que se le acusó, toda vez que fue en legítima defensa, aspecto que resulta un defecto absoluto.

Aplicación que pretende, Desestimar la prueba ilegal y declarar su absolución en previsión de lo dispuesto en el art. 363 núm. 1 y 2) del Código de Procedimiento Penal.

Inexistencia de fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria prevista en el art. 370 núm. 5) del Código de Procedimiento Penal, existencia o contradicción en la parte considerativa (Fundamentación Fáctica) con la parte Resolutiva, que le condenan por la previsión del art., textual: “124 segunda parte”, observa el punto 7 respecto de la fundamentación de la pena, que señaló que tiene atenuantes, sin embargo se le impone la pena más alta prevista para el delito doloso, por ese motivo existe contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, por lo que este hecho se constituiría  en defecto absoluto previsto en el art. 169 núm. 4) del Código de Procedimiento Penal.

Que, la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, aspecto previsto en el art. 370 núm. 6) del Código de Procedimiento Penal, la Sentencia incumplió las previsiones contenidas en los arts. 173 y 124 parte in fine del Código de Procedimiento Penal, incurriendo en defecto absoluto, al respecto señala la ya referida Sentencia Constitucional Nº 1480/2005-R de 22 de noviembre.

Existió mala valoración de la prueba, porque la declaración de los testigos de descargo fue contundente para acreditar que los 4 funcionarios de Catastro junto a Elena Rojas fueron a despojarle del único bien inmueble que tiene.

Señala como Precedente Contradictorio el Auto Supremo Nº 328 de 29 de agosto de 2006 y el Auto Supremo Nº 562 de 1 de octubre de 2004.

Finalmente señaló, la existencia de mala aplicación de la dosimetría penal, porque para la pena del delito sancionado la pena es de 6 meses a 2 años y la pena que se impuso fue de 6 meses sin tomar en cuenta las atenuantes que la misma Juez expresa en la fundamentación.

Del Precedente Contradictorio Invocado:

Sentencia Constitucional Nº 1480/2005-R de 22 de noviembre.

Auto Supremo Nº 404 de 25 de julio de 2001.

Auto Supremo Nº 328 de 29 de agosto de 2006.

Auto Supremo Nº 562 de 1 de octubre de 2004.

De la solicitud:

Se Revoque la Sentencia Condenatoria y disponga su absolución por el delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271 Segundo Párrafo, del Código Penal en previsión de lo dispuesto por art. 363 núm. 1), 2), y 3) del Código de Procedimiento Penal y si no fuera posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, Anular el Auto de Vista Nº 27/2009 y disponer la reposición del Juicio por otro Tribunal.

CONSIDERANDO III: (Procedibilidad ante un recurso de casación)

Se define a la Casación, como un instrumento político-jurídico que tiene una doble finalidad: por un lado, fijar la jurisprudencia, entendiendo por tal la proclamación en abstracto de la Doctrina Legal, fijando, con ello, la interpretación que ha de darse a los textos legales; y, por otro, enmendar las infracciones de Ley o de Doctrina que los Tribunales hayan cometido en la tramitación o resolución de los juicios.

Gimeno Sendra se refiere al Recurso de Casación como: Al recurso que tiene una función predominantemente parciaria en el sentido de que principalmente tiende a defender los intereses y derecho de la partes procesales, aunque es cierto que con él persigue una clara función de protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico (función nomofiláctica) y unificadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas…”

De ahí según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de ahí que uno de los fines de este recurso es el controlar uniformidad en la aplicación de la normativa penal por parte de los operadores de justicia, así lo señala Cafferata Nores cuando afirma que: “ El Recurso de Casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo Tribunal superior que controla la interpretación de la Ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional”.

CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de los requisitos formales y fundamentación).-

Que, de conformidad al Auto Supremo Nº 34 de 14 de marzo de 2013, se dispuso la admisibilidad del Recurso de Casación para ingresar al análisis y consideración del Auto de Vista recurrido, la invocación de precedentes contradictorios y los defectos absolutos mencionados en su Recurso de Casación a fin de establecer la posible contradicción en la que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al momento de emitir la Resolución objeto de análisis.

Con relación a:

Auto Supremo Nº 404 de 25 de julio de 2001

Auto Supremo Nº 328 de 29 de agosto de 2006

El Auto Supremo Nº 562 de 1 de octubre de 2004

La recurrente debió realizar la fundamentación de su recurso de forma clara y precisa respecto de la contradicción existente entre el precedente contradictorio invocado y el Auto de Vista recurrido, cuál la norma vulnerada, cuál la que se debió aplicar y qué entendimiento es el correcto; no es suficiente señalar las normas supuestamente vulneradas y citar el precedente contradictorio y exponer los hechos que considere supuestamente ilegales, sino que se debe demostrar fehacientemente que existe un alcance contrario, de tal naturaleza que demuestre la vulneración de derechos y garantías constitucionales, además es menester establecer con precisión el hecho similar comprobado tanto en el Auto de Vista impugnado como el precedente, asimismo, se debe discernir puntualmente el sentido jurídico contradictorio, estos presupuestos no fueron cumplidos por el recurrente y en consecuencia no se puede establecer el sentido jurídico contradictorio de la resolución impugnada.

Respecto de la Sentencia Constitucional 1480/2005-R de 22 de noviembre, se debe dejar establecido que la misma no tiene calidad de precedente contradictorio, así lo determinó la uniforme jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia en los Autos Supremos Nº 141 de 10 de marzo de 2004; 153 de 17 de marzo de 2003; 339 de 7 de junio de 2004; 59 de 5 de febrero de 2004; 132 de 18 de mayo de 2006, de la Sala Penal Segunda y 117-I de 31 de enero de 2007 de la Sala Penal Primera: “…Que en el caso de autos, del examen de los actuados procesales, se establece que el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida así como el recurso de casación deducido no ha invocado ningún  precedente válido, pues las sentencias constitucionales cuyas fotocopias adjunta, no son precedentes al tenor del art. 416 del Procedimiento Penal, en consecuencia el recurso deducido no cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión previstos en los arts. 416 y 417 del referido Código; omisión que no puede suplirse de oficio por ser base y sustento legal para la procedencia del recurso de casación…”.

Al punto I.- No se puede advertir violación al debido proceso invocando un estado de indefensión, toda vez que, la recurrente bajo este argumento pretende introducir nuevos hechos que no forman parte de la presente causa como ser las supuestas agresiones sufridas, su delicado estado de salud, etc., empero con relación a una supuesta indefensión, por lo que, realizada la revisión de la causa, no se puede advertir que a la recurrente se le haya limitado o despojado de sus medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso, toda vez que hasta la fecha hizo valer sus derechos, tampoco se pudo evidenciar la existencia de desventaja ni alteración injustificada de igualdad de armas entre las partes, en dicho sentido no se puede advertir la vulneración de los derechos mencionados.

Respecto de las suspensiones injustificadas de las audiencias de juicio se debe tener en cuenta, que es una obligación inexcusable el demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la nulidad de actos procesales, por lo que se debe realizar el examen y ponderación de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional en el caso concreto, para establecer si se transgredió o no el principio de continuidad, para ello, primero se debe verificar y examinar la clase y la medida de esas demoras a efecto de valorar si la misma afecta al principio de inmediación, sea por evidenciarse la dispersión de la prueba o bien porque la demora imposibilitó al Tribunal de Juicio pronunciar la Sentencia de mérito en base a la relación directa tenida con la prueba, teniendo un efecto determinante en el fallo, aspectos que no sucedieron en la presente casusa.

Respecto de la legítima defensa se debe tener en cuenta, que a raíz de la investigación realizada en la presente causa y la realización del juicio oral público y contradictorio se llegó a la determinación de la pena impuesta y de la comisión del delito, toda vez que en la Sentencia consta la valoración de todas las pruebas aportadas por las partes, tal como observa a fs. 45 a 48, por otro lado, en este punto se debe tener en cuenta que el recurso de casación, además de su función propia nomofiláctica y unificadora de doctrina, cumple en nuestro ordenamiento jurídico la función de satisfacer el derecho de todo condenado a la sumisión del fallo condenatorio a un Tribunal Superior (artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y, en consecuencia, ha de reconocérsele un espacio propio de control diferenciado y más intenso en el plano jurisdiccional que otros recursos, empero será posible cumplir con ese objeto cuando las partes, a tiempo de realizar la impugnación de los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, no establecen la contradicción con otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Máximo Tribunal de Justicia, en definitiva en este punto, se puede advertir que el recurrente refiere aspectos de la Sentencia que ya fueron motivo de pronunciamiento por parte del Auto de Vista, el mismo que se encuentra debidamente fundamentado a fs. 82 a 83.

Al punto II y III.- De la revisión de los antecedentes, así como de la Sentencia y Auto de Vista, se debe tener en cuenta que de la Sentencia de fs. 45 a 48 consigna en su contenido la Fundamentación Probatoria Intelectiva (Prueba testifical, literal), Fundamentación Probatoria Descriptiva, Fundamentación Probatoria, Determinación de la Pena, las cuales son debidamente detalladas respecto a la participación de la acusada en el hecho delictuoso denunciado, así también contiene los razonamientos respecto del Recurso de Apelación Restringida, los que fueron analizados y resueltos en tres puntos, por el Auto de Vista, aspecto que se encuentra inserto de fs. 82 a 83.

Otro aspecto a tener en cuenta y considerado por el Tribunal de Alzada, es que, la Sentencia ha sido motivada en forma clara y suficiente, respecto de la participación de la imputada en el hecho objeto de juicio y su determinación circunstanciada, porque se fundamentó la misma en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, además de haberse valorado correctamente las pruebas aplicando correctamente la normativa legal contenida en los arts. 171, 173, 361, 365, 369 del Código de Procedimiento Penal, resultando de ese análisis los respectivos hechos probados, que dieron como resultado la certeza sobre la responsabilidad penal de la recurrente, todo en cumplimiento del art. 124 del Código de Procedimiento Penal.

El Auto de Vista a fs. 82 a 83 realizó la fundamentación respecto a la pretensión del recurrente, respondiendo a lo cuestionado en su Recurso de Apelación Restringida, el cual coincidentemente es similar al Recurso de Casación. Con relación a la mención de supuestos defectos absolutos, se debe dejar constancia, que no es aceptable el solo hecho de que la recurrente se limite a denunciar actuados procesales como defectos absolutos, si bien señala la causal contenida en el art. art. 169 núm. 1), 3) y 4), empero no especifica cual las inobservancias o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, normativa internacional o del Código de Procedimiento Penal que se adecuarían a estos defectos; toda vez que para este punto se debe realizar la debida fundamentación fáctica y jurídica por el cual se describa e individualice los posibles derechos y garantías conculcados por los operadores de justicia, por lo que, no pudiendo en consecuencia afirmar las vulneraciones señaladas, toda vez que el Auto de Vista dió respuesta a las pretensiones inmersas en el Recurso de Apelación Restringida, además el Recurso de Casación interpuesto en el caso de Autos, contiene tres puntos, de los cuales resultan ser similares a los de su Apelación Restringida, al respecto se debe tener en cuenta.

En tal circunstancia no se puede evidenciar lo señalado en los puntos expuestos por el recurrente, porque como se observó, se ve claramente que el Auto de Vista y la Sentencia no incurrieron en los defectos absolutos mencionados, ni se pudo advertir contradicción entre los precedentes contradictorios aludidos con el Auto de Vista, pues, en el presente caso se realizó una adecuada fundamentación, por cuanto el Juez de la causa realizó la debida motivación del fallo, de manera que se determinó cuáles fueron las razones y fundamentos en los que se sustenta la Sentencia, por lo que, el Tribunal de Alzada, a momento de pronunciarse sobre la Apelación Restringida planteada por el recurrente, ha obrado dentro de los límites establecidos por la normativa penal. 

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, dispone conforme el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declarar: INFUNDADO el Recurso de Casación planteado por Clementina Bobarín Bautista de Rojas, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Elena Rojas Ayarachi contra la recurrente, por la comisión del delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271 segundo Párrafo del Código Penal, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrado Relator: Dr. William E. Alave Laura.-

Fdo. William E. Alave Laura.

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2013