TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 032/2014-RA

Sucre, 19 de febrero de 2014

Expediente        : La Paz 51/2013

Parte acusadora        :        Juan Luís Flores Valdivia

Parte imputada        : Maritza Pérez Guachalla y otros

Delitos        : Despojo y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de octubre de 2013, cursante de fs. 415 a 417 vta., Jaime Marcos y Franklin, ambos Pérez Guachalla, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 61/2013 de 30 de agosto, de fs. 410 a 413, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Juan Luís Flores Valdivia contra los recurrentes, Maritza Pérez Guachalla y María Natividad Guachalla Vda. de Pérez, por los delitos de Despojo, Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351, 353 y 357 del Código Penal (CP) respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación particular promovida por Juan Luís Flores Valdivia en representación de Laura Erika Castillo Flores (fs. 5 a 12 vta.) y desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 18/2012 de 8 de octubre (fs. 326 a 330), el Juez Tercero de Partido y Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Jaime Marcos Pérez Guachalla, Franklin Pérez Guachalla, Maritza Pérez Guachalla y María Natividad Guachalla Vda. de Pérez, autores y culpables de la comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple (arts. 351 y 357 del CP), imponiéndoles comúnmente, la pena de dos años y ocho meses de reclusión, más el pago de costas, daños y perjuicios.


Con relación al delito de Perturbación de Posesión inmerso en el art. 353 del CP, la señalada Sentencia declaró la absolución de las acusadas y acusados en vista al art. 363 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin costas.


Por otra parte esa Resolución dispuso aplicar el beneficio de la suspensión condicional de la pena a todos los acusados, por las circunstancias y atenuantes generales establecidas en los arts. 39 y 40 del CP, y concurrir los presupuestos señalados por el art. 368 del CPP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Jaime Marcos Pérez Guachalla y Franklin Pérez Guachalla (fs. 338 a 344) interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 61/2013 de 30 de agosto, pronunciando por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente la acción recursiva, confirmando en consecuencia la Sentencia de grado.


  1. Notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado el 7 de septiembre de 2013 (fs. 414), interpusieron el recurso de casación que motiva autos el 11 de octubre del mismo año.


II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial cursante de fs. 415 a 417 vta., se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer motivo, señalan los recurrentes que el Auto de Vista que impugnan vulneró el principio pro actione, por cuanto no se debe rechazar un recurso in límine por defectos de forma, sino conceder un plazo adicional, dado que en su caso el Tribunal de alzada, se apoyó en ausencia de cumplimiento de requisitos de forma como la falta de invocación de precedente contradictorio, actitud que fuera contraria  a lo dispuesto por el art. 399 del CPP, habilitando el plazo para que los apelantes corrijan o amplíen su recurso, por lo que alegan que se emitió una Resolución “contra el debido proceso” (sic). Este argumento se ve apoyado en la cita y transcripción de las Sentencias Constitucionales  SSCC 1044/2003-R y 1855/2003-R.


  1. Prosiguen los recurrentes, y se extracta como segundo motivo, la denuncia de incumplimiento del art. 81 del CPP, en el entendido que Juan Luís Flores Valdivia carecía de personería para presentar y tramitar la querella, extremo que se verifica del Testimonio de Poder 563/2010, en el que el mandante no le otorga facultades para iniciar, proseguir y tramitar procesos penales, y que no fue presentado conjuntamente la querella puesto que de ser así se hubiera realizado el respectivo reclamo. Con esta base, señalan que tanto el Juez de grado como el Tribunal de alzada “al haber admitido la querella interpuesta por un tercero ajeno al proceso” (sic) actuaron ilegalmente transgrediendo el art. 115 y siguientes de la Constitución Político del Estado (CPE).


Señalan que la jurisprudencia emitida por el Auto Supremo 177 de 27 de mayo de 2005, hace referencia sobre este reclamo. De igual manera expresan que era obligación de los Juzgadores de turno el revisar de oficio estas anomalías, dentro de las facultades conferidas por el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y cual como apuntan las Sentencias Constitucionales (SSCC) 2527/2012, 1138/2004-R y 0144/2012.


  1. Como tercer motivo, plantean que la parte querellada jamás fue notificada con el memorial de querella, para con este actuado habilitar la posibilidad de objetarlo observando la ausencia de requisitos y personería del querellante, conforme lo tiene anunciado el art. 291 del CPP; sin embargo, habiendo el juez de grado admitido la querella, así como fijar día y hora de conciliación, se vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso contenidos en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, con ello citan las SSCC 0115/2004-R de 28 de enero, 0751/2004-R de 14 de mayo y 1517/2004-R de 1 de octubre.


  1. Con el rótulo de “REQUISITOS DEL TIPO PENAL” (sic) los recurrentes señalan que el Juzgador de grado emitió una Resolución incongruente sin tener en cuenta los elementos del tipo penal, pues: i) No existe acción dado que la conducta de los acusados no se adecua al tipo penal Despojo ya que “jamás despojaron de la tenencia de un inmueble” (sic); ii) En cuanto a la tipicidad del tipo penal, señalan que en su caso el “supuesto propietario jamás estuvo en posesión del inmueble” (sic), cuando la esencia del delito de despojo es que la víctima se halle en posesión pacifica del bien, razón por lo que no existiría despojo; iii) Apuntan sobre antijuricidad que sus conductas “jamás cometió dicho delito” (sic); iv) Señalan que dado que su conducta no se acomoda al tipo penal, los elementos de culpabilidad y punibilidad no se acomodan a su caso.


Con ello piden a este Tribunal admitir el recurso y dictar resolución disponiendo lo que en derecho corresponda.


III. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


  1. Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


  1. Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD


El art. 416 del CPP, contiene las condiciones de tiempo que configuran al recurso de casación, determinando a ese fin el término de cinco días computables a partir de la notificación con el Auto de Vista eventualmente impugnado; tal lapso conforme la estructuración de cómputo de tiempos prevista por la Ley procesal penal en su art. 130, manifiesta que “los plazos son improrrogables y perentorios salvo disposición expresa”, de este contenido se concluye que el sistema de recursos en Bolivia, reconoce en esa temática que los mismos son: a) Legales, pues su determinación se encuentra prevista en la regulación de cada medio recursivo en particular; b) Improrrogables, dado que se encuentra impedida la prolongación del plazo originariamente fijado para su presentación; y, c) Perentorios, que significa que cumplido su término, la posibilidad de interponer recurso, se extingue, precluyendo en consecuencia la oportunidad para ejercer el derecho a impugnar. En conclusión la articulación del recurso de casación fuera de los términos legales establecidos, implica su inadmisibilidad en virtud de su presentación extemporánea.


Ya en materia, con referencia al requisito procesal relativo al plazo para la interposición del recurso, se advierte que Jaime Marcos Pérez Guachalla y Franklin Pérez Guachalla, fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 7 de septiembre de 2013, conforme se evidencia de la diligencia que cursa a fs. 414; presentando el memorial de su recurso el 11 de octubre del mismo año. De lo anterior, este Tribunal concluye que los recurrentes presentaron su recurso de casación fuera del plazo de los cinco días previsto por el art. 417 del CPP, en cuyo mérito, ante la formulación extemporánea del recurso de casación pretendido, corresponde a este Tribunal declarar su inadmisibilidad. 


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jaime Marcos Pérez Guachalla y Franklin Pérez Guachalla cursante de fs. 415 a 417.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Pastor Segundo Mamani  Villca

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA