SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 318/2013-RA                                                        Sucre, 06 de diciembre de 2013

Expediente: Cochabamba 58/2013

Partes: José Antonio Aviles Lahera  c/ Melicia Bárbara Gonzales Onofre y otra

Delitos: Perturbación de Posesión


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2013, cursante de fs. 315 a 317 vta., Melicia Bárbara Gonzales Onofre y Cristina Gonzales Onofre, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 18 de octubre de 2013 de fs. 296 a 304 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por José Antonio Avilés La Hera contra las recurrentes, por el delito de Perturbación de Posesión, previsto y sancionado por el art. 353 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. En mérito a la querella formulada por José Antonio Avilés La Hera (fs. 1 a 3) y desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia de 4 de marzo de 2013 (fs. 251 a 258 vta.), el Juzgado de Sentencia Primero de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a las recurrentes, autoras del delito de Perturbación de Posesión, previsto y sancionado por el art. 353 del CP, condenándolas a la pena de dos años y dos meses, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.


  1. La citada Sentencia fue recurrida en apelación restringida por las imputadas (fs. 260 a 267 vta.), motivando el pronunciamiento del Auto de Vista de 18 de octubre de 2013, que declaró improcedente el recurso promovido confirmando la Sentencia.


  1. Notificadas las recurrentes con el Auto de Vista impugnado, el 11 de noviembre de 2013 (fs. 305 y vta.), formularon el recurso de casación que es motivo de autos, el 18 del mismo mes y año.


II. DEL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de casación que cursa de fs. 315 a 317 vta., se extrae el siguiente motivo:


Previo a desarrollar su denuncia, las recurrentes en calidad de antecedentes, refieren que al presentar su apelación restringida, no solicitaron una revalorización de la prueba, sino que se realice el correcto control a la labor de valoración de la prueba del juzgador, quien no realizó una valoración intelectiva, cometiendo varios errores de procedimiento y en la Sentencia; acompañado para ello el Auto de Vista de 22 de junio de 2012 y los Autos Supremos: 214 de 28 de marzo de 2007, 307 de 11 de junio de 2003 y 562/2004, que establecieron que la apelación restringida no es el medio legal para impugnar errores de procedimiento, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales.


Con esta referencia, explican que en juicio oral interpusieron reserva de apelación incidental al rechazo del incidente de nulidad por defectos absolutos, argumentando que al momento de interponerse la querella, debió cumplirse con los requisitos de forma y fondo para su presentación, ya que conforme la Sentencia Constitucional 1517/2004, la misma debe ser corrida en traslado para que pueda ser objetada su admisibilidad o la personería del querellante, lo que no ocurrió en el presente caso, vulnerándose su derecho a la defensa; sin embargo, el Tribunal de apelación, concluyó que no existiría ninguna vulneración de derechos, porque posteriormente a la audiencia de conciliación, hubieran sido notificadas de manera personal con la acusación y las pruebas de cargo, pudiendo objetar la querella y presentar sus pruebas de descargo; además, de no concurrir el principio de trascendencia, menos un defecto absoluto sino relativo y que recién en audiencia de juicio oral se interpuso dicho incidente.


Señalan que las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0751/2004 de 14 de mayo, 0302/2006 de 29 de marzo y 1715/2004 de octubre, refieren que el instituto de la objeción de la querella rige tanto para procesos penales de orden público y privado. Además, que el Auto de Vista impugnado es contrario al Auto de Vista de 22 de junio de 2012, al argüir el Tribunal de alzada que la notificación con la querella no constituiría vulneración de derechos y garantías; sin embargo, el precedente contradictorio presentado señala que antes de admitir la acusación o la querella, debe ser corrida en traslado, disponiéndose la notificación personal a las partes para que el imputado pueda asumir defensa a fin de ser oído en todas las instancias correspondientes, puesto que no tendría sentido una notificación con una acusación particular, cuando ya se admitió la misma o bien ser llamados a conciliación sobre hechos contenidos en la querella pero desconocidos por el acusado.


Sostienen que se vulneraron sus derechos y garantías, porque no fueron notificadas de manera personal en un primer momento, sino sólo para la audiencia oral, siendo que tienen derecho a la defensa en todos y cada uno de los momentos del  proceso y no simplemente en juicio oral; además que, la base para proseguir la acción privada es la querella y si se podría objetar desde un principio, se determinaría si ella cumple con defectos de forma y en su caso, si el acusador tiene facultades o personería para proseguir el proceso.


