SALA PENAL SEGUNDA

Auto Supremo Nº 274/2013-RA                                                            Sucre, 30 de octubre de 2013

Expediente: Cochabamba 53/2013

Partes: Ministerio Público  c/  Celestino Terrazas Guzmán y otro

Delito: Tráfico de sustancias controladas y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2013, de fs. 369 a 371, Celestino Terrazas Guzmán, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 19 de agosto de 2013, de fs. 337 a 343 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y Jorge Antonio Chávez Gutiérrez por los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 en relación al art. 33 inc. m) y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. En mérito a la acusación fiscal promovida por el Ministerio Público (fs. 7 a 12 vta.), desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 05/2013 de 18 de enero (fs. 306 a 316), el Tribunal de Sentencia de Quillacollo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -en aplicación al principio iura novit curia declaró a Celestino Terrazas Guzmán, autor y culpable del delito de Transporte de Sustancias Controladas, tipificado y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de doce años de reclusión a ser cumplidos en la cárcel pública de “San Sebastián” sección varones, en la ciudad de Cochabamba; y, una multa de tres mil días a razón de Bs. 1.- por día, a ser pagada en una sola cuota, más costas y responsabilidad civil averiguables en ejecución de sentencia.


En cuanto al coimputado Antonio Chávez Gutiérrez, la Sentencia determinó declarar su absolución, por cuanto la prueba aportada por el Ministerio Público no hubiera sido suficiente para generar en el Tribunal la responsabilidad penal por el delito acusado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el recurrente (fs. 321 a 323 vta.), como la representación del Ministerio Público (fs. 325 a 330), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista de 19 de agosto de 2013 (fs. 337 a 343 vta.), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedentes los recurso interpuestos y confirmó la Sentencia apelada; de igual forma procedió a la rectificación por corrección de la sanción de 3.000 días multa a razón de Bs. 1.- por día a quinientos días multa manteniendo el mismo valor.


  1. Notificado el imputado con el Auto de Vista recurrido el 26 de agosto de 2013 (fs. 344), interpuso el recurso de casación que motiva autos el 2 de septiembre del mismo año.


  1. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 369 a 371, se extraen los siguientes motivos:


  1. Como primer motivo de reclamo en casación, el recurrente manifiesta incongruencia entre la acusación y la sentencia, habida cuenta que, el Ministerio público lo acusó por los delitos de Tráfico, Asociación Delictuosa y Confabulación, no habiéndose probado la existencia de tales delitos; no obstante, se aplicó el principio iura novit curia condenándosele a la pena máxima por el delito de Transporte de Sustancias Controladas. Señala que esta inobservancia debió ser corregida por el Tribunal de alzada; empero, tal extremo no sucedió, avalando la incongruencia entre la acusación y la Sentencia. Citando las Sentencias Constitucionales “342/00-R de 13 de abril” y 009/2004-R de 28 de enero, el recurrente alega que “no es permitido que el Juez o Tribunal oficiosamente se exceda de los límites”.


  1. En torno al segundo motivo, alega que la Sentencia de grado adolece del defecto comprendido en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues a través del Juicio oral el Ministerio Público no demostró con prueba los delitos acusados; señala también que, el tipo penal acusado debe adecuarse perfectamente a la conducta demostrada por el sujeto activo; empero, en su caso eso no se probó, al extremo de que incluso el Tribunal de alzada corroboró que lo acusado por el Ministerio Público careció de mérito.


  1. En el tercer motivo, el recurrente denuncia que el Auto de Vista que impugna fue pronunciado de “forma expresa y de manera simple” (sic) declarando improcedente la apelación restringida sin fundamento legal que haga soporte a esta decisión.  En este mismo lineamiento, el recurrente alega que el Tribunal de alzada realizó un análisis sobre la pena de presidio solicitada por el Ministerio Público de veinticinco años, en la explicación de que el segundo párrafo del art. 48 de la Ley 1008, constituyera una agravante al tratarse de tráfico de volúmenes mayores y mencionando a los Autos Supremos 336 de 13 de junio de 2011 y 94/2013 de 2 de abril; empero, el tipo penal por el que fue condenado, a saber, art. 55 de la Ley 1008, no contiene ninguna agravante sobre volúmenes mayores, no explicándose en esa consecuencia el por qué se le aplicó la pena mayor (12 años) del delito acusado. En este particular, invoca como precedentes contradictorios a los Autos Supremos 196 de 3 de junio de 2005 y 443 de 11 de octubre de 2006, transcribiendo al efecto, parte de aquellos.


En este mismo orden, el recurrente expone que si bien el art. 55 de la Ley 1008 comprende una pena indeterminada, ello no exime la labor de los juzgadores de tomar en cuenta, al momento de la imposición de la pena, la existencia de atenuantes y agravantes, situación -dice- no fue presente en su caso, constituyendo defecto de sentencia conforme lo señala el art. 370 inc. 1) del CPP, como también defecto absoluto en las razones del art. 169 inc. 3) del mismo cuerpo procesal.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


    1. Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 del CPP, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


  1. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


Sobre el plazo de interposición, se tiene que el recurrente, fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 26 de agosto de 2013, presentando su recurso el 2 de septiembre del mismo año, cumpliendo de tal cuenta el plazo otorgado por norma, desarrollado en el acápite III inc. 1) del presente Auto Supremo.


Por otra parte, en el análisis de los restantes requisitos de admisibilidad, se evidencia que el recurso si bien fue interpuesto dentro del plazo previsto por la norma procesal penal, incumplió con los demás requisitos para su consideración de fondo, pues el recurrente se limitó a realizar reclamos de disconformidad, con los resultados del proceso y con la sanción que se le impuso, sin cumplir con la carga procesal de invocar precedente contradictorio y de establecer la situación de hecho similar, exigida por norma; es así que:


En el caso del primer motivo, la falencia recursiva, adquiere dos direcciones, por una parte la invocación como precedentes contradictorios de las SSCC 342/00-R de 13 de abril y 009/2004 de 28 de enero, que por su naturaleza, así como por la explícita exigencia del art. 416 del CPP, no pueden ser tenidas en cuenta como materia jurídica de contraste; y por otra, el recurrente más allá de demostrar su falta de conformidad con la Sentencia que lo condena, no exterioriza un escenario fáctico como tampoco desarrolla una plataforma jurídica, que habiliten la consideración de fondo del presente motivo.


En cuanto al segundo motivo, ocurre similar relación a la precedente, pues de manera escueta se sugiere una presunta inadecuada subsunción de los hechos al tipo penal, arguyendo que esto constituyese defecto de sentencia conforme el art. 370 inc. 1) del CPP; empero, el recurrente no señala los hechos que hubieran sido inadecuadamente subsumidos, menos aún se argumenta cuál la parte dentro de la estructura del tipo penal que adolezca de aquella falencia; sumado a lo anterior, en este motivo no se cumplió con la invocación del o los precedentes contradictorios habilitantes para la consideración de fondo de este motivo.


En el análisis del tercer motivo, se tiene la queja que la pena máxima de doce años de presidio le fue impuesta sin haberse tomado en cuenta las atenuantes existentes en su caso, siendo ello en posición del recurrente defecto de sentencia como así defecto absoluto pues esa decisión “viola derechos y garantías constitucionales previstos en la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales” (sic), invocando a este fin los Autos Supremos 196 de 3 de junio de 2005 y 443 de 11 de octubre de 2006, y transcribiendo una porción en cada caso; empero, sin observar la obligación inexcusable que tiene como sujeto procesal de establecer la situación de hecho similar entre el o los precedentes que invoca y la Resolución que impugna, esto quiere decir: señalar una situación procesal análoga, o bien un escenario de derecho sustantivo similar entre ambas; tal entendimiento ha sido asumido por esta Sala a partir del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, en sentido: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar…el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar” (negrillas añadidas). En este escenario, cual fue desarrollado en el acápite III de este Auto Supremo, tal requisito emerge como cumplimiento ineludible para que este Tribunal en primer término admita el recurso de casación, abriendo su competencia y delimite el ámbito de su Resolución, con el fin de que sobre esa base en su caso emita doctrina legal aplicable, realizando de tal cuenta la labor nomofiláctica y ordenadora de jurisprudencia que el propio Código de Procedimiento Penal le obliga.


Asimismo dentro de este mismo motivo, no es coherente, la denuncia de existencia de defecto absoluto, sin tener presente que esa figura jurídica es la expresión de la vulneración de un derecho o garantía constitucionalmente protegido, que se manifiesta en uno o varios actos en el curso del proceso, en tal comprensión toda queja sobre vulneración a un derecho o garantía, para su eficaz atención por parte de los administradores de justicia no puede ser entendida como una afectación vaga y genérica, sino aquella vulneración en la eventualidad de ser evidente, deberá ser expuesta y fundamentada de modo preciso, indicando con puntualidad el derecho conculcado o disminuido, la norma en la que se base el reclamo y las cuestiones de relevancia fáctica, aspectos que no siendo concurrentes en el memorial del recurso, hace inviable su consideración.


En consecuencia, la forma inadecuada de formular el recurso, hace que este Tribunal no tenga abierta su competencia para conocer el mismo, al no ser posible establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista objeto del recurso con algún precedente contradictorio, no pudiendo de modo alguno esta omisión ser suplida de oficio, en cuyo mérito el recurso deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación formulado por Celestino Terrazas Guzmán cursante de fs. 369 a 371.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrado  Dr. Pastor Segundo Mamani  Villca

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA