TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 040/2014-RA

Sucre, 20 de febrero de 2014


Expediente        : Potosí 3/2014

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Marcelina Quispe Sihuayro y otros

Delito        : Robo Agravado 


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 14 y 15 de enero de 2014, Elizabeth Molina Quintana en representación del Ministerio Público (fs. 433) y Viviana Contreras Sihuayru de Cruz (fs. 434 a 436), respectivamente; interpusieron recursos de casación impugnando el Auto de Vista 46/2013 de 26 de diciembre, de fs. 419 a 421 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por las partes recurrentes en contra de Marcelina Quispe Sihuayro, David Mamani Flores y Soledad Elina Mamani Quispe, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el art. 332 inc. 2) del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Previo pronunciamiento de los Autos Supremos 073/2013-RRC de 19 de marzo (fs. 226 a 232) y 189/2013 de 5 de julio (fs. 270 a 273), por Sentencia 11/2013 de 1 de octubre, leída íntegramente el 3 del mismo mes y año (fs. 338 a 354 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a los imputados David Mamani Flores, Marcelina Quispe Sihuayro y Soledad Elina Mamani Quispe, absueltos de culpa y pena de los delitos de Robo y Robo agravado, tipificados en los arts. 331 y 332 inc. 2) del CP, en virtud a que la prueba admitida no fue suficiente para generar convicción sobre su responsabilidad penal.


  1. La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por parte del Ministerio Público (fs. 379 a 386 vta.) y Viviana Contreras Sihuayro (fs. 392 a 393 vta.), mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista 46/2013 de 26 de diciembre (fs. 419 a 421 vta.), que declaró improcedentes las apelaciones restringidas y confirmó la Sentencia apelada.


  1. Con la referida resolución, el 8 de enero de 2013 (fs. 422 vta. y 423), fueron notificadas la representante del Ministerio Público y la parte querellante, quienes formularon los recursos de casación que son objeto de análisis de admisibilidad, el 14 y 15 de enero de la presente gestión.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los recursos de casación interpuestos, se extraen los siguientes fundamentos:



II.1. Recurso de casación de la representante del Ministerio Público.


En el referido recurso, textualmente se denuncia: “La errónea valoración de Pruebas conforme al Art. 370, num. 6) del C.P.P. y la Inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva, Art. 370 inc. 1) de C.P.P., la falta la firma de un juez ciudadano, que constituye un defecto absoluto al sentir del art. 169 del Código de Procedimiento Penal.” (sic), sin ningún argumento adicional a lo transcrito. 


II.2. Recurso de casación de Viviana Contreras Sihuayru de Cruz.


Como primer agravio denuncia que el Tribunal de Sentencia rechazó la producción de prueba testifical de cargo por la inasistencia de los testigos, cuyo testimonio considera de relevancia para el caso, con el argumento de que ya cursaba en prueba literal el informe de dichos testigos (ambos oficiales de Policía); según señala, vulnerando el principio de igualdad de las partes, el derecho a defensa y el debido proceso, así como el art. 335 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece la suspensión del juicio ante la incomparecencia de testigos entre otras causas, enmarcándose lo descrito como defecto absoluto cual prevé el art. 169 inc. 3) de la misma norma procesal.


El segundo agravio, está referido a la denuncia de errónea valoración de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP], en lo que respecta a la declaración de Freddy Quispe Condori, que es tildada de mentirosa por el Tribunal, lo cual demuestra su parcialización con la otra parte, porque “no la valora en su integridad” (sic), asimismo, señala que el Tribunal concluye que existe contradicción en las declaraciones de los testigos, sin señalar cuál es la contradicción, o en qué parte de las mismas existiría la contradicción. Agrega que, lo propio ocurre con  la declaración de la testigo de cargo “OFELIA” (sic), que supuestamente también incurrió en contradicción; sin embargo, su testimonio es preciso y coincidente en cuanto “a los actos que realizó el 21 de noviembre de 2010”, con lo manifestado con otros testigos como ser: “Soledad, Cabo Fredy y Marcelina Siguayro” (sic), y que también declaró con exactitud como ocurrió el allanamiento; a continuación, la recurrente realiza una breve reseña de los hechos, concluyendo que quienes “…mienten y se contradicen son los testigos de descargo” (sic).


La recurrente intenta expresar un presunto tercer agravio, referido a la falta de sana crítica y un prudente criterio, ello en razón a que el Tribunal no hubiera tomado en cuenta una serie de hechos como: la relación existente entre María Sihuayro y David Mamani “que es muy estrecha” (sic); porque no tomó en cuenta que el “robo no fue en flagrancia” (sic); porque no se consideró la edad avanzada de María Sihuayro; porque no se tomó en cuenta el inventario realizado por las autoridades, los bienes entregados por el imputado que no se encontraban consignados en el primer inventario, menos los recibos del pago del dinero robado, ni el documento de transacción.


Sobre la base de las expresiones supra resumidas, la recurrente señala que se vulneraron los principios de la sana crítica, al existir errónea valoración de la prueba que contradice lo establecido en los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007 y 308 de 25 de agosto de 2006.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función, que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte, y por lo tanto, aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso analizado, de la revisión de los antecedentes, se tiene que ambos recursos de casación fueron presentados dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que emitió la Resolución impugnada, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP; ahora bien, luego del análisis correspondiente, en el acápite II de la presente Resolución, se consignaron todos los argumentos expuestos por las partes recurrentes, respecto a los cuales corresponde verificar el cumplimiento del requisito de fondo; es decir, la cita del precedente contradictorio y la explicación en términos claros y precisos referidos a la posible contradicción, puesto que es obligación de las partes dentro del presente recurso, cumplir con las exigencias establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, a objeto de obtener de este Tribunal, un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones planteadas.


IV.1. Recurso de casación de la representante del Ministerio Público.


Respecto al recurso formulado por Elizabeth Molina Quintana, corresponde señalar que los presuntos agravios fueron transcritos textualmente en la presente Resolución, a fin de evidenciar objetivamente el desconocimiento de la naturaleza del recurso de casación previsto en el art. 416 y siguientes del CPP, pues la representante del Ministerio Público se limitó a consignar algunos de los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, que en su posición concurrían en la presente causa, sin desarrollo ni fundamentación y sin invocación de precedente contradictorio alguno, exigencia que no queda cumplida con la aseveración contenida en el otrosí segundo del memorial, en sentido de acompañarse “copia del memorial de Recurso de Apelación Restringida, en el que se invocó el precedente” (sic). Estas omisiones que no pueden ser suplidas de oficio determinan que el presente recurso resulte inadmisible.


IV.2. Recurso de casación de Viviana Contreras Sihuayru de Cruz.


En cuanto a este recurso, también se evidencia el incumplimiento de los requisitos establecidos para la interposición del recurso de casación, puesto que en lo que respecta al primer agravio, la recurrente se limitó a exponerlo, sin precisar el precedente contradictorio que respaldaría su exposición; en consecuencia, sin fundamentar cuál la relevancia o afectación emergente de la  no declaración de los testigos que no comparecieron ante el Tribunal; además, tomando en cuenta que se trataría de un defecto de procedimiento, no se advierte que haya realizado reclamo alguno o haya efectuado reserva de apelación, falencias que este Tribunal considera hacen inadmisible la consideración de fondo de este primer agravio.


En lo que respecta al segundo y tercer motivo, relacionados a la valoración de la prueba y la presunta vulneración de la sana crítica, se establece que la recurrente se limitó a realizar cuestionamientos de orden general en cuanto a los hechos y las pruebas, sin precisión ni fundamentación jurídica alguna, imprecisiones que impiden a este Tribunal ingrese al análisis de fondo del recurso; dichas falencias se suman a la falta de explicación respecto a cuál sería la situación de hecho similar, y principalmente en qué consistiría la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes que invoca únicamente respecto al tercer motivo de su recurso, ello tomando en cuenta la exigencia establecida en el art. 416 del CPP, para que este Tribunal, en caso de ser evidente la denuncia efectuada, proceda a enmendar posibles errores y omisiones cometidas por el Tribunal de apelación, teniendo en cuenta que estos requisitos resultan ineludibles para decretar la admisibilidad del recurso, cuya observancia se constituye en una  obligación que tiene trascendental importancia, pues desde ahí, partirá el análisis de contradicción a efectuarse en una resolución de fondo; pues, las características y naturaleza del recurso de casación en el sistema procesal vigente, exigen a las partes, más que el simple cuestionamiento a las resoluciones y la simple cita de algún precedente, como sucede en el presente caso, de una explicación clara y fundamentada de la posible contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes que se invocan.


De lo expuesto, se establece que el recurso de casación deducido, no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, ello en razón a los fundamentos expresados.


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad reconocida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Elizabeth Molina Quintana, en representación del Ministerio Público y Viviana Contreras Sihuayro de Cruz.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA