SALA PENAL LIQUIDADORA

Auto Supremo: 185/2012 Fecha: Sucre, 2 de agosto del 2012.-.

Expediente: 125/10

Distrito: La Paz

Partes: Ministerio Público c/ Celestino Quispe Choque y otros.-

Delito: Atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad del trabajo, despojo y privación

de libertad, (arts. 213, 303, 351 y 292 num. 3 del Código Penal)

Recurso: Casación


VISTOS: El Recurso de Casación cursante de fs.2.498 a 2.499, interpuesto por el procesado Celestino Quispe Choque, con la adhesión del co acusado Lucas Ramos Posto cursante a fs. 2510, impugnando el Auto de Vista de fs. 2489 a 2491, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz en fecha 7 de septiembre de 2009, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Juan Sebastián Cusi Ramos, por la comisión de los delitos de Atentado Contra la Libertad de Trabajo, Atentado Contra la Seguridad del Transporte, Despojo y Privación de la Libertad, tipificados y sancionados por los arts. 213, 303, 351 y 292 num. 3) del Código Penal; los antecedentes de la causa, el Requerimiento Fiscal de fs. 2520 a 2521, y;

CONSIDERANDO I: Que, a través de la Sentencia de primera instancia cursante de fs. 2437 a 2446 de 31 de marzo de 2009, se establece que el Juzgado de Partido en lo Penal Liquidador de la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, pronunció Sentencia Condenatoria contra los procesados Casiano Escobar condori, Meliton Villalobos Tancara, Lucas Ramos Posto, Celestino Quispe Choque y Joaquín Tancara Condori, por la comisión de los delitos de Atentado Contra la Seguridad de los Transportes, Atentados Contra la Libertad de Trabajo, Despojo y Privación de Libertad, tipificados y sancionados por los arts. 213, 303, 251 y 292 num. 3) del Código Penal, condenándolos a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión a ser cumplida en la Cárcel Pública de "San Pedro" de la ciudad de La Paz, más el pago de costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia, por otro lado, dictó Sentencia Absolutoria a favor de los procesados, respecto de la comisión de los delitos de Atentado Contra la Seguridad de los Servicios Públicos y Secuestro tipificados y sancionados por los arts. 214 y 334 del Código Penal, por sólo existir prueba semiplena respecto a su consumación.

Que, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se establece que previa compulsa de los medios de prueba aportados y publicitadas en los debates del Plenario, el Juez de mérito determinó como hechos comprobados que::

El 28 de julio del año 1998, se reunieron dirigentes de la Provincia Totorani del Departamento de La Paz y los comunarios con el querellante Juan Sebastián Cusi Ramos, a quien le hicieron conocer su disconformidad con la concesión minera otorgada en su favor, ya que dichos predios son propios de la Comunidad, amenazando al querellante con no dejarlo trabajar, al no llegar a ningún acuerdo ambas partes declararon un cuarto intermedio.

El 4 de diciembre 1998, los comunarios dirigidos por Gregorio Ramos, Celestino Quispe, Joaquín Tancara y Lucas Ramos Posto, Meliton Villalobos y Casiano Escobar se constituyeron en la concesión minera y expulsaron a los trabajadores, levantando inventario de herramientas, bloquean el camino a la mina cavando zanjas para evitar el ingreso de las volquetas a las minas, elementos de convicción recabados de las Diligencias de Policía Judicial.

El 7 de diciembre, tomó conocimiento de los hechos suscitados el querellante quien se constituye en la Comunidad Totorani. Ya en el lugar se presentó ante las autoridades (los querellados) siendo conducido a la iglesia donde le privaron de su libertad y en forma posterior a su esposa, siendo ambos luego trasladados al Club de Madres donde guardaron detención hasta el día 11 de diciembre que fueron entregados al Cap. Remberto Toboada Arias, Jefe Policial de Patacamaya.

Hechos que subsumen la conducta típica y antijurídica en los tipos penales que motivaron al juez de la causa a dictar la Sentencia cuestionada.

CONSIDERANDO I: Que, a mérito del Recurso de Apelación interpuesto por los procesados de fs. 2460, 2462, 2471, así como del escrito de fundamentación en alzada saliente a fs. 2477, 2481, 2486, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz pronunció el Auto de Vista de fecha 7 de septiembre 2009 de fs. 2489 a 2491 por el que se confirmó la Sentencia apelada en todas sus partes, sosteniendo que el Juez A quo en la dictación de la sentencia impugnada, procedió correctamente dentro del marco de la Ley, efectuando un análisis lógico jurídico de todos los elementos de prueba existentes en actuados, conforme a las reglas de la sana crítica previsto en los arts. 135, 144 y 164 del Código de Procedimiento Penal de 1972, tanto en el fondo como en la forma.

CONSIDERANDO II: Que, a través del escrito cursante de fs. 1498 a 1499, y 2510, los procesados Celestino Quispe Choque y Lucas Ramos Posto interpusieron Recurso de Casación contra el Auto de Vista de fecha 7 de septiembre de 2009 de fs. 2489 a 2491, solicitando se "revoque el Auto de Vista así como la Sentencia pronunciados, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, dejando sin efecto la sentencia (...)" (sic.), alegando como motivos de su Recurso que la prueba no fue debidamente compulsada bajo los parámetros del art. 243 del Código de Procedimiento Penal, ya que su persona, en este caso Celestino Quispe Choque, no se encontraba en Totorani el día de los hechos y que las supuestas concesiones mineras de Juan Sebastián Cusi Ramos, han sobrepuesto las tierras de la Comunidad, además que el tiempo transcurrido en la celebración del presente juicio hacen ver que todas las actuaciones son viciosas y nulas.

CONSIDERANDO III: Que, en lo referente al Recurso de Casación, los recurrentes argumentaron que no se consideraron los argumentos de hecho y de derecho expuestos por su defensa, ni las pruebas de cargo y de descargo que acreditaban su inocencia, ya que se hizo una mala compulsa a la prueba.

Que, al tenor del art. 135 del Código de Procedimiento Penal, la valoración de todos los medios de prueba que informan el proceso corresponde privativamente a los Jueces y Tribunales de instancia y la infracción de la Ley penal sólo se admite cuando hay error de hecho o de derecho plenamente comprobados, con pruebas auténticas, sea en la calificación de los delitos establecidos en la Sentencia o bien en la graduación de la sanción impuesta a los procesados.

Que, de la revisión de obrados se establece que las conclusiones arribadas por los Tribunales de primera instancia y de Apelación, respecto a la determinación del hecho, su tipicidad, la responsabilidad de los procesados y la determinación de la pena, se encuentran debidamente respaldadas por las pruebas de cargo, habiendo actuado correctamente sin haber infringido norma sustantiva alguna, al estar comprobado que los procesados incurrieron dolosamente en la comisión de los delitos calificados.

POR TANTO.- La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, en acuerdo con el Requerimiento Fiscal cursante de fs. 455 a 456 y en aplicación del art. 307 num. 2) del Código de Procedimiento Penal (D.L. Nº 10426 de 23 de agosto de 1972), declara: INFUNDADO el Recurso de Casación cursante de fs. 2498 a 2499 y 2510, interpuesto por los procesados Celestino Quispe Choque y Lucas Ramos Posto en el que impugna el Auto de Vista Nº 573/2009 de 7 de septiembre de 2008, cursante a fs. 2489 a 2491 vlta. de obrados pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido contra los recurrentes por la comisión del Delito de Atentado Contra la Seguridad de los Servicios Públicos y Secuestro, tipificados y sancionados por los arts. 214 y 334 del Código Penal, con costas.

Regístrese, Comuníquese y Devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante R.

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Fdo. Willam E. Alave Laura

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2012