SALA PENAL LIQUIDADORA

Auto Supremo: 70/2012

Fecha: 11 de mayo de 2012

Expediente: 25/08

Distrito: Potosí

Partes:Ministerio Público y Valeriano Estrada Arce c/ Juan Delfín López Quispe

Delito: Abigeato (Art. 350 del Código Penal)

Recurso: Casación


VISTOS: El Recurso de Casación cursante de fs. 157 a 166, interpuesto por el procesado Juan Delfín López Quispe, impugnando el Auto de Vista Nº 011/2008 de fecha 18 de abril de 2008 cursante de fs. 130 a 133, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Valeriano Estrada Arce por la presunta comisión del delito de Abigeato, tipificado y sancionado por el art. 350 del Código Penal; los antecedentes de la causa, y;

CONSIDERANDO I: Que, mediante Sentencia de Grado Nº 01/2008 de 19 de febrero de 2008 cursante de fs. 94 a 99, el Tribunal de Sentencia de Uyuni, Provincia Quijarro del Departamento de Potosí, por la unanimidad de sus miembros, declaró al procesado Juan Delfín López Quispe absuelto de pena y culpa por la comisión del delito de Abigeato, tipificado y sancionado por el art. 350 del Código Penal, a mérito de considerarse como insuficiente la prueba aportada por la parte acusadora.

Que, el acusador particular, Valeriano Estrada Arce, interpuso el Recurso de Apelación Restringida saliente de fs. 103 a 106 vta., contra la Sentencia de mérito, aduciendo como motivos de su Recurso: 1) La violación del art. 344 del Código de Procedimiento Penal; 2) Violación del principio de imparcialidad; 3) La incorporación de datos falsos en la Sentencia; 4) Violación del principio de continuidad; 5) Violación del art. 360 num. 3) del Código de Procedimiento Penal; 6) Errónea aplicación del art. 365 del Código de Procedimiento Penal; 7) Falta de fundamentación fáctica; 8) Errónea aplicación de la Ley sustantiva penal y valoración defectuosa de la prueba; 9) Insuficiente individualización del imputado; y 10) Incorrecta apreciación de la subsunción de la conducta del imputado al tipo penal inserto en el art. 350 del Código Penal.

Que, a través del Auto de Vista Nº 011/2008 de fecha 18 de abril de 2008 cursante de fs. 130 a 133, los Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de Potosí, declararon procedente el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por Valeriano Estrada Arce, Revocando totalmente la Sentencia pronunciada, disponiendo la condena del procesado sin necesidad de reenvío, por la presunta comisión del delito de Abigeato, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión, argumentando que la prueba aportada en el juicio sería suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del procesado, no cursando entre la prueba de descargo, elementos probatorios que acreditaran que el procesado se encontraba en la Localidad de Porco del 24 al 29 de diciembre de 2006, es decir, uno de los días en los que se habría suscitado los hechos.

CONSIDERANDO II: Que, a través del escrito cursante de fs. 157 a 166, el procesado Juan Delfín López Quispe interpone Recurso de Casación impugnando el Auto de Vista Nº 011/2008 de fecha 18 de abril de 2008 cursante de fs. 130 a 133, solicitando a este Tribunal se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se mantenga incólume la Sentencia de Grado pronunciada, por lo que previo análisis de los requisitos de admisibilidad del Recurso, este Tribunal dispuso a través del Auto Supremo Nº 57 de 03 de mayo de 2012 la admisión del Recurso de Casación interpuesto por Juan Delfín López Quispe, a mérito de haberse evidenciado la concurrencia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación en el Auto de Vista impugnado, correspondiendo proceder con su resolución.

