SALA PENAL LIQUIDADORA

AUTO SUPREMO Nº : 72/12

Fecha : Sucre, 11 de mayo de 2012

Expediente : 27/08

Distrito : Potosí

Partes : Ministerio Público c/ Mary Elizabeth Vargas García y Otras.

Delito : Falsificación de Sellos, Papel Sellado y Timbres

Recurso : Casación


VISTOS: (Del recurso en cuestión)

El Recurso de Casación planteado por Mary Elizabeth Vargas García de fs. 180 a 184 vta., impugnando el Auto de Vista Nº 16/2008 de 8 de abril de 2008, cursante de fs. 173 a 175 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público, en contra de la ahora recurrente y Otras, por la comisión de los delitos de Falsificación de Sellos, Papel Sellado y Timbres, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado previstos y sancionados por los arts. 190, 198 y 203 del Código Penal, los antecedentes, y:

CONSIDERANDO: (Circunstancias Procesales)

Que, en mérito a Acusación Formal (fs. 15 a 20 vta.) planteada por el Ministerio Público contra Mary Elizabeth Vargas García, Sarai Eva Camiño Leniz y Bertha Cala Villasanti, por la comisión de los delitos de Falsificación de Sellos, Papel Sellado y Timbres, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado previstos y sancionados por los arts. 190, 198 y 203 del Código Penal, previa la sustanciación del juicio oral el Tribunal de Sentencia 1ro. en lo Penal del Distrito Judicial de Potosí, emite Sentencia en fecha 22 de enero de 2008, declarando a Mary Elizabeth Vargas García, autora y culpable de la comisión de los delitos de Falsificación de Sellos, Papel Sellado y Timbres y Falsedad Material previstos y sancionados por los arts. 190 y 198 del Código Penal, condenándole a cumplir la pena privativa de libertad de 1 año y 6 meses de reclusión a cumplir en el Penal de "Santo Domingo" además de costas al Estado, con relación a las otras co-imputadas se les absuelve de culpa y pena de los delitos de Falsificación de Sellos, Papel Sellado y Timbres, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado previstos y sancionados por los arts. 190, 198 y 203 del Código Penal.

Que, ante esta Sentencia el Ministerio Público (fs. 109 a 114); Mary Elizabeth Vargas García (fs. 118 a 121) a su turno, interponen Recurso de Apelación Restringida, mismo que previo el cumplimiento del procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Penal, en fecha 8 de abril de 2008, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Potosí, dicta Auto de Vista declarando Procedente el recurso de Apelación Restringida interpuesta por el Ministerio Público y deliberando en el fondo revoca en parte la Sentencia de fs. 87 condenando a Mary Elizabeth Vargas García a sufrir la pena de tres años de reclusión y con relación a la Apelación Restringida de Mary Elizabeth Vargas García se declara su improcedencia.

Notificado el Auto de Vista a las partes, Mary Elizabeth Vargas García formula Recurso de Casación contra el Auto de Vista Nº 16/2008 de 8 de abril de 2008 (fs. 180 a 185).

CONSIDERANDO: (Fundamentos sobre el planteamiento de casación)

Que, del estudio del Recurso de Casación, se establecen como motivos, los siguientes:

I.- Se acusa la omisión de la obligación que tenía el Tribunal de Alzada de circunscribir el Auto de Vista recurrido a los puntos impugnados así también la falta de motivación que genera defecto absoluto, señala que en el Considerando tercero del Auto de Vista recurrido se habría omitido fundamentar adecuadamente cual la razón por el que el Tribunal ad-quo no ha incurrido en errónea aplicación de la Ley sustantiva ni en valoración defectuosa de la prueba. A este punto, se hace referencia al Auto Supremo Nº 152 de 2 de febrero de 2007 que señala:"Que el Tribunal de alzada tiene limitada su competencia, porque debe circunscribir su actividad jurisdiccional a los puntos cuestionados; por otro lado, los puntos impugnados deben clasificarse y jerarquizarse, resumiendo y describiendo cada uno de ellos; actividad que servirá para expresar los fundamentos de la resolución".

II.- Señala la Infracción al Control Jurisdiccional en el Principio de la Sana Crítica en la valoración de la prueba esencial, que genera defecto absoluto anotado en el art. 169 num. 3) del Código de Procedimiento Penal, esto respecto a que el Auto impugnado en el Considerando cuarto refiere: "Que a los puntos apelados por la parte imputada debemos mencionar que la apreciación y valoración de los elementos de prueba es facultad privativa del Tribunal que dicta la sentencia..." A esta argumentación la recurrente señala que si bien es cierto que el Tribunal de alzada no puede realizar la valoración de la prueba ofrecida y producida por los sujetos y tampoco puede efectuar valoración fáctica del hecho, sin embargo, no quiere decir que en su condición de Órgano controlador del debido proceso, no esté facultado para disponer la anulación de la Sentencia en caso de que ésta sea confusa, contradictoria y alejada de las reglas de la sana crítica. Reitera que el Tribunal de Alzada no se pronuncia sobre los puntos apelados en relación a las pruebas testificales, materiales y periciales.

III.- Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, en mérito a que el Ministerio Público no acusó por el art. 199 segunda parte del Código Penal, sin embargo, el Auto impugnado se limita escuetamente a señalar en la parte final del tercer considerando "Debemos tener en cuenta que los delitos de falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas, contraseñas y falsedad material conlleva un resultado que va dirigido contra la fe pública, tal como sucede en el caso de autos de los que se resume, que el Tribunal a-quo no incurrió en errónea aplicación de la Ley sustantiva ni en la valoración defectuosa de la prueba, ...". Omitiendo referirse y fundamentar con criterio jurídico propio cuales son los elementos judicializados para concluir con una Sentencia condenatoria.

IV.- Omisión de fundamentación de la modificación del quantum de la pena, ya que de acuerdo al art. 45 del Código Penal, es el Tribunal de Sentencia el que tiene la facultad privativa de aumentar o no la pena en caso de concurso real de delitos.

V.- Se denuncia defecto absoluto por infracción al derecho de defensa en la etapa preparatoria de juicio y de controlar el pliego acusatorio y control de ofrecimiento de prueba, señalando que no fue notificada con el segundo pliego acusatorio incurriéndose en defecto absoluto establecido previsto por el art. 169 num. 2) y 3) del Código de Procedimiento Penal, viciando así de nulidad el juicio oral y contradictorio.

Finalmente, conforme a los antecedentes y fundamentos señalados supra, Mary Elizabeth Vargas García, interpone Recurso de Casación sustentando su petitorio en lo determinado por los arts. 416 y siguientes de la Ley Nº 1970, solicitando en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido.

CONSIDERANDO: (Procedibilidad ante un recurso de casación)

Que, sobre la Casación Roxin emite un criterio conceptual afirmando que: "La casación es un recurso limitado. Permite únicamente el control in iure. Esto significa que la situación de hecho fijada en la sentencia es tomada como ya establecida y sólo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido en una lesión al Derecho material o formal". Gian Antonio Micheli señala que: "El Recurso de Casación da lugar, pues, a un nuevo examen (...) limitado a determinados vicios de la Sentencia que deben ser hechos valer por la parte interesada a oponerlos; vicios que se refieren propiamente al juicio formulado por el Juez en la actuación concreta del derecho objetivo en el caso concreto (errores in iudicando) o bien a la inobservancia de las normas que regulan el desenvolvimiento del proceso (errores in procedendo)".

Según prevé el art. 416 del Código de Procedimiento Penal, el Recurso de Casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia (ahora Tribunales Departamentales de Justicia) o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo de Justicia). El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida. La norma entiende que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con el mismo alcance. El art. 417 del Código de Procedimiento Penal, dispone, que el Recurso de Casación deba interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del Auto de Vista impugnado, ante la Sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia. En el recurso, se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del Recurso de Apelación Restringida en el que se invocó el precedente; por lo que, el cumplimiento ineludible e inexcusable de estos requisitos determinará la eficacia del planteamiento, ya que si bien, nuestra normativa legal otorga el derecho a recurrir también exige requisitos que deben ser cumplidos y ante la negligencia a su cumplimiento deberá disponerse su inadmisibilidad sin que pueda interpretarse ésta, como a la negación a su derecho a recurrir, es así que a partir de su cumplimiento este Tribunal recién podrá ingresar a considerar el recurso planteado.

CONSIDERANDO: (Cumplimiento de los requisitos formales)

De conformidad al Auto Supremo Nº 60/12 de 3 de mayo de 2012, se acredita que, la recurrente cumplió con los requisitos establecidos por los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, constituyendo presupuestos de carácter formal para su admisión, con la finalidad de ingresar a determinar lo que fuese en derecho, por tal circunstancia correspondió la admisión; y por consiguiente este Tribunal pasa a analizar el recurso planteado.

Que, del análisis de antecedentes y fundamentos expuestos por Mary Elizabeth Vargas García, en el Recurso de Casación interpuesto el 28 de abril de 2008 (fs. 180 a 184 vta.), se arriba a las siguientes conclusiones:

I.- Respecto a la omisión en la que hubiese incurrido el Tribunal de alzada respecto al hecho de circunscribirse a los puntos apelados, más concretamente a la falta de fundamentación que el Tribunal Ad-quo habría incurrido en errónea aplicación de la Ley y en valoración defectuosa de la prueba. Al respecto, se debe dejar establecido que, sí existe un pronunciamiento a este punto por parte del Tribunal de alzada como así mismo lo señala la recurrente al mencionar que el Auto recurrido simplemente se limita a la trascripción y reproducción de la fundamentación probatoria jurídica de la Sentencia, ahora bien, lo que se debe analizar es el segundo aspecto, respecto a la falta de fundamentación a este punto, pues el Tribunal de Alzada a momento de resolver la Apelación Restringida realiza el análisis de los actuados que forman parte del proceso y la mención o cita que realiza a algunas de ellas es plenamente valido, observando siempre de no trastocar el límite entre la simple cita de hechos y que éstos no vayan a sustituir una debida fundamentación (aspecto prohibido), que sin embargo, compulsado el caso de Autos se establece que, el Tribunal de Alzada no incurre en este error ya que en el Auto de Vista hace la debida correlación de hechos debidamente ajustados a la correcta aplicación de la Ley, en la que no llegaron a establecer la errónea aplicación de la Ley o su inobservancia por el Tribunal de primera instancia.

ll.- Sobre la Infracción al Control Jurisdiccional del Principio de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, a esta argumentación la recurrente señala "que si bien es cierto que el Tribunal de alzada no puede realizar la valoración de la prueba ofrecida y producida por los sujetos y tampoco puede efectuar valoración fáctica del hecho, sin embargo, no quiere decir que en su condición de Órgano controlador del debido proceso no esté facultado para disponer la anulación de la Sentencia en caso de que ésta sea confusa, contradictoria y alejada de las reglas de la sana crítica", a este aspecto se debe señalar, la posibilidad de que el Tribunal de Alzada pueda disponer la nulidad pretendida por la recurrente que esta prevista por el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, misma que dispone: "Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, el Tribunal de alzada anulará o ..." (La negrilla y subrayado es nuestra), a este aspecto debemos señalar, primero, el hecho de la imposibilidad de revalorización de prueba, ya que se no puede estar a pretensión de las partes e incurrir en error al tratar de que Tribunales de segunda instancia ingresen en valoraciones que vulneren el principio de inmediación, ya que justamente se ha establecido para precautelar el derecho de las partes la imposibilidad de pronunciarse respecto a una prueba que no haya cumplido con las reglas de la inmediación, oralidad e incluso la contradicción ya que en este último punto será donde las partes harán prevalecer su derecho a la defensa al poner en conocimiento de los juzgadores el alcance positivo o negativo de la prueba y debió ser ese el momento de hacer valer sus derechos. Realizada esta aclaración lo que debió hacer la recurrente, es crear convicción en el Tribunal de revisión sobre la supuesta inobservancia o errónea aplicación de la Ley en la que hubiese incurrido el Tribunal de primera instancia para que se disponga la nulidad de la Sentencia y no así tratar de que se ingrese a valoraciones de pruebas.

III.- El hecho de la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, en mérito a que el Ministerio Público no acusó por el art. 199 segunda parte del Código Penal y este aspecto hubiese determinado la ampliación de la pena, a este punto se debe ser concreto, ya que el Auto de Vista recurrido no hace referencia alguna respecto a algún delito no atribuido en la acusación formal, y el artículo en su última parte al que refiere la recurrente tiene plena relación al delito de Falsedad Material (delito acusado y probado) ya que el parágrafo último del art. 199 del Código de Procedimiento Penal es aplicable tanto a la Falsedad Material como Ideológica, por lo tanto, no existe errónea aplicación más cuando está plenamente probado que la imputada a momento de cometer los ilícitos era funcionaria pública. La norma contenida en la última parte del art. 199 del Código de Procedimiento Penal no esta relacionado a un hecho en concreto sino que establece una especificidad de la sanción en los delitos de falsedad señalando, cuando el sujeto activo tiene una determinada condición, que en el presente caso sería el ser funcionario público, por lo que no vulnera ningún grado de congruencia.

IV.- Respecto a la omisión de fundamentación de la modificación del quantum de la pena, ya que de acuerdo al art. 45 del Código Penal, es el Tribunal de Sentencia el que tiene la facultad privativa de aumentar o no la pena en caso de concurso real de delitos, al respecto, se debe señalar que el art. 413 del Código de Procedimiento Penal en lo pertinente señala que el Tribunal podrá anular total o parcialmente la Sentencia cuando para dictar nueva Sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de alzada resolverá directamente por consiguiente, está plenamente habilitado para la modificación de la pena; ahora bien, el hecho de la omisión de la modificación respecto al quantum de la pena, esto no es evidente ya que en el último Considerando del Auto de Vista recurrido expresa el motivo de la modificación de la pena, sin embargo este Máximo Tribunal de Justicia no ingresa a mayor consideración respecto al quantum de la pena impuesto por no estar de acuerdo y al ser la imputada la única recurrente se vulneraría la Reformatio in Pejius, aplicando la dosimetría penal.

V.- Por último, se denuncia defecto absoluto por infracción al derecho de defensa en la etapa preparatoria de juicio y de controlar el pliego acusatorio y control de ofrecimiento de prueba, señalando que no fue notificada con el segundo pliego acusatorio; al punto, no se puede emitir consideración alguna por no haberse acreditado por parte de la recurrente este aspecto y este Máximo Tribunal no procedería sobre supuestos no acreditados válidamente.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la facultad conferida por la Disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, art. 8-II) de la Ley Nº 212, conforme dispone la segunda parte del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara: INFUNDADO el Recurso de Casación planteado por Mary Elizabeth Vargas García (fs. 180 a 184 vta.), en el que impugna el Auto de Vista Nº 16/2008 de 8 de abril de 2008, cursante de fs. 173 a 175 de obrados, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la ahora recurrente, por la comisión de los delitos de Falsificación de Sellos, Papel Sellado y Timbres, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado previstos y sancionados por los arts. 190, 198 y 203 del Código Penal.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.-

Fdo. MAGISTRADO RELATOR DE LA SALA PENAL LIQUIDADORA:

Dr. William E. Alave Laura

Fdo. MAGISTRADA DE LA SALA PENAL LIQUIDADORA:

Dra. Maria Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. MAGISTRADA DE LA SALA PENAL LIQUIDADORA:

Dra. Silvana Rojas Panoso

Ante mi: Miguel Angel Romero Argote

Secretario de la Sala Penal Liquidadora