SALA PENAL LIQUIDADORA

Auto Supremo: 395/2012 Fecha: Sucre, 31 de octubre de 2012.

Expediente: 61/2008

Distrito: Potosí

Partes:Ministerio Público y la Empresa Minera Catavi representada por Adolfo España Sandy c/ Luis Vera Romero

Delito: Contratos Lesivos al Estado, Peculado y Falsificación de Documento Privado

Recurso: Casación.

VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por Luís Vera Romero de fs. 261 a 273, impugnando el Auto de Vista No. 44/2008 de 21 de octubre (fs. 216 a 218 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público y la Empresa Minera Catavi contra el recurrente por la comisión de los ilícitos de Peculado, Contratos Lesivos al Estado y Falsificación de Documento Privado, previstos y sancionados por los arts. 142, 221 y 200 del Código Penal, los antecedentes de lo obrado, y;

CONSIDERANDO I: (De los actos procesales).- Que, de la revisión de los antecedentes y actuados cursantes en el cuaderno procesal venido en Casación se establece lo siguiente:

I.1.- De la Acusación y de la tramitación del Juicio oral, público y contradictorio.- Que, el Ministerio Público como la Empresa Minera Catavi, representada por Adolfo España Sandy, presentaron Acusación contra Luis Vera Romero de fs. 2 a 3 y 8 a 10, por la comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado y posteriormente ampliaron su acusación por los ilícitos de Peculado y Falsificación de Documento Privado, previstos y sancionados por los arts. 142, 221 y 200 del Código Penal. Que, sustanciado el proceso por el Tribunal de Sentencia de Llallagua del Distrito Judicial de Potosí, se cumplió con todo el ritual procesal, instalándose y celebrándose el juicio con todas sus incidencias y emergencias (fs. 20 a 27, 65 a 79, 84 a 110, 118 a 152), habiéndose dictado la Sentencia No.10/2008 de 11 de agosto (fs. 154 a 161 vta.).

I.2.- De la Sentencia.- El Tribunal de Instancia, mediante Sentencia No. 10/2008 de 11 de agosto fs. 154 a 161 vta., declaró al acusado Luis Vera Romero autor de los delitos de Peculado y Contratos Lesivos al Estado, previstos y sancionados por los arts. 142 y 221 del Código Penal y se le condenó a la pena de privación de libertad de cinco años a cumplirse en la Cárcel Pública de Uncía y por existir duda razonable se le absolvió de pena y culpa por el delito de Falsificación de Documento Privado, previsto y sancionado por el art. 200 del Código Penal, con costas a determinarse en ejecución de Sentencia.

I.3.- Del Recurso de Apelación Restringida.- Que, mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2008 (fs. 171 a 188), Luis Vera Romero dedujo contra la Sentencia No. 10/2008 de 11 de agosto fs. 154 a 161 vta., Recurso de Apelación Restringida alegando, defecto de la Sentencia por errónea aplicación de la Ley Sustantiva (art. 370-1 del Código de Procedimiento Penal), toda vez que en Sentencia fue declarado autor de la comisión de los delitos de Peculado y Contratos Lesivos al Estado sin ninguna fundamentación jurídica; que el Tribunal Ad-quo no valoró ni consideró en la Sentencia recurrida el contrato civil de prestación de servicios determinados, que fue suscrito entre la COMIBOL y Luis Vera Romero el 09 de diciembre de 2002 y el "adendum" contrato civil de prestación de servicios determinados, que fue suscrito entre la COMIBOL y Luis Vera Romero el 17 de marzo de 2003, pruebas que fueron debidamente judicializadas y que acreditan incuestionablemente que el recurrente es un contratista sujeto a la ley civil y no un funcionario público, por lo que existe atipicidad en la conducta del recurrente al no ser funcionario público.

I.4.- Del Auto de Vista.- Radicada la causa en la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí y previo trámite de rigor, por Auto de Vista No. 44/2008 de 21 de octubre cursante de fs. 216 a 218, se declaró improcedente el Recurso de Apelación Restringida de fs. 171 a 188, en consecuencia se mantuvo firme y subsistente la Sentencia condenatoria No. 10/2008 cursante a fs. 154 a 161, con costas.

CONSIDERANDO II: (De los motivos y argumentos del Recurso de Casación).- Que, el Recurso de Casación interpuesto por Luis Vera Romero de fs. 261 a 273, impugnando el Auto de Vista No. 44/2008 de 21 de octubre (de fs. 216 a 218), emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, por el cual se declaró improcedente el Recurso de Apelación Restringida, en consecuencia firme y subsistente la Sentencia condenatoria No. 10/2008 de fs. 154 a 162, con costas.

En ese contexto, Luis Vera Romero de fs. 261 a 273, planteó su Recurso de Casación, contra el Auto de Vista No. 44/2008 de 21 de octubre (de fs. 216 a 218), alegando:

II.1. Que, en el Auto de Vista No. 44/2008 no se hizo constar las razones ni los fundamentos que motivaron la disidencia del Vocal Dr. Vidal Rollano Vallejo y asimismo en el aludido Auto de Vista no consta la firma de dicha autoridad judicial, lo que implica que fue totalmente excluido del fallo, es decir, del Auto de Vista recurrido, lo que constituye defecto absoluto previsto por el art. 169-1), -3) del Código de Procedimiento Penal, en razón a que es parte de la garantía del Juez natural la intervención del Vocal Vidal Rollano Vallejo en el Auto de Vista No. 44/2008 de 21 de octubre, resolución en la cual debió hacer conocer de manera fundamentada las razones que motivaron su disidencia respecto al proyecto del primer relator. En este caso se violó flagrantemente al debido proceso, porque además de no constar la extrañada fundamentación en el Auto de Vista recurrido, dicha autoridad de ninguna manera debió ser excluido, más al contrario debió ser convocado para la firma correspondiente del referido Auto de Vista impugnado.

II.2. Se vulneraron los arts. 160 y 163 del Código de Procedimiento Penal puesto que no fue notificado con el Auto de 11 de octubre de 2008 por el cual y ante la disidencia del Doctor Vidal Rollano Vallejo se convocó al Doctor Silvestre Iñiguez Meneses, omisión que le privó el ejercicio del derecho de recusación respecto del Vocal convocado, hecho que configura un defecto absoluto conforme el art. 169-3) del Código de Procedimiento Penal, vulnerándose la garantía del Juez natural, asimismo, en el Auto Interlocutorio de 11 de octubre de 2008 no se hizo constar ni conocer a las partes el derecho de recusar y el plazo para interponerlo, teniendo en cuenta que la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino tiende a asegurar que la determinación judicial sea conocida efectivamente por su destinatario.

II.3. También se vulneró el principio de inmediación, debido a que en la audiencia de fundamentación oral no participó el Vocal convocado, Doctor Silvestre Iñiguez Meneses, -que después si firmó el Auto de Vista impugnado- vulnerándose la garantía del Juez natural, pues ante la convocatoria del nuevo Vocal, debió el Tribunal Ad quem renovar el acto de fundamentación oral dando debida aplicación a lo dispuesto por el art. 168 del Código de Procedimiento Penal.

II.4. Que, el Auto de Vista impugnado no se pronunció ni resolvió sobre la procedencia o improcedencia de las excepciones planteadas oportunamente y su Recurso de Apelación Incidental.

II.5. Que el Auto de Vista recurrido, carece de la debida fundamentación y motivación, que permita entender las razones que motivaron a pronunciar su fallo.

CONSIDERANDO III: (Del Derecho universal a impugnar o Recurrir).- Que, el derecho a impugnar o recurrir las resoluciones judiciales, deviene de un componente esencial del debido proceso, el mismo que se define, como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías por un juez o tribunal competente e imparcial, por ello, el derecho a recurrir, es una de las garantías internacionales reconocidas a las personas y proclamadas en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que preceptúa: "Toda persona tiene derecho a un Recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley"; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, en sus arts. 8 -2 inc. h), señala: "El derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" y el 25 ordinal 1, consigna que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"; por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual nuestro país es signatario mediante Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000, en su art. 14 núm. 5, establece: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley".

Es así, que en esa labor de aplicación de la norma, la ex Corte Suprema de Justicia, mediante Auto Supremo No. 297-I de 14 de agosto de 2006, dictado por la Sala Penal Primera ha establecido, que el Recurso de Casación: "Es un Recurso de puro derecho que la Ley concede a los litigantes para invalidar una Sentencia o un Auto definitivo cuando en éste se hubiere infringido una Ley o para anular la resolución recurrida o un proceso, cuando se hubiere dictado o tramitado violando formas esenciales establecidas por Ley".

Derecho a recurrir o impugnar, que se encuentra tutelado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su art. 180-II, preceptúa: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales"; a su vez el art. 394 del Código de Procedimiento Penal, establece el derecho de recurrir, pero, bajo las reglas generales establecidas en el art. 396 del mismo cuerpo legal.

CONSIDERANDO IV: (De los requisitos esenciales que viabilizan el recurso de casación).- Que, de lo señalado precedentemente y en ese contexto, la Constitución Política del Estado en su art. 180-II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que a su vez, es una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8-2 inc. h) de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14 num. 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ya citado; debiendo los sujetos procesales a tiempo de interponer los distintos Recursos, en este caso el Recurso de Casación, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la Ley conforme a las disposiciones contenidas en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal.

En ese entendimiento, el Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, en su art. 416 con claridad establece, que el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia) contrarios a otros precedentes contradictorios pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (actualmente Tribunal Supremo de Justicia); por otra parte, el articulado en análisis instituye, que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la Apelación Restringida; por último, la norma procesal prescribe, que se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado norma distinta o una misma norma con diversos alcances.

El plazo para interponer el Recurso de Casación, es de 5 días hábiles siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado y deberá ser presentado ante la Sala que dictó la Resolución a impugnarse; en el Recurso, deberá señalarse la contradicción con términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que se invocó el precedente.

Es de entender, que el cumplimiento de estos dos requisitos -de admisibilidad- es de carácter obligatorio e inexcusable, pues, son éstos los que establecen los límites de competencia del Tribunal de Casación para tramitar el Recurso y considerar su admisibilidad o inadmisibilidad.

CONSIDERANDO V: (Análisis del cumplimiento de los presupuestos para la admisión del Recurso de Casación).- Del análisis del memorial del Recurso de Casación presentado por Luis Vera Romero de fs. 261 a 273, planteó su Recurso de Casación, contra el Auto de Vista No. 44/2008 de 21 de octubre (de fs. 216 a 218), y de la revisión de las diligencias correspondientes se verificó:

V.1.- Del Plazo.- El recurrente Luis Vera Romerofue notificado con el Auto de Vista No. 44/2008 de 21 de octubre, el 29 de octubre de 2008 y por memorial presentado el 04 de noviembre del mismo año dedujo su Recurso de Casación contra la referida Resolución, así consta en el cargo de presentación (fs. 273 vta.). Por lo que, el recurrente Luis Vera Romero presentó su Recurso dentro del plazo de los 5 días establecidos en la primera parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose el ritual procesal en cuanto al plazo.

V.2.- De la Invocación del precedente contradictorio y la fundamentación.- El recurrente Luis Vera Romero, no citó como precedente contradictorio ningún Auto Supremo ni Auto de Vista al momento de interponer su Recurso de Apelación Restringida de fs. 171 a 188, menos preciso cual la contradicción existente, contraviniendo lo dispuesto por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, empero y a tiempo de presentar su Recurso de Casación el recurrente invocó como precedente contradictorio varios Autos Supremos, que en el caso de autos resulta permisible en el entendido de que los defectos absolutos que denuncio en su Recurso de Casación se dieron en la tramitación y emisión del Auto de Vista recurrido.

Introduciéndonos al análisis de los requisitos de admisibilidad se establece que: el impetrante, Luis Vera Romero, interpuso su Recurso de Casación dentro el término previsto por Ley, el recurrente invocó y citó como precedente contradictorio los siguientes Autos Supremos:

AS No. 23/2007 de 26 de enero emitida por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo como doctrina legalmente aplicable que: "Cuando en un Tribunal de alzada se suscite disidencia respecto al proyecto del primer relator, se debe convocar a otro Vocal, convocatoria que necesariamente debe ser notificada a las partes a efectos de que puedan ejercer o no su derecho a recusar a dicho magistrado, para que en función de ese voto, mantener la ponencia primigenia o en su defecto, nombrar relator al primer disidente, sin requerir de nuevo "sorteo". En todo caso de acuerdo al artículo 79 de la Ley de Organización Judicial esa disidencia deberá constar en la resolución respectiva así como la intervención y firma del primer relator", que en el caso en análisis es uno de los motivos del Recurso de Casación, que por su trascendencia en la tramitación y la posible lesión al debido proceso y Juez natural, se hace necesario su consideración en el fondo.

AS No. 61/2007 de 27 de enero emitida por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo como doctrina legalmente aplicable "La celebración de la audiencia de fundamentación oral del recurso de apelación restringida, como parte del derecho a la defensa del recurrente, necesariamente debe ser celebrada por el Tribunal que resolverá la causa, a efecto de garantizar los principios de publicidad, oralidad e inmediación." y que en el caso de autos es uno de los motivos del Recurso de Casación, que amerita que este Tribunal proceda al análisis y cotejo de lo sostenido por el recurrente en su memorial de recursivo y el Auto impugnado, teniendo en cuenta probable lesión al derecho a la defensa.

AS No. 103/2004 de 20 de febrero pronunciada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo como doctrina legal aplicable, Que, el derecho de recurrir se encuentra precisado de manera expresa en el art. 394 del Código de Procedimiento Penal. Que el recurso incidental que planteó el padre del procesado con la facultad conferida por el art. 389 inc. 4) del Código Penal, cumplía lo establecido en los arts. 403, 404 y 405 del Código de Procedimiento Penal, para ser elevado ante el Tribunal de alzada, pero el Tribunal de Sentencia No. 4 de la ciudad de La Paz al no remitir obrados al Tribunal de apelación, vulnera las normas del debido proceso, suprimiendo su derecho a la defensa, reconocidos por el art. 16 de la Constitución Política del Estado; derechos que competía al Tribunal de alzada restituirlos inmediatamente en ejercicio de la facultad otorgada por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial y el tercer parágrafo del art. 407 del Código de Procedimiento Penal, que permite al Tribunal de apelación admitir y entrar al fondo de un recurso de apelación restringida, cuando se detecta la existencia de defectos absolutos y vicios de sentencia en el juicio oral, previstos en los arts. 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal los que no pueden ser convalidados"; y que en el caso de autos es uno de los motivos del Recurso de Casación, afectando la omisión directamente a la garantía del debido proceso proclamado en el parágrafo IV del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, razón que amerita surgiendo la imperiosa necesidad de revisar aun de oficio, a objeto de evitar violaciones al debido proceso.

AS No. 320/2003 de 14 de junio pronunciada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo como doctrina legal aplicable, "La revisión de oficio por parte del tribunal de apelación como el de casación se encuentra limitada en razón de la existencia de una violación de un acto procesal insubsanable, que no sea producto de la desidia de las partes, manteniéndose excepcional y eventualmente la doctrina legal de la revisión de oficio.", y que en el caso de autos es uno de los motivos del Recurso de Casación, afectando la omisión directamente a la garantía del debido proceso, razón que amerita surgiendo la imperiosa necesidad de revisar aun de oficio, a objeto de evitar violaciones al debido proceso.

AS No. 411/2006 de 20 de octubre pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo como doctrina legal aplicable, "Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación." Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones plateadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, y que en el caso de autos es uno de los motivos del Recurso de Casación, afectando la omisión directamente a la garantía del debido proceso proclamado en el parágrafo IV del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, razón que amerita surgiendo la imperiosa necesidad de revisar aun de oficio, a objeto de evitar violaciones al debido proceso.

AS No. 183/2007 de 6 de febrero pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo como doctrina legal aplicable, "Que, el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el Art. 1 de la Ley Nº 1970, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a la reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporada legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del Art. 370 incisos 1) 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal.", y que en el caso de autos es uno de los motivos del Recurso de Casación, afectando la omisión directamente a la garantía del debido proceso proclamado en el parágrafo IV del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, lo que amerita su consideración en el fondo por este Tribunal.

AS No. 008/2007 de 20 de enero pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo como doctrina legal aplicable, "Al no haberse pronunciado el Tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por la procesada, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación."; y que en el caso de autos es uno de los motivos del Recurso de Casación, afectando la omisión directamente a la garantía del debido proceso proclamado en el parágrafo IV del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, razón que amerita su consideración.

AS No. 449/2007 de 12 de septiembre pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo como doctrina legal aplicable, "La falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva; de ahí, que es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales y a terceras personas interesadas, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la resolución del conflicto penal", y que en el caso de autos es otro más de los motivos del Recurso de Casación, afectando la omisión directamente a la garantía del debido proceso, razón que amerita que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la problemática planteada.

En cuanto a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio invocada como precedente contradictorio, se debe dejar en claro que de conformidad a lo previsto por el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, las Sentencias constitucionales no pueden constituirse ni ser invocados como precedente contradictorio en materia penal.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y de acuerdo a lo previsto en la Norma procesal contenida en los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal; declara ADMISIBLE el Recurso de Casación deducido por Luis Vera Romero de fs. 261 a 273, impugnando el Auto de Vista No. 44/2008 de 21 de octubre (fs. 216 a 218 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal de acción pública seguido por el Ministerio Público y la Empresa Minera Catavi contra el recurrente por la comisión de los ilícitos de Peculado, Contratos Lesivos al Estado y Falsificación de Documento Privado previstos y sancionados por los arts.142, 221 y 200 del Código Penal.

Para fines del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copia del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del País, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer a todos los Jueces en materia penal que por disciplina jurisprudencial debe ser observada erga omnes.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.-

Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso.

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante R.

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Fdo. William E. Alave Laura

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 2/2012

?? ?? ?? ??