Finalmente solicitan se declare fundado el recurso y se siente doctrina legal aplicable anulando obrados hasta el vicio más antiguo.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


A los efectos de resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por las imputadas, es necesario sobre la base de las precisiones efectuadas en el acápite precedente, señalar que si bien el derecho de impugnación está reconocido constitucionalmente, no es menos cierto que está regulado por las normas de desarrollo constitucional, como la disposición contenida en el art. 394 del CPP, que dispone: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; lo que  implica, que en el examen de admisibilidad, debe considerarse la legitimación objetiva en el entendido de que es la norma la que limita los recursos a los establecidos en cada caso por la ley procesal penal, para los supuestos expresamente previstos.


En ese entendido, en art. 416 del CPP, instituye que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; del segundo párrafo de esta norma se colige que para la procedencia de este recurso el precedente debe ser invocado a tiempo de plantear el recurso de apelación restringida, de ello se establece que el recurso de casación sólo procede contra Autos de Vista pronunciados dentro de un recurso de apelación restringida, que en los hechos implica la impugnación de la Sentencia.

Al respecto, el Auto Supremo 078/2012-RA de 23 de abril, pronunciado por este Tribunal, precisó lo siguiente: “…en el nuevo sistema procesal penal, el recurso de casación está destinado en su regulación a uniformar criterios interpretativos y ha sido instituido bajo la idea de que la ausencia de un mecanismo que uniformice los criterios jurisprudenciales de las distintas cortes del País, provocaría una dispersión jurisprudencial, creando un sentimiento de inseguridad jurídica colectiva, con las consecuencias perniciosas que ello podría conllevar para la seguridad jurídica.


En ese contexto, de acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecida en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004 señaló que: ´De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia´, entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: “...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción".


Por otra parte, cabe destacar que el art. 403 del CPP, contiene un catálogo de resoluciones, que son pronunciadas durante la sustanciación del proceso como emergencia de haberse suscitado excepciones o incidentes, que son impugnables mediante el recurso de apelación incidental que no admiten ulterior recurso, entendimiento que tiene plena coherencia con lo dispuesto por el ya citado art. 394 del CPP; es decir, con base a la interpretación integral de la norma procesal penal, se tiene que el recurso de casación no procede contra los Autos de Vista que resuelven los recursos de apelación incidental, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir.


En autos, se tiene de la revisión de los antecedentes, que durante la sustanciación del acto de juicio, la recurrente Melicia Bárbara Gonzales Onofre, opuso incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa, solicitando la nulidad de obrados hasta el estado de procederse con la notificación de la querella, siendo desestimado el incidente formulado por Resolución emitida por la Jueza Primera de Sentencia de Quillacollo; en cuyo mérito, la defensa hizo reserva de apelación. Es así, que emitida la Sentencia de 4 de marzo de 2013, ambas imputadas formularon recurso de apelación restringida, haciendo referencia en el acápite IV del memorial, a la reserva de apelación contra dos resoluciones judiciales, una de ellas referida a la nulidad de obrados por defectos absolutos, alegando que una vez presentada la acusación particular o querella, la jueza debió disponer su traslado, de acuerdo al art. 291 del CPP; extremo que es admitido por las recurrentes cuando en el memorial de recurso de casación reconocen que: “Nuestras personas en audiencia en juicio oral, interpusimos reserva de apelación incidental al rechazo del incidente de nulidad por defectos absolutos” (sic).


También se evidencia de obrados, que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Cochabamba, emitió el Auto de Vista impugnado, resolviendo en primer término, conforme se advierte del punto II destinado a los fundamentos jurídicos de la resolución del Tribunal de alzada, la reserva de apelación incidental al rechazo del incidente de nulidad por defectos absolutos, para finalmente concluir con base a los fundamentos expuestos en la referida resolución judicial, que la apelación sobre esta temática no tenía mérito.  


Esto implica, que los fundamentos del recurso de casación sujeto al presente análisis, están vinculados a la determinación asumida por el Tribunal de alzada con relación al recurso de apelación incidental que se planteó contra una Resolución que se encuentra en las descritas por el art. 403 de CPP, por lo que en observancia del art. 394 del adjetivo citado, no es posible que sea impugnada mediante el recurso de casación, pues el Tribunal Supremo carece de competencia para pronunciarse al respecto, por cuanto conforme se precisó precedentemente, esta clase de Resoluciones sólo admiten el recurso de apelación incidental sin recurso ulterior.


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE  el recurso de casación de fs. 315 a 317 vta., interpuesto por Melicia Bárbara Gonzales Onofre y Cristina Gonzales Onofre.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado Dr. Pastor Segundo Mamani  Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA