TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 020/2014-RA

Sucre, 18 de febrero de 2014


Expediente        : Cochabamba 5/2014

Parte acusadora        : Ministerio Público

Parte imputada        : Félix Zárate Rodríguez

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de enero de 2014, cursante de fs. 144 a 146, Félix Zárate Rodríguez interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 63 de 9 de diciembre de 2013, de fs. 135 a 138, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la acusación fiscal (fs. 3 a 6) y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, se pronunció la Sentencia 18/11 de 8 de junio de 2011 (fs. 106 a 110), emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró al imputado Félix Zárate Rodríguez, autor del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, condenándole a la pena de privación de libertad de quince años, más el pago de doscientos días multa a razón de tres bolivianos por día con costas en favor del Estado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló apelación restringida (fs. 117 a 119), que fue resuelta por Auto de Vista 63 de 9 de diciembre de 2013, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente en parte el recurso de apelación y en aplicación de los arts. 365 y 414 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin anular la Sentencia, modificó su parte dispositiva, declarando al imputado autor del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, condenándole a la sanción penal de doce años de presidio y doscientos días multa a razón de tres bolivianos por día, con costas en favor del Estado, una vez adquiera la Sentencia la calidad de cosa juzgada.


  1. Notificado el recurrente con el referido Auto de Vista el 6 de enero de 2014 (fs. 139), interpuso el recurso de casación que es motivo del presente análisis de admisibilidad, el 8 del mismo mes y año.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la atenta revisión del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


El recurrente señala en su recurso, esencialmente que el Auto de Vista no se pronunció sobre su argumento de que tuvo conocimiento del ilícito en el cual estaba su concubina, pero que se enteró un día antes del operativo policial, debiéndose haber aplicado en su caso el art. 75 de la Ley 1008, esto es, la excepción de sanción por su condición de conviviente, aspecto que según el recurrente, es demostrado por el hecho de que su concubina fue declarada rebelde; sin embargo, él se encuentra asumiendo defensa, porque no tuvo ninguna participación en el ilícito, además, que no se puede pretender que delate a la madre de sus hijos. En ese ámbito, sostiene que el Auto de Vista confirmó las irregularidades observadas en la apelación restringida y no realizó una valoración de la excepción de sanción solicitada, existiendo por lo tanto en su planteamiento una errónea aplicación de la ley.


Este hecho, continúa el recurrente, contradice al “a.C. 196 de 3 de junio de 2005” (sic), de la Sala Penal Primera, así como al A.S. 443 de 11 de octubre de 2006.


Finalmente, solicita la admisión del recurso y la devolución de obrados para que la Sala Penal Segunda dicte nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida.


    1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución política del Estado (CPE), garantiza la vigencia del  principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantía que se encuentra recogida por la norma procesal penal en su art. 394; sin embargo, los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, deben observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la misma ley, esto se encuentra taxativamente establecido en la norma contenida en el art. 396 inc. 3) de la Ley Adjetiva Penal.


De lo anterior se concluye, que si bien se encuentra plenamente vigente el derecho a la impugnación de las resoluciones judiciales; empero, para ejercitar este derecho el recurrente debe observar ineludiblemente las condiciones que la propia ley prevé para hacer valer ese derecho, lo contrario conlleva la inadmisibilidad del recurso, tal cual señala el art. 417 in fine del CPP, lo que de ninguna manera atenta la garantía constitucional de recurrir.


Dicho esto, también conviene recordar que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla también reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Asimismo, que para la admisibilidad del recurso de casación es obligación observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del CPP, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Y por último, como única prueba admisible, debe acompañarse copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio debe ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.

Siendo así que, como se dijo anteriormente, de no concurrir todos los requisitos ahora explicados, la misma norma legal (art. 417 del CPP última parte), sanciona esta inobservancia con la declaratoria de inadmisibilidad del recurso, lo que constituye un instrumento de filtro que evita que este instituto procesal, concebido para proveer justicia, se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso.


Ahora bien, un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia de este Tribunal, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo como obligación el proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso, detallar con precisión la restricción o disminución del derecho o garantía, precisando el mismo y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso analizado, de la revisión de los antecedentes, se tiene que el recurso de casación fue presentado dentro del plazo de cinco días y ante la Sala que emitió la Resolución impugnada, ya que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 6 de enero de 2014, interponiendo su recurso de casación el 8 del mismo mes y año, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP; ahora bien, luego del análisis correspondiente, en el acápite II de la presente Resolución, se consignaron todos los argumentos expuestos por el recurrente, respecto a los cuales corresponde verificar el cumplimiento del requisito de fondo; es decir, la cita del precedente contradictorio y la explicación en términos claros y precisos referidos a la posible contradicción, puesto que es obligación de las partes dentro del presente recurso, cumplir con las exigencias establecidas en los arts. 416 y 417 del CPP, a objeto de obtener de este Tribunal, un pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones planteadas.


Efectuada esta precisión, de la minuciosa revisión del recurso de casación presentado por el imputado, se establece primero, que el recurrente no cumple con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción existente entre la Resolución impugnada con los precedentes invocados, en los términos exigidos por el art. 417 del CPP; es decir, la exposición de hechos similares, en relación al sentido jurídico distinto que habría asignado el Auto de Vista recurrido, no existiendo ni un mínimo de trabajo de contraste que exige la ley, pues se limita a denunciar que ni el Tribunal de sentencia ni el Tribunal de apelación acogieron su solicitud de que en su caso se aplique la excepción de sanción por ser conviviente de la coimputada Paulina Salazar Colque, tomando en cuenta que no tenía conocimiento de la actividad ilícita de su pareja, a cuyo efecto cita como precedentes el Auto 196 de 3 de junio de 2005 de la Sala Penal Primera (sin aclarar el distrito del Tribunal Departamental de Justicia que emitió ese fallo) y el Auto Supremo 443 de 11 de octubre de 2006.


Respecto al segundo precedente, en él se habría argumentado que la valoración de la prueba no fue analizada ni valorada conforme a los hechos que se suscitaron, habiendo subsumido erróneamente en una tipificación que no fue probada; y del Auto Supremo invocado se transcribe el siguiente texto: “La Corte Suprema de Justicia, intérprete de la legalidad cumple una función unificadora de la jurisprudencia establecida en materia penal, siendo de aplicación obligatoria la doctrina legal aplicable por los tribunales colegiados y unipersonales, lo contrario significaría ir en contra de los fines del Derecho Procesal Penal que tiene como objetivo una justicia equitativa” (sic); empero, no se advierte de ninguna manera, la exposición, y menos aún, la comparación del hecho similar que motivaron estos razonamientos, con la denuncia que se realiza sobre el Auto de Vista impugnado, y en consecuencia, el que se haya asignado un sentido jurídico distinto al supuesto de hecho que reclama, lo que, como se dijo anteriormente, es sustento esencial para la vigencia y aplicación de la doctrina legal aplicable en casos similares, tal como se entiende de las normas contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP.


Asimismo, además de no cumplir con el contraste previsto por ley como ya se observó, los precedentes referidos no fueron invocados a momento de interponer su recurso de apelación restringida como dispone el art. 416.II del CPP, lo que igualmente hace inviable la consideración de los mismos en calidad de precedentes, como pretende el recurrente.


Por otra parte, si bien el recurrente, al finalizar la exposición del hecho motivador del recurso, denuncia vulneración de “derechos y garantías constitucionales previstos por la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales” (sic); no identifica el derecho o garantía violada, y consecuentemente no expone en qué consiste la disminución o restricción de derechos y cuál el resultado dañoso producto del defecto, que hubiere derivado en una consecuencia procesal de relevancia constitucional, limitándose a enunciar de manera simple, llana y genérica, vulneración de los mismos, con lo que tampoco se cumple con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal, conllevando en que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el fondo del presente recurso.


En consecuencia, los extremos expuestos demuestran el incumplimiento de los requisitos formales para la admisibilidad del recurso de casación sometido al presente análisis, así como los presupuestos de flexibilización, por lo cual deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación, cursante de  fs. 144 a 146, formulado por Félix Zárate Rodríguez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Pastor Segundo Mamani  Villca

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA