SALA PENAL LIQUIDADORA

Auto Supremo: 151/2012 Fecha: 17 de julio de 2012

Expediente: 03/09

Distrito: Beni

Partes: Ministerio Público, Manuel Parada Duran y Consuelo Tanaka Vaca c/ Mercedes Orellana Peña y

Liliana Rojas Pereira.

Delito: Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado.

Recurso: Nulidad y Casación (sistema procesal antiguo)

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VISTOS: Los Autos correspondientes al Recurso de Nulidad y Casación cursante de fs. 354 a 355, interpuesto por la procesada Mercedes Orellana Peña, impugnando el Auto de Vista Nº 03 de 29 de enero de 2009 de fs. 349 a 350 vta., pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial del Beni, dentro del proceso penal seguido en su contra y Liliana Rojas Pereira por el Ministerio Público, Manuel Parada Duran y Consuelo Tanaka Vaca, por la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal; el Requerimiento Fiscal de fs. 368 y 369; los antecedentes de la causa; y,

CONSIDERANDO I: Que, el Juzgado de Partido Liquidador de la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni cursante de fs. 231 a 233 vta., pronunció la Sentencia Nº 21 de 8 de agosto de 2001, condenando a las procesadas Mercedes Orellana Peña y Liliana Rojas Pereira, en su rebeldía, a la sanción penal de ocho años de reclusión a ser cumplidos en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de la ciudad de Trinidad, por ser autoras y culpables de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal, imponiéndoseles además el pago de costas, daños y perjuicios.

Que, de la revisión de la Sentencia condenatoria pronunciada en el caso de Autos, se tiene que previa compulsa de los medios de prueba aportados y publicitadas en los debates del Plenario, el Juzgado de mérito determinó como hechos comprobados que Mercedes Orellana Peña, en su calidad de tramitadora, recibió por parte de las víctimas los documentos referentes a su derecho de propiedad sobre bienes inmuebles urbanos a fin de que efectuara los trámites de registro ante la H. Alcaldía Municipal y las oficinas de Derechos Reales; sin embargo, se estableció que las procesadas Mercedes Orellana Peña y Liliana Rojas Pereira tramitaron préstamos hipotecarios, gravando los bienes inmuebles de propiedad de las víctimas a través de la utilización de Poderes Notariados que no fueron otorgados por parte de las víctimas, pues, menos aún, constarían sus firmas en el Protocolo Matriz, concluyéndose que las procesadas Mercedes Orellana Peña y Liliana Rojas Pereira intervinieron en todo el trámite para la obtención de préstamos hipotecarios sobre los bienes inmuebles de propiedad de las víctimas a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Martín de Porres" Ltda., adscribiendo sus conductas a los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal.

Que, previo apersonamiento de la procesada Mercedes Orellana Peña, ésta y Liliana Rojas Pereira interpusieron el Recurso de Apelación de fs. 330 a 331, remitiéndose obrados ante el Tribunal de alzada que a través de la Resolución Nº 03 de 29 de enero de 2009 declaró la improcedencia del Recurso de Apelación interpuesto por su presentación extemporánea en consideración a que las procesadas en estado de rebeldía fueron notificadas legalmente con la Sentencia a través de la publicación del Edicto saliente a fs. 245 de 14 de marzo de 2003, interponiendo su Recurso de Apelación de fs. 331 en fecha 19 de junio de 2003, es decir, fuera del plazo previsto por el art. 284 del Código de Procedimiento Penal de 1972.

CONSIDERANDO II: Que, a través del escrito cursante de fs. 354 a 356, la procesada Mercedes Orellana Peña interpone Recurso de Nulidad y Casación contra el Auto de Vista Nº 03 de 29 de enero de 2009, argumentando que el Tribunal de alzada, antes de emitir el fallo declarando la improcedencia del Recurso de Apelación por ser extemporáneo, debió obrar en cumplimiento del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, corrigiendo los vicios procesales existentes en la tramitación de la causa; por otro lado, refiere que a la fecha de emisión del fallo de segunda instancia ya se habría cumplido el plazo previsto por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Nº 1970, correspondiendo la extinción del proceso y el archivo de la causa.

CONSIDERANDO III: Que, ingresando al análisis y consideración del Recurso de Casación deducido por Mercedes Orellana Peña, este Tribunal establece de la revisión de antecedentes, que conforme previno el Tribunal de alzada, la procesada no hizo oportuno ejercicio del Recurso de Apelación, confirmándose la Sentencia de primera instancia, sin que la ahora recurrente haya impugnado esa decisión a través del Recurso de Casación, estableciéndose así, por un lado, que no está habilitada para deducir el Recurso de Nulidad y Casación al tenor del art. 262 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, norma que es de aplicación en materia penal al tenor del art. 355 del Procedimiento Penal, al no estar permitido el "per saltun", conforme ha determinado este Tribunal de Casación a través de reiterados y uniformes fallos, así entre otros a través del Auto Supremo Nº 114 de 01 de marzo de 2004.

Por otro lado, sin perjuicio de la falta de viabilidad jurídica expuesta precedentemente para la consideración del Recurso de Casación, resulta asimismo evidente que la recurrente, desconociendo que conforme la doctrina y la abundante jurisprudencia nacional sentada sobre el Recurso de Casación o de Nulidad estructurados por el art. 296 del Código de Procedimiento Penal (1972) como Recursos extraordinarios, se equipara a una demanda de puro derecho, encaminada a restablecer el imperio de la Ley, cuando los Tribunales de grado hubieren incurrido en el quebrantamiento de normas adjetivas o sustantivas, empero, para ello, el Recurso, según lo previsto por el art. 301 del Código de Procedimiento Penal (1972), concordante con el art. 258 inc. 2) de su homólogo Civil, no sólo debe limitarse a efectuar una simple relación de los hechos, sino que además deberá citar la Ley o Leyes procesales cuya inobservancia se impugna o la Ley sustantiva o de fondo cuya violación se acuse por uno u otro motivo, indicando igualmente en qué consiste el quebrantamiento de las primeras y la violación de las segundas. En el caso de Autos, la recurrente argumentó que el Tribunal de alzada debió corregir los vicios procesales en los que se habría incurrido en la tramitación de la causa, omitiendo citar las normas que habrían sido violadas y que importen la nulidad de obrados con reposición de obrados, por lo que indudablemente corresponde aplicar el numeral 1) del art. 307 del Código de Procedimiento Penal, al no estar abierta la competencia del Tribunal de Casación para ingresar al conocimiento del fondo de la causa.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, en acuerdo con el Requerimiento Fiscal cursante de fs. 368 y 369 y en aplicación del art. 307 num. 1) del Código de Procedimiento Penal (D.L. Nº 10426 de 23 de agosto de 1972), declara: INPROCEDENTE el Recurso de Nulidad y Casación cursante de fs. 354 a 355, interpuesto por la procesada Mercedes Orellana Peña, impugnando el Auto de Vista Nº 03 de 29 de enero de 2009 de fs. 349 a 350 vta., pronunciado por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial del Departamento del Beni, con costas.

Regístrese, Comuníquese y Devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. Ma. Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante R.

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Fdo. William E. Alave Laura

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

ibro Tomas de Razón 1/2012