TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO Nº 326/2013-RRC

Sucre, 06 de diciembre de 2013


Expediente        : Cochabamba 52/2013

Parte acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte imputada        : Freddy Puente Camacho y otros

Delitos                : Delitos Contra la Salud Pública y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados, el 18, 19, 20, 23 y 30 de septiembre de 2013, cursantes de fs. 1279 a 1284, 1288 a 1290, 1301 a 1302 vta., 1307 a 1308 vta., y 1313 a 1316 vta., Freddy Puente Camacho; José Maldonado Gemio y Raúl Limachi Choque; Marlene Ortiz Flores; Wilma Alcocer Mayorga; y, Jhenny Wilma Camacho Águila, respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista de 29 de agosto de 2013, de fs. 1266 a 1274 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juan Carlos Ayala Palenque contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos Contra la Salud Pública, Lock-out, Huelgas y Paros Ilegales, y Atentados Contra la Libertad de Trabajo, previstos y sancionados en los arts. 216, 234 y 303 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


  1. Realizado el juicio oral, por Sentencia 9 de 21 de marzo de 2011 (fs. 766 a 783 vta.), el Tribunal Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a los imputados: Freddy Puente Camacho, Raúl Limachi Choque, José Maldonado Gemio, María Rosalía Orellana Jiménez, Wilma Alcocer Mayorga, Jhonny Calani Plata, Marlene Ortiz Flores y Jhenny Wilma Camacho Águila, absueltos de pena y culpa de la comisión de los delitos acusados, con la disidencia de las Juezas ciudadanas Nelcy Evelin Montaño y Edith Ledezma, quienes adquirieron convicción de la autoría de los hechos investigados por parte de Freddy Puente Camacho; asimismo, la Jueza ciudadana Edith Ledezma también fue de voto disidente con relación a los imputados José Maldonado, Raúl Limachi, Wilma Alcocer y María Orellana.


  1. Contra la Sentencia, Hilda Sánchez Vargas, Fiscal de Materia (fs. 835 a 836) y el acusador particular Juan Carlos Ayala Palenque (fs. 847 a 855 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por el Auto de Vista de 18 de mayo de 2012 (fs. 1047 a 1054), que declaró procedentes ambos recursos y anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal.


  1. Notificadas las partes con la referida Resolución de alzada, María Rosalía Orellana Jiménez (fs. 1059 a 1063), Freddy Puente Camacho (fs. 1083 a 1087), Wilma Alcocer Mayorga (fs. 1092 a 1094), Jhenny Wilma Camacho Águila (fs. 1099 a 1101 vta.) y José Maldonado Gemio (fs. 1127 a 1131 vta.), respectivamente, interpusieron recursos de casación que merecieron el pronunciamiento del Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que el mismo Tribunal dicte un nuevo Auto de Vista observando la doctrina legal que estableció.


  1. En conocimiento del citado Auto Supremo, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de 4 de enero de 2013 (fs. 1166 a 1172), que declaró procedentes los recursos de apelación restringida interpuestos y anuló totalmente la Sentencia, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal.


  1. Contra este nuevo Auto de Vista, Raúl Limachi Choque (fs. 1190 a 1197), Freddy Puente Camacho (fs. 1201 a 1206), Wilma Alcocer Mayorga, Jhenny Wilma Camacho Águila (fs. 1210 a 1213 vta.) y José Maldonado Gemio (fs. 1221 a 1227), respectivamente, formularon recursos de casación, que fueron resueltos mediante Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo, que dejó sin efecto el Auto de Vista de 4 de enero de 2013, ordenando que el Tribunal de alzada pronuncie nuevo Auto de Vista conforme la doctrina legal establecida.


  1. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de 29 de agosto de 2013, que declaró procedentes los recursos de apelación restringida interpuestos por  el Ministerio Público y Juan Carlos Ayala Palenque, anulando totalmente la Sentencia y disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia; notificadas las partes con esta resolución, motivó la interposición de los presentes recursos de casación de Freddy Puente Camacho; José Maldonado Gemio y Raúl Limachi Choque; Marlene Ortiz Flores; Wilma Alcocer Mayorga; y, Jhenny Wilma Camacho Águila.


I.1.1. Motivos de los recursos


  1. Recurso de Freddy Puente Camacho.


  1. En el primer motivo, sobre la exclusión probatoria, transcribiendo fragmento de la parte Considerativa de la Resolución impugnada, donde se hubiera concluido que el acusador particular fue objeto de una ilegal exclusión de pruebas; el recurrente señala que esa conclusión desconoce lo desarrollado en los arts. 71 y 172 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Citando los arts. 1 y 235.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), 1311 del Código Civil (CC) y 218 del CPP y extractando parte de la Sentencia, expresa que la incorporación al juicio de fotocopias legalizadas por mandato de la ley, no se configura una irrelevante formalidad, más aún, si se trata de condenar o sancionar penalmente a una persona.


Manifiesta que, el Auto de Vista es violatorio a derechos y garantías constitucionales, y contradictorio a los Autos Supremos 93 de 24 de marzo de 2011 y 272 de 4 de mayo de 2009, porque se pretende


desconocer las formalidades legales previstas para la acumulación de la prueba en la etapa investigativa. Asimismo, refiere que, el Auto de Vista contradice el Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo, porque el Tribunal de alzada no realizó ninguna fundamentación sobre los principios de las nulidades procesales, situación que ya motivó dejar sin efecto el Auto de Vista de 4 de enero de 2013, al respecto cita también el Auto Supremo 93 de 24 de marzo de 2011.


  1. En el segundo motivo, sobre el defecto de la Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; afirma que, el fundamento de una defectuosa valoración de la prueba que sirvió para dejar sin efecto la Sentencia, contradice al Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo, relativo a la valoración de la prueba, pues no existe explicación de qué manera las reglas del entendimiento, la experiencia y la realidad objetiva habrían sido incorrectamente aplicadas en la Sentencia, omisión que vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos por el art. 180 de la CPE.


Agrega que, el Auto de Vista también contradice el Auto Supremo 133/2013 de 20 de mayo, porque incorporó elementos y aspectos que no fueron motivo de la apelación restringida, pues sin tener conocimiento del contenido material de las pruebas signadas como “A-13” y “A-14”, les asigna un valor decisorio para el proceso.


  1. Recurso de José Maldonado Gemio, Raúl Limachi Choque y Marlene Ortiz Flores.


De la revisión del recurso presentado conjuntamente por José Maldonado Gemio y Raúl Limachi Choque, y del presentado por Marlene Ortiz Flores, se advierte que ambos contienen los mismos motivos, por ello corresponde sintetizar los mismos en este acápite:


  1. Denominando “inobservancia de precedentes contenidos en los Autos Supremos 251/2012, 215 de 29 de mayo de 2002 y 133/2013-RRC de 20 de mayo de 2013”; los recurrentes señalan que, mediante el Auto de Vista impugnado, que resulta ser el tercero dictado en el mismo trámite penal a consecuencia de la nulidad de dos anteriores, el Tribunal de alzada, una vez más asume la labor de control del correcto uso de la sana crítica del Tribunal de Sentencia en la Resolución de 21 de marzo de 2011. Añaden que el Ad quem, mantiene que el razonamiento que el A quo realizó, es contrario a opiniones de teóricos del derecho penal respecto a la naturaleza de los delitos de peligro abstracto y como se considera a los delitos contra la salud pública, haciendo abstracción del tipo penal invocado por el Ministerio Público y el acusador particular, contemplado en el art. 216 inc. 9) del CP, incurriendo en contradicción con el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, que determinó que el Tribunal de alzada, debe precisar de manera concreta y objetiva los razonamientos que sustentan su convicción para aplicar la doctrina legal del Auto Supremo 232 de 17 de agosto de 2007, al numeral 9 del art. 216 del CP; afirman que, el Auto de Vista actuó de manera contraria a la jurisprudencia sentada por el precedente antes citado y por el Auto Supremo 133/2013-RRC.


  1. El segundo motivo denominado: “INOBSERVANCIA DE PRECEDENTE DEL A.S. 133/2013-RRC, EN RELACIÓN A LA SUPUESTA ILEGAL EXCLUSIÓN DE PRUEBAS”; afirman que, reiterando los fundamentos ya esbozados por el Tribunal de alzada en los Autos de Vista que quedaron sin efecto, éste abunda en una extensa referencia doctrinal sobre la distinción de la etapa investigativa y la actividad probatoria en el proceso penal, en destacar el principio de libertad probatoria reconocido en el art. 171 del CPP, para finalizar señalando que debe prevalecer el principio de la verdad material  sobre la mera formalidad; razonamiento que no resuelve la observación contenida en el Auto Supremo 133/2013-RRC.


  1. Recursos de Wilma Alcocer Mayorga y Jhenny Wilma Camacho Águila.


Ambas imputadas interpusieron recursos de casación a través de diferentes memoriales, pero los fundamentos expuestos son similares, por lo que es menester realizar una sola relación de los mismos:

 

  1. Subtitulando “De la exclusión probatoria de las pruebas A-13 y A-14”, ambas recurrentes manifiestan que el Ad quem, en forma errónea nuevamente considera en el Auto de Vista, que la Sentencia viola la libertad probatoria, porque se hubiera excluido ilegalmente prueba. Adicionan que, el Tribunal de alzada, no tomó en cuenta que los apelantes, tan sólo se limitaron a enunciar las pruebas y a referir que fueron ofrecidas anteladamente, pero no fundamentaron sobre la trascendencia que la exclusión de ellas hubiera tenido en la decisión final, falencia que fue convalidada en el Auto de Vista, que oficiosamente sin ponderar la afectación de los derechos y repercusiones procesales, sustituye el cumplimiento de un formalismo por otro similar; infringiendo la doctrina establecida por el Auto Supremo 133 de 20 de mayo de 2013.

  1. Jhenny Wilma Camacho Águila, además incluye un segundo motivo denominado “De la insistente extralimitación del Tribunal de alzada en su resolución, al dictar nuevo Auto de Vista”; señalando que, el ad quem, en forma errónea, ilegal, oficiosa y parcializada, nuevamente considera en el Auto de Vista, que la Sentencia viola el art. 370 inc. 6) y 172 del CPP, contradiciendo el Auto Supremo 133 de 20 de mayo de 2013.


I.1.2. Petitorio


Por lo expuesto, los recurrentes solicitaron se deje sin efecto el Auto de Vista y se confirme la Sentencia, emitiéndose doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso


De los memoriales de los recursos de casación interpuestos por los recurrentes y del Auto Supremo 266/2013-RA de 17 de octubre, se extraen los motivos a ser



analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su examen conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1 Juicio oral y exclusión probatoria de literales.


El 13 de junio de 2008 (fs. 150 a 151), el Tribunal Cuarto de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, sustanció el juicio oral, en cuya fase probatoria cuando se convocó al testigo de cargo, la Fiscal solicitó las literales A-13 y A-14, la primera consistente en fotocopias legalizadas de la nota de 28 de marzo de 2007, suscrita por los dirigentes “CASEGURAL” y la segunda literal consistente en una fotocopia legalizada de la nota de 2 de abril de 2007, CITE 128/07 suscrito por el Lic. Hernán Salamanca Zenteno; corrida en traslado la defensa pidió su exclusión probatoria, pronunciándose el Tribunal de juicio en sentido que las literales ofrecidas no fueron expedidas mediante requerimiento fiscal y que si bien existió un sello de legalización, no se identifica a la persona que suscribe el mismo, determinando excluir las pruebas A-13 y A-14; señalando el acusador particular hacer anuncio de reserva de apelación restringida.


II.2 Sentencia.


Concluida la fase de los debates y conclusiones, el Tribunal de juicio emitió la Sentencia de 21 de marzo de 2011 (fs. 763 a 764), leída en su integridad el 24 del mismo mes y año, conforme el acta que cursa a fs. 765 y vta., que por simple mayoría de los votos de sus miembros,  declaró a los imputados absueltos de pena y culpa de los delitos acusados, por considerar que la prueba aportada tanto por el Ministerio Público como por el acusador particular, no generó la convicción necesaria sobre la responsabilidad de los imputados en los delitos acusados. Señalando el Tribunal de juicio que llegó a dicha convicción al haber analizado los elementos de prueba testifical y literal, ofrecidos y producidos por el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa, que valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, llegó a las siguientes conclusiones:


  1. Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud afiliados al sindicato “CASEGURAL”, el 11 de abril de 2007, realizaron un paro de brazos caídos; y el 12 del mismo mes y año un paro de 24 horas.


  1. Freddy Puente Camacho, José Maldonado, Raúl Limachi, María Orellana, Wilma Alcocer, Jenny Camacho, Jhonny Calani y Marlene Ortíz, entre el 22 de noviembre de 2006 al 21 de noviembre del mismo año, ejercieron funciones de representación del sindicato “CASEGURAL” Cochabamba.


  1. Como efecto del paro del 11 y 12 de abril, hubieron varias personas que no trabajaron acatando el paro, en la administración regional, en los policlínicos de Quillacollo y Villa Galindo, excepto Punata.


  1. Juan Carlos Ayala Palenque cumplió labores de encargado de personal en el Hospital Obrero (de la ciudad de Cochabamba) desde el 12 de mayo de 2003, hasta el 17 de abril de 2007.


  1. Las actividades en el Hospital Obrero Nº 2, el 28 de mayo fue normal; además que, los días 11 y 12 de abril de 2007, contó con rol de turnos de: profesionales, médicos, servicios de urgencia y salas de hospitalización.


  1. Existe informe de toma de oficinas de lo sucedido el 28 de mayo de 2007, de Wilma Alcocer, Jhonny Calani, María Orellana, Ruth Barrios, Marlene Ortiz, Elena Veizaga y Jenny Camacho; sin embargo, no se determina el grado de participación; asimismo, sólo existe un listado de las personas que acataron el paro el 11 y 12 de abril.


  1. En el delito de atentados contra la Salud Pública, el bien tutelado es la salud pública, configurándose el dolo en la intención de causar daño a la colectividad, cuyo resultado se sabe y la conciencia del medio empleado para el logro de esa finalidad; además, que son delitos contra la seguridad común creadores de peligro para una comunidad.


  1. Con base a lo precedentemente señalado, no se demostró de forma clara y objetiva que los imputados Freddy Puente, José Maldonado, Raúl Limachi, María Orellana y Wilma Alcocer, hayan atentado contra la salud pública con el paro de labores del 11 y 12 de abril de 2007, pues en su actuar no existió dolo de por medio, “entre los objetivos que tenían, no era la de causar peligro y atentar contra la salud de la población” (sic) (resaltado nuestro).


  1. Se demostró que la atención del Hospital Obrero Nº 2, fue normal en emergencias y se atendió en forma irregular en consulta externa; además, no se encontró, información estadística sobre el número de personas, que como consecuencia del paro, hubieran sido afectadas en su salud con los servicios de atención médica, consulta externa, suministro de medicamentos; atención de servicios: urgencia, hemodiálisis, cirugía, partos y otros; aspectos que hubieran permitido contar con elementos para asumir la responsabilidad de los imputados.


  1. Declararon la mayoría de los testigos que no tuvieron dificultad para marcar su ingreso y su salida el 28 de mayo de 2008, habiendo desarrollado sus actividades en forma normal, pues la sola presencia de una sola persona no constituye delito; además, existe duda de que la prueba fuera suficiente para demostrar la comisión de los hechos, ya que no se estableció que acción concreta realizaban los acusados, lo que es un elemento esencial en la atribución del hecho delictivo conforme requiere el art. 13 del CP.


Al no haber probado el Ministerio Público y la acusación particular los hechos acusados, el Tribunal determinó no haber encontrado prueba suficiente que refrende dichas acusaciones, siendo insuficiente para demostrar la culpabilidad de los acusados, aplicando el principio in dubio pro reo.


II.3 Apelación restringida.


Contra aquel fallo, el Ministerio Público formuló recurso de apelación restringida (fs. 835 a 837), fundamentando sus reclamos bajo las siguientes consideraciones:




  1. Inobservancia de la ley adjetiva, al estar la Sentencia basada en defectuosa valoración de la prueba, alegando defecto absoluto no susceptible de convalidación por la labor del Tribunal de grado sobre el análisis de la prueba, pues el delito contra la salud pública (art. 216 del CP) fue tratado como si fuera un delito de lesión, cuando el mismo es de peligro abstracto.


  1. Errónea valoración de la prueba, pues pese a que el Tribunal de Sentencia dio como probados: 1) La huelga realizada por los trabajadores de la Caja Nacional de Salud afiliados al sindicato “CASEGURAL” los días 11 y 12 de abril de 2007 (de brazos caídos la primera fecha y de veinticuatro horas la segunda); 2) Que los acusados fueran representantes de los trabajadores y por ende, miembros de aquel ente sindical al momento de sucedidos los hechos; y, 3) Que los días 11 y 12 de abril de 2007, hubieron varias personas que no trabajaron en la administración general, el policlínico 32, personal de enfermería, policlínico 32 anexo, policlínico de Quillacollo; asimismo, al manifestar que la prueba fue insuficiente “…para demostrar la lesión efectiva a la salud pública como bien jurídico protegido (…), olvidando que por ser el hecho tipificado como un delito de peligro abstracto debe valorarse la prueba afín de establecer la existencia de la simple actividad peligrosa, por cuanto la simple realización de la actividad prohibida es relevante para el tipo…” (sic.) (resaltado nuestro); concluyó que con estos hechos los acusados no atentaron contra la Salud Pública, considerando la no existencia de dolo, al afirmar que el objetivo no fue atentar contra el citado bien jurídico; cuando el paro ilegal de los trabajadores de salud, se constituye por sí solo en un peligro para la salud pública.


De igual modo, contra la precitada Sentencia, el acusador particular, por medio de memorial de fs. 847 a 855 vta., interpuso recurso de apelación restringida, fundamentando:


  1. Afectación al art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), por la exclusión de las pruebas signadas “A-13 y A-14” (consistentes en fotocopias legalizadas) en la consideración de que no hubieron sido colectadas bajo requerimiento fiscal; reflejando una errónea comprensión del art. 218 del CPP.


  1. Como segundo motivo de apelación, alegó que la Sentencia apelada, por una parte, dé por probados hechos (como lo son el paro, la participación de los acusados y la paralización de puestos de salud) y por otro concluya en el punto de que esos hechos no fueran constitutivos del delito de atentados contra la salud pública (art. 216 del CP), lo cual incurre en el defecto de sentencia del art. 370 inc. 6) del CPP.


II.4 Auto de Vista y Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre.


En conocimiento de los dos anteriores recursos la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de 18 de mayo de 2012 (fs. 1047 a 1054), que declaró procedentes los recursos, y, anuló totalmente la Sentencia, disponiendo el reenvío del juicio. A ello, María Rosalía Orellana Jiménez, Freddy Puente Camacho, Wilma Alcocer Mayorga, Jhenny Wilma Camacho Aguilar y José Maldonado Gemio, interpusieron recursos de casación, resueltos a través del Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre (fs. 1152 a 1158 vta.), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo que el mismo Tribunal dicte un nuevo Auto de Vista observando la doctrina legal establecida en dicha Resolución, bajo el esencial fundamento de que el Auto de Vista de 18 de mayo de 2012, vulneró el debido proceso en su vertiente de la fundamentación de las resoluciones judiciales, al omitir expresar de forma motivada y fundamentada los razonamientos que le llevaron a concluir como aplicar la doctrina legal del Auto Supremo 232 de 17 de agosto de 2007, al numeral 9) del art. 216 del CP; destacando además que, la Resolución recurrida incluyó la existencia de la vulneración a la ley sustantiva prevista en el inc. 1) del art. 370 del CPP, cuando ninguno de los recurrentes alegó como motivo de alzada dicho defecto de la sentencia.


II.5        Auto de Vista y Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo de

       2013.


Bajo esa decisión, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de 4 de enero de 2013, que declaró procedentes los recursos de apelación restringida interpuestos, anulando totalmente la Sentencia y ordenando la reposición del juicio por otro tribunal, con el siguiente fundamento:


  1. De una valoración sobre el delito de atentados contra la salud pública, concluyó que tal figura es un delito de peligro abstracto y no de resultado. El Tribunal de alzada detectó defectos de la sentencia previstos en los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, indicando que si bien el Tribunal de grado acreditó la existencia de un paro y atención irregular en el servicio de salud, debió establecer si esa conducta puso en peligro al bien jurídico tutelado, y no valorar si esa peligrosidad causó daño, haciendo referencia doctrinal sobre el delito de peligro abstracto.


Sobre esta problemática, arguyó que a través de la concreción de un paro ilegal en el sector salud la intervención penal no puede aguardar la lesión o el peligro concreto para un individuo determinado, cuestionando la conclusión arribada por el Tribunal de sentencia de que no se halló prueba sobre el daño producido por el paro; situación que en criterio del Tribunal de alzada constituyó defecto insalvable, pues al tratarse de un delito de peligro abstracto se lo tomó como uno de resultado; más cuando, el bien jurídico protegido es la salud, cual es el derecho a la salud, y protegido por el art. 15.I y II de la CPE.


  1. En cuanto a la segunda problemática planteada, el Tribunal de alzada, citando jurisprudencia y doctrina, concluye que la exclusión de las pruebas signadas como “A-13 y A-14”, en base al fundamento de haberse transgredido del art. 218 del CPP, al no haberse obtenido aquellas pruebas vía requerimiento fiscal, fue extralimitada en formalismo y carente de apreciación de la valía del derecho sustancial sobre el derecho formal, constituyendo en consecuencia defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme el art. 169 inc. 3) del CPP.



Ante esta nueva Resolución del Tribunal de apelación, plantearon recurso de casación los imputados Freddy Puente Camacho, Wilma Alcocer Mayorga y Jhenny Wilma Camacho Águila, cuyas pretensiones fueron resueltas mediante el Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo, estableciendo que:


  1. El Tribunal de alzada indicó que al denunciar errónea valoración de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP] debe atacarse la logicidad de la valoración, en respuesta al reclamo de los apelantes de las razones por las que el Tribunal de juicio entendió que no existió daño a la salud pública a pesar de haberse comprobado la suspensión de labores de trabajadores de ese servicio los días 11 y 12 de abril de 2007,  y que no consideró que ese hecho se subsume a la lesión del bien jurídico tutelado por un peligro abstracto (entendido como el paro de labores); sin embargo, de la lectura de las apelaciones, el cuestionamiento a la lógica asumida por la Sentencia, es inexistente, pues si bien ambas apelaciones restringidas realizan una queja asentada desde el punto de vista sustantivo del derecho penal, realizando una construcción sobre el delito de atentados contra la salud pública, e incidiendo en su característica de delito de peligro abstracto más no uno de resultado y concluyendo que la necesidad de manifestación de daño no era necesaria en los hechos; empero, a más de ello la labor exigida por el Tribunal de alzada fue más allá de lo planteado por los apelantes, al pretender otorgar una valoración integral del tipo penal de delitos contra la salud pública, que dicho sea de paso no fue expuesto en las apelaciones restringidas, ofrece una valoración únicamente de los elementos objetivos del tipo penal, extremo que tampoco fue apelado, al determinar de manera mecánica que una errónea valoración contraiga por simple consecuencia el defecto de la sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP; además al referir la sentencia que la valoración del hecho se asentó en la no existencia de dolo, es decir en el elemento subjetivo del tipo, pero que el Tribunal de apelación señaló que la sentencia se basó de modo único y excluyente en la estimación de la inexistencia de daño, otorgando asidero a una situación no evidente.


  1. Respecto al segundo punto apelado sobre la exclusión probatoria de las pruebas A-13 y A-14, el Tribunal de alzada resolvió por la prevalencia del derecho sustancial al derecho formal, en la aseveración de que la exclusión de aquellas pruebas por motivos formales, constituyó defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3 del CPP; empero, de la revisión de los antecedentes advirtió que los acusadores en sus apelaciones, si bien promueven un agravio por aquellas exclusiones, tan sólo se limitan a enunciar las pruebas y a referir que fueron ofrecidas anteladamente, y no fundamentan la trascendencia que la exclusión de ellas hubiera tenido en la decisión final, y si esas pruebas por sí mismas tengan la capacidad y suficiencia de afectar el resultado final de la sentencia; esta carencia es convalidada por el Tribunal de alzada, que sin aplicar su propio razonamiento, por el contrario obrando contradictoriamente al criterio de que lo sustancial prevalece respecto a la forma; debiendo observarse principios que estructuran el trámite penal, como la especificidad o legalidad, trascendencia y convalidación; determinando en consecuencia dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado.


II.6.  Auto de Vista impugnado.


Previa radicatoria de la causa, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pasó a resolver el recurso mediante Auto de Vista de 29 de agosto de 2013, de la siguiente manera:


Primero; sobre las exclusiones probatorias de las pruebas “A-13” y “A-14”, realizó un desarrollo doctrinal de lo que se entiende por actos de investigación y actos de prueba, lo que habría desconocido el Tribunal de sentencia, vulnerando el derecho a la libertad probatoria y defensa de las víctimas; además que, el art. 218 del CPP, no advierte la exclusión de la prueba obtenida sin requerimiento fiscal; asimismo, las pruebas excluidas no son pericias o informes que requieren formalidades, más aún cuando los imputados en audiencia observaron puntualmente que no se reconocía al que pudo legalizarlas y “…menos han señalado de qué manera estas pruebas han conculcado sus derechos y garantías de los imputados, que estos documentos sean producto de un procedimiento u origen ilícito…” (sic), debiendo según la Constitución prevalecer la verdad material sobre la forma.


Segundo; relacionado al art. 370 inc. 6) del CPP, en razón de que el querellante alegó que el Tribunal a quo al dictar la sentencia absolutoria efectuó una valoración de la prueba, como si fuese el delito acusado de atentados contra la Salud Pública un delito de lesión; a lo que, el Tribunal de alzada transcribiendo parte de la Sentencia señaló, que en base a la Constitución, el derecho a la salud es un elemento primordial del ordenamiento jurídico y que el delito de peligro abstracto se consuma con una simple posibilidad de lesión, siendo el peligro la motivación que indujo al legislador a la tipificación del art. 216 del CP; asimismo, hace referencia doctrinal sobre la distinción entre delitos de peligro concreto y abstracto; redactando parte del Auto Supremo 232 de 17 de agosto de 2007, afirmó que el A quo realizó conclusiones “…como si el delito contra la salud pública se tratase de un delito de lesión o de resultado, debiendo haber procedido a la valoración el conjunto de la prueba conforme a la Doctrina legal aplicable señalada precedentemente respecto de los delitos de peligro abstracto…” (sic) (las negrillas son nuestras), procediéndose a una errónea valoración de la prueba, consecuentemente declaró procedentes los recursos de apelación restringida de los acusadores y anuló la Sentencia disponiendo la reposición del juicio.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


III.1.        Doctrina legal aplicable asumida en los precedentes invocados.


En el caso presente, los recurrentes sostienen en su recurso, que el Auto de Vista recurrido contradice los Autos Supremos invocados, correspondiendo en primer término identificar la doctrina legal establecida en los precedentes invocados para luego verificar si existe o no la alegada contradicción.



El Auto Supremo 093 de 24 de marzo de 2011, resolvió una problemática planteada dentro de un proceso seguido por los delitos de Uso de Instrumento Falsificado, Ejercicio Indebido de la Profesión, Falsedad Ideológica y otros, en cuya Sentencia se condenó al imputado, siendo apelada dicha decisión por ambas partes el Tribunal de alzada declaró improcedentes los recursos de apelación y confirmó la misma; ante lo cual, acusador e imputado recurrieron de casación denunciando el primero la inobservancia de la norma penal adjetiva, errónea aplicación de la ley sustantiva y error en la imposición de la pena; el segundo, denunció falta de motivación del Auto de Vista, inobservancia del principio de continuidad y que en el juicio oral se introdujeron por su lectura las declaraciones informativas de etapa preparatoria, sobre las que fundó la sentencia. El Tribunal de casación fundamentó sobre las declaraciones o entrevistas de testigos, que existe diferencia entre actos de investigación, cuya finalidad es la simple recolección de elementos de convicción y actos de prueba, los que se traducen en el juicio oral; así, aun  cuando los testimonios de actas de declaraciones fueran incorporados a juicio oral, pero no fueran valorados por el Tribunal de juicio al estar sustentada su decisión por otros elementos de prueba no vulnera el debido proceso; estableciendo, que las declaraciones  en etapa preparatoria son actos de investigación y no de prueba, debiendo ser producidas las declaraciones testificales excepto la anticipada de forma directa, tomando en cuenta el principio de oralidad, inmediación y contradicción, lo contrario, pretender incorporar testimonio asentado en acta como prueba documental  desnaturaliza la esencia del proceso penal.


El Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009, fue emitido en un proceso por el delito de Tentativa de Asesinato, en cuya Sentencia se condenó a la imputada, siendo apelada dicha decisión el Tribunal de alzada la confirmó; ante lo cual, la acusada recurrió de casación; fundamentando el Tribunal de casación que la observación al rechazo de la prueba pericial es pertinente y trascendental para la defensa, cuando se pretende desvirtuar la acusación que pesa en su contra, vulneraron su derecho a la defensa; estableciendo que el procesado tiene derecho a presentar y producir prueba amplia, con la condición de que ésta sea oportuna y pertinente; cuyo rechazo injustificado de prueba que conduzca al descubrimiento de la verdad histórica de los hechos, constituye una violación del derecho al debido proceso, en su elemento de derecho o a la defensa.


En cuanto a los Autos Supremos 251/2012 de 17 de septiembre y 133/2013-RRC de 20 de mayo, la doctrina legal aplicable contenida en ambas resoluciones, se encuentra desarrollada en los puntos II.4 y II.5. de la presente Resolución.


III.2.        Consideraciones doctrinales y normativas.


  1. Obligatoriedad de la doctrina legal aplicable.


Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario; para esta construcción social continua, el poder constituyente estableció en la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano los principios de suma qamaña (vivir bien) y ñandereko (vida armoniosa), entre otros, sobre los cuales se erigen y sirven de sustento a los valores de igualdad y armonía, entre muchos, para vivir bien.


El Estado boliviano para la construcción de una sociedad armoniosa y justa, ante la comisión de un conflicto de naturaleza penal tiene creado el Órgano Judicial, que según el art. 178 de la CPE tiene la potestad de impartir justicia, que emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Esta función es ejercida en la jurisdicción ordinaria por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces.


Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, conforme lo establece el art. 181 de la CPE; facultado para conocer y resolver los recursos de casación, cuya, procedencia, trámite y formas de resolución, se hallan previstas en los arts. 416 al 420 del CPP. En cuanto a las formas de resolución, se tiene que previa a su admisión, el Tribunal Supremo podrá establecer doctrina legal aplicable en el supuesto de que advierta la existencia de contradicción entre el Auto de Vista recurrido con el o los precedentes que fueron invocados, o en su caso declarar infundado, se entiende ante la inexistencia de contradicción. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las Salas Penales del Tribunal Supremo, pondrán en conocimiento de los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en las que se establezca la doctrina legal aplicable, esto implica aquellas resoluciones que hubiesen dejado sin efecto los Autos de Vista impugnados; por lo que se concluye, que la obligatoriedad a la que hace referencia el art. 420 del CPP, se refiere a aquellos Autos Supremos emitidos en el primer supuesto de forma de resolución.


En consecuencia, todos los tribunales y jueces inferiores, tienen la obligación de observar en el pronunciamiento de sus fallos la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo, más aún cuando ella se encuentra contenida en Autos Supremos emitidos dentro del mismo proceso, sin que resulte admisible una constante inobservancia y desobediencia al mandato constitucional y legal en la labor de acatar lo resuelto, que no sólo genera dilaciones innecesarias en el proceso con directa afectación a los derechos y garantías de las partes, sino también responsabilidad administrativa y  penal.

En esa misma línea, cuando se emite un Auto Supremo que establece la obligatoriedad que tiene el Tribunal de apelación en cumplir con el mandato dispuesto en razón a la doctrina legal aplicable emitida, conforme dispone la norma adjetiva penal; no es aceptable, que el Tribunal de alzada determine la nulidad de la sentencia porque se habría observado la exclusión probatoria en juicio oral de algunas literales, sin que, fundamente de qué forma dichas pruebas pueden afectar esencialmente en la condena o absolución del imputado, vulnerando el derecho al debido


proceso y defensa; entendimiento que es reflejado en este proceso, en la doctrinal legal aplicable inmersa en el Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo, en el que la magistratura suprema estableció, que el Tribunal de alzada se limitó a enunciar las pruebas “A-13” y “A-14” y refirió que fueron ofrecidas anteladamente, sin fundamentar la trascendencia que la exclusión de ellas hubiera tenido en la decisión final, y si esas pruebas por sí mismas tenían la capacidad y suficiencia de afectar el resultado final de la sentencia; esta carencia es convalidada por el Tribunal de alzada, que sin aplicar su propio razonamiento, por el contrario obrando contradictoriamente al criterio de que lo sustancial prevalece respecto a la forma; debió observar los principios que estructuran el trámite penal, como la especificidad o legalidad, trascendencia y convalidación.


  1. Labor de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada ante la denuncia de errónea valoración de la prueba.


Aunque la apreciación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas (intangibilidad de la prueba y de los hechos) de la sentencia son inatacables en apelación restringida; empero, están sujetas al control de logicidad a cargo del Tribunal de apelación, que verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia.


Pues bien, el juzgador debe observar los principios lógicos supremos o leyes supremas del pensamiento que gobiernan la elaboración de los juicios y otorgan base cierta para determinar cuáles son, necesariamente, verdaderos o falsos. A decir del profesor De la Rua, las leyes del pensamiento son leyes a priori que están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. (De la Rua, Fernando. Teoría General del Proceso. Editorial Depalma, Buenos Aires 1991. Pág. 154-158). 


Asimismo, en relación a las leyes de la psicología, el tribunal o juez tiene el deber de aplicarlas en la valoración de las pruebas, no siendo necesario que indique cuál sea el procedimiento psicológico empleado; además, de aplicar las normas de la experiencia, que son los juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos. (Arroyo, Gutiérrez José Manuel y Rodríguez, Campos Alexander. Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal. Editorial Jurídica Continental. San José-Costa Rica 2003. 2da. Edición. Pág. 91).


En el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: “El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida.”; lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.

Consiguientemente, ante la denuncia de errónea valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto en sentencia por el A quo.


Este entendimiento ha sido ampliamente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señala: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.



Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la


infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez” (las negrillas son nuestras).


Además, esta Sala en el Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, ratificado por el Auto Supremo 176/2013-RRC de 24 de junio, estableció que: “La actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51.2 del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes del CPP, predisponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión de presunto agravio haya sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo); de ello se desprende que la labor de los tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos) sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso.”


Por lo señalado precedentemente, el Tribunal de alzada tiene la obligación de efectuar la labor de control de logicidad ante la denuncia de errónea valoración de la prueba; y, de emitirse dentro del mismo proceso un Auto Supremo que establece el cumplimiento de la doctrina legal aplicable para el inferior sobre la temática referida, resulta inexcusable su cumplimiento por parte de los vocales, quienes deberán proceder a realizar el control iter lógico de la reflexión elaborada por el A quo, conforme se precisó y evaluar si corresponde o no la nulidad en base a los principios de especificidad o legalidad, trascendencia y convalidación.


  1. Los delitos contra la Salud Pública como delitos de peligro.


La conducta del ser humano se constituye en delito cuando concurren los elementos esenciales para su existencia, como son: la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. El segundo componente establece la adecuación de la conducta al hecho ilícito delimitado en la norma sustantiva penal, pudiendo adoptar diversas modalidades; entonces, se puede decir respecto al tipo que: “…tanto de un delito doloso como de uno culposo, adopta dos estructuras diversas según que se trate de delitos de resultado (que producen una lesión o el peligro de la misma) o de actividad o predominantemente actividad (que se agoten en el movimiento corporal del autor)” (Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal Parte General. Editorial Hammurabi. Buenos aires 1999. 2da edición. Pág. 231).


Asimismo, el profesor Roxin, refiere que: “Por delitos de resultado se entiende aquellos tipos en los que el resultado consiste en una consecuencia de lesión o de puesta en peligro separada espacial y temporalmente de la acción del actor.” (Roxin, Claus. Derecho Penal Parte General. Tomo I. Editorial Civitas. Madrid España 1997. Traducción de la 2da edición. Pág. 328); de lo que se infiere que los delitos de resultado son de lesión y de peligro.



El primero; es decir, los delitos de lesión o material, son aquellos que comportan la destrucción o disminución del bien jurídico protegido; en cambio, el segundo, los delitos de peligro, son aquellos en que no se requiere que la conducta haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. Este peligro puede ser concreto (o demostrable) cuando se requiere realmente la posibilidad de la lesión, o abstracto (presunto), cuando el tipo penal simplemente se reduce a una forma de comportamiento que según la


experiencia general representa en sí misma un peligro para el objeto protegido, sin necesidad de que ese peligro se haya verificado.


Con relación a estos delitos de peligro sea concreto o abstracto, existen corrientes doctrinales contrapuestas; unos, que aceptan la existencia en la normativa sustantiva penal de los delitos de peligro abstracto; y otros, que señalan la inaplicabilidad de lo abstracto o presunto dentro de la normativa penal, siendo aplicable solamente los delitos de carácter concreto. En esta línea Binding es uno de los cuestionadores a esta teoría abstracta, a la que consideró como de pura desobediencia, señalando que, la puesta en peligro sería: “…difícil de probar, por lo cual el legislador vería siempre la existencia de peligro como acciones normalmente peligrosas; el legislador en tales casos emplearía una praesumtio juris et de jure respecto de la peligrosidad del comportamiento: éste no sería peligroso en concreto, sino abstractamente…”, si este punto de vista fuera correcto, pensaba Binding, “mediante la presunción, un gran número de hechos no delictivos terminarían incluso en el ámbito de lo delictivo” (Citado por Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal Parte General. Editorial Hammurabi. Buenos aires 1999. 2da edición. Pág. 233).


En esta misma línea Zaffaroni refirió que: “…en las últimas décadas con el pretexto de que vivimos en una sociedad de riesgo, se multiplican en el mundo los tipos de peligro que adelantan el momento consumativo a etapas muy previas a la lesión. Es corriente la clasificación de los tipos penales, en tipos de lesión y tipos de peligro, subdividiendo estos últimos en delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. Los de peligro abstracto, (a) para unos, consisten en tipos en los que el peligro se presume juris et de jure; (b) para otros basta en esos tipos que haya un peligro de peligro (o riesgo de riesgo). Ninguno de ambos criterios es constitucionalmente aceptable. En el derecho penal no se admiten presunciones juris et de jure que, por definición, sirven para dar por cierto lo que es falso, o sea, para considerar que hay ofensa cuando no lo hay. En cuanto al peligro de peligro, basta pensar en el caso de tentativa: serían supuestos de triplicación de peligros o riesgos (riesgo de riesgo de riesgo), o sea, de clara tipicidad sin lesividad. Por consiguiente, el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente, y por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de que sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, y que, en estos últimos, siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real.” (resaltado nuestro) (Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; y, Slokar Alejandro. Manual de derecho Penal, parte general. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 2011. Segunda Edición. Pág. 375).


El argumento anterior, es congruente con el respeto al principio de lesividad, por el que, sólo una conducta que lesiona o coloca en peligro un bien jurídico protegido será considerado antijurídico; principio que también es conocido como de “antijuricidad material”.


En ese sentido, en la jurisprudencia comparada Mantilla Arango, citando la Sentencia C-070 de 1996 de Colombia señala que: “De acuerdo con el mentado principio, una conducta típica únicamente será punible cuando sea formal  y materialmente jurídica (de manera que no existe delito sin daño o peligro. ANTOLISEI, Francesco, Manual de Derecho Penal General. Editorial temis. Bogotá. 1988. Páginas 144 y 145); a su vez se considera que una conducta es materialmente jurídica cuando lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico tutelado. De ese modo, no se reputará antijurídica la conducta que no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico penalmente relevante, razón por la cual se concluye que aquellas conductas que ponen en peligro apenas abstracto un bien jurídico, carecen de antijuricidad material. Este principio (de lesividad o de antijuricidad material), a su vez, encuentra sustento en la carta política, pues aunque no ha sido expresamente consagrado en la Constitución Política , (ello) no quiere decir que…no pueda ser deducido de las normas constitucionales…bien puede afirmarse que este tiene su corolario constitucional en… los artículos 1 (Estado Social de Derecho, principio de dignidad humana), 2 (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución), 5 (reconocimiento de los derechos inalienables de las personas), 6 (responsabilidad por extralimitación en las funciones públicas)…” (Mantilla, Arango Luis Daniel. Peligro abstracto y delitos económicos. Rev. Universitas. Bogotá Colombia. Nº 9. enero-diciembre 2012.) (resaltado nuestro).


Esta corriente doctrinal de quienes se oponen a la consideración de que una conducta sea punible por el mero hecho de realizar una acción u omisión sin importar la probabilidad o supuesto cierto de peligro (abstracto), consideran que los delitos abstractos serían inaplicables en la norma sustantiva penal, por inconstitucional, al ser contrario a un Estado de Derecho Democrático, debiendo en su caso el juzgador, sustentar su razonamiento en la teoría de peligro concreto.


Ahora bien, el ordenamiento penal boliviano, en su parte sustantiva ha sido diseñado a fin de sancionar al infractor de la norma conforme se configuran los elementos que componen el delito; es decir, identificar la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, para determinar la comisión de un hecho delictivo; tarea encomendada al tribunal o juzgador, quien aplicará el art. 13 del CP, que refiere que: “No se podrá imponer pena al agente, si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena”.


Por ello, el juzgador tiene que precisar si el hecho ilícito fue cometido por dolo o por culpa para sancionar al acusado, para lo cual tomará en consideración lo previsto por el art. 13 quater del CP, que refiere: “Cuando la ley no conmina expresamente con pena el delito culposo, sólo es punible el delito doloso”.


En ese ámbito, el juzgador al considerar la norma referida a los delitos Contra la Salud Pública inserta en el art. 216 de la norma sustantiva penal, lo hará en estricta sujeción de la Constitución Política del Estado; lo que significa, conforme se desarrolló doctrinal y jurisprudencialmente, que es aplicable solamente la teoría del delito de peligro concreto y no así el delito de peligro presunto o abstracto; por lo siguiente: a) Significaría ir en


contra de la Constitución misma, el presumir sin admitir prueba en contrario la peligrosidad a priori de una determinada conducta, o dicho de otra manera, que la simple realización de la actividad prohibida sea relevante para el tipo, sin que se requiera haber producido una situación de riesgo para los bienes jurídicos protegidos inmersos en el art. 216 inc. 9) del CP; que señala, que incurrirá en privación de libertad el que “Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”; requiriéndose, en cada caso particular, la peligrosidad que para el bien jurídico representó la conducta juzgada, es decir, el tipo requiere la concreta puesta en peligro del bien jurídico; b) Tal orientación es concordante con el carácter plurinacional y social del Estado de derecho, que está basado en la triple dimensión de la dignidad de las personas, que son el: principio, valor y derecho, de acuerdo al párrafo tercero del Preámbulo de la CPE, los arts. 8.II, y 21.2 de la CPE, respectivamente, gozando de manera primordial de la protección y el respeto del Estado; y, del principio de efectividad de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución, inmersos en el art. 9.4 de la citada Ley Fundamental; c) De lo mencionado, desprende la aplicabilidad del principio de lesividad o antijuricidad material, entendiéndose que la antijuridicidad al ser un elemento del delito, debe ser comprendida no sólo en su sentido formal sino también en el sentido material, exigiendo que  la conducta típica, efectivamente lesione o al menos ponga en peligro cierto un bien jurídico tutelado; por ello, los delitos de peligro abstracto son contrarios al principio de lesividad, por ende, inaplicables en los delitos Contra la Salud Pública relativo al art. 216 inc. 9) del CP boliviano.


Por otra parte, el pretender utilizar la teoría de delitos de peligro presunto o abstracto en los delitos Contra la Salud Pública inserto en el art. 216 inc. 9) del CP, también significaría desconocer los derechos de defensa (arts. 115.II y 119.II de la CPE), contradicción, (art. 120 de la Ley Fundamental citada) y el principio de inocencia (art. 116 de la CPE); toda vez que al presumirse la culpabilidad de las personas jure et de jure, sin que se admita prueba en contrario, significaría desconocer que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria, impidiéndose la condena sin pruebas.


Por todo lo señalado, se colige que el tribunal o juez respecto a la norma sustantiva previsto en el art. 216 inc. 9), relativo a aquel que incurriera en delito Contra la Salud Pública por realizar cualquier acto que de una u otra manera afecte la salud de la población, la interpretará como un delito de peligro concreto o demostrable, protegiendo de esta manera los principios, valores y derechos establecidos en la Constitución.


III.3.        Análisis del caso concreto.


Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión de los presentes recursos, corresponde a este Tribunal analizar su contenido y establecer en los términos previstos por el art. 419 del CPP, si existe o no contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios invocados por los recurrentes Freddy Puente Camacho; José Maldonado Gemio y Raúl Limachi Choque; Marlene Ortiz Flores; Wilma Alcocer Mayorga; y, Jhenny Wilma Camacho Águila, ahora recurrentes.


De los contenidos de los recursos de casación, se llega a evidenciar esencialmente que el primer motivo se encuentra vinculado a la denuncia de que el Tribunal de alzada al dictar el Auto de Vista impugnado incumplió el mandato del Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo, al no explicar cuál la razón por la que anuló la Sentencia, ya que determinó que las exclusiones probatorias en juicio oral de las pruebas “A-13” y “A-14” fueron ilegales y vulneraron los derechos y garantías de la víctimas; empero, no especificó cual la trascendencia de dichas pruebas en la decisión final, desconociendo con ello la doctrina legal aplicable; además, que pretendió desconocer las formalidades legales concernientes a la etapa preparatoria;  y, el segundo motivo alegado por los recurrentes, excepto Wilma Alcocer Mayorga, denuncia que el Tribunal de apelación al resolver que la Sentencia desarrolló una errónea apreciación de la prueba en infracción del art. 370 inc. 6) del CPP, por analizar el delito contra la Salud Pública como si fuera delito de resultado y no abstracto; incumplió el Auto Supremo 133/2013-RRC, que estableció que el Tribunal de apelación debió ejercer el control de logicidad y no referirse a aspectos que no fueron denunciados en la apelación, no existiendo explicación de qué manera las reglas del correcto entendimiento, fueron incorrectamente aplicadas en la Sentencia; asimismo, mantuvo las opiniones teórico doctrinales sobre los delitos de peligro abstracto, que son los delitos contra la Salud Pública, sin explicar de qué manera sustentó dicha convicción.


En consecuencia, precisados los motivos de los recursos, corresponde acudir a la Resolución impugnada, identificando los criterios asumidos por el Tribunal de alzada respecto a las temáticas planteadas.


Respecto al primer motivo de los recursos, se tiene que el Tribunal de apelación ante la denuncia formulada por el Ministerio Público y el acusador particular en sus recursos de apelación restringida respecto a que las pruebas “A-13” y “A-14” fueron ilegalmente excluidas del juicio oral vulnerándose sus derechos, resolvió en el Auto de Vista impugnado que lo manifestado era evidente haciendo una distinción entre pruebas de investigación y pruebas de proceso, señalando que, las pruebas excluidas fueron ilegales y por tal motivo se vulneró el derecho de las víctimas; pese a que esta Sala mediante Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo, estableció y dispuso que el Tribunal de alzada debía verificar para proceder a la anulación de la Sentencia, la trascendencia que la exclusión de dichas pruebas hubieran tenido en la decisión final, y si estas pruebas, por sí solas, tenían la capacidad y suficiencia de afectar el resultado final de la Sentencia; además, de observar los principios de especificidad o legalidad y convalidación. Esto denota el incumplimiento por parte del Tribunal de alzada de la doctrina legal aplicable de carácter obligatorio, fijado en el Auto Supremo citado; ya que, de la revisión del Auto de Vista impugnado no se evidencia fundamentación que establezca la trascendencia, legalidad y convalidación de dichas literales; y de qué manera las pruebas tenían por sí mismas, vital importancia en el curso del proceso o la Sentencia.




Por otra parte, se evidencia que el Tribunal de juicio determinó la exclusión probatoria de las literales “A-13” y “A-14”, porque no contenían requerimiento fiscal y porque la identificación de la autoridad que las legalizaba era irreconocible; empero, el Tribunal de apelación afirmó que se vulneraron los derechos de las víctimas, incurriendo en una ilegalidad, sin demostrar fundadamente los Vocales cuál la importancia de esas literales para producir un cambio de la decisión final asumida en Sentencia, teniendo en cuenta que para la procedencia de la anulación de la Sentencia, la verdad material respecto a las pruebas excluidas, debe ser de tal trascendencia que reluzca en la Resolución del Tribunal de alzada, la probabilidad de cambiar el curso de la verdad histórica de los hechos, en relación a la imputación de los delitos Contra la Salud Pública, Lock-out, Huelgas y Paros Ilegales, y Atentados Contra la Libertad de Trabajo endilgados a los imputados; ello congruente con los derechos reclamados y supuestamente vulnerados a las víctimas; sin embargo, tal aspecto no ocurre en el Auto de Vista impugnado, lo cual evidencia que el Tribunal de alzada incumplió la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 133/3013-RRC, así como en los Autos Supremos 93 de 24 de marzo de 2011 y 272 de 4 de mayo de 2009, ocasionando con ello dilación indebida en la tramitación del presente proceso; por consiguiente, el motivo denunciado, deviene en fundado.


En relación al segundo motivo de los recursos de casación, de la revisión de los antecedentes en lo principal, los recurrentes alegan que el Tribunal de alzada respecto a la errónea valoración de la prueba contenida en el art. 370 inc. 6) del CPP, no cumplió con la doctrina legal aplicable en efectuar la labor de logicidad; además, de incurrir en apreciaciones doctrinales en su Resolución, respecto a que el delito Contra la Salud Pública es abstracto y no de resultado.


En ese sentido, de la minuciosa lectura del Auto de Vista impugnado, resulta evidente que el Tribunal de apelación, también determinó la nulidad de la Sentencia, porque en la Resolución del Tribunal de juicio no se habría tomado en cuenta que el análisis del delito Contra la Salud Pública permite concluir que es abstracto, razón por la cual sólo debió considerarse el peligro latente del agente, siendo en consecuencia la Sentencia incoherente e contraria a las reglas de la lógica de razón suficiente, al partir de premisas falsas.


Al respecto, se evidencia que el Tribunal de alzada, no tomó en cuenta que el Auto Supremo 133/2013-RRC de 20 de mayo, diáfanamente estableció que el Tribunal de apelación debió realizar el control del iter lógico para evidenciar la correcta o no valoración de las pruebas por el Tribunal de juicio y no incurrir en elementos que no fueron denunciados; resultando en el presente caso, que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, lejos de cumplir con la doctrina legal aplicable, persistió en referir que los delitos Contra la Salud Pública son de peligro abstracto, con base según se desprende del contenido del Auto de Vista recurrido,  a la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo 232 de 17 de agosto de 2007; concluyendo con ello, que se incurrió en el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP.


Al respecto, el Tribunal de alzada debe asumir inexcusablemente el cumplimiento de lo dispuesto en la doctrina legal aplicable, desarrollado ampliamente en los acápites III.2. de esta Resolución, centrando su labor del control de logicidad respecto a si el Tribunal de juicio valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia y psicología); previa constatación objetiva de que los apelantes hayan identificado los elementos de prueba que consideran no fueron valorados correctamente, cuales las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas correctamente, con señalamiento de las partes de la sentencia en las que conste el agravio.


Por ello no debe confundirse los defectos de Sentencia por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva establecida en el art. 370 inc. 1) del CPP, con la errónea valoración de la prueba prevista en el inc. 6) de la citada norma adjetiva; de modo que el Tribunal de apelación debe partir ineludiblemente en su análisis, del control iter lógico de las pruebas denunciadas como erróneamente valoradas.


Por otra parte, corresponde precisar respecto a los criterios contenidos en el Auto de Vista impugnado, que el Auto Supremo 232 de 17 de agosto de 2007, declaró infundado el recurso de casación que originó su pronunciamiento, en consecuencia conforme se desarrolló en el inciso a) del acápite III.2 de la presente resolución, no contiene doctrina legal aplicable, que resulte obligatoria en su observancia por los tribunales y jueces inferiores en los términos previstos por el art. 420 del CPP; además, de acuerdo al entendimiento expuesto en el inc. c) del mismo acápite, el delito Contra la Salud Pública inmerso en el art. 216 inc.9) del CP, es un delito de resultado y tiene el carácter de peligro concreto y no abstracto, pues conforme a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad no puede pretenderse la vulneración de: los principios de lesividad, efectividad de los derechos y garantías adquiridos e inocencia; el derecho a la defensa; y, los principios procesales de contradicción y oralidad; además, de la dignidad en su triple faceta de principio, valor y derecho, con el criterio de considerar que la sola realización ex ante del acto de paro o huelga constituya un delito material.

Por lo precedentemente señalado, se concluye que el Tribunal de apelación incumplió la doctrina legal aplicable al no realizar el control de logicidad e incurrir en apreciaciones subjetivas en la consideración de que los delitos contra la Salud Pública son de carácter abstracto, lo cual es contrario a los Autos Supremos 133/2013-RRC de 20 de mayo y 251/2012 de 17 de septiembre, invocados por los recurrentes; por lo cual, el motivo denunciado, deviene en fundado.


Establecida la forma de resolución del presente recurso, debe dejarse constancia, que este Tribunal, consideró necesario superar la modalidad que se empleaba para consignar la doctrina legal aplicable en las Resoluciones emitidas, que generó la formulación de párrafos que en el intento de resumir los fundamentos desarrollados en los distintos Autos Supremos, se constituían en ideas abstractas, que no reflejaban la situación de hecho similar o problemática procesal resuelta,


dando lugar a que en innumerables recursos de casación, los litigantes se limiten a invocar el referido acápite, sin la debida exposición de los antecedentes, los hechos y los fundamentos que sustentaban la parte resolutiva de los Autos Supremos; y, que el mandato legal establecido en los arts. 419 y 420 del CPP, no podía ser interpretado en el sentido de que necesariamente la doctrina legal aplicable debía estar consignada en un acápite final, dejando de lado los antecedentes, los hechos y los fundamentos de los cuales fluía la doctrina legal aplicable; por estas razones, este Tribunal a partir del Auto Supremo 110/2013 de 22 de abril, asumió el entendimiento de que la doctrina legal aplicable, debe estar inmersa y comprenda todos los fundamentos jurídicos contenidos en el fallo.


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 29 de agosto de 2013, cursante de fs. 1266 a 1274 vta., disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces penales de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura


Regístrese, hágase saber y cúmplase.