SALA PENAL LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº: 284/12 Fecha: Sucre, 10 de septiembre de 2012

Distrito: Chuquisaca

Expediente: 75/08

Partes: Ministerio Público c/ Pedro Caballero Fernández

Delito: Fabricación de Sustancias Controladas en grado de Complicidad, Asociación Delictuosa,

Confabulación y Encubrimiento.

Recurso: Casación

VISTOS:

El Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Publico de 13 de junio de 2007 cursante a fs. 229 y 230 impugnando el Auto de Vista No. 195/2008 de 11 de agosto de 2008de fs. 216 a 221, pronunciado por la Sala Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Pedro Caballero Fernández, por la comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas en grado de Complicidad, Asociación Delictuosa, Confabulación y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 47 primera parte en relación al 76, 53 y 75 de la Ley Nº 1008, los antecedentes, y;

CONSIDERANDO I:(De los actos procesales).-

Que, de la revisión de los antecedentes y actuados cursantes en el cuaderno procesal venido en Casación se establece; que, el proceso se ha sustanciado en el Tribunal Primero de Sentencia de Chuquisaca, en lo siguiente:

I.I.- De la acusación y del ofrecimiento de la prueba de cargo y descargo.- Que, la acusación Fiscal de 28 de enero de 2008 de fs. 8 a 12 formulada en contra de Antonio Arriaga Zarate, Eloy Caballero Fernández, Adolfo Caballero, Ángel Quispe, Hilarión Andia, Romualdo Sánchez, Máximo Canase y Pedro Caballero Fernández, refiriendo que en la localidad de Sapse, en fecha 23 de febrero de 2006, efectivos antinarcóticos junto con el Fiscal asignado encontraron una fábrica de cocaína en pleno funcionamiento con 15 personas de los cuales se les aprehendió a cinco, se observó dos pozos de maceración, 75 tanques de coca y otros implementos que fueron utilizados para la producción de cocaína, también se encontró una sustancia blanquecina que sometida a la prueba de campo dio como resultado de cocaína con un peso de 8000 gramos. La Acusación Fiscal sostiene que Antonio Arriaga de Zarate y Eloy Caballero Fernández, se constituyen en los cabecillas de la organización, los que mandaban y eran los dueños de la fábrica, de los precursores y de la cocaína que se producía, también los encargados de contratar a las personas, Antonio Arriaga tiene antecedentes de hechos inmersos en la Ley No. 1008 en la ciudad de Santa Cruz, Eloy Caballero era el químico que impartía instrucciones a los pisadores y batidores, Pedro Caballero Fernández y Adolfo Caballero fueron los que controlaban e intimidaban a las personas que pretendían denunciar de la existencia de la fábrica.

Por todo lo referido el Ministerio Publico Acusó a los señores Antonio Arriaga Zarate, Eloy Caballero Fernández, por la comisión de los delitos de Fabricación de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previsto y sancionados en los arts. 47con relación al 33-l) y 53 de la Ley No. 1008, Pedro Caballero Fernández por la comisión del delito de Fabricación de sustancias Controladas en grado de complicidad, Asociación Delictuosa, Confabulación y Encubrimiento, previstos y sancionados en los arts. 47 con relación al 76, 53 y 75 de la Ley No.1008, Adolfo Caballero Quispe, por los delitos de Fabricación en grado de complicidad, Asociación delictuosa y confabulación, previstos y sancionados en los arts. 47 con relación a los arts. 76 y 53 de la Ley No. 1008, Hilarión Andia y Romualdo Sánchez, por la comisión de los delitos de Fabricación de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados en los arts. 47 y 53 de la ley. No. 1008.

I.II.-De la tramitación del Juicio oral, público y contradictorio.- Que, admitido el pliego acusatorio se dictó auto de radicatoria de fs. 12 vta., en el Tribunal de Sentencia Primero en lo Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca y cumplidos los actos preparatorios se procedió a dictar Auto de Apertura del Juicio oral cursante a fs. 27 y vta., en fecha 26 de febrero de 2008; por lo que, cumplidos las exigencias dispuesta por los arts. 61, 62 de la Ley 1970, fueron convocados las partes intervinientes al debate público con el ofrecimiento de sus pruebas propuestas y fundamentaciones respectivas.

Que, el desarrollo del juicio se inicia con la audiencia pública de 4 de abril de 2008 de fs. 73 y vta. y siguientes de fs. 91 a 98, 101 y 102 y vta., 149 a 170 y vta., con la concurrencia de los sujetos procesales y testigos, consiguiente registro, lectura y descripción de la prueba instrumental producidos en el juicio y material aportado por el Ministerio Publico, en cumplimiento del art. 335 del Código de Procedimiento Penal y analizando la prueba en su conjunto con la sana crítica y prudente arbitrio y con el criterio unánime de los miembros del Tribunal se dictó Sentencia No. 05/2008 de 23 de mayo de 2008 de fs. 171 a 182 y vta., pronunciada por el Tribunal Primero de Sentencia de Chuquisaca,

I.III.-De la Sentencia.- Que, mediante Sentencia No. 05/2008 de 23 de mayo de 2008 de fs. 171 a 182 y vta., pronunciada por el Tribunal Primero de Sentencia de Chuquisaca, con relación a la excepción de falta de acción, porque no fue legalmente promovida la misma formulada por la defensa del acusado, Pedro Caballero Fernández habiéndose diferido su resolución para Sentencia en observancia del art. 345 del Código de Procedimiento Penal , con el voto unánime de sus miembros y en congruencia con los fundamentos expuestos precedentemente, Falla, declarando la referida excepción improbada, sin costas por no estar prevista por Ley.

Con relación a la Acusación Fiscal formulada contra Pedro Caballero Fernández, referente a su participación en los delitos de Fabricación en grado de Complicidad, Asociación Delictuosa, confabulación y Encubrimiento incursos en los arts. 47, primera parte con relación a los arts. 76, 53 y 75 de la Ley No. 1008, con el voto unánime de sus miembros falla declarándolo absuelto de culpa y pena en observancia del art. 363-2) del Código de Procedimiento Penal, porque la prueba aportada en la celebración del juicio es insuficiente para generar certeza y convicción plena en los miembros del Tribunal, respecto a la participación criminal del acusado en los delitos atribuidos, sin costas en observancia del art. 266 del Código de Procedimiento Penal.

Se advirtió a las partes que tienen el término de 15 días para presentar el Recurso de Apelación Restringida, una vez que sean notificados personalmente.

I.IV.- Del Recurso de Apelación Restringida.-Que, el Ministerio Publico mediante memorial de 13 de junio de 2007, cursante a fs. 196 a 201 de obrados, interpone Recurso de Apelación Restringida; aludiendo:

1.- La Sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba art. 370-6) de Ley de 1970, referida a la valoración defectuosa de la prueba testifical, violándose el art. 171 del Código de Procedimiento Penal a tiempo de pronunciar Sentencia, toda vez que no aplico o no dieron crédito o fe a la voz Populi de los pobladores de la comunidad de Sapse.

2.-Que, existe fundamentación contradictoria de la Sentencia, defecto previsto en el art.370-5) de la Ley de 1970, toda vez que, la fundamentación probatoria expuesta en las conclusiones Primera, Tercera y Cuarta a las que ha arribado el Tribunal a tiempo de dictar Sentencia, otorgó todo el valor legal a las declaraciones testifícales de Albis, Gonzales, Ticona y Meneses, que establecieron que los responsables del hecho ilícito serian Pedro Caballero, Antonio Arriaga y Eloy Caballero, por lo que, al no haberse valorado correctamente estos aspectos se ha violado el art.167 del Código de Procedimiento Penal.

I.V.-Del Auto de Vista.- Como resultado del Recurso de Apelación Restringida interpuesta por el representante del Ministerio Público de fecha13 de junio de 2007 de fs. 196 a 201 y cumplidos con los trámites de rigor, la Sala Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca dictó el Auto de Vista No. 195/2008 de 11 de agosto de 2008 de fs. 216 a 221, pronunciado por la Sala Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca, con la atribución prevista por el art. 51-2) de la Ley No. 1970 declarando Improcedente ambos motivos del Recurso de Apelación Restringida planteado por el Ministerio Publico, en consecuencia mantiene incólume la Sentencia dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de Chuquisaca, en base de los siguientes argumentos.

Que, los requisitos impuestos por Ley para la formulación de Recursos, tienen la finalidad de que el Tribunal conozca a cabalidad los fundamentos de hecho y de derecho, que expone el recurrente, indicando cual los agravios y cual su pretensión, en ese sentido la Ley de 1970 estableció normas generales y específicas y en el caso presente el art. 408 de la Ley de 1970, activa dicho medio de impugnación por inobservancia o errónea aplicación de la Ley e impone que se citen concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas, debiendo mencionarse por separado cada violación con sus fundamentos y en las condiciones de tiempo y forma, con indicación especifica de los aspectos cuestionados, lo que significa que se deben tener en cuenta los principios de pertinencia y congruencia, la invocación y fundamentación de normas que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, es decir no es suficiente haber cumplido el requisito de la interposición referido a la norma violada, sino que dicha norma invocada tenga relación con la parte de la resolución, además de fundamentarse los que se afirma.

En cuanto a la valoración defectuosa de la prueba testifical de cargo, defecto de Sentencia previsto en el art. 370-6) del Código de Procedimiento Penal, expuesto por el recurrente y revisada la misma de manera prolija, el Tribunal de alzada concluye que no es evidente la afirmación del recurrente en sentido de que el juez A quo hubiera incurrido en violación del art. 171 pues dicha norma regula la libertad probatoria y el medio de prueba testifical que fue legalmente admitido, consecuentemente no es evidente la violación de los normas adjetivas invocadas.

En cuanto a la fundamentación contradictoria de la Sentencia, se verifico que se invocó como norma violada el art. 167 del Código de procedimiento Penal, norma que carece de vinculación y pertinencia con el motivo alegado, por cuanto dicha norma se refiere a la exclusión de valoración para conclusiones y a los actos que se hubieran cumplido sin guardar las formas y condiciones en el proceso, en el caso particular, no se acusó ninguna infracción procesal en relación a la prueba testifical de cargo introducido de acuerdo a procedimiento, en consecuencia el recurrente no ha acreditado las violación de la norma alegada.

Con relación a la información producida en el juicio, el apelante incurre en confusión por cuanto los testigos valorados positivamente relataron información de hechos o actos que no presenciaron y que les fueron informados por terceros, que no fueron identificados ni concurrieron al juicio, por lo que, esta información en su contenido no les consta a los testigos que fueron oídos en juicio, siendo testigos referenciales no directos. Por todo lo referido el Tribunal de Alzada concluye que el apelante no ha acreditado la incongruencia acusada y que carece de sustento la afirmación de no haberse escuchado la vos populi, pues en materia penal es indispensable prestar testimonio de algo que se sepa, del hecho que se le juzga y de lo que haga conocer de manera directa al Tribunal de juicio, para que el Tribunal pueda valorar objetivamente bajo los principios de inmediación y contradicción y no basar sus resoluciones en afirmaciones de hechos oídos de un grupo de personas de las que no se tiene mayores informaciones, de lo que se concluye, que en el caso de autos no existe contradicción deviniendo el recurso en improcedente.

CONSIDERANDO II: (De los motivos y argumentos del Recurso de Casación).-

Que, el memorial de Recurso de Casación presentadopor el Ministerio Publico de 13 de junio de 2007 cursante a fs. 229 y 230 impugnando el Auto de Vista No. 195/2008 de 11 de agosto de 2008 de fs. 216 a 221, pronunciado por la Sala Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Pedro Caballero Fernández, por la comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas en grado de Complicidad, Asociación Delictuosa, Confabulación y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 47 en relación al 76, 53 y 75 de la Ley Nº 1008, se coligen los siguientes argumentos:

Que, en el Recurso de Apelación Restringida se enunciaron dos motivos, el primero Sentencia basada en valoración defectuosa de la prueba testifical, el segundo referido a la fundamentación contradictoria de la Sentencia.

Para el primer motivo el recurrente invoco como precedentes contradictorios los A. S. No. 562 de 01 de octubre de 2004, 654 de 25 de octubre de 2004, 384 de 26 de septiembre de 2005, 308 de 25 de agosto de 2006, 436 de 20 de octubre de 2006, 307 de 25 de agosto de 2006 y 104 de 31 de mayo de 2005, con relación a que el Tribunal de Alzada a tiempo de dictar el Auto de Vista No. 195/2008 declarando la improcedencia del recurso de Apelación Restringida y convalidando los fundamentos de la Sentencia en razón de que los testigos presentados en el juicio son indirectos, sin embargo la norma sustantiva y adjetiva no hacen referencia ni mencionan categorías de testigos como directos e indirectos, por lo que, esta Resolución es contradictoria al A. S. No. 654 de 25 de octubre de 2004, la contradicción precisamente radica en que el Tribunal de Alzada no constato la correcta o incorrecta valoración de la prueba testifical al no otorgarle valor a las declaraciones de los testigos que recibieron la información directa de los familiares de los detenidos que dieron a conocer inmediatamente después de descubierta la fábrica de cocaína, que los dueños y responsables eran Antonio Arriaga, Eloy Caballero y Pedro Caballero.

Con relación al segundo motivo, el recurrente alude a ver citado los A. S. No.183 de 06 de febrero de 2007 y 724 de 06 de noviembre de 2004, que refieren que la fundamentación de la Sentencia debe ser clara y sin contradicciones, en el caso de autos en la Sentencia se ha advertido en la parte de conclusiones, primera, tercera y cuarta estuvieron convencidos que las declaraciones de los testigos Albis, Gonzales, Ticona y Menes con relación al hecho eran creíbles y con eficacia jurídica, porque determinaron que Antonio Arriaga, Eloy Caballero y Pedro Caballero son los responsables de la fabricación de Sustancias Controladas, pero en la fundamentación jurídica de la Sentencia el propio Tribunal entra en contradicción al manifestar que no son testigos directos, decisión que les llevo a no valorar la prueba testifical citada y según el Tribunal de Alzada no existen las contradicciones aducidas, lo cual no es cierto, para la compresión de este cometido cito los A. S. No. 183 de 06 de febrero de 2007, 724 de 06 de noviembre de 2004, que no admiten la existencia de contradicciones en la Sentencia

Con estas dos posiciones el Auto de Vista recurrido ha violado el derecho a la tutela judicial efectiva, entendida como el derecho que tienen las partes a que el Juez emita sus resoluciones de manera razonable, congruente y pertinente ante una determinada petición, por lo expuesto, solicita dejar sin efecto el Auto de Vista obligando a pronunciar uno nuevo.

CONSIDERANDO III: (Del Derecho universal a impugnar o Recurrir).-

Que, el derecho a impugnar o recurrir las resoluciones, deviene de un componente esencial del debido proceso, el mismo que se define, como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías por un juez o tribunal competente e imparcial, por ello, el derecho a recurrir, es una de las garantías internacionales reconocidas a las personas y proclamadas en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que preceptúa: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley"; asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, en sus arts. 8 -2 inc. h), señala: "El derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" y el art. 25 ordinal 1, consigna que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"; por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual nuestro país es signatario mediante Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000, en su art. 14 núm. 5, establece: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley".

Es así, que en esa labor de aplicación de la Norma, la ex - Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo No. 297-I de 14 de agosto de 2006, dictado por la Sala Penal Primera ha establecido, que el Recurso de Casación: "Es un recurso de puro derecho que la Ley concede a los litigantes para invalidar una sentencia o un auto definitivo cuando en éste se hubiere infringido una Ley o para anular la resolución recurrida o un proceso, cuando se hubiere dictado o tramitado violando formas esenciales establecidas por Ley"

Derecho a recurrir o impugnar, que se encuentra tutelado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su art. 180-II, preceptúa: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales"; a su vez, el art. 394 del Código de Procedimiento Penal, establece el derecho de recurrir, pero, bajo las reglas generales establecidas en el art. 396 del mismo cuerpo legal.

CONSIDERANDOIV: (De los requisitos esenciales que viabilizan el recurso de casación).-

Que, la Constitución Política del Estado en su art. 180-II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que a su vez, es una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 82 - h) de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14 num. 5, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ya citado; debiendo los sujetos procesales a tiempo de interponer los distintos Recursos, en este caso el Recurso de Casación, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la Ley conforme a las disposiciones contenidas en el art. 396 - 3) del Código de Procedimiento Penal.

En ese contenido, el Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, en su art. 416 establece, que el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista emitidos por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales de Justicia), contrarios a otros precedentes contradictorios pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (actualmente Tribunal Supremo de Justicia); por otra parte, el articulado en análisis instituye, que el precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la Apelación Restringida; por último, la norma procesal prescribe, que se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado norma distinta o una misma norma con diversos alcances.

El plazo para interponer el Recurso de Casación, es de 5 días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado y deberá ser presentado ante la Sala que lo dictó, en el Recurso deberá señalarse la contradicción con términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que se invocó el precedente.

Es de entender, que el cumplimiento de estos dos requisitos de admisibilidad son obligatorios e inexcusable, pues, éstos son los que establecen los límites de competencia del Tribunal de Casación para tramitar el Recurso y considerar su admisibilidad o inadmisibilidad.

CONSIDERANDO V: (Análisis del cumplimiento de los presupuestos para la admisión del Recurso de Casación).-

Del análisis del memorial de Recurso de Casación presentado por el Ministerio Publico de 13 de junio de 2007 cursante a fs. 229 y 230, impugnando el Auto de Vista No. 195/2008 de 11 de agosto de 2008 de fs. 216 a 221, pronunciado por la Sala Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Pedro Caballero Fernández, por la comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas en grado de Complicidad, Asociación Delictuosa, Confabulación y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 47 primera parte en relación al 76, 53 y 75 de la Ley Nº 1008, se verificó.

V.1.- Del Plazo.- De la diligencia cursante a fs. 222 de obrados, se verificó que el Fiscal asignado fue notificado el 26 de agosto de 2008, con el Auto de Vista No. 195/2008 de 11 de agosto de 2008 de fs. 216 a 221, pronunciado por la Sala Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca, interponiendo el Recurso de Casación el 01 de septiembre de 2008, como costa en el cargo de fs. 231,por lo que, el recurrente presentó su Recurso de Casación dentro el plazo establecido en la primera parte del art. 417 del Código de Procedimiento Penal, cumpliendo el ritual procesal en cuanto al plazo.

V.2.- De la Invocación del precedente contradictorio y la fundamentación.- Que, el Ministerio Público estableció varios Autos Supremos como precedentes contradictorios al momento de interponer el Recurso de Apelación Restringida, como el A. S. No.562 de 01 de octubre de 2004, el A. S. No. 654 de 25 de octubre de 2004, A. S. No. 436 de 20 de octubre de 2006 y A. S. No. 307 de 25 de agosto de 2006, en atención a lo expresado, analizado y revisado los puntos expuestos en el Recurso de Casación, cuaderno procesal y las Sentencias aducidas y Autos Supremos citados,se tiene, que las fundamentaciones esgrimidas en la Sentencia fueron valorados correctamente, en tanto no fueron acreditados las violaciones de las normas alegadas en el recurso de Casación ni especificado la prueba testifical quebrantada, ni constatada la correcta o incorrecta valoración de la prueba testifical. Por consiguiente, las afirmaciones del recurrente no son evidentes.

En cuanto al segundo motivo del Recurso de Casación, referida a la fundamentación contradictoria de la Sentencia,se tiene, que tanto el Tribunal de Sentencia y Tribunal de Alzada que asumieron conocimiento de la causa han obrado correctamente, no habiendo acreditado el recurrente la incongruencia acusada, ni sustentado las contradicciones invocadasen términos claros y precisos entre la Sentencia impugnada y los precedentes invocados, por lo que, se colige que no ha cumplido con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.

En definitiva, el Recurso de Casación presentado, por el representante del Ministerio Público, impugnando el Auto de Vista de con el Auto de Vista No. 195/2008 de 11 de agosto de 2008 de fs. 216 a 221, pronunciado por la Sala Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca, no cumple con los requisitos formales exigidos para su admisión conforme a lo previsto por los arts. 416, 417 del Código de Procedimiento Penal deviniendo en consecuencia, la Inadmisibilidad del Recurso de Casación planteado.

POR TANTO.-

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en aplicación del art. 8-ll de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de la Norma Procesal contenida en los arts. 416, 417 del Código de Procedimiento Penal, declara: INADMISIBLE el Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Publico de 13 de junio de 2007 cursante a fs. 229 y 230, impugnando el Auto de Vista No. 195/2008 de 11 de agosto de 2008 de fs. 216 a 221, pronunciado por la Sala Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca, al no ser evidentes las violaciones de las Leyes sustantivas y adjetivas acusadas, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Pedro Caballero Fernández, por la comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas en grado de Complicidad, Asociación Delictuosa, Confabulación y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 47, primera parte en relación al 76, 53 y 75 de la Ley Nº 1008, con costas.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Silvana Rojas Panoso

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante R.

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Fdo. William E. Alave Laura

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2012