SALA PENAL LIQUIDADORA

Auto Supremo: 121/2012 Fecha: Sucre, 25 de junio de 2012

Expediente: 03/09

Distrito: La Paz

Partes: Mary Paz Salas Mena c/ Fernando Julio López Laruta y Emma Laruta Gutiérrez de

Lovera

Delito: Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado

Recurso: Casación (sistema procesal antiguo)


VISTOS: Los Autos correspondientes al Recurso de Casación de fs. 734 a 735 vta., interpuesto por Raúl Bruno Gutiérrez Condori en calidad de Abogado Defensor de Oficio de los procesados declarados en rebeldía Fernando Julio López Laruta y Emma Laruta Gutiérrez de Lovera, impugnando la Resolución Nº 133 contenida en el Auto de Vista de 28 de octubre de 2008 de fs. 731 a 732 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia del Departamento de La Paz, dentro del proceso de acción penal pública seguido por Mary Paz Salas Mena contra sus defendidos, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados a través de los arts. 199 y 203 del Código Penal; los antecedentes de la causa; el Requerimiento Fiscal de fs. 742 a 744; y,

CONSIDERANDO I: Que, el Juzgado Tercero de Partido en lo Penal de la ciudad de La Paz, a través de la Resolución Nº 53/2007 de fs. 673 a 678, pronunció Sentencia condenatoria en primera instancia contra los procesados Fernando Julio López Laruta y Emma Laruta Gutiérrez de Lovera, declarándolos en su rebeldía autores y culpables de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados a través de los arts. 199 y 203 del Código Penal, imponiéndoles la pena privativa de libertad de 6 años de reclusión a ser cumplida por cada uno de ellos en el Penal "San Pedro" y Centro de Orientación Femenina de Obrajes de esa ciudad respectivamente, más la imposición de costas a favor del Estado, así como el pago de daños y perjuicios a la parte civil.

CONSIDERANDO II: Que, a mérito del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Defensor de Oficio, Dr. Raúl Gutiérrez Condori, conforme designación judicial de 3 de octubre de 2007 saliente a fs. 692 vta., así como el escrito de fundamentación del Recurso en alzada de fs. 726 a 727 vta., el Tribunal de Apelación conformado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, pronunció la Resolución Nº 133 contenida en el Auto de Vista de 28 de octubre de 2008 de fs. 731 a 732 vta., confirmando la Sentencia de primera instancia, sosteniendo haberse acreditado suficientemente a través de las pruebas cursantes en obrados la comisión de los ilícitos por parte de los procesados, estando plenamente demostrado que utilizaron los Poderes Notariados Nº 789/93 de 13 de diciembre de 1993 y 207/94 de 20 de abril de 1994, con la finalidad de obtener un crédito de la empresa "IMCRUZ", haciéndose constar que Blanca Laruta de Larcón, Emma Laruta Gutiérrez y Ruben Laruta Gutiérrez otorgaban poder a favor de Fernando Julio López Laruta a objeto de que pueda otorgar en garantía el bien inmueble situado en la Zona de Tembladerani, Callejón 10, Nº 188, no obstante que el Notario de Fe Pública, Leoncio Quezada Peña dejó de ejercer las funciones de Notario el año 1965, falleciendo el año 1981; por lo que el Auto de Vista concluyó que la Sentencia ponderó debidamente esos extremos, no siendo así necesaria la realización de peritaje grafológico extrañada por la parte recurrente, en vista de haberse consignado en los poderes utilizados la intervención de un funcionario público que falleció muchos años antes a la presunta otorgación de los poderes, conforme se acreditó del Certificado de Defunción que al tenor del art. 1534 del Código Civil hace plena prueba.

CONSIDERANDO III: Que, a través del Recurso de Casación interpuesto por el defensor de oficio de los procesados, se impugna el Auto de Vista de 28 de octubre de 2008, solicitando se revoque la resolución impugnada a objeto de declararse la absolución de los condenados, alegando como motivos de su Recurso: (1) Que no se comprobó fehacientemente que los procesados falsificaron los poderes acusados de falsos, ya que el "único medio valedero" (sic.) para acreditar la falsedad de documentos sería la realización de un examen grafológico, que si bien habría sido solicitado por el anterior abogado defensor de oficio, no fue efectuado durante la tramitación del proceso; (2) Que los poderes fueron de conocimiento de los firmantes así como de la querellante que suscribió en calidad de garante, por lo que la acción penal ejercitada por los acusadores respondería únicamente a eludir las obligaciones contraídas; (3) La falta de tipicidad e inexistencia de delito, por considerar que la conducta atribuida a sus defendidos no se adecua a los tipos penales insertos en los arts. 199 y 203 del Código Penal; y (4) Que los querellantes carecerían de legitimación activa para ejercer la acción penal, ya que el directo afectado de la comisión de los delitos atribuidos sería únicamente la empresa "IMCRUZ".

CONSIDERANDO IV: Que, ingresando al análisis y consideración de los motivos deducidos en el Recurso de Casación, de la revisión de obrados se establece que la comisión de los delitos atribuidos, así como la responsabilidad penal de los procesados se encuentran debidamente acreditados por las pruebas logradas durante las Diligencias de Policía Judicial, pues, conforme han hecho notar debidamente los Tribunales de instancia, al pronunciar las respectivas resoluciones con los fundamentos expuestos, en el caso presente se tiene demostrado suficientemente que los procesados, con la finalidad de obtener un crédito de la Empresa "IMCRUZ" S.A., utilizaron los Poderes Notariados Nº 789/93 de 13 de diciembre de 1993 y 207/94 de 20 de abril de 1994 a través de los cuales se hacía constar respectivamente que Blanca Laruta de Larcón, Emma Laruta Gutiérrez y Ruben Laruta Gutiérrez otorgaban poder presuntamente a favor de Fernando Julio López Laruta, autorizando que éste pueda otorgar en garantía el bien inmueble situado en la Zona de Tembladerani, Callejón 10, Nº 188, llegándose asimismo a establecer a través de las certificaciones salientes a fs. 17, 60 y 101 que el Notario de Fe Pública, Leoncio Quezada Peña, dejó de ejercer las funciones de Notario ya el año 1965, falleciendo el año 1981, por lo que naturalmente no pudo intervenir en la otorgación del Poder que fue utilizado por los procesados en su beneficio.

Que, estando acreditado de manera legal los hechos de que el Notario de Fe Pública, Leoncio Quezada Peña, por un lado, dejó de ejercer las funciones de Notario ya el año 1965 y que, por otro lado, falleció el año 1981, hacen que las literales que acreditan dichos extremos sean suficientes para demostrar que el Dr. Leoncio Quezada Peña no pudo participar como Notario de Fe Pública con posterioridad a esos años, no siendo evidente como postula el recurrente que en el caso presente el único medio valedero para determinar la falsedad sea a través de un examen grafológico, cuando existe prueba legal y suficiente que demuestra un hecho natural como el fallecimiento del referido Notario el año 1981.

Que, por otro lado, este Tribunal de Casación también establece que el Tribunal de alzada de manera correcta expresó que el objeto del proceso fue efectivamente la falsificación y utilización de los Poderes Notariados Nº 789/93 de 13 de diciembre de 1993 y 207/94 de 20 de abril de 1994, no constituyendo pertinente la alegación fáctica efectuada por el recurrente sobre el presunto conocimiento de los referidos poderes por parte de los querellantes al constituirse en garantes, pues los hechos atribuidos, acreditados y sancionados en el caso que nos ocupa lo constituyen precisamente la falsificación y utilización dolosa de los poderes cuya falsedad ha sido acreditada.

Que, siendo evidente que los hechos tenidos por demostrados por los Tribunales de instancia son que, con la finalidad de obtener un crédito de la Empresa "IMCRUZ" S.A., los procesados utilizaron los Poderes Notariados Nº 789/93 de 13 de diciembre de 1993 y 207/94 de 20 de abril de 1994 que autorizaba a otorgar en garantía el bien inmueble situado en la Zona de Tembladerani, Callejón 10, Nº 188, no obstante que el Notario de Fe Pública, Leoncio Quezada Peña, dejó de ejercer las funciones de Notario ya el año 1965, falleciendo el año 1981, se tiene que al calificarse y adecuarse su conducta a los tipos penales insertos en los arts. 199 y 203 del Código Penal, los Tribunales de instancia no incurrieron en la errónea aplicación de las referidas normas sustantivas, pues es de considerar que todos o casi todos los objetos materiales sobre los que recae la acción de los delitos de falsedades (sellos, documentos públicos, documentos mercantiles, títulos profesionales, etc.) son signos que engendran apariencia de realidad. La creación y la manipulación ilegítimas de esos objetos son ataques al tráfico fiduciario, a la fe pública, en la medida de que dichos objetos gozan de crédito en las relaciones sociales y su uso es indispensable para el normal desarrollo de una convivencia con un mínimo de organización, tal es así que sin la fe pública no podría desarrollarse el tráfico jurídico.

Que, en el caso presente, al calificarse y sancionarse la conducta ilícita de los procesados a los tipos penales insertos en los arts. 199 y 203 del Código Penal se obró correctamente en consideración a que los actos del proceso lograron acreditar que los poderes utilizados por los procesados fueron labrados y usados violentando la garantía de su autoría, sirviendo finalmente como un instrumento que probaba un contenido falso, lo cual deja además claro que los querellantes gozaron de legitimación para ejercitar la acción penal, por cuanto, los hechos delictivos atribuidos a los procesados no solamente constituyen acciones que afectan el interés público, sino también los intereses particulares de los querellantes; por lo expuesto, se tiene que los Tribunales de instancia no incurrieron en error alguno, ni violación de las normas sustantivas o procesales, no siendo evidentes las violaciones normativas deducidas por el recurrente.

POR TANTO.- La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, en acuerdo con el Requerimiento Fiscal de fs. 742 a 744 y en aplicación del art. 307 num. 2) del Código de Procedimiento Penal (D.L. Nº 10426 de 23 de agosto de 1972), declara: INFUNDADO el Recurso de Casación de fs. 734 a 735 vta., interpuesto por Raúl Bruno Gutiérrez Condori en calidad de Abogado Defensor de Oficio de los procesados rebeldes Fernando Julio López Laruta y Emma Laruta Gutiérrez de Lovera, impugnando la Resolución Nº 133 contenida en el Auto de Vista de 28 de octubre de 2008 de fs. 731 a 732 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Justicia del Departamento de La Paz, con costas.

Regístrese, Comuníquese y Devuélvase.-

Magistrada Relatora: Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez.

No interviene el Magistrado Dr. William E. Alave Laura por excusa declarada legal.

Fdo. Ma. Lourdes Bustamante R.

Fdo. Silvana Rojas Panoso

Proveído.- Angélica Sánchez Rojas Secretaria de Cámara de la Sala Penal Liquidadora

Libro Tomas de Razón 1/2012