SALA PENAL LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº: 131/2012 Fecha: 02 de julio de 2012

Expediente: 129/08

Distrito: La Paz

Partes: Lucila Guillermina Ortuño de Canaviri c/ Luís Ernesto Gamarra Fajardo

Delito: Daño Simple (Art. 357 del Código Penal)

Recurso: Casación

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VISTOS:

Los Autos correspondientes al Recurso de Casación de fs. 201 a 207, interpuesto por Luís Ernesto Gamarra Fajardo, impugnando el Auto de Vista de 8 de abril de 2008 de fs. 188 a 189, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz en grado de Apelación de Sentencia, dentro del proceso de acción penal privada promovido en su contra por Lucila Guillermina Ortuño de Canaviri, por la presunta comisión del delito de Daño Simple, tipificado y sancionado por el art. 357 del Código Penal; los antecedentes de la causa; y,

CONSIDERANDO I:

Que, a mérito de la acusación presentada por Lucila Guillermina Ortuño de Canaviri de fs. 15 y 16, el Juzgado Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz sustanció las incidencias del proceso de acción penal privada promovido contra Luís Ernesto Gamarra Fajardo, por la presunta comisión del delito de Daño Simple, tipificado a través del art. 357 del Código Penal, en consideración a que la acusación manifestó que el procesado inició obras de construcción el año 2006 de un edificio de seis plantas en la Calle 13 de la Zona de "Calacoto" de la ciudad de La Paz, sin asumir el menor cuidado en la realización de las obras, llegando a causar una serie de daños materiales en su inmueble, sufriendo así una grave afectación con motivo de la obras.

Que, mediante Sentencia de 20 de noviembre de 2007 de fs. 138 a 142, el juez de la causa declaró al procesado Luís Ernesto Gamarra Fajardo, absuelto de la comisión del delito de Daño Simple, tipificado a través del art. 357 del Código Penal, a mérito de considerar insuficiente la prueba aportada en su contra, fallando así a su favor sin lugar a la condenación de costas a la parte acusadora.

Que, contra la Sentencia absolutoria pronunciada, tanto la parte procesada, así como la acusadora, interpusieron a su turno Recurso de Apelación Restringida, solicitando en el caso del procesado, la confirmación de la Sentencia de grado con la única modificación en la imposición de costas a su favor, mientras que la parte acusadora solicitó la anulación de la Sentencia y el pronunciamiento de una resolución de condena por la comisión del ilícito atribuido.

Que, a través del Auto de Vista de 8 de abril de 2008 de fs. 188 a 189, el Tribunal de Apelación, conformado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, dispuso la reposición de obrados hasta fs. 158 inclusive, expresando que la parte acusadora no habría sido notificada con el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por el procesado, omisión que habría motivado que la acusadora no contestara el Recurso, además de que el Juez a quo no habría otorgado una debida providencia al momento de remitir obrados en grado de apelación, omitiendo emplazar a las partes conforme la previsión contenida en el art. 409 in fine del Código de Procedimiento Penal.

CONSIDERANDO II:

Que, a través del Recurso de Casación cursante de fs. 201 a 207, el procesado Luís Ernesto Gamarra Fajardo impugna el Auto de Vista pronunciado por el Tribunal de alzada, solicitando al Tribunal de Casación deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenando el pronunciamiento de un nuevo fallo conforme a la Doctrina Legal Aplicable, alegando como motivos de su Recurso:

1) La inobservancia de los principios de congruencia y razonabilidad por parte del Tribunal de Apelación como defecto procesal absoluto, refiriendo que el segundo Considerando de la Resolución impugnada no guardaría relación con la parte dispositiva del fallo, en virtud a que la diligencia extrañada por el Tribunal de alzada cursaría a fs. 173 y que el Auto de remisión saliente a fs. 178 cumpliría con las determinaciones procesales, por lo que no existiría fundamento legal para disponerse la reposición de obrados, constituyendo así una decisión arbitraria, señalando al efecto las contradicciones que al respecto concurrirían entre la Resolución impugnada y el precedente contradictorio contenido en los Autos Supremos Nº 307 de 11 de junio de 2003 y 373 de 6 de septiembre de 2006.

2) La declaración de nulidad por simple nulidad, sin la afectación de derechos fundamentales, expresando al respecto que en el caso de Autos el Tribunal de alzada ingresó a la revisión de oficio de los actuados procesales para disponer la reposición de obrados sin la existencia de defectos de procedimiento que constituyan defectos absolutos o que afecten derechos fundamentales que ameriten ser corregidos de oficio, decretándose en el caso presente una nulidad por simple nulidad, sin la existencia de una violación flagrante al debido proceso, utilizando de manera indebida la facultad conferida por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (actualmente abrogada), ingresando en contradicción de los precedentes insertos en los Autos Supremos Nº 193 de 2 de abril de 2004, 356 de 16 de septiembre de 2005 y 107 de 31 de marzo de 2005;

3) Falta de fundamentación de la Resolución impugnada, denunciando que el Tribunal de Apelación actuó con inobservancia de la norma contenida en el art. 124 del Código de Procedimiento Penal al pronunciar la Resolución impugnada, constituyendo una resolución anómala y arbitraria, para lo cual expresó que la motivación de las resoluciones judiciales implica, por su naturaleza valorativa, no solamente la resolución del caso, sino también llevar al convencimiento de que se hizo justicia; al respecto, el recurrente postuló la existencia de contradicciones entre la Resolución impugnada por falta de motivación con los precedentes contradictorios contenidos en los Autos Supremos Nº 373 de 06 de septiembre de 2006 y 410 de 20 de octubre de 2006 que establecerían que ningún fallo puede omitir la fundamentación a objeto de que los sujetos procesales puedan impetrar la revisión del fallo y conocer el razonamiento en el que se sustenta la resolución.

CONSIDERANDO III:

Que, previa verificación de los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal dispuso a través del Auto Supremo Nº 115 de 19 de junio de 2012, la admisión del Recurso de Casación interpuesto por el procesado a mérito de haber dado cumplimiento a la condición de tiempo prevista en el art. 417 del Código de Procedimiento Penal, para la interposición del Recurso de Casación, presentando el Recurso de Casación dentro de los cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, citando en calidad de precedentes contradictorios Autos Supremos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo además con la carga de postulación específica de las contradicciones deducidas entre los aspectos cuestionados de la Resolución impugnada y la Doctrina Legal establecida por los Autos Supremos citados, concluyéndose que el recurrente cumplió con los requisitos de admisibilidad prescritos en los art. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, por lo que corresponde establecer la existencia o no de las contradicciones deducidas por el recurrente.

CONSIDERANDO IV:

Que, conforme la revisión de obrados, se establece que la Resolución impugnada previamente a resolver los Recursos de Apelación Restringida interpuestos por ambas partes, dispuso de oficio la reposición de obrados hasta fs. 158 inclusive, expresando que la parte acusadora no habría sido notificada con el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por el procesado, omisión que según el Tribunal de alzada habría motivado que la acusadora no contestara el Recurso, además de que el Juez a quo no habría otorgado una debida providencia al momento de remitir obrados en grado de apelación, omitiendo emplazar a las partes conforme la previsión contenida en el art. 409 in fine del Código de Procedimiento Penal.

Que, del análisis de la decisión asumida por el Tribunal de Apelación en el caso de Autos y conforme los aspectos impugnados a través del Recurso de Casación interpuesto por el procesado, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal se establece que la parte acusadora fue legalmente notificada con el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por el procesado, conforme así se acredita de la diligencia de notificación saliente a fs. 173 efectuada en el domicilio señalado por esta parte para los efectos del proceso, suscribiendo la diligencia de notificación el abogado patrocinante de la acusadora.

Al respecto, corresponde tener presente que conforme dispone la norma procesal contenida en el art. 161 del Código de Procedimiento Penal "Las notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente haya aceptado o propuesto, salvo las notificaciones personales", siendo de considerar que los domicilios señalados por las partes para los efectos del proceso (domicilios procesales), conformé así también dispone el art. 162 del similar cuerpo procesal, pueden ser considerados como medios legales para asumir conocimiento de las notificaciones que sean dispuestas en el transcurso del proceso, tales como los meros decretos de traslado con los Recursos que sean interpuestos, los cuales no constituyen resoluciones judiciales que por su naturaleza deban ser notificadas de manera personal, siendo así que por disposición del art. 163 del Código de Procedimiento Penal, "Se notificarán personalmente: 1) La primera resolución que se dicte respecto de las partes, 2) las sentencias y resoluciones de carácter definitivo; 3) las resoluciones que impongan medidas cautelares personales, y 4) otras resoluciones que por disposición de este Código deban notificarse personalmente."

Que, en el contexto antes descrito y conforme las normas que regulan el trámite del Recurso de Apelación Restringida, el art. 409 del Código de Procedimiento Penal, si bien dispone que una vez interpuesto el Recurso, se pondrá a conocimiento de las otras partes para que dentro del término de diez días lo contesten, esta norma procesal no dispone que la notificación con el Recurso deba ser efectuada de manera personal, por lo que en el caso de Autos el Tribunal de alzada mal pudo extrañar la notificación personal de la parte acusadora con el Recurso de Apelación Restringida interpuesta por el procesado y disponer la reposición de obrados, cuando ni el art. 163 ni el art. 409 el Código de Procedimiento Penal, disponen que dicha actuación deba ser notificada de manera personal, estando debidamente cumplida la formalidad y finalidad de la comunicación judicial a través de la notificación efectuada en el domicilio procesal señalado por esa parte para los efectos del proceso, más aún si conforme se advierte del memorial presentado por la parte acusadora el 9 de enero de 2008 cursante de fs. 167 a 170, esta parte puso de manifiesto que el procesado al interponer su Recurso de Apelación Restringida habría invocado en calidad de precedentes contradictorios Sentencias Constitucionales, solicitando se tuviera presente ese aspecto al momento de resolverse el Recurso, deduciéndose que parte acusadora tuvo pleno conocimiento del Recurso de Apelación Restringida interpuesto por parte del procesado, sin que la falta de contestación al Recurso de Apelación Restringida constituya un obstáculo procesal para el trámite y Resolución del Recurso de Apelación, cuando el art. 409 in fine del Código de Procedimiento Penal al respecto dispone: "Vencidos los plazos con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones en el termino de tres días ante el tribunal de alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de diez días a contar desde la remisión", por lo que en el caso presente el Tribunal de alzada debió pronunciarse sobre el fondo de las cuestiones planeadas por los recurrentes al estar cumplidos los trámites del Recurso.

Que, con relación al argumento utilizado por el Tribunal de alzada en el sentido de que el Juez de la causa no habría otorgado una debida providencia al momento de remitir obrados en grado de apelación, omitiendo emplazar a las partes conforme la previsión contenida en el art. 409 in fine del Código de Procedimiento Penal, es necesario puntualizar que si bien el Auto de remisión de fs. 178 no emplazó a las partes para que comparezcan ante el Tribunal de alzada en el plazo de diez días a contar desde la remisión, conforme así lo dispone el art. 409 in fine del Código de Procedimiento Penal, esta omisión no puede ser considerada como un defecto absoluto en la tramitación de la cusa y, por lo mismo, constituir un motivo legal para disponerse la reposición de obrados como lo hizo el Tribunal de alzada, pues no constituye un error o inobservancia del procedimiento que pueda ser calificado como lesivo a la garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulable, siendo esto imperante solo en aquellos casos en el que el defecto tenga relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos o errores in procedendo provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, pues, no tiene sentido jurídico alguno anular los actos procesales y disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando no existe afectación de las partes y al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que se alcanzó mediante el acto procesal observado, en razón de que en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado, por lo que al disponerse la reposición de obrados el Tribunal de alzada no consideró la falta de trascendencia del defecto y que, por otro lado, no obstante la omisión extrañada, las partes se apersonaron ante el Tribunal de Apelación, tal así que la parte acusadora procedió a fundar oralmente su Recurso de Apelación Restringida conforme se acredita del Acta de audiencia saliente a de fs. 185 a 186 vta., realizada con presencia de ambas partes, sin que en ningún momento del procedimiento la parte acusadora haya solicitado oportunamente que el defecto sea corregido, solicitando su notificación personal, de considerarlo imprescindible.

Que, desde el punto de vista doctrinal, las nulidades -según expone JORGE CLARIÁ OLMEDO- consisten en la invalidación de actos cumplidos e ingresados al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización, en tal sentido, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social.

Que, en el caso presente, la Resolución impugnada no demostró la consecuencia irreparable de la falta de emplazamiento a las partes, menos aún explicó fundadamente qué derechos y garantías procesales de trascendencia constitucional de las partes habrían sido vulneradas para asumirse una decisión como la reposición de obrados, siendo por ello evidente que la resolución tampoco se encuentra debidamente motivada o fundada en derecho, ni cuenta con un motivo válido para la decisión asumida, siendo asimismo de considerar que al estar configurado un procedimiento penal finalista y no formalista por nuestro sistema procesal penal vigente, se reconoce la corrección de la actividad procesal defectuosa y no así la nulidad de actuados con reposición de obrados, siendo así que el art. 168 del Código de Procedimiento Penal dispone: "Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido del defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido", quedando convalidados aquellos actos procesales que no obstante presentar un defecto no calificado como absoluto (1) no hayan sido oportunamente observados por las partes pidiendo se subsanen, (2) acepten expresa o tácitamente los efectos del acto o (3) no obstante la irregularidad el acto consiguió su fin con respecto a todos los interesados, conforme así previene el art. 170 del Código de Procedimiento Penal, siendo circunstancias que concurren en el caso de Autos como se tienen demostrado precedentemente.

Que, a mérito de las consideraciones expuestas y siendo evidente las infracciones impugnadas por el Recurrente, así como las contradicciones existentes entre la Resolución impugnada y los precedentes contradictorios invocados en el Recurso de Casación, corresponde establecer la Doctrina Legal Aplicable que a continuación se expresa.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

I. En cuanto a los medios de notificación, el art. 161 del Código de Procedimiento Penal dispone: "Las notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente haya aceptado o propuesto, salvo las notificaciones personales", y el art. 162 (Lugar de notificación) del similar cuerpo procesal dispone: "Los fiscales y los defensores estatales serán notificados en sus oficinas y las partes en el domicilio que hayan constituido en su primera actuación o, en su defecto, en estrados judiciales; salvo el caso de las notificaciones personales", teniéndose que las notificaciones personales conforme dispone el art. 163 del Código de Procedimiento Penal deben efectuarse en los siguientes casos: 1) La primera resolución que se dicte respecto de las partes, 2) las sentencias y resoluciones de carácter definitivo; 3) las resoluciones que impongan medidas cautelares personales, y 4) otras resoluciones que por disposición de este Código deban notificarse personalmente.", de donde se establece que aquellas resoluciones que no se hallen comprendidas en el art. 163 del Código de Procedimiento Penal, tal el caso de un mero decreto de traslado con el Recurso de Apelación Restringida, que por disposición del art. 409 del Código de Procedimiento Penal no tiene la exigencia expresa de ser efectuada de manera personal, pueden ser notificadas en los lugares previstos por el art. 162 del mismo cuerpo procesal penal, siendo plenamente válidas las notificaciones efectuadas en los domicilios constituidos por las partes para los efectos del proceso con la entrega de la resolución a los abogados que patrocinan o defienden la causa, como aconteció en el caso de Autos, máxime si se tiene en consideración que los antecedentes de la causa informan que la parte ya tuvo conocimiento del acto procesal.

II. Los errores o inobservancias del procedimiento, pueden ser calificados como lesivos a la Garantía del debido proceso y, consiguientemente, anulables, solo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos o errores in procedendo provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y además sea determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues, no tiene sentido jurídico alguno anular los actos procesales y disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que se alcanzó mediante el acto procesal observado, en razón de que en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo resultado. Es así que surge también la obligación de demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la nulidad de actos procesales.

Las nulidades consisten en la invalidación de actos cumplidos e ingresados al proceso sin observarse las exigencias legales impuestas para su realización, en tal sentido, no todo defecto o no toda irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento produce la nulidad y para declarar dicha nulidad se debe tomar en cuenta determinados principios como: no hay nulidad sin texto, vale decir, que la irregularidad de la que adolece el acto debe estar sancionada de manera expresa, pero además debe tener trascendencia, es decir, que el vicio debe ser de tal magnitud que impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido en orden al derecho o garantía que se dice violado; pero además las nulidades deben ser interpretadas de manera restrictiva a efectos de evitar se desvirtúe el régimen legal mediante una interpretación extensiva o analógica y finalmente debe tomarse en cuenta el interés, pues no hay nulidad por la nulidad misma en sentido de que la nulidad puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas se traduce en un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. Consiguientemente, exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social.

Toda vez que el sistema procesal penal vigente en el país tiene diseñado un procedimiento penal finalista y no formalista, se reconoce la corrección de la actividad procesal defectuosa y no así la nulidad de actuados con reposición de obrados, siendo así que el art. 168 del Código de Procedimiento Penal dispone: "Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido del defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido", quedando convalidados aquellos actos procesales que no obstante presentar un defecto no calificado como absoluto (1) no hayan sido oportunamente observados por las partes pidiendo se subsanen, (2) acepten expresa o tácitamente los efectos del acto o (3) no obstante la irregularidad el acto consiguió su fin con respecto a todos los interesados, conforme así previene el art. 170 del Código de Procedimiento Penal

III. Toda Resolución judicial debe estar debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a exponer todos los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, exigencia que no solo responde a un mero formalismo de estructura, sino que al margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez, que a su vez implica el respeto a los derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales. Así, la garantía del debido proceso, en el ámbito de sus presupuestos, exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada, por cuanto, cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no solo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante la referida garantía que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en uno o en otro sentido.

La exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales asume aún mayor relevancia y exigibilidad en las resoluciones pronunciadas en grado de apelación, siendo imprescindible que estas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan con relación a los aspectos cuestionados, a objeto de que se permita concluir que sus conclusiones son el resultado de una correcta y objetiva valoración de los antecedentes, más aún así para el caso de la corrección de obrados por actividad procesal defectuosa, pues esta únicamente podrá asumirse en caso de la insuperable vulneración de derechos y garantías de trascendencia constitucional, surgiendo así la obligación de demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la invalidación de actos procesales.

POR TANTO:

La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de la norma procesal contenida en el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara: FUNDADO el Recurso de Casación cursante de fs. 201 a 207, interpuesto por Luís Ernesto Gamarra Fajardo, y DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de fecha 8 de abril de 2008 de fs. 188 a 189, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz; en consecuencia, se determina que la misma Sala Penal del Distrito Judicial de la ciudad de La Paz, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie una nueva Resolución, conforme a los razonamientos jurídicos de la Doctrina Legal establecida en el presente Auto Supremo.

Para fines del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copia del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, se ponga en conocimiento de los Jueces y Tribunales penales de su Distrito lo determinado en el presente Auto Supremo. Asimismo, en aplicación de la norma contenida en el art. 17-IV de la Ley de Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de Ley.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.-

Magistrado Relatora: Dra. Maria Lourdes Bustamante

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante R.

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Fdo. Willam E. Alave Laura

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2012