CONSIDERANDO III: Que, del análisis de la decisión contenida en el Auto de Vista Nº 011/2008 de fecha 18 de abril de 2008 cursante de fs. 130 a 133, se acredita que el Tribunal de Apelación, al revocar totalmente la Sentencia de Grado Nº 01/2008 de 19 de febrero de 2008 cursante de fs. 293 a 298, disponiendo sin necesidad de reenvío la condena del procesado, por la presunta comisión del delito de Abigeato, imponiéndole la pena de cuatro años de reclusión, lo hizo a través de la revalorización de las pruebas al referir que "(...) la prueba aportada en el juicio sería suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del procesado, no cursando entre la prueba de descargo, elementos probatorios que acreditaran que el procesado se encontraba en la Localidad de Porco del 24 al 29 de diciembre de 2006 (...)" (sic.); desconociendo que la finalidad del Recuro de Apelación Restringida, conforme así dispone el art. 407 del Código de Procedimiento Penal, es la de impugnar la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva o adjetiva, no constituyendo el medio para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, toda vez que la valoración de la prueba constituye una facultad privativa de los Jueces y Tribunales de Sentencia.

Que, el Tribunal de mérito constituido en el sistema de justicia penal vigente en el país por los Jueces y Tribunales de Sentencia, son libres en la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento, siendo por ello que a través del Recurso de Apelación no se pueda efectuar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la Sentencia, por lo que queda fuera de la competencia de los Tribunales de alzada todo lo que se refiera a la valoración de los elementos de prueba y a la determinación de los hechos, por no constituir un Tribunal de segunda instancia, siendo únicamente factible en el ámbito de la prueba, efectuar un control jurídico sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la Sentencia, verificando si en la construcción de la convicción del juzgador se observaron los principios lógicos de identidad, de contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente, por lo que la garantía de motivación consiste en que mientras, por un lado, se deja al Juez de mérito la libertad de la apreciación de las pruebas, queda al mismo tiempo obligado, por otro lado, a correlacionar lógicamente los argumentos, demostrando su conclusión para prevenir la arbitrariedad.

Que, la línea jurisprudencial sentada por este Tribunal de Casación sobre el tema en análisis, ha establecido a través de la Doctrina Legal Aplicable contenida en los Autos Supremos Nº 438 de 15 de octubre de 2005 y 91 de 28 de marzo de 2006, entre otros, que en el nuevo sistema procesal penal no existe segunda instancia, por lo que el Tribunal de Apelación no tiene competencia para valorar la prueba producida en forma contradictoria en el juicio oral, pues son los Jueces y Tribunales de Sentencia quienes reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos; por lo que la objetividad de que trasciende a través de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación, pues éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre.

Que, en el caso sub lite, al revocarse la Sentencia absolutoria pronunciada por el Tribunal de mérito y dictar de manera directa una Sentencia condenatoria en contra del procesado, argumentándose para tal fin, que la prueba aportada en el juicio sería suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del procesado, no cursando entre la prueba de descargo elementos probatorios que acreditaran que el procesado se encontraba en la Localidad de Porco del 24 al 29 de diciembre de 2006, constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación por la flagrante vulneración a la garantía de la seguridad jurídica, entendida ésta como la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos establecidos previamente; por lo que corresponde dejar sin efecto la resolución impugnada y establecer la Doctrina Legal Aplicable.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE: Entre los principios procesales que subyacen el sistema de justicia penal en el país, se encuentran los de oralidad e inmediación, entendiéndose que un proceso es oral, como señala ROXIN, si la fundamentación de la Sentencia se realiza exclusivamente mediante el material de hecho introducido verbalmente en el juicio; teniéndose que lo rigurosamente oral es la ejecución de la prueba, los informes de las partes y la "última palabra" del imputado; es así que para que la oralidad despliegue su máxima eficacia, las actuaciones procesales realizadas oralmente deben efectuarse ante el destinatario de las mismas, esto es, con la inmediatez del Juez o Tribunal sentenciador. El contacto directo del juzgador con los sujetos intervinientes en el proceso hace que la justicia, en cierta medida, sea más cercana al justiciable; este contacto permitirá al Juez o Tribunal hacer una recreación de la realidad lo más certera posible, teniendo acceso directo con las pruebas que le permiten formular precisiones o aclaraciones que contribuyan a realizar su enjuiciamiento fáctico.

El principio de inmediación, referente a la relación entre el juez y el objeto procesal, significa que la actividad probatoria debe transcurrir ante la presencia o intervención del Juez o Tribunal encargado de pronunciar la Sentencia, la cual se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral. Para que la inmediación surta sus efectos, es necesario que el Juez o Tribunal que ha presenciado los actos probatorios orales sea el mismo que dicte Sentencia, por lo que en virtud a derecho, el Tribunal de Apelación no puede revocar una Sentencia absolutoria para dictar otra condenatoria en función exclusiva de la valoración que pueda realizar de las pruebas desarrolladas ante el Juez o Tribunal de mérito, por lo que la revisión y sustitución por el Tribunal de Apelación en el Recurso de Apelación Restringida de la valoración efectuada por el Juez o Tribunal de mérito de las pruebas practicadas en la etapa procesal de juicio oral, sin respetar el principio de inmediación, no tienen que ver propiamente con el derecho de tutela judicial efectiva que es en el que se integra la exigencia de inmediación y contradicción, constituyendo una flagrante vulneración de la garantía de la seguridad jurídica.

La segunda instancia, como una "revisio prioris instantiae", no se encuentra habilitada en el caso de nuestro sistema procesal penal vigente, debiendo los Tribunales de Apelación Penal sujetar su competencia a las denuncias de violación que importan la inobservancia o incorrecta aplicación de la Ley sea sustantiva o adjetiva, conforme así lo prevé el art. 407 del Código de Procedimiento Penal, estando vedado a efectuar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la Sentencia, quedando fuera de la competencia de los Tribunales de alzada todo lo que se refiera a la valoración de los elementos de prueba y a la determinación de los hechos, por no constituir precisamente un Tribunal de segunda instancia, siendo únicamente factible en el ámbito de la prueba, efectuar un control jurídico sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la Sentencia, verificando si en la construcción de la convicción del juzgador se observaron los principios lógicos de identidad, de contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente; en el caso de que la revisión efectuada por el Tribunal de Apelación verse sobre el cumplimiento de estos principios, deberá en todo caso señalar con precisión cuál de ellos y en qué medida habrían sido inobservados por el Tribunal de juicio.

El pronunciamiento de una nueva sentencia por el Tribunal de apelación en los términos previstos por el art. 413 in fine del Código de Procedimiento Penal, no implica que el Tribunal de alzada se encuentre facultado a revalorizar la prueba o revisar el mérito de la causa ex novo, toda vez que el pronunciamiento de una nueva Sentencia por parte del Tribunal de Apelación se produce únicamente cuando ha existido un error eminentemente de derecho sobre la aplicación de la norma al caso concreto y que no importe la inobservancia o errónea aplicación de la Ley, que amerite el reenvío de la causa para un nuevo juicio.

POR TANTO: La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y en aplicación de la norma procesal contenida en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, declara: FUNDADO el Recurso de Casación cursante de fs. 157 a 166., interpuesto por el procesado Juan Delfín López Quispe; en consecuencia, se DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nº 011/2008 de fecha 18 de abril de 2008 cursante de fs. 130 a 133, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia de Potosí, determinándose que la misma Sala Penal del Distrito Judicial de la ciudad de Potosí, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie una nueva Resolución, conforme a los razonamient os jurídicos de la Doctrina Legal Aplicable establecida en el presente Auto Supremo.

Para fines del art. 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copia del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, se ponga en conocimiento de los Jueces y Tribunales penales de su Distrito lo determinado en el presente Auto Supremo. Asimismo, en aplicación de la norma contenida en el art. 17-IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese y remítase copia de la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de Ley.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.-

Fdo. MAGISTRADA RELATORA DE LA SALA PENAL LIQUIDADORA:

Dra. Maria Lourdes Bustamante Ramírez

Fdo. MAGISTRADO DE LA SALA PENAL LIQUIDADORA:

Dr. William E. Alave Laura

Fdo. MAGISTRADA DE LA SALA PENAL LIQUIDADORA:

Dra. Silvana Rojas Panoso

Ante mi: Miguel Angel Romero Argote

Secretario de la Sala Penal Liquidadora