TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 021/2014-RA

Sucre, 18 de febrero de 2014


Expediente        : Cochabamba 6/2014

Parte acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte imputada        : José Cupertino Chileno Núñez y otros

Delito        : Desobediencia a la Autoridad


RESULTANDO


Por memorial presentado el 24 de diciembre de 2013, cursante de fs. 520 y vta., Nuria Guadalupe Urquidi de Guzmán, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 12 de abril de 2012, de fs. 514 a 517 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente en representación de Serafina Illanes Vda. de Guzmán, Jaime Gonzalo, Rufino, María Luisa, Francisco Eloy e Isabel, todos de apellidos Guzmán Illanes y Carmen Lino de Guzmán, en contra de José Cupertino Chileno Nuñez, Freddy Alfredo Chileno Zeballos y Albina Zeballos Illanes de Chileno, por el delito de Desobediencia a la Autoridad incurso en el art. 160 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece:


  1. En mérito a la acusación pública promovida por el Ministerio Público (fs. 7 a 8 vta.) y acusación particular formulada por Nuria Guadalupe Urquidi de Guzmán en representación de Serafina Illanes Vda. de Guzmán, Carmen Lino de Guzmán, Jaime Gonzalo, Rufino, María Luisa, Francisco Eloy, Isabel todos de apellidos Guzmán Illanes (fs. 23 a 25), desarrollada audiencia de juicio oral, la Jueza Tercera de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 9 de abril de 2008 (fs. 406 a 409 vta.), declarando la absolución de los imputados José Cupertino Chileno Nuñez, Freddy Alfredo Chileno Zeballos y Albina Zeballos Illanes de Chileno, al considerar la Juzgadora que la prueba aportada por las acusaciones fiscal y particular, no fue suficiente para generar convicción sobre su responsabilidad penal.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Serafina Illanes Vda. de Guzmán y Nuria Guadalupe Urquidi de Guzmán (fs. 417 a 418 vta.), así como la representación del Ministerio Público (fs. 425 a 426), interpusieron recurso de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista de 12 de abril de 2012 (fs. 514 a 517 vta.), dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que los declaró improcedentes, confirmando en consecuencia la Sentencia de grado.


  1. Notificada la recurrente, el 19 de diciembre de 2013 (fs. 518), opuso recurso de casación que es objeto de análisis de admisibilidad, el 24 del mismo mes y año.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


La recurrente alega que al momento de oponer apelación restringida solicitó la concesión de la audiencia de fundamentación del recurso en cumplimiento a los preceptos del art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); sin embargo, tal acto no fue llevado a cabo, por omisión de ese Tribunal. Con este argumento señala la recurrente que con tal circunstancia se vulneraron los principios de contradicción e inmediación “para concretar así la tutela judicial efectiva” (sic) lo que en su perspectiva implicase el ejercicio del derecho a ser oída.


Prosigue el recurso en la transcripción íntegra de la doctrina legal aplicable y la parte resolutiva de un Auto Supremo pronunciado por la Sala Penal Primera de este Tribunal, fallo que avocaría doctrina sobre el cumplimiento de los arts. 411 y 412 del CPP y su concatenación con los derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la petición en materia penal; sin embargo, no se identifica el número o la fecha de su emisión. Con esto señala que en su caso conforme la jurisprudencia invocada se vulneró el art. 411 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Finaliza el recurso en la solicitud de que previa revisión de oficio se deje sin efecto el Auto de Vista que impugna y se ordene la realización de la audiencia de fundamentación solicitada en apelación restringida.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de aquellos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Cabe enfatizar que las exigencias procesales inherentes al recurso de casación, desarrolladas en el acápite III del presente Auto Supremo, hacen a dos supuestos para su consideración de fondo, a saber: el primero, sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, que apunta al diseño del sistema procesal penal boliviano, por el cual se otorga a este Tribunal la labor de uniformar la jurisprudencia emanada por la jurisdicción ordinaria a partir de la eventual existencia de fallos disímiles (precedente contradictorio); y, un segundo, alusivo a la apertura extraordinaria de competencia, flexibilizando las exigencias de invocar el precedente contradictorio y argumentar la situación de hecho similar reputada de discordante; este supuesto opera a partir de una denuncia sobre la vulneración de un derecho o garantía constitucional emergente del proceso; empero, este supuesto no halla exención al cumplimiento de requisitos procesales, cual se refirió en el párrafo precedente. Tómese en cuenta también, que ambos supuestos acogen como requisitos comunes la procedencia y plazo de interposición contenidos en los arts. 416 y 417 del CPP.


Atendiendo las condiciones de tiempo en la interposición del recurso de casación, se tiene que la recurrente, fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 19 de diciembre de 2013, presentando su recurso el 24 del mismo mes y año, cumpliendo de tal cuenta lo desarrollado en el inc. i) del acápite III del presente Auto Supremo.


En cuanto a los demás requisitos, conforme lo sintetizado en el acápite II del presente Auto Supremo, se tiene que la recurrente denuncia la restricción de su derecho a ser oída por un tribunal competente -que conforme lo argumentado halla relación con la tutela judicial efectiva y los postulados del art. 115 de la Ley fundamental- a partir de la omisión de un acto procesal en específico, tal es, una audiencia de fundamentación de recurso de apelación restringida, que en su planteamiento hubiese sido solicitada en el respectivo memorial; con ello identificado como está el derecho presuntamente restringido y el acto procesal en el cual se originó la restricción, la información procesal habilitante para la flexibilización de los requisitos del recurso de casación ha sido proporcionada de manera suficiente, restando a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada.

POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación formulado por Nuria Guadalupe Urquidi de Guzmán cursante a fs. 520 y vta.; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas: el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado  Presidente Dr. Pastor Segundo Mamani  Villca

